Por Ricardo Patzán

En mayo del año 2022 Walter Mazariegos, en complicidad con el Pacto de Corruptos de Guatemala, pretendió imponerse como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) a través del fraude electoral y el uso ilegal de las fuerzas policiales. Esto desató una crisis institucional sin precedentes en la USAC, obstruyendo la excelencia académica, debido a su incompetencia para el puesto y sus intenciones de privatizar esa casa de estudios, la única universidad pública del país.

Como parte de las medidas para resistir al fraude, el estudiantado organizado tomó las instalaciones de la USAC: el Campus Central, el CUM y la mayoría de Centros Regionales del país, para evitar que Mazariegos y su jauría tomaran el control de la administración. Esta medida tuvo buenos resultados, sin embargo, es necesario llevar la lucha hacia otro escenario: hacia la presencialidad.

En diciembre de ese mismo año, la Coordinadora General de Estudiantes, organización que lidera procesos de resistencia contra el fraude, solicitó un diálogo al máximo órgano universitario, el Consejo Superior Universitario (CSU), para resolver la crisis institucional que afronta la universidad. El diálogo fue rechazado por los usurpadores que pretenden administrar la USAC, visibilizando una vez más, que obedecen a intereses espurios y no a los intereses del estudiantado y la sociedad guatemalteca en su conjunto.

El fraude electoral ocurrió en el contexto de las clases virtuales, debido a la pandemia de Covid-19, y es necesario reconocer que la USAC no estaba preparada para impartir clases virtuales al no contar con la actualización tecnológica necesaria ni los medios ni los recursos educativos adecuados. En este contexto, el desarrollo científico, que ya venía sufriendo una fuerte decadencia, se vio interrumpido y boicoteado una vez más.

A tres años del inicio de la pandemia en el país, el regreso a clases presenciales está rodeado de incertidumbre, pero el proceso de privatización está en marcha a través de la tercerización de servicios otorgados a empresas privadas afines a los usurpadores y el pacto de corruptos. El descontento del estudiantado crece cada día, pero no lo suficiente aún para generar un levantamiento fuerte y coordinado en contra del fraude para expulsar a los usurpadores y convocar a nuevas elecciones universitarias y vislumbrar la posibilidad de una transición a actividades presenciales.

El problema puede extenderse aún más si no se resuelve la crisis institucional y la única solución viable es convocar a nuevas elecciones universitarias y fortalecer la autonomía universitaria a través de la participación de la comunidad universitaria que está comprometida a construir conocimiento en conjunto para promover la ciencia y los beneficios que podemos obtener de esta.

A pocos meses de las elecciones generales en el país, el pacto de corruptos necesita de estos usurpadores para acallar las voces críticas y fortalecer sus mecanismos de exclusión para mantener a flote al actual régimen autoritario.

El lunes 23 de enero la Coordinadora General de Estudiantes y la Asociación de Estudiantes de Medicina, en conferencia de prensa, anunciaron la entrega del Centro Universitario Metropolitano, sede de la Facultad de Medicina y la Escuela de Psicología. Los representantes estudiantiles dieron una semana de plazo al CSU para ser atendidos, de lo contrario se tomarán medidas de hecho.

Esta acción inicia un proceso de finalización de las tomas, y una nueva etapa de la lucha desde la presencialidad. Según los compañeros sancarlistas “buscamos regresar a las prácticas presenciales, buscamos regresar a los laboratorios presenciales, a los exámenes presenciales, y tener una educación más digna y de calidad” (Prensa Libre 23/01/2023), anunciando que la resistencia contra el fraude será ahora desde las aulas.

Este es un paso crucial y un giro importante en la lucha contra el fraudulento proceso de elección de Mazariegos. La nueva resistencia desde las clases presenciales, deberá tomar en cuenta las dificultades que encontrarán los estudiantes al regresar a clases presenciales, como la falta de recursos, falta de espacios, desorden administrativo, etc. Recordemos que durante la pandemia la administración de la USAC inscribió para clases virtuales una cantidad de estudiantes mayor que la que podrá atender ahora de forma presencial. Esta situación generará conflictos y problemas en las unidades académicas. Es necesario elaborar un plan de lucha para movilizar al estudiantado en torno a la problemática que se avecina, que servirá de base para continuar la resistencia contra Mazariegos y su pandilla. Las asociaciones estudiantiles deberán tomar la iniciativa realizando asambleas de base para discutir la situación y las acciones a tomar.

Por Gustavo Fonseca

Los trabajadores y los sindicatos salvadoreños de las  Alcaldías Municipales y de las diferentes Instituciones del gobierno central en estos momentos sufren una sigilosa política antisindical y laboral por parte del gobierno de Bukele, la cual se ha venido implementando de manera escalona, mientras eso sucede Rolando Castro  Ministro de Trabajo y Previsión Social y a la vez  Presidente del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha usado su cargo para doblegar a las dirigencias sindicales para hacerlas  que se apaguen a su agenda e intereses a cambio de entregarles las credenciales y obstruyendo la entrega de las misma a quienes se resisten a entrar a su juego.

Manejo mediático

Los últimos días del año 2022 y los inicios del 2023 estuvieron marcados por una serie de protestas y manifestaciones de empleados de las alcaldías municipales, las cuales han  tenido como principales demandas el pago de sus salarios de los meses ya trabajados, cumpliendo de prestaciones económicas y mejores condiciones laborales, etc.  Como ejemplo se pueden mencionar los casos emblemáticos de las luchas  de los trabajadores municipales de Soyapango y San Marcos.

En el caso de Soyapango  la Alcaldesa Nercy Montano del partido Nuevas Ideas(NI), realizaba grandes gastos en las fiestas patronales y usaba los fondos de la Alcaldía de forma inapropiada,  mientras tanto  incumplía sus obligaciones económicas para con un sector de los trabajadores municipales, ello  llevó a que estos junto al  Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY), mantuvieron  movilizaciones  y denuncias constantes, con ello habían logrado generar opinión pública y visibilizar en la práctica la crisis financiera generada  principalmente por el impago y posterior suspensión del   Fondo para el desarrollo económico y social de los municipios de El Salvador (FODES)  a las  alcaldías por parte del gobierno de Bukele, lo cual terminó asfixiando a los gobiernos locales que en aquel momento estaban en manos  de sus principales opositores políticos como lo era  FMLN, ARENA.

Lo anterior unido al problema ambiental generado por la  falta de la recolección de la basura estaba manchando la imagen y generando un  desgaste político al gobierno de Bukele y al partido Nuevas Ideas (NI) lo que  impacta en la masa de votantes debido a que Soyapango después de San Salvador es el segundo municipio más  poblado  de El Salvador con 225, 840 habitantes, lo anterior  llevó a  Diputados y Alcaldes del mismo partido de Nuevas Ideas a cuestionar y a enfrentar  a su compañera  de partido, al respecto Frank Menjívar diputado de Nuevas Ideas del  Parlamento Centroamericano (PARLACEN)  manifestó: "Lo malo se tiene que desechar. Los cargos públicos son para trabajar en pro de la población, no para perjudicarlos”.

Mario Duran, alcalde capitalino,  se sumó a los cuestionamientos manifestando “Ante la situación precaria que vive el pueblo de Soyapango por la mala administración de esa alcaldía, he instruido a mis equipos de @DesechoSolidos de la @alcaldia_ss que intervengan inmediatamente. No vamos a permitir que estos ciudadanos honrados sigan sufriendo esto.” El papel  principal lo haría  el gobierno  central junto al órgano Judicial quienes ordenaron la captura de la Alcaldesa  quien fue  capturada por la Policía  Nacional Civil (PNC) bajo los cargos  “…de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos".

Todo las críticas y el accionar de los funcionarios del partido Nuevas Ideas no fue para ayudar a quienes les pagaran sus salarios atrasados a los trabajadores, en realidad  todo fue un manejo mediático para limpiar la imagen del partido de gobierno y tapar la crisis financiera en las que están uniéndose las alcaldías debido a las políticas de ahogamiento impulsadas desde el Ejecutivo.

El encarcelamiento de la Alcaldesa no ha resuelto el problema y las demandas de los trabajadores, quienes continuaron su lucha junto al  Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango, SITMUSOY.

Criminalizan el derecho a huelga

Además de la Alcaldía de Soyapango existen otras del partido de Nuevas Ideas que han sido señaladas de retraso de pagos de salarios, impago de  aguinaldos adeudados,  despidos injustificados, etc.  La captura  de la  Alcaldesa de Soyapango llevó a muchos a pensar que el gobierno de Bukele estaba del lado de los trabajadores, teniendo  como efecto que otros sindicatos y trabajadores de las Alcaldías tomaran el valor e iniciarán acciones de protesta o hicieran públicas los incumplimientos de las obligaciones financieras de los Alcaldes para con los trabajadores, uno de estos casos fue en la Alcaldía de San Marcos, donde los trabajadores se atrevieron a denunciar  a la alcaldesa Cindi Andrade por no darle las  bonificaciones pendientes.

La respuesta del Presidente Bukele no se hiso esperar esta vez no fue para capturar  a la alcaldesa Cindi Andrade  como lo hiso en Soyapango sino fue manipular y  arremeter contra los trabajadores manifestando ”los trabajadores no pueden irse a huelga…Irse a huelga, sin motivo, es un delito ambiental y contra la salud pública…”.  Lo anterior es un claro ataque a las libertades y derechos de la clase trabajadora, es un hecho que el gobierno  de Bukele no permitiría que las protestas de los trabajadores tomarán mayor ímpetu y mando a silenciar y termino encarcelando al líder sindical  Miguel Ventura, al respecto la PNC vía Twitter manifestó:  “…Miguel Antonio Ventura Arana, quien organizó la suspensión de la recolección de basura en San Marcos, para exigir una giftcard, ya fue capturado…Bloquear la recolección de desechos, para exigir una tarjeta de regalo, es un delito ambiental y contra la salud pública…” lo anterior es una clara violación a los derechos y libertades sindicales. Para el gobierno y la patronal toda huelga o reclamo de los trabajadores es ilegal y sin fundamento, pero suficiente motivo es reclamar que les paguen su salario, para el caso de los trabajadores de San Marcos fue hacer pública sus demandas.

La eliminación del FODES ha terminado asfixiando financieramente las alcaldías, unido a la creación de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), no ha permitido que las Alcaldías  realicen  mayores obras,  situación que es aprovechada por Bukele para echar andar su plan de concentración de poder al proponer  eliminar gobiernos locales como son las Alcaldías.  Es por ello que aprovecha  el régimen de excepción para  silenciar y atemorizar a los trabajadores municipales para evitar que estos se revelen ante los continuos despidos  y  continúen denunciando  las violaciones a sus Derechos y evitar que estos recurran a la Huelga como método legítimo de lucha de la clase trabajadora. 

Despidos, y retiros obligatorios

En lo que va de la gestión del gobierno de Bukele según el Movimiento de Trabajadores Despedidos se reportan un total de 18,379 trabajadores despidos en su mayoría trabajadores del órgano Ejecutivo (12,00), así como también de las alcaldías los cuales van en incrementado sobre todo de servicios generales. Además de los despidos directos el gobierno pretende usar la figura de retiro “voluntario” para las personas mayores de 60 años, al respecto Christian Guevara  jefe de fracción de la Asamblea Legislativa ha manifestado “Vamos a promover retiros, se les va a dar opciones e incentivos a la gente para que haya retiros voluntarios, estamos esperando tener entre 100, 000 y 200, 000 retiros”. Este tipo de retiros voluntarios al final terminan siendo obligatorios, poco o nada favorecen a los trabajadores ya se tienen la experiencia de los trabajadores de la PNC y del Tribunal  Supremo Electoral (TSE).

Hacia donde vamos

En momentos que Bukele avanza en su plan de concentración del poder los trabajadores públicos y municipales sufren despedidos, impago de salarios, pérdida de prestaciones, retiros obligatorios, pérdida de Derechos y Libertades sindicales, etc.   Por lo anterior es  que   ataca los sindicatos independientes, hecha mano de dirigencias sindicales oportunistas y gansteriles, niegan credenciales a sindicatos, crea sindicatos afines, etc. Situación que parece agudizarse.

Por su parte un sector de  trabajadores públicos y municipales junto a Sindicatos se resisten y están dando la lucha, mientras  tanto otros son presa del derrotismo y consideran que no puede hacerse nada debido a que Bukele tiene el control total de las instituciones del Estado. Es necesario romper con ese derrotismo y dar la lucha para que la dictadura de Bukele no se consolide. Históricamente la patronal y el gobierno no han dado nada sino ha sido mediante la lucha organizada, no se puede tener confianza en las leyes cuando lo que predomina es el amiguismo o servilismo político. Como clase trabajadora el derecho a la sindicalización y a la Huelga como método de lucha fue conquistado sin que fuera reconocido por el estado. Es urgente la creación de comité o colectivos de trabajadores en los diferentes Instituciones del gobierno central y local.

Por Sebastián Ernesto González

Ya se cumplió un año de gobierno de doña Xiomara Castro. Un pueblo cansado de los abusos cometidos durante doce años del Partido Nacional, dio un triunfo contundente al Partido Libertad y Refundación, que en alianza con el polémico Salvador  Nasralla, lograron consolidar un triunfo que en el 2017 les fue arrebatado por un oprobioso fraude cometido por el entonces dictador y ahora presidiario, Juan Orlando Hernández.

Exigir que todo lo prometido en campaña ya esté cumplido es ser iluso, sin embargo, conformarse con lo que hasta ahora se ha hecho es ser ingenuo, aun falta mucho por hacer, y, lo poco que se ha hecho ha sido a medias.

El Partido Nacional dejó bien instaurado un manto de protección para los diversos casos de corrupción, de tal forma que, muchos de sus principales líderes y dirigentes medios nunca serán siquiera juzgados y muy pocos llegarán a ser tocados por el brazo de la Justicia.

Los avances más significativos

Hay que diferenciar algunas leyes que solo pueden ser aprobadas o derogadas desde el Congreso Nacional  y otras que pueden ser creadas desde el mismo poder Ejecutivo. Para el caso, el Presupuesto del año 2022 fue aprobado por el narco gobierno saliente de Juan Orlando Hernández, situación que fue argumento para no cumplir con un aumento general de salarios, principalmente el de los maestros. Una de las medidas más significativas aprobadas desde el Ejecutivo pero que, a la vez, es excluyente, es el subsidio a la energía eléctrica para quienes consumen menos de 150 kW al mes, sin embargo, esta medida se vuelve controversial al existir mucha fuga de energía desde cualquier hogar, sea este de pobres, clase media, alta o empresarial.

Otra de las medidas a resaltar es el diálogo con la ONU para la instalación de la CICIH, por supuesto que lo ideal es que en el país exista una Corte Suprema de Justicia imparcial e independiente, no obstante, mientras siga instaurada la maquinaria judicial de la dictadura será imposible juzgar a los corruptos.

De las acciones realizadas en el Congreso Nacional resalta la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que sin duda alguna, es una de las acciones más rescatables en el primer año de gobierno, no obstante que, sigue corriendo mucha agua por el tema como ser; demandas, negociaciones, contrademandas, arbitraje internacional, o el mismo funcionamiento de las que ya estaban creadas. Otra decisión a destacar es la Ley de Secretos, la que impedía conocer en qué se gastaron muchos miles de millones de lempiras. También se derogó la Ley de Empleo por Hora.

Es de reconocer que muchas de las Leyes que deben derogarse o aprobar dependen de la capacidad de consensuar en el Poder Legislativo, sin embargo, es evidente que este poder del Estado tiene una mayoría de derecha, los 50 diputados del partido Libertad y Refundación no son suficiente para cambiar el país bajo los estamentos de la democracia burguesa.

La enorme deuda que se debe cumplir

Si bien es cierto muchas de las medidas por aprobar dependen del Congreso Nacional, no hay que ocultar que muchos de los funcionarios no han dado el ancho, no existe avance alguno o este es muy lento.

Una de las principales deudas con el pueblo es en educación, todo lo que se habla sobre refundar la educación siguen siendo palabras. Para refundar la educación se requiere un acuerdo nacional donde el principal actor, los docentes, sean los primeros en ser concientizados, además, se deben capacitar a todos los maestros en las áreas de español, matemática, arte y deportes, capacitar a los analfabetas digitales y lo más importante aún; un plan agresivo para nivelar el rezago en los educandos.

En educación la calidad educativa es la principal deuda, pero, hay que agregar que en el 2022 los docentes no recibieron aumento salarial, no se cambió la edad de jubilación y, el Concurso Docente que inició bien ha terminado siendo fuertemente cuestionado, sobre todo por  los dudosos resultados obtenidos por muchos de los concursantes y nombramientos de los más allegados a las autoridades.

Otra de las debilidades ha sido la generación de empleo, sumado al encarecimiento de la canasta básica y del combustible se refleja en la  gran cantidad de compatriotas que siguen migrando a los Estados Unidos, poniendo en riesgo su vida.

Quizás en el 2022 sean válidas las excusas de la podredumbre dejada por la narcodictadura, sin embargo, este 2023 debe ser para cumplir de una vez por todas lo prometido, de lo contrario, se debe salir a las calles.

Por Victoriano Sánchez

En agosto del 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cerró sus oficinas en Managua, después de mas de once años de supervisión in situ de la economía. En ese momento, alegó que la economía había logrado estabilizarse y recuperarse.

Desde entonces, cada cierto tiempo, un equipo técnico del FMI visita el país, para revisar los datos y las políticas económicas. El estallido social del 2018 y posteriormente la pandemia de coronavirus, afectaron la economía. En el periodo 2018-2020, el PIB se contrajo en un 9%.

La última revisión del FMI registra que “(…) la actividad económica se está recuperando bien, respaldada por políticas macroeconómicas y financieras apropiadas y colchones sustanciales de depósitos gubernamentales y reservas internacionales previos a la crisis. El financiamiento oficial internacional, incluida la asistencia de emergencia por parte del FMI, también ayudó a la economía a hacer frente a la pandemia y llevar a cabo los esfuerzos de reconstrucción después de los dos huracanes consecutivos en noviembre de 2020. El PIB real creció un 10,3 por ciento en 2021 y se espera que crezca un 4 por ciento en 2022, sostenido por el consumo privado y las exportaciones, dados los precios de exportación favorables”.

Este párrafo es un reconocimiento favorable a la política económica de la dictadura, aunque los datos macroeconómicos no reflejan un bienestar para la población, sino todo lo contrario.

Recomendación de aumentar los impuestos

Desde el año 2009, cuando se discutía el proyecto de Ley de Concertación Tributaria (LCT), el FMI sostuvo discretamente que había que terminar con las exoneraciones y exenciones al gran capital. En ese momento, cuando fluía a borbollones los petrodólares de Venezuela, no se tomó ninguna decisión que perjudicara a los empresarios. En 2012 el FMI volvió a insistir en la primera reforma de las pensiones, que se aprobó a finales del 2013, y en reducir las exoneraciones y exenciones. En 2015 el FMI afirmó que la reforma tributaria podría aumentar los ingresos fiscales equivalentes a un 6.5% del PIB, y que era necesario crear un “colchón fiscal”. En febrero del 2018, dos meses antes del estallido social, el FMI volvió a insistir sobre el tema. El intento de aprobar una segunda reforma a las pensiones del INSS, fue uno de los detonantes de la crisis de abril del 2018, la cual fue revertida, pero aprobada con mayor dureza en 2019, cuando se produjo la derrota y el reflujo social.

En 2018 el estallido social rompió la política de “dialogo y consensos” con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y desde entonces la dictadura aplica unilateralmente las recetas del FMI, sin necesidad de consultar los empresarios.

La reforma tributaria del 2019

La dictadura aumentó los impuestos y eliminó muchas exoneraciones y exenciones en la reforma tributaria del 2019. El informe del FMI reconoce que estas políticas “(…) permitieron la acumulación continua de reservas internacionales brutas por alrededor de US$ 4.200 millones (6,0 meses de importaciones, sin incluir importaciones de maquila), a fines de septiembre de 2022”. Nunca antes en la historia de Nicaragua, el Banco Central había tenido tantas reservas internacionales.

En esta recuperación económica, a pesar de las duras sanciones economicas impuestas por Estados Unidos, hay un factor político: el aplastamiento de la rebelión de abril del 2018, por la incapacidad política de la oposición burguesa, permitió a la dictadura aplicar un riguroso plan de ajustes, que se ha traducido en una mayor recaudación fiscal, no solo sacando plata del bolsillo de los empresarios, sino del pueblo en general.

El FMI concluye que “(…) La perspectiva económica de Nicaragua es favorable, a pesar de que los riesgos hacia delante son a la baja, principalmente debido a los factores desfavorables al nivel mundial. Se espera que el crecimiento del PIB real se modere al 3 por ciento en 2023, debido a la debilidad de la demanda externa y a condiciones financieras externas más endurecidas. A mediano plazo, se proyecta que el crecimiento del PIB real converja a su potencial de alrededor del 3½ por ciento, dada la cautelosa recuperación de la inversión y el crédito al sector privado, y una menor participación de la fuerza laboral”.

El FMI prevé un crecimiento moderado en medio las turbulentas aguas de la economía mundial. Todo esto ha sido posible por el retroceso de las masas permite a la dictadura aplicar unilateralmente las recetas del FMI y los empresarios las aceptan, aunque aminoren un poco sus ganancias.

¿Un nuevo modelo?

La dictadura está construyendo un nuevo modelo económico (el somocismo tuvo esas características pero en el periodo 1945-1972, de bonanza de la economía mundial) basado en el rol hegemónico del Estado que aplica políticas unilaterales para fomentar la inversión extranjera y la creación de nuevos grupos de capitalistas, dispuestos a desplazar a los grupos tradicionales, incluida la oligarquía financiera.

Por José René Tamariz

El pago del componente salarial de zonaje fue anunciado con bombos y platillos por los burócratas sindicales de APSE, ANDE y SEC, supuestamente, para miles de trabajadores de la educación. Como las burocracias sindicales no ha realizado ninguna lucha que logre algún beneficio para sus afiliados desde hace muchos años, presentaban como un gran logro y “lucha” de ellos la obtención del zonaje para una gran parte de los empleados de la educación.

En un comunicado de prensa del 25 de octubre, los burócratas sindicales del sindicato APSE anunciaban que “La Junta Paritaria de Relaciones Laborales, en sesión de hoy martes 25 de octubre, recibió el informe de la Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación Pública, Sofía Ramírez, respecto al pago del componente del zonaje a los trabajadores de la educación. Tal y como quedó en actas “en cumplimiento de la normativa vigente en la legislación vigente y la III Convención Colectiva, el MEP efectuará este pago durante el mes de diciembre de 2022, reconociendo las sumas correspondientes desde el 7 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de este año, mediante la herramienta de pagos adeudados del sistema Integra, lo que implica una planilla extraordinaria en diciembre”. (Comunicado de APSE del 25 de octubre de 2022).

Por su parte los burócratas sindicales del sindicato ANDE en un comunicado sostenían que el supuesto pago de zonaje constituía “… el resultado de una ardua lucha, que se llevó a cabo durante varios meses, en el seno de la Junta Paritaria, donde ANDE exigió que se procediera con el pago, dado que contaba con los recursos”. (Comunicado de ANDE del 01 de noviembre de 2022).

¿Qué es el Componente Salarial Denominado Zonaje?

Según el articulo 28 de la III Convención Colectiva de Trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP) “Para los efectos de la presente Convención Colectiva, se entenderá por Zonaje, el componente salarial que se pagará a los servidores del Ministerio de Educación Pública, que laboren en centros educativos ubicados en zonas calificadas como vulnerables, inseguros y/o riesgosas o insalubres, el cual será revisado cada cinco años de acuerdo a los parámetros que fueron establecidos para tal efecto y serán de conocimiento previo de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales para su valoración. El presente artículo no crea un nuevo beneficio o incentivo, sino la transformación de uno ya existente (IDS) en zonaje (Entendido como la compensación adicional que reciban los y las servidoras en centros educativos ubicados en zonas calificadas como vulnerables, inseguras y/o riesgosas o insalubres), respetando lo dispuesto por la Ley N° 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, respecto a su nominalización y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70, inciso B) parágrafo 3 del Convenio Centroamericano  sobre Unificación Básica de la Educación”. (III Convención Colectiva del MEP, página 38 y 39).

Es importante destacar que, mediante negociación entre las autoridades del MEP y las burocracias sindicales, el antiguo componente denominado Índice de Desarrollo Social (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y que se pagaba en el mes de junio de cada año a los trabajadores de la educación que laboraban en distritos de nivel bajo y muy bajo de desarrollo fue transformado en zonaje.

Asimismo, es necesario señalar que, dependiendo del grupo profesional del docente, el IDS se pagaba desde un 30% hasta un 90% del salario cuando se laboraba en un “nivel bajo” de IDS y desde un 40% hasta un 100% del salario cuando se trabajaba en un “nivel muy bajo” de IDS. Por otra parte, es imprescindible plantear que el IDS no se pagaba a los trabajadores del Título I del MEP, tales como conserjes, guardas, secretarias y otros trabajadores puros del sector administrativo, así como tampoco a docentes que laboraban en distritos de otros niveles de desarrollo. Sin embargo, con la transformación del IDS en zonaje se procuraba que ese pago se ampliara tanto a otros docentes como a trabajadores del Título I de la educación.

¿Por Qué el Gobierno-MEP no Pagó el Zonaje Acordado en la Junta Paritaria?

La nueva metodología para pagar el zonaje tomó en cuenta dos componentes: 1) las variables del IDS los cuales tienen un valor del 80% (económico, seguridad, salud, educación y participación electoral). 2) Ubicación del centro educativo, tales como zona urbana, zona predominantemente urbana, zona predominantemente rural, zona rural, zonas prioritarias (zona indígena, ubicación en isla y ubicación en un distrito que haya pertenecido al programa de escuelas de atención prioritarias).

De acuerdo con la información disponible el zonaje, inicialmente acordado entre el MEP y las burocracias sindicales, se iba a pagar a unos 51.000 trabajadores de la educación que incluía a docentes con un pago del 100%, administrativos docentes con un pago del 50%, técnicos docentes con un pago del 50% y administrativos y servicios con un pago del 25%. Hasta el año 2018 ese componente salarial se les pagaba a alrededor de 30.000 empleados de la educación, mientras que con la nueva metodología se pretendía pagar a unos 51.000 trabajadores lo cual representaba un 60% de la planilla del MEP. Asimismo, el monto total que el Gobierno-MEP iba a desembolsar para pagar ese componente salarial era de aproximadamente ₵30.000 millones. Pero, al final en el mes de diciembre, solamente se les pagó el zonaje a los trabajadores que anteriormente recibían la retribución por el Índice de Menor Desarrollo (IDS) de zonas de nivel bajo y muy bajo. ¿Por qué se produjo ese cambio?

El Gobierno de Chaves-MEP Maniobran para no Pagar el Zonaje

Mientras las autoridades del MEP distraían y engañaban a los burócratas sindicales de APSE, ANDE y SEC sobre el pago del zonaje para el 19 de diciembre, en Casa Presidencial en contubernio con las altas autoridades de ese ministerio se movían y conspiraban para no pagar ese componente salarial. Cuando el zonaje, posteriormente, no se pagó se dieron diversas versiones, tales como que Rodrigo Chaves no había firmado el decreto presidencial para hacer efectivo dicho pago. Los burócratas sindicales que, de forma permanente los vacilan en el MEP plantearon en un comunicado que “Sobre el tema del pago zonaje, el MEP informó que la planilla extraordinaria ya se encuentra lista, así como la parametrización a nivel del sistema Integra II que se elaborará para este pago. A la fecha, solamente queda pendiente la firma del respectivo decreto del Presidente de la República”. (Comunicado de APSE, 7 de diciembre de 2022). Después, los mismos burócratas sindicales, dijeron que no era necesario ese decreto, pero la realidad era otra.

La supuesta firma del Presidente de la República era un vil engaño en el que creyeron los burócratas sindicales. El 6 de diciembre, la ministra de la Presidencia por orden de Chaves, realizó una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre si “¿es viable ampliar la cobertura del plus, ya sea por una modificación en los supuestos de aplicación o por incluir explícitamente nuevos grupos de personas funcionarias a las que se les puede otorgar, las cuales no estaban cubiertas anteriormente por el ámbito de aplicación del plus?”. (Pronunciamiento de la PGR, 14 de diciembre de 2022).

Como parte de sus conclusiones la PGR, y, para no extender demasiado el presente texto, citaremos el punto dos de dichas conclusiones en la cual esa Procuraduría sostiene, de forma general y sin citar el zonaje, que no se puede pagar ese plus salarial a los nuevos trabajadores de la educación. En ese pronunciamiento se plantea que “Y siendo que “crear”, en su acepción común, refiere a la producción de algo nuevo o de la nada, producir algo que antes no existía, a nuestro parecer se corre el riesgo de infringir la reserva legal instaurada en el artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, adicionado  por la citada Ley N° 9635, cuando por modificación de normas jurídicas preexistentes o infra legales, se cambien sustancialmente los supuestos de hecho o beneficios de determinados pluses, incentivos o complementos salariales precedentes, pues en esos casos, según sea la magnitud del cambio operado, podrían estarse creando  beneficios salariales hasta ahora inexistentes, en abierta contravención del principio de reserva legal…”. (Ídem). 

Entonces, según el criterio de la PGR que es abstracto y genérico, el cual no es vinculante, la extensión del pago del zonaje a nuevos docentes y a los trabajadores del Título I a los cuales no se les pagaba el IDS, “crea” nuevos beneficios o pluses salariales, violando la reserva legal de la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (mejor conocida como combo fiscal).

Al respecto existen diversas interpretaciones sobre si la inclusión de nuevos beneficiarios en el pago de un plus salarial ya existente es violatoria o no del artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública o de la Ley 9645. Por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Servicio Civil considera que la “… la inclusión de nuevos beneficiarios en sobresueldos ya existentes… no contraria lo dispuesto en el artículo 55 indicado supra, por cuanto no se está en presencia de la creación de un nuevo plus, sino de la modificación de un plus ya existente”. (Ídem, citado por el pronunciamiento de la PGR).

En realidad, la Asesoría Jurídica de Servicio Civil tiene razón en su planteamiento. El componente salarial denominado zonaje, anteriormente llamado Índice de Desarrollo Social (IDS), no constituye la “creación” de un “nuevo plus salarial”, sino solamente una ampliación o modificación de dicho beneficio para incluir a otros sectores de la educación que no eran cubiertos. Es más, el presupuesto asignado para el pago de zonaje era el mismo que se pagaría con el IDS a solamente 30 mil trabajadores de la educación.

Las burocracias sindicales de APSE, ANDE y SEC en contubernio con las autoridades del MEP decidieron, sin consultar a sus bases de forma democrática, redistribuir entre los viejos y nuevos beneficiarios, para un total de 51 mil trabajadores, de ese plus salarial el mismo monto presupuestario, sin que eso representará una mayor erogación de dineros en salarios por parte del MEP. Por tanto, el componente salarial del zonaje se debió pagar a todos los trabajadores incluidos en la Convención Colectiva del Ministerio de Educación Pública (MEP). ¿Pero, al final qué pasó?

Que en la reunión extraordinaria de la comisión paritaria (MEP y sindicatos) del día 21 diciembre las autoridades del MEP acogieron el criterio de la PGR y decidieron solamente pagar el zonaje a los viejos beneficiarios del antiguo IDS, quedando fuera miles de educadores y trabajadores del Título I. Al final el MEP solamente pagó la cantidad ₵4.990 millones cuando se debían pagar unos ₵30.000 millones. En síntesis, con esa jugada del Gobierno-MEP, al dejar fuera del pago de zonaje a miles de trabajadores de la educación, se ahorró unos ₵25.000 millones. ¿Cuál fue la posición de las burocracias sindicales?

Tanto la ANDE como el SEC, junto a las autoridades del MEP, firmaron el acuerdo de solamente pagar el componente salarial del zonaje a los antiguos beneficiarios y no a los nuevos. Los burócratas sindicales de la APSE no firmaron dicho acuerdo y protestaron por esa decisión. Obviamente, la burocracia sindical de APSE se trató de cuidar en salud porque sabía que le iban a llover las críticas de las bases sindicales, ya que crearon muchas expectativas en dicho pago salarial que al fin no se concretó. Miles de trabajadores fueron burlados y engañados. ¿Pero, que hizo o que va a hacer la burocracia sindical de APSE para enfrentar ese no pago del zonaje por parte del Gobierno-MEP?

Como siempre la posición de la burocracia de la APSE es pura oposición en el papel “rechaza el acuerdo de mayoría” de la Junta Paritaria; que se “condena la mala fe e indignidad de ese acuerdo”; que se van “emprender acciones legales y judiciales contra el gobierno” y que se “analicen posibles acciones de movilización para el año 2023”. Esta chachara se hizo aprobar en la sesión del 14 de enero del Consejo Nacional de la APSE. Ese Consejo Nacional votó en contra de convocar a una Asamblea Nacional para discutir esa situación del zonaje y de realizar cualquier movilización en contra del Gobierno-MEP. En realidad, el punto de “analiza posibles acciones de movilización” es una mentira más de los burócratas sindicales de APSE, ya que no están dispuesto a molestar e incomodar el Gobierno-MEP con alguna movilización.

En verdad, la burocracia sindical de la APSE lo que hace es sacrificar los intereses de los trabajadores y sus bases, con tal de seguir manteniendo sus buenas relaciones y entrega a las autoridades gubernamentales y del Ministerio de Educación. Al final, los burócratas sindicales de APSE son unos traidores de sus bases y de los trabajadores de la educación. Son igual que los burócratas de ANDE y SEC, pero con poses falsas de “supuesta oposición”.

Por Olmedo Beluche

Sobre las razones de la invasión norteamericana contra Panamá, el 20 de Diciembre de 1989, al igual que sobre otras coyunturas políticas importantes, como la separación de Colombia en 1903, empiezan a tejerse una serie de falacias históricas mediante las cuales algunos sectores políticos quieren falsear su pasado dándole una envoltura heroica que no tuvieron. Las fuentes de esas falacias provienen de dos sectores contrapuestos: la oligarquía proimperialista y sus medios de comunicación, para quienes la invasión fue la «restauración de la democracia» perdida en 1968; la otra la constituyen sectores del Partido Revolucionario Democrático y el régimen militar, que intentan adornar el noriegato con unas luces antiimperialistas que no tuvo.

El régimen previo al 68 no fue democrático, como no lo es el actual

La corriente ideológica principal, idealiza al régimen político previo a 1968 presentándolo como una supuesta «democracia» interrumpida por un régimen militar odioso y odiado. La invasión del 89 se habría llevado al dictador y habría restaurado la democracia, según esa versión. La exaltación del régimen previo al golpe del 11 de octubre va de la mano con la supuesta democracia con que se describe al régimen post-invasión.

Cualquiera que escarbe un poco en los libros de historia y los diarios de la época puede darse cuenta que el régimen político panameño, anterior a 1968, aunque tenía elecciones periódicas como el actual, estaba compuesto por una corrupta institucionalidad al servicio de unas cuantas familias oligárquicas, serviles de los intereses norteamericanos, que decidían en el Club Unión las sucesiones presidenciales y las curules de diputados. Clase social que coqueteaba desde 1903 con la colonia zoneíta y que había intentado imponer los Tratado Tres en Uno.

Una oligarquía que había apoyado todos los fraudes electorales del Partido Liberal, hasta que Robles postuló a David Samudio, que pretendía una tímida reforma fiscal para que pagara impuestos el «club de los exonerados». Para impedirlo, se aliaron a su enemigo histórico, Arnulfo Arias, y desataron la crisis que culminó en el golpe de estado.

En una frase: el régimen anterior al 68 era tan corrupto, tan oligárquico, tan antidemocrático, tan antipopular, tan proimperialista, como el régimen actual. Así que, si alguien quiere conocer la verdad sobre esa «democracia», que murió el 11 de octubre, que asome la cabeza por la ventana y vea la «democracia» que impusieron los imperialistas yanquis el 20 de Diciembre del 89. Esa oligarquía, desplazada del gobierno por los militares, siguió gozando de las mieles del poder económico logrando amasar grandes fortunas bajo el auspicio de los coroneles.

Los sectores sociales y políticos de la derecha panameña se niegan a aceptar que el 20 de Diciembre del 89 hubo un genocidio en Panamá. Niegan el hecho o lo «justifican» insinuando que los muertos de la invasión eran «batalloneros», como queriendo decir «delincuentes». Y cuando ya no pueden argumentar más, sacan a relucir los asesinados por la dictadura entre 1968 y 1971, pero se les olvida el detalle de que esos otros muertos eran todos comunistas, revolucionarios de izquierda y que, entre ellos, no había ningún burgués, por supuesto.

El régimen militar tuvo tres etapas diferenciadas

El régimen militar tuvo al menos tres momentos diferenciados: el primero 1968-69, claramente represivo y antiipopular; el segundo, 1971-77, de carácter populista, nacionalista y keynesiano; el tercero, 1978-89, pero más claramente 1981-89 (después de la muerte de Torrijos), neoliberal y antipopular. Sí, el régimen militar bajo Manuel A. Noriega aunque tuvo rasgos heredados, no fue igual al de Omar Torrijos.

A partir de la década de 1980, nuestro continente y el mundo entraron en una nueva fase política caracterizada por la crisis económica, el fin del «boom» económico de la post guerra, el Consenso (neoliberal) de Washington, el triunfo de una serie de gobiernos reaccionarios en las principales potencias capitalistas y una ofensiva contra las conquistas sociales y económicas de los trabajadores. A Torrijos le tocó el inicio de esa transición, pero su propia y sospechosa muerte es parte del cambio de época en Centroamérica.

Noriega y su predecesor, Rubén D. Paredes, gobernaron cuando el signo de América Latina pasó a estar regido por el Consenso de Washington y el gobierno del ultraconservador Ronald Reagan y George Bush (padre). La cúpula militar panameña colaboró consciente y activamente en ese nuevo modelo económico y político, enterrando poco a poco las concesiones sociales y cambiando de la retórica anticolonialista de Torrijos a las genuflexiones proimperialistas de Paredes y sus amenazas a Nicaragua sandinista.

Lo acuerdos entre el régimen militar panameño y el imperialismo yanqui a inicios de los 80

En la década de 1980 había tres objetivos centrales de la política norteamericana en Panamá, en coincidencia con la cúpula militar: 1. Que las elecciones de 1984 dieran la impresión de «retorno a la democracia»; 2. Que el gobierno surgido de esas elecciones aplicara un riguroso plan neoliberal; 3. Que la transición del canal se hiciera bajo control y seguridades para los intereses norteamericanos.

Los dos primeros objetivos se pretendieron cumplir con la imposición de Nicolás A. Barletta como candidato presidencial del PRD, el cual había sido funcionario del Banco Mundial. El tercer objetivo consistía en convertir la Guardia Nacional en un ejército (Fuerzas de Defensa) que sustituyera al ejército yanqui en el traspaso de 1999, objetivo en el que Noriega puso un empeño particular.

En 1983-84 hubo acuerdo completo entre el gobierno norteamericano y el régimen de Noriega en esos tres aspectos. La ley que creó las Fuerzas de Defensa contó con financiamiento del Pentágono hasta 1988. Se impuso a Barletta, primero en el PRD (del cual no era parte), y luego a nivel nacional mediante un fraude electoral escandaloso. El primer acto de gobierno de Barletta fue un decreto neoliberal que obligó a los empleados públicos a irse a una huelga general. Ahí empezó a torcerse la cosa.

Las luchas populares pusieron en jaque acuerdo Noriega-Bush

La ola de huelgas que sacudió al país entre 1984 y 1985 no ha tenido parangón en la historia. La creación de la FENASEP y sus constantes Jornadas de Lucha; el surgimiento de COCINA, como coordinadora docente, salud y estudiantil con sus huelgas; y los paros nacionales de CONATO; con incontables movilizaciones diarias, pusieron en crisis el acuerdo entre el imperialismo yanqui y el régimen del general Noriega.

Las luchas populares contra el plan neoliberal del gobierno de «Fraudito», son el punto de inicio de la crisis que desembocará en la invasión, porque esas luchas paralizaron la aplicación de las medidas neoliberales y llevaron a la crisis de credibilidad del gobierno y del régimen militar. Pese a que Noriega sacrificó un peón, con la deposición de Barletta, se mantuvo su acuerdo con Estados Unidos los años subsiguientes. Todavía en marzo de 1986 se impuso a sangre y fuego una reforma neoliberal al Código de Trabajo.

Con el trasfondo de movilizaciones y huelgas contra la continuidad del plan neoliberal por el régimen Del Valle – Noriega, es la disputa por el poder entre los coroneles (Díaz Herrera) la que vuelve a escalar la crisis en junio-julio de 1987.

A este punto, mediados de 1987, la fuerza de la movilización y la crisis de credibilidad del régimen llegó a tal grado que el imperialismo yanqui tomó dos medidas complementarias: 1. Solicitarle a Noriega que pusiera una fecha para su jubilación de manera que se disimulara que el «poder real estaba en los cuarteles»; 2. Empezar a construir una dirección burguesa de recambio, pero con la credibilidad de la que carecían los partidos tradicionales de la oligarquía, para lo cual apoyó la creación de la Cruzada Civilista, dirigida por los gremios empresariales.

Recién a mitad de 1987 es cuando empiezan las contradicciones entre el régimen de Noriega y el gobierno de Estados Unidos, las cuales escalan a inicios de 1988 cuando se formaliza la acusación contra Noriega por narcotráfico y cuando el Departamento de Estado ordena a Del Valle que intente destituir por la fuerza al general. Aquí ya se ha producido la ruptura definitiva del acuerdo que databa de 1983-84. Aquí es cuando sectores de la oligarquía que habían estado con los militares, como los hermanos Lewis Galindo, se apartan y crean el Grupo Modelo para lanzar la estrategia del recambio.

El imperialismo interviene para salvar su plan de democracia neoliberal y Noriega se disfraza de antiimperialista para seguir gobernando

Para defender su posición Noriega también cambia y, de aliado dócil de Estados Unidos, pasa a levantar un discurso nacionalista y antiintervencionista. Pero ese ropaje «antiimperialista» no le sentaba muy bien al general que ya carecía de credibilidad en amplios sectores de la población por sus actos anteriores. Durante el crítico año de 1988, el régimen militar levanta un discurso que oscila entre confrontación y enamoramiento con el gobierno de Bush; se reprime a los sectores sindicales, a la vez que se crean milicias como los Batallones de la Dignidad, pero muy controlados por la oficialidad.

Los sectores independientes del movimiento popular estuvieron atrapados entre dos posiciones extremas encabezadas por fracciones opuestas de la burguesía que influían en la mentalidad de la gente: 1. El régimen militar que denunciaba la intromisión imperialista y la agresión creciente que presagiaba la invasión, pero que vulneraba los derechos económicos, sociales y democráticos; 2. La oposición nucleada en la Cruzada, que sólo enfatizaba el problema democrático, pero se hacia de la vista gorda ante la creciente agresión del Comando Sur y las sanciones contra el país.

Esa realidad hizo difícil a la izquierda panameña encontrar y explicar un discurso revolucionario que fuera antiimperialista sin claudicarle a los militares, y que fuera democrático y social sin parecer que se coqueteaba con la Cruzada Civilista y el intervencionismo yanqui.

La anulación de las elecciones de 1989 puso en evidencia las inconsecuencias del régimen: 1. Estas fueron pacíficas durante la campaña y conteo de votos, sólo se rompieron cuando Endara-EE UU se negaron a aceptar continuidad de Noriega en la Comandancia; 2. El mando militar usó policías disfrazados de «batalloneros» para apalear a la oposición en Santa Ana, tratando de cubrirse con que fueron los «comunistas».

El golpe de Giroldi, el 3 de octubre, demostró que el problema para EE UU no era solo Noriega, sino que había intenciones de invadir para destruir toda la institucionalidad precedente, creando un régimen político dócil a los dictados de Washington, que aplicara el esquema neoliberal, pero con apariencia «democrática» y se resolviera el tema del canal a manos seguras de acuerdo a los intereses yanquis.

La invasión y el comportamiento cobarde de Noriega y del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, salvo contadas y honrosas excepciones, demostraron la inconsecuencia de su discurso antiimperialista. Ninguno de los altos oficiales cayó en combate. Ni siquiera organizaron la resistencia. Los que combatieron, oficiales, suboficiales, tropas, batalloneros y ciudadanos, lo hicieron por su cuenta e improvisando. Ni si quiera se advirtió a la población.

La invasión impuso el régimen oligárquico, corrupto y neoliberal que tenemos

Sobre las ruinas humeantes de El Chorrillo, sobre las fosas de cadáveres no identificados, y la economía destruida, en 1990, el gobierno norteamericano impuso el acuerdo político que dio nacimiento al actual régimen político panameño. Los dirigentes del PRD, de la Democracia Cristiana (PP), del Arnulfista (Panameñista) y del Molirena auspiciados por EE UU acordaron el reparto institucional sin mediar nuevas elecciones ni Asamblea Constituyente. Allí nació el régimen antidemocrático, oligárquico y corrupto que padecemos hoy en día.

El baño de sangre de diciembre de 1989 se vio seguido, en junio de 1990, con el llamado «Convenio de Donación», por el que Estados Unidos daría financiamiento al gobierno panameño a cambio de someterse a los planes dictados por Banco Mundial, el FMI y el BID. Ese detallado plan económico ha sido seguido al pie de la letra por todos los gobiernos que han pasado estos 25 años, no importa la camisa de qué partido político se pongan. Privatizaciones, despidos de empleados públicos, alzas de impuestos al consumo y baja de impuestos a los que más ganan, reformas a la seguridad social, descomposición de las escuelas y centros de salud del estado, etc.

La liquidación de la soberanía nacional en 1989, creo las condiciones para que los partidos del régimen de la invasión pactaran el nuevo título constitucional sobre el canal que permitió convertir a la vía revertida en una nueva «zonita» fuera del control del pueblo panameño y en manos de un puñado de oligarcas. De esa manera se le da el «uso menos colectivo posible», y los millones del canal son desviados a gastos superfluos de los que se benefician algunos empresarios, mientras la deuda social sigue creciendo.

Incluso con el gobierno de Pérez Balladares, los norteamericanos intentaron mantener una base militar disfrazada de combate al narcotráfico, el CMA. Fracasado ese plan han ejecutado con los sucesivos gobiernos acuerdos de seguridad, que les garantizan su presencia e intervención solapada, como: el Salas-Beker, el Plan Mérida y las bases aeronavales. Todo ello arropado por el Pacto de Neutralidad de 1977, que nos cubre «bajo el paraguas del Pentágono (Torrijos dixit), verdadero Hay- Bunau Varilla del siglo XXI.

Así que toda la irracionalidad que pueda haber detrás del genocidio de Diciembre de 1989, obedece a una racionalidad con arreglo a fines para los intereses del imperialismo yanqui, que se ha venido ejecutando durante un cuarto de siglo.

Así que, los jóvenes de hoy, no piensen que la invasión fue un hecho del pasado que le sucedió a una gente por aquel tiempo. No. La invasión y sus consecuencias se siguen sintiendo cada día y la sufren las generaciones presentes: con el régimen corrupto, con la falta de empleos, con el desastre de los servicios públicos, con un canal ajeno alas necesidades del pueblo panameño.

Bases Magisteriales Salvadoreñas hace del conocimiento del Magisterio Nacional lo siguiente:

Que, a pesar todos los esfuerzos que hicimos por aportar a la comisión ad-hoc, no se nos dio la oportunidad, es por eso que:

1. Lamentamos profundamente que los actuales legisladores sigan viendo de menos al Magisterio Nacional.

2. Condenamos la actitud de los señores diputados de la AL, con su actuar simplemente ellos no valoran el trabajo tan significativo y único que realiza el docente para la sociedad, nuestros niños y niñas, generación tras generación.

3. Es increíble el desprecio que le tienen los políticos al Magisterio Nacional.

4. En verdad es lamentable que a los únicos que no nos permitieron participación fue al Magisterio Nacional.

No hay duda alguna, los docentes morirán con una pensión de hambre y miseria, muchos vivirán sus últimos días en las escuelas luchando por sus vidas y por su subsistencia.

Así premian al docente en este país, dejándolo morir en las aulas con pensiones de hambre y miseria.

Ante esto, solo nos toca seguir luchando, los actuales políticos se han equivocado, no entendieron que los cargos se terminan más temprano que tarde.

Recuerda estimado docente, hoy más que nunca debes sumarte a las luchas que se vienen, las calles nos esperan, Bases Magisteriales Salvadoreñas no dará ni un paso atrás, nuestra lucha es inclaudicable.

Recuerda docente que el Magisterio Nacional está condenado a luchar por siempre.

EDUCACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y LUCHA.

BASES MAGISTERIALES SALVADOREÑAS.

Por Olmedo Beluche

Treinta tantos años atrás, cuando Estados Unidos invadió Panamá, el mundo vivía una coyuntura histórica de cambio de signo político; la Guerra Fría agonizaba, aunque no nos dábamos cuenta. Semanas antes habían empezado en Europa Oriental y la República Democrática Alemana las movilizaciones que culminaron con la caída del Muro de Berlín y, meses después, con la desaparición de la Unión Soviética y el llamado Bloque Socialista. 

Aunque no éramos conscientes de ello, se estaba produciendo una derrota social y económica para la clase trabajadora mundial, gracias por causa del modelo neoliberal; y una derrota ideológica y política para el movimiento comunista, la cual se hizo extensiva a todos los proyectos de “izquierda”. Una derrota relativa, por supuesto, pero derrota, al fin y al cabo. 

No vimos venir la nueva coyuntura. Tan es así que la revista internacional de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) editorializó, en diciembre de 1989, que una invasión a Panamá era imposible. 

Influidos por esos criterios erróneos, la noche del 19 de diciembre, el Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de Panamá estuvo reunido hasta tarde analizando los informes sobre una posible invasión, pero se descartó la idea. Nos despedimos hasta el año nuevo. Poco después de llegar a nuestras casas las bombas despejaron todas las dudas.

La época de los Acuerdos de Paz en Centroamérica

La coyuntura 1989-90 también implicó un cambio de época en Centroamérica. Veníamos de 20 años de guerras civiles contra las dictaduras militares apoyadas por el Pentágono, cuyo cénit fue la victoria de la Revolución Sandinista en 1979, que abrió diez años a un gobierno del FSLN presidido por Daniel Ortega y los 9 comandantes. Aunque esa revolución fue sitiada, como todas, y agredida por Estados Unidos (recordemos el escándalo Irán-Contras), su triunfo dio impulso a los procesos revolucionarios en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Sin embargo, contra todo pronóstico, aquel diciembre de 1989 se gestaba una nueva fase que inició con una gran ofensiva militar del FMLN en San Salvador, la cual terminaría no con la victoria tan esperada, sino en una mesa de negociaciones que puso fin a la guerra e incorporó a los exguerrilleros a la política nacional, por supuesto, sin que se cumpliera ninguno de los objetivos políticos y sociales que habían guiado la lucha armada. 

Los Acuerdos de Paz se extendieron a Guatemala también y abrieron una época de 20 años de estabilidad política basada en gobiernos seudodemocráticos y neoliberales, con los guerrilleros devenidos en partido político. 

Para decepción de muchos, en paralelo se dio la derrota electoral del FSLN en Nicaragua y la asunción al poder de doña Violeta Chamorro, al frente de una coalición de derechas, con lo cual se cerró el ciclo revolucionario abierto en 1978-79.

Panamá, del acuerdo neoliberal EEUU-Noriega a la invasión

Panamá venía de una década de crisis política creciente, acicateada desde arriba por una lucha por el control del liderazgo militar, luego de la muerte del general Omar Torrijos, en 1981; y desde abajo, por la resistencia a la aplicación de políticas neoliberales, que se expresó en una oleada de huelgas y movilizaciones, especialmente a partir de 1984, cuando EE UU y los militares impusieron mediante el fraude electoral a Ardito Barletta, funcionario del Banco Mundial.

Aunque el general Manuel A. Noriega recibió como apoyo del Pentágono la asistencia militar para crear un ejército (las Fuerzas de Defensa) que sustituyera al norteamericano a medida se concretaba la reversión del canal con el cumplimiento de los Tratados de 1977, cuando la crisis iba en escalada y la figura del general concitaba el repudio popular, Washington empezó a pedirle, al principio muy cuidadosamente, que pusiera fecha a su jubilación. Pero en febrero-marzo de 1988 se produjo la ruptura entre ambos aliados (EE. UU.-Noriega), misma que se formalizó en sanciones económicas muy duras para el país.

Según el periodista Bob Woodward, la decisión definitiva de invadir Panamá se tomó luego de las fracasadas elecciones presidenciales, en mayo de 1989. En ese momento se planeó una estrategia para rediseñar las instituciones políticas del país y probar nuevos criterios con los cuales hacer la guerra en el extranjero y superar el llamado Síndrome de Vietnam.

En Panamá se estrenaron métodos y armamento que serían habituales en las dos Guerras del Golfo y en Afganistán.

El sofisticado armamento del ejército estadounidense utilizado en la invasión a Panamá incluyó los últimos adelantos tecnológicos alcanzados por ese país en el «arte» de hacer la guerra, y que luego serían usados masivamente en la guerra del Golfo Pérsico: bombarderos Stealth F-117, bombas de 2,000 libras, misiles Hellfire, helicópteros y lanzamisiles Blackhawk, Apache AH-64 y Cobra, aviones de asalto A-37, cañones de fuego rápido de 30 mm, vehículos HMMWV (Hummer) con  ametralladoras de alto calibre, fusiles M-16 con mirilla infrarroja. 

Diversos organismos de derechos humanos, entre los que podemos mencionar a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), consideraron que tal despliegue de capacidad bélica, muy superior al armamento de las Fuerzas de Defensa panameñas, no sólo era injustificado, sino que era violatorio de la Convención de Ginebra (Protocolo I, título III, sección I) que «prohíbe expresamente el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios».

La manipulación de la verdad y el control a la prensa, la principal arma de EEUU

Pero lo más novedoso de la invasión consistió en el control de la prensa, que impidió a los periodistas acceder a las zonas de conflicto para que no reportaran situaciones de violación a los derechos humanos y crímenes contra civiles, una de las causas del repudio generalizado a la guerra de Vietnam. Por eso la inexistencia de imágenes directas del combate y la prevalencia de tomas lejanas o posteriores. 

El periodista que mejor documentó con imágenes la invasión, el español Juantxu Rodríguez, fue sospechosamente asesinado por las tropas norteamericanas con un certero tiro en la cara, en la puerta de su hotel, en una zona en la que no había combates.

Desde el primer momento de la invasión, la mentira y la manipulación de la verdad fue una estrategia clave del gobierno de George Bush y sus aliados en los medios de comunicación. Este método se ha vuelto clave en todos los conflictos en que interviene Estados Unidos, militar o políticamente, desde Venezuela a Bolivia, en el último período. En Panamá sirvió para amedrentar a las víctimas y sus familiares imponiendo la mentira de que todos eran norieguistas y delincuentes.

Panamá: 30 años de régimen oligárquico y neoliberal gracias a la invasión

Frecuentemente explicamos a los jóvenes que la invasión no fue algo malo que le pasó a gente que no conocieron. La invasión y sus consecuencias se han padecido por treinta años: 

• Un régimen político antidemocrático controlado por cuatro partidos que a su vez son manejados por un par de grupos económicos;
• Una política neoliberal de privatizaciones, apertura de mercado y reformas laborales impuestas por el Convenio de Donación de julio de 1990;
• Un título constitucional sobre el canal de Panamá que lo ha colocado fuera del alcance del pueblo panameño y sus organizaciones sociales y en manos de una oligarquía depredadora;
• Unos “acuerdos de seguridad”, como el Salas Bequer, que son una burla de los Tratados de 1977 y una continuidad de bases militares extranjeras en el país.

Treinta años ha costado en Panamá que la gente empiece a comprender la esencia antidemocrática y corrupta del régimen actual y todos sus órganos del Estado. Una nueva generación se ha levantado contra el lavado de cara que quieren hacer con las reformas constitucionales que no cambian nada. Luchando por verdaderas transformaciones, la juventud ha ganado la calle y rodeado la Asamblea Nacional.

Treinta años también han tardado decenas de familiares y de víctimas de la invasión en atreverse a salir del ostracismo y narrar los horrores que han vivido el 20/12/89. Tres décadas no han sido suficientes para que la sociedad panameña procese mental e intelectualmente el trauma de la invasión, aún cuando se la han dedicado ensayos, poemas y novelas, documentales y hasta películas.

El signo de los tiempos está cambiando y en América Latina ha empezado un ascenso revolucionario

El tiempo y la historia no se detienen. Si “el mundo cambió” en 1989-90, ahora, treinta años después, está volviendo a cambiar. Si bien aún no se ha cuajado en una revolución triunfante, como las de hace un siglo (rusa, mexicana, etcétera) no hay dudas de que la globalización neoliberal capitalista está en crisis, de que una nueva generación de jóvenes en todos lados (como ocurrió en 1968) se ha lanzado a luchar y cambiar el mundo, y de que cada vez más personas comprenden que el capitalismo está destruyendo con miseria a los trabajadores y con polución a la naturaleza, como señalara Carlos Marx.

Desde los millones que se movilizan para salvar al planeta del cambio climático, de los que la joven Greta es el símbolo central, pasando por las luchas de los chalecos amarillos y los trabajadores en Francia, las movilizaciones juveniles en Irak y, en especial, en América Latina, con la juventud chilena, colombiana y costarricense a la cabeza, así como también la masacrada juventud hondureña y nicaragüense, y los indígenas ecuatorianos y bolivianos. En fin, una nueva generación ha echado a andar.

Panamá no escapa a ello y así lo demostraron las movilizaciones contra la reforma constitucional de 2019. Acá continuamos la lucha que empezó el 20 de Diciembre de 1989 contra la ocupación del imperialismo yanqui y las consecuencias sociales y económicas de la última invasión.

Por Nassar Echeverria

Cuando la administración Biden anunció que las disposiciones administrativas, relacionados el titulo 42 de la Ley de Inmigración, aprobadas bajo la administración Trump, quedarían sin efecto a partir de abril del 2022, no se dio cuenta que estaba abriendo la caja de pandora.

Mas reuniones y acuerdos que no detienen la migración

Para contener el creciente aumento en la migración, el 14 y 15 de marzo de este año, por cuarta ocasión, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, viajó a México a reunirse con el presidente Manuel López Obrador (AMLO), para que ayudase a contener la oleada migratoria.

Al salir de la reunión, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró: “tenemos ya varias ideas en común, el presidente le dijo vamos a enfatizar, insistir, en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podemos tener un acuerdo o un plan común de acción” (VOA 15/03/2022)

No es la primera vez en la historia que Estados Unidos utiliza a México para definir e imponer sus políticas en Centroamérica. En conferencia de prensa, AMLO declaró que la mejor repuesta a la migración “(…) es lo que estamos nosotros planteando y estamos llevando a cabo: que haya trabajo en Centroamérica, que tengan oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida (...) la gente no se echa a andar por gusto, es por necesidad, la mayoría son jóvenes que quieren salir adelante, progresar” (Infobae, 14/03/2022)

Evidentemente, más que contener la migración de centroamericanos, AMLO está interesado en que, bajo el argumento de crear fuentes de trabajo, las empresas mexicanas terminen de copar el mercado centroamericano.

Al día siguiente, Mayorkas firmó en Costa Rica, con el entonces presidente Carlos Alvarado, un acuerdo para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

En esa oportunidad, Mayorkas declaró: debemos "explorar opciones para fortalecer los programas actuales de integración de las personas migrantes, solicitantes de refugio y personas refugiadas (…) "Este acuerdo habla de posibilidades (...). Y las posibilidades se convierten en realidades cuando invertimos en la gente. Creamos oportunidades de desarrollo y caminos para que las personas alcancen sus sueños de una mejor vida". (france24.com)

Estas declaraciones reflejan la intención de la administración de Biden de contener a los mas de 120,000 nicaragüenses en suelo costarricense, evitando que migren hacia Estados Unidos

Un mes después, funcionarios norteamericanos y del gobierno de Laurentino Cortizo, firmaron la “Carta de Entendimiento Sobre Gestión Migratoria y Protección a Migrantes” que, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos, pretende que Panamá regule y restrinja el paso de migrantes, especialmente de Venezuela y Colombia

Debilitamiento de la clase trabajadora

En año fiscal del 2022 (del 1 de octubre al 30 de septiembre), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por su sigla en inglés) informó que fueron capturados un total de 2.766.582 personas, un 38% más que los detenidos en el año 2021. Los migrantes provienen de toda América Latina y de diversas partes del mundo

Pero llama la atención las cifras de migrantes centroamericanos que huyen de la barbarie. Fueron detenidos 238.061 guatemaltecos, 214.975 hondureños, 164.600 de nicaragüenses y 97.197 salvadoreños. En total, 714.233 personas que huyen de la miseria y el desempleo que predomina en Centroamérica, region donde los necesarios cambios democráticos fueron frustrados o revertidos.

Aunque la región Centroamericana es un punto de paso obligatorio de los migrantes, Costa Rica y Panamá son los dos países de la región que registran un bajísimo número de migrantes detenidos.

Estas oleadas migratorias están compuestas fundamentalmente por trabajadores desempleados. La clase trabajadora se debilita numéricamente, y pasa a formar parte de la clase trabajadora de Estados Unidos.

Las remesas rondan el 20% del PIB

El fenómeno del aumento de la migración esta relacionado directamente con el aumento de las remesas. El Banco de Guatemala informo que solo durante el primer semestre de 2022 se recibieron 8.711 millones de dólares en remesas, lo que equivale a 1.745 millones de dólares más (el 25 %) que entre enero y junio de 2021, lo que representa alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto (PIB). En El Salvador, en el año 2021, las remesas ascendieron a US$7,517.1 millones, creciendo 26.8%, representando un 26.2% del PIB. Honduras recibió 6,102.4 millones de dólares en remesas hasta mediados de septiembre del 2022, lo que representa el 19 por ciento del PIB. Nicaragua cerrará el año 2022 con mas de 2100 millones de dólares en remesa, un aumento del 38% en relación al año anterior, lo que representa un 17% del PIB.

Nuestros países no solo se desintegran lentamente, sino que, además, el funcionamiento mínimo cada vez mas depende de las remesas.

Por Armando Sosa

Desde el mes de setiembre del año pasado, luego del asesinato de la joven kurda Masha Amini por parte de la policía de la moral conocidas como Gasht e Ershad, una fuerte ola de movilizaciones ha sacudido el país.

Estas protestas se han propagado a lo largo del territorio, logrando llegar a cerca de 20 ciudades. Esta ha sido llevada fundamentalmente por mujeres que, desafiando el precepto islamista instaurado luego de la revolución de 1979 que tumbó al régimen del odiado Sha de Irán, Mohamed Reza Palevi, según el cual las mujeres debían portar el velo.

Esta imposición se ha recrudecido con la llegada al poder del conservador Ebrahim Raisí, lo que llevó a la tenebrosa policía de la moral a acentuar los arrestos contra las mujeres que incumplían la medida.

La represión del régimen no se hizo esperar, provocando primero la muerte de decenas de personas a cargo de las fuerzas represivas, constituidas no solo por las fuerzas regulares sino también por fuerzas paramilitares constituidas por los miembros del Basich, organización creada por Jomeiní y que dependen directamente de la guardia republicana. En la actualidad según las organizaciones de los derechos humanos, las víctimas de la represión son cerca de 500, incluyendo menores. Al mismo tiempo que la represión callejera recrudece, los tribunales han ejecutado a cuatro activistas de una lista de 16. Otros más como el conocido futbolista, miembro de la selección nacional, ha sido condenado a 16 años de cárcel bajo cargos espúreos.

Las mujeres han sido la vanguardia de estas movilizaciones, a las cuales se han unido otros sectores de la población hartos de la situación económica y de la política represiva del régimen islámico.

El preámbulo

El Shah de Irán asumió el poder en 1953 luego de un golpe de estado fraguado por las potencias imperialistas, principalmente los Estados Unidos y Gran Bretaña, que vieron amenazados sus intereses. El gobierno de Mohammad Mosaddeq, elegido dos años antes, intentó nacionalizar la industria petrolera. La CIA puso en marcha el plan que puso a la cabeza a Reza Pahlavi con lo cual se inauguró una dictadura que desató una fuerte represión al interior y una colaboración de un sector de la burguesía con los intereses de los amos imperialistas y de la burocracia soviética. Esto le permitió desarrollar la industria petrolera, de la cual no solo este sector burgués se enriqueció, dejando de lado a los sectores tradicionales de la burguesía vinculada al bazar y al clero shiíta.

Sin embargo, las contradicciones entre los diferentes sectores de la burguesía afloraron o solo en este país sino en el conjunto del Medio Oriente.

La ola levantada por el nasserismo en Egipto con el pan arabismo y sus intentos de crear otra relación de fuerzas con el imperialismo llevó a una serie de hechos de la lucha de clases con diferentes resultados y bemoles.

El nasserismo tuvo como bandera la creación de la República Árabe Unida en 1958, conformada por Siria y Egipto. A pesar de los intentos de unir otros países, este proyecto fracasó. Varias intervenciones militares de los marines como la ocurrida en Libia en ese mismo año, o la guerra civil en el Líbano encabezada por la burguesía maronita, aliada del imperialismo, dieron al traste con este proyecto.

La desaparición física de Nasser en 1970 y la toma del poder de Sadat posteriormente ponen fin a esta época.

Otro aspecto, no menos importante, fue la política de colaboración de clases levantada por el partido comunista de la Unión Soviética, que se opuso a esta reivindicación nacionalista burguesa progresiva por medio de los partidos comunistas de área. Este hecho no es casual, la burocracia estalinista también incubaba dentro de sus fronteras una política de opresión a las nacionalidades árabes y el movimiento nacionalista corría el riesgo de expandirse al interior del estado obrero.

Ante todo, este mosaico de contradicciones Inter burguesas, nacionalidades oprimidas repartidas de manera artificial dentro de la camisa de fuerza de estados nacionales, el rol del régimen del Sha, garantizaba un rol de guardián del status quo imperialista. La monarquía iraní representaba también un fuerte aliado del estado sionista de Israel.

Estas contradicciones son importantes para entender luego el desarrollo de la revolución islámica en Irán.

La revolución de 1979

La revolución de 1979 fue el resultado de poderosas movilizaciones insurreccionales a lo largo y ancho del territorio. Este foco insurreccional irradia en todo el mundo árabe y persa, provocando una exacerbación de las luchas en varios países. Los palestinos incrementan sus acciones, los kurdos de igual manera en Irán e Irak así como el Frente Polisario.

Propiamente en Irán se crean organismos obreros de poder dual, los shoras asentados en las zonas petroleras.

Por otro lado, las milicias islámicas, los muyahidines se organizan para combatir al régimen dictatorial. Algo similar a lo que sucedió en Nicaragua cuando las movilizaciones insurreccionales en las ciudades fueron fundamentales para el triunfo de la revolución, al mismo tiempo que la guerrilla del FSLN combatía militarmente al ejército genocida de Somoza.

El triunfo de la revolución puso en el poder al ayatola Jomeiní que vino a jugar en el primer tiempo un rol kerenkysta. EL imperialismo quedó tambaleando al no poder manejar la crisis. El gobierno de Carter luego de su fallido intento por liberar a los rehenes de la embajada yanqui en Teherán vio erosionado su poder. Luego fue sucedido por los sucesivos gobiernos de Reagan-Bush padre que cambiaron la relación de fuerzas a nivel global con un plan de reacción combinada. Por un lado, el garrote, con las intervenciones militares directas como em desembarco de marines en Líbano o indirectas, como la guerra Irán-Irak.  El gobierno de Sadam Hussein sirvió de punta de lanza para este golpe a la naciente revolución islámica a pesar de que su estatus de nación independiente del imperialismo que tenía sus intereses propios para justificar su intervención. Por otro lado, la burocracia estalinista hizo lo suyo. La invasión de Afganistán en 1979 vino a dar un golpe preventivo para evitar un escenario similar en las repúblicas soviéticas fronterizas.

En el mismo orden, la invasión sionista del Líbano y las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Chatila tuvo como objetivo apagar los focos de insurrección en Medio oriente.

Por su lado, el nuevo gobierno islámico hizo lo suyo al aplastar a lo interno la oposición obrera, por un lado, las fuerzas kurdas y las fuerzas de combatientes de los muyahidines.

40 años de sanciones contra el régimen

Encabezados por el imperialismo yanqui, las potencias imperialistas no han escatimado las sanciones al régimen de los ayatolas.

“La historia de las sanciones contra la República Islámica de Irán es larga. Estados Unidos puso en marcha una primera serie de medidas (1979-1995) tras la toma de rehenes de su embajada en Teherán en 1979, posiciones antiamericanas y apoyo a grupos "terroristas". Luego, de 1995 a 2006, las sanciones estadounidenses también incluyeron el objetivo de impedir que Irán obtuviera acceso a armas de destrucción masiva (armas nucleares) y desarrollara sus capacidades balísticas. Luego, Estados Unidos implementó un embargo de petróleo” (cairn.info)

Todos los sectores de la economía del país han sido tocados por las sanciones. Las entradas producto de la venta de petróleo se vieron fuertemente disminuidas, siendo estas la principal fuente de ingresos. En el periodo del 2011 al 2013, estas decrecieron cerca de 4%. Según el FMI, la venta del oro negro representa el 55% de las entradas totales.  (ídem)

Pero los son los trabajadores y el pueblo los principales afectados por las medidas. La inflación es enorme, sobre todo en los productos básicos, los cuales han sufrido un alza de más de 50%. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo se ha disparado, llegando a alcanzar cerca del 23% según los datos oficiales.

A estas sanciones, se han sucedido otras por parte de la ONU y de la UE que buscan entre otras cosas, frenar la posibilidad que la República Islámica se dote del arma nuclear, arma que en esa región solo posee el estado sionista.

El régimen iraní es uno de los tantos que son independientes del imperialismo, lo que no significa por lo tanto que sean aliados de la clase trabajadora. Están enfrentados con el imperialismo porque sus intereses como burguesías son antagónicos. Por otro lado, son profundamente reaccionarios a lo interno sometiendo a la clase trabajadora y al pueblo a políticas de hambre y desempleo porque su economía sigue siendo basada en la propiedad privada de los medios de producción.

También para asegurar su sobrevivencia, buscan desarrollar zonas de influencia o pequeños nichos imperiales. La intervención de las milicias iranies en Siria por ejemplo habla en ese sentido o las milicias chiitas del Hezbolá en Líbano que también fueron desplegadas en el conflicto sirio para combatir al Estado Islámico de confesión sunita.

Las protestas del 2022-2023

Como señalamos al principio del artículo, las protestas que iniciaron en 2022 tienden a disminuir en su intensidad debido a la represión y a la política del régimen que busca soltar un poco de lastre. Al mismo tiempo que ha ejecutado y encarcelado a algunos opositores, por otro lado, ha liberado a ciertas figuras de la oposición dando la apariencia de cierta apertura con respecto a la forma de aplicar el código vestimentario.

No obstante, el régimen que lleva ya 44 años en el poder sabe bien que puede jugar con la táctica de la zanahoria y el garrote para derrotar las movilizaciones.

Desde el PSOCA estamos del lado de las masas iranies contra la política de hambre del gobierno y estamos al lado de las mujeres en su lucha por emanciparse de las restricciones patriarcales basadas en la religión.

Por Oliverio Mejía

La llegada de la Marcha de los Cuatro Suyos (los cuatro puntos cardinales durante la época incaica) a Lima el pasado 19 de enero ha generando una mayor represión de parte del odiado gobierno de Dina Baluarte contra la población que pide su renuncia,  tras la imposición de esta por medio de un golpe de Estado parlamentario contra el profesor Pedro Castillo.

A raíz de la destitución de parte del Congreso de la Republica de Perú controlado por las bancadas de derecha, extrema de derecha y con el lamentable apoyo de algunos legisladores de izquierda, en si de todo el repudiado arco partidario,  desde la fujimorista Fuerza Popular (FP), así como otras provenientes de la partidocracia como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza Pais, Somos Perú, Podemos y la extrema derecha de Renovación Popular. Se han ido generando fuertes movilizaciones en todo el territorio que han provocado ya mas de 50 muertos y una gran cantidad de heridos provocados por la Policía Nacional de Perú (PNP).

El contexto de crisis

El triunfo de Castillo por parte del partido de izquierda Perú Libre, ex líder sindical del poderoso sindicato de magisterio SUTEP que protagonizo una huelga magisterial en 2017 contra políticas anti laborales de parte del gobierno de Pedro Pablo  Kuzynski, en las elecciones de 2021 (primera vuelta el 11 de abril y la segunda 06 de junio) gano contra la candidata de FP Keiko Fujimori,  asustando a las fuerzas reaccionarias y conservadoras del pais.

Este pais producto de la crisis global del capitalismo agravada por el COVID 19,  la economía peruana  tuvo un estancamiento generando según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Información un aumento de la pobreza de 2019 en un 20.2 por ciento a un 30.1 % en 2021, la pobreza extrema también aumento de 2.1 % a un 5.1 % en esos mismos años. Esto mientras que los grandes conglomerados empresariales dedicados a la extracción de gas y minería aumentaba considerablemente sus ganancias; así como el hecho que la explotación de la clase obrera es la tónica con salarios de hambre a la población que tiene empleo formal y con jornadas laborales que rebasan las ocho horas aceptadas y  la presencia de una  porción grande en edad de trabajar en  la informalidad o en la llamada economía popular, un panorama común en Latinoamérica.

La estructura económica esta altamente concentrada en una burguesía-oligarquía de origen colonial y que ha sido beneficiada desde el Estado durante los proyectos de modernización capitalista en la época republicana, generado mayor subordinación al imperialismo, situación que se mantiene con la agudización  del modelo dependiente centrados ahora en el extractivismo. De las principales conglomerados mineros estan las chinas Chinalco, Las Bambas y Marconi; la inglesa Angloamerican (subsidiaria a JP Morgan); la suiza Glencore;  y en gas sobre sale la estadunidense Hunt Oil.

El Gobierno de Castillo

En ese sentido la victoria de Castillo se debió a su promesa de revisar y mejorar las relaciones laborales, de implementar la continuación de la reforma agraria iniciada por los gobiernos militares desarrollistas burgueses y la nacionalización de algunos proyectos de gas y minería como el de Camisea donde la ya mencionada Hunt Oil extrae gas. A la par de presentar  un programa reformista caracterizado como de capitalismo popular, buscando quedar en buenos términos con sectores de la burguesía.

Sin embargo el gobierno de Castillo generó desilusiones, a la arremetida de la derecha iniciando con el demagogo alegato de fraude de parte de la candidata Fujimori por medio de una campaña anticomunista. Y a en el gobierno,  el acoso de las bancadas primero de la extrema derecha y después de las otras facciones de la derecha intentándolo iniciar procesos de vacancias en dos ocasiones, a lo cual Castillo tuvo que cambiar cinco veces su gabinete,  teniendo con eso  mas de 100 ministros en breve tiempo. Recordemos que el sistema político peruano se caracteriza por que el parlamento tiene muchas potestades de control al ejecutivo,  al grado de existir la figura del primer ministro y que los gabinetes tienen que ser consensuados con las bancadas del Congreso.

La derecha afincada en el Congreso neutralizo a  Castillo cuando intentaba  iniciar un tercer proceso de vacancia, lo cual llevo a este a cerrarlo.  A esto se suma la división de la bancada de PL en tres mas, ademas de las diferencias con  otra de las fuerzas de izquierda que lo apoyo para la segunda vuelta Juntos por el Perú (JxP),  debido a viles disputa por la repartición del poder publico  y los supuestos casos de corrupción,  usados por la derecha para cercar su gobierno.

Las movilizaciones contra el golpe

La acción de Castillo no conto con  el apoyo del ejercito,  de las bancadas de izquierda, sin una plan de movilización popular,  ni del visto bueno del gobierno de Biden, donde el gobernante busco en todo momento quedar bien. Así las fuerzas reaccionarias y de la burguesía impusieron a la vicepresidente de este Dina Boluarte,  apresando a Castillo por delitos de traición.

Generando en todo el pais aunque con mas fuerza los departamentos del sur -población de  ascendencia indígena y  la de la  selva,  donde muestra los índices de marginalidad y pobreza mas fuertes- fuertes movilizaciones, con  concentraciones, tomas de carreteras  e intentos de tomar los principales aeropuertos del pais, que fue respondido violentamente por las fuerzas de seguridad publica.

Así hay relatos opuestos con respecto  a los hechos, por un lado el del intento de cierre del Congreso como una medida autoritaria -la verdad que mas allá de los vericuetos legales a los cuales Castillo no cumplió fue una medida defensiva pero sin previa preparación- promovido por la burguesía y por el otro, la versión real desde el punto de vista marxista que fue un golpe de Estado, provocando  movilizaciones de carácter casi insurreccional. A eso se suma de parte de parte de la derecha el estigma que los  protestantes son sectores que quieren desestabilizar el pais, desempolvando el discurso del terrorismo.

El imperialismo gringo rápidamente reconoció al nuevo gobierno impuesto,  pese a que por otro lado cuestionó la asonada fascista de los bolosonaristas en Brasilia, lamentable  fue la postura de los gobiernos progresistas de la región, haciendo gestos de reconocimiento al gobierno golpista. Es mas esta por celebrarse la reunión de CELAC en Buenos Aires y mientras que la derecha continental se rasga las vestiduras por la presencia de los “dictatoriales” gobiernos de Maduro, Ortega y Díaz Canel y el imperialismos progre de Biden junto los progres del sur  dirigen sus diatribas contra Bolsonaro y sus métodos trumpistas, el canciller del gobierno golpista peruano asistirá a la cumbre. Es mas la OEA por su parte,  no ha dicho tampoco nada y no hay vistos que se quiera implementar las Carta Democrática de las Américas.

Sin embargo las movilizaciones ponen en aprietos los planes de estabilización que pretende las clase dominante y el imperialismo en Perú, con la gran  cantidad de muertos registradas desde el inicio de las protestas. Como el incidente en el departamento de Ayacucho del 13 de diciembre pasado cuando los movilizados intentaron tomar el aeropuerto de esta ciudad y  la policía respondió asesinando a 10 personas, así como mas reciente los incidentes  por la toma de Lima.

Debido a esto,  el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de Perú y organizaciones nacionales e internacionales de DDHH han denunciado la represión y exigieron al Estado  detenerlas. De tal forma que congresistas de la bancadas de izquierda PL y JxP y han iniciado una investigación por crímenes de lesa humanidad contra Boluarte buscando también realizar un proceso de vacancia contra esta,  la Fiscalía General por su parte inició un proceso de investigación, pese a que este  órgano ha sido parte de la movida golpista

La reivindicación de la Marcha de los Cuatros Suyos que llego a Lima, nombre semejante al que se uso para derrocar a la dictadura de Alberto Fujimori en 2000 y que a diferencia de esta, fue  dirigida por fracciones de la burguesía que catapultaron a Alejandro Toledo a la presidencia;  la actual esta  dirigida por organizaciones populares. Y pese a que la Central General de Trabajadores Peruanos dirigidos por una burocracia de origen stalinista era renuente a dirigirla esta asumió, sumándose sectores de trabajadores y  generando con ello  algunos paros laborales,

De igual forma se han sumado la Central Única de Rondas Campesinas (expresión de juntas locales campesinas), el Frente de Defensa Popular conformado por organizaciones comunitarias rurales, la Asamblea Nacional de los Pueblos, el Frente Agrario y Rural de Perú, la Federación Nacional de Transportistas, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, el Frente de Defensa de los Asentamientos Humanos, la  Coalición Ciudadana, el  Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,  el  Frente de Defensa Unificado en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Río Coata y del Lago Titicaca,   y asociaciones y organizaciones estudiantiles universitarios y de educación media, faltando por ahora el  SUTEP.

Con la llegada de la Marcha de los Cuatro Suyos estableciéndose en el centro histórico de Lima se produjeron duros enfrentamientos en la céntrica Plaza San Martin, produciéndose incendios en algunos edificios aledaños. De igual forma fue repudiable la entrada por la fuerzas de elementos de la PNP a la UMSN por medio de tanquetas,  violando la autonomía de esta casa de estudios donde permanecían personas venidas de distintos puntos, con mas de 200 detenidos,  generando la condena de organizaciones estudiantiles del continente y del mundo. De igual forma se  amedrento con entrar de parte de la PNP,  la Universidad Nacional de Ingeniería también en Lima

Para el 19 de enero se convocó ademas a  un Paro Nacional registrándose concentraciones en las ciudades de  Cajamarca, La Libertad, Ancash, Ucayali, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Ica, Trujillo, Chilayo, Piura, Viru, Juliaca, y con  una serie de bloqueos en 127 puntos,  logrando el paro en el 38 % de las provincias, manteniéndose en algunos puntos.

También se han registrado demostraciones en Lima de sectores de extrema derecha del grupo denominado La Resistencia, conformada por elementos de los partidos ultra conservadores Fuerza Popular y Renovación Popular, realizando esporádicos enfrentamientos con manifestantes y con el contubernio policial. Así como pequeñas movilizaciones que piden paz como una forma de enmascarar una salida por derecha.

Por el derrocamiento de Boluarte.

Ante la tremenda crisis política que los factores de poder y el imperialismo no pueden detener, según el reconocido Instituto de Estudios Peruanos, el 60 % piensa que las protestas son justas (el 72 % entre los jóvenes), el 71 % desaprueba el gobierno golpista, el 81 % al Congreso y el 69 % estaría de acuerdo con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente; se pretende dar una salida institucional por medio de la convocatoria de nuevas elecciones, poniendo una urna adicional para preguntar si la población quiere una constituyente. Así como se baraja la posibilidad de hacer un recambio de Boluarte, de igual forma el Departamento de Estado asume una postura hipócrita pidiendo al gobierno que respete los derechos humanos de las y los manifestantes.

El conglomerado de organizaciones sociales que ha asumido la protesta no deben quedar en una acción  contemplativa, un empate es un escenario que juega contra la movilización, a la exigencia de las protestas contra el Congreso, este se debe clausurar,  declarando convocada una Asamblea Constituyente de las y los Trabajadores y los Pueblos; y por medio de una Huelga Política y un paro general de labores, conducir la movilización de forma revolucionaria para el derrocamiento de Boluarte, es importante también conseguir que el ejercito  se quiebra con la masividad de las protestas. Esta constituyente popular a su vez,  se debe de  conformar con representaciones territoriales y sectoriales,  electos con delegados desde los centros de vivienda, estudio y trabajo.