Por José René Tamariz

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fundada en el año 1941, tiene 83 años de existencia. La creación del seguro social y de la CCSS fueron el producto de diversas luchas sociales en la década de los años 40. Es importante destacar que la Caja de acuerdo con el artículo primero de su ley constitutiva “… es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas… Excepto la materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas”.  Por otro lado, la presencia de esta gran institución y sus múltiples servicios otorgados a la población ha sido un pilar en la construcción y mantenimiento del Estado Social de Derecho. Sin embargo, en los últimos años, diversas administraciones gubernamentales, han mantenido una política de desfinanciamiento, privatización de servicios de salud y otros, intromisión en su administración, acto de corrupción y saqueo de sus grandes recursos financieros.

El Presupuesto Billonario de la CCSS

El presupuesto para el año 2025 de la CCSS asciende a ₡6.51 billones, mientras que el presupuesto nacional de la República para ese mismo año será de ₡12.4 billones, es decir que el presupuesto de la Caja representa el 52,5% del presupuesto nacional. Después del gobierno, la Caja es la institución que maneja el mayor presupuesto del país, superando con creces al presupuesto de educación que es de ₡2.58 billones para el 2025. Podemos afirmar que, desde el punto de vista económico-financieros, por los grandes recursos que maneja la CCSS es cuasi un semi Estado dentro del Estado.

Por tanto, a partir de esos datos se puede determinar la gran importancia que, desde el punto de vista económico y financiero, tiene la CCSS en el país. Es por ello, que diferentes gobiernos y grupos económicos poderosos han pretendido -pretenden- controlar la CCSS, en violación abierta a su autonomía, así como quedarse con una parte de ese gran pastel, ya sea mediante distintos tipos actos de corrupción y la privatización de distintos servicios de salud y otros.

Los fondos, reservas y recursos financieros de la CCSS provienen de diferentes fuentes: cuotas de patronos, cuotas de trabajadores, aportes del Estado e intereses de las inversiones en bonos nacionales del gobierno y en el extranjero.

Deuda del Estado con la CCSS

De acuerdo con informaciones periodísticas “El Estado acumulaba, hasta el 31 de marzo de este año, una deuda con la seguridad social de ₡3.7 billones, de los cuales ₡3.088.086 millones corresponden al Seguro de Salud y ₡681.127 millones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”. (Semanario Universidad, 8 de mayo de 2024). Al mes de junio esa deuda había aumentado a ₡4 billones y sube mensualmente ₡55 mil millones. Sin embargo, la deuda del Estado con la CCSS ha aumentado de forma significativa durante los dos últimos años de la administración Rodrigo Chaves. Por ejemplo, esa deuda del gobierno de Chaves aumentó en ₡1.03 billones, es decir esa deuda se incrementó en un 28%. Y todo parece indicar que dicha deuda del Estado con la CCSS, lejos de disminuir en los próximos dos años del gobierno de Chaves seguirá aumentando, ya que ese gobierno simple y sencillamente no reconoce esa deuda. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, declaró que ese monto de deuda “no han sido validadas ni reconocidas por el Ministerio de Hacienda, por lo que no se puede asegurar si son correctas o no”. (Ídem).

Con semejante deuda del Estado hacia la CCSS esta institución podría resolver diversos problemas, tales como la construcción de cientos de EBAIS, hospitales y la adquisición de cientos de equipos médicos y otros insumos.

Desfinanciamiento Estatal para el 2025

La CCSS brinda los servicios médicos a todos los asegurados, administra el régimen de pensiones de invalidez, vejez y Muerte (IVM) otorgando pensiones a unas 523 mil personas pertenecientes al Régimen IVM (373.925) y al Régimen No Contributivo (RNC-149.529). Es importante señalar que algunos servicios de seguros salud y pensiones están a cargos del Estado, tales como las pensiones no contributivas, los servicios médicos de las personas en condición de pobreza.

Según informaciones periodísticas “El Ministerio de Hacienda presupuestó para el próximo año ₡975.786 millones en transferencias del Estado para el Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC). Sin embargo, la CCSS estimó un requerimiento de ₡1.428.702 millones, lo que genera un faltante de ₡452.916 millones…”. (La Nación, 19 de setiembre de 2024). Ese faltante del presupuesto estatal a la CCSS representa un 31% menos de lo presupuestado por esa institución para financiar servicios médicos y pensiones no contributivas. No obstante, el mayor desfinanciamiento estatal es hacia el seguro de salud, pues de lo presupuestado por la CCSS el ministerio de hacienda solo le otorgó el 56%. En el caso del IVM el desfinanciamiento será del 23.5%

Ese desfinanciamiento estatal de la CCSS para el año 2025 tendrá serias repercusiones en el Régimen No Contributivo (RNC), ya que “… existe el riesgo de que para el próximo año no se pueda cumplir con la meta anual de otorgar 5.000 nuevas pensiones en el RNC, o incluso que se reduzca la cuantía mensual de ₡82.000 a ₡73.576, además de no pagar el aguinaldo a los beneficiarios…”. (Ídem). En cuanto al IVM la repercusión es que la CCSS deba recurrir para cubrir ese faltante a los intereses obtenidos de las distintas inversiones.

Listas de Espera y Fuga de Especialistas

Las tres grandes listas de espera atención en el sistema de salud de la CCSS en las áreas de consulta externa, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos pasaron de 1.006.276 a 1.223.359 (datos a julio de 2024). Esa millonaria lista de espera en esas diversas áreas médicas está directamente vinculada a la escasez y fuga de especialistas en la CCSS. Esa fuga se produce en todas las especialidades médicas, anestesiología, neurocirugía, ortopedia, dermatología, ginecología, urología, gastroenterología, oncología, oftalmología y otras ramas. Las causas por las cuales se produce esa fuga masiva de especialistas de la CCSS hacia el sector privado y al INS es porque los salarios de la Caja son más bajos que en la medicina privada y el INS, así como también por la sobrecarga laboral de realizar varios turnos por parte de esos médicos y la atención de 32 pacientes en ocho horas.

Muchos pacientes, dependiendo del área de la especialidad, pueden tardar desde 596 días hasta 803 días e inclusos años para ser atendidos. Muchos pacientes se han muerto antes de ser atendidos en la CCSS. En realidad, esas listas de esperas constituyen una gran tragedia nacional y dolor humano de miles de personas. Algunas personas que tienen ciertos recursos económicos terminan pagando algunos diagnósticos médicos y consultas en clínicas privadas, mientras que la mayoría de la gente de las listas de esperas que no tienen esos recursos para pagar medicina privada no les queda más que el sufrimiento, soportar los dolores o bien esperar la muerte resignación y/o dolores terribles.

Ataques y Desestabilización de la CCSS

Los ataques en contra de la CCSS han sido una constante por parte de los gobiernos de turno, pero esos ataques se han intensificado durante la administración de Rodrigo Chaves. El presidente Chaves se ha encargado personalmente de realizar una campaña de desprestigio en contra de la institución acuñando y repitiendo constantemente la frase malintencionada de que “la Caja está quebrada”. Sin embargo, esa frase es a todas luces una falacia de Chaves para intervenir y controlar la CCSS, tratando de eliminar de facto la autonomía institucional de esa institución y profundizar el proceso de privatización de los servicios de salud en la Caja. Sencillamente, la CCSS no puede quebrar porque no es una empresa que viva de las ganancias, sino que es una gran institución de bien social que se nutre de varias fuentes de financiamiento, tales como las contribuciones sociales (tripartitas), las transferencias, los ingresos de capital, financiamiento y otros. Para que la Caja “quiebre” simple y sencillamente, tendrían que quebrar primero sus fuentes de financiamiento, es decir las empresas, trabajadores y el Estado. Entonces, sólo una grave y profunda recesión económica podría provocar un colapso de la CCSS.

Por otra parte, es necesario e importante señalar que existe una política consciente de Rodrigo Chaves y sus agentes dentro de la junta directiva de la CCSS para desestabilizar el funcionamiento, administración y gobierno de la Caja con el objetivo confeso de eliminar en los hechos la autonomía institucional y profundizar el proceso de tercerización o privatización de los servicios de salud. Ese proceso de desestabilización de la CCSS incluye la mañosa campaña presidencial de que la “Caja está quebrada”, repetida por su servil presidenta de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez; la destitución en septiembre del año 2022 del presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, y, la posterior destitución de cinco directivos de la junta directiva de la Caja para colocar en esos puestos a sus agentes; paralización de proyectos de inversión; intento de incluir a la Caja dentro de la regla fiscal; la destitución de diversos gerentes de seis de las siete gerencias existentes en la CCSS para instalar en esos cargos a sus serviles; cambios en la unidad técnica de listas de espera y otros hechos en contra de la institución.

El Caso “Barrenador” de la CCSS: Privatización de Servicios y Corrupción

De forma sorpresiva e irregular, la Junta Directiva de la CCSS aprobó y adjudicó en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio de 2024, bajo la figura de funcionario de hecho, la tercerización o privatización por diez años de los servicios de salud en diez áreas de 138 Equipos de Atención Básica en Salud (EBAIS). Dicha adjudicación de esos servicios fue por el monto de ₡178.000 millones a las siguientes empresas: Coopesana, Coopesalud, Coopesaín, Coopsiba y Asemeco.

Debido a que en ese proceso de adjudicación se produjeron una serie de maniobras y triquiñuelas para consumar actos de corrupción se realizaron varias denuncias en el Ministerio Público para que investigara esa contratación millonaria. Entre las maniobras y artimañas para otorgar esa adjudicación por parte de la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, directivos de la Junta Directiva, exdirectivos y la gerente general de esa institución, se encuentran, entre otras: anulación de licitación anterior para hacer una nueva; establecimiento de relaciones con la Cámara de Salud para que influenciara la elaboración del cartel para beneficiar a las cooperativas y Asemeco; otorgamiento de la contratación de esos servicios por el tiempo de diez años y no de cuatro años; creación de comisión para tener resultados diferente; un incremento anual o sobreprecio de ₡12.400 millones por la prestación de servicios que por el tiempo de diez sería un total de ₡124.000 millones.

Producto de las denuncias interpuestas en el Ministerio Público, el día lunes 23 de septiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la policía judicial del OIJ realizaron 28 allanamientos en diversos lugares y detuvieron a los ocho directivos y exdirectivos de la CCSS por los eventuales delitos de tráfico de influencia y influencia en contra de la Hacienda Pública. Los detenidos fueron liberados a las 24 horas y, posteriormente, después de brindar sus declaraciones, actualmente se está a la espera de las medidas cautelares que dictará el juez a cargo de este caso de corrupción en el seno de la CCSS.

Este caso de corrupción en la Caja está directamente vinculado al proceso de privatización de los servicios de salud que se viene realizando desde hace varias décadas en esa institución. Sin embargo, la inclusión de la Cámara Costarricense de Salud en el proceso de adjudicación de los servicios de salud en esos 138 EBAIS y seis empresas afiliadas es un paso mayor en el proceso privatizador que solicita esa cámara como son los llamados modelos de “bata gris”, “bata verde” y el “bata blanca”: contratación de mantenimiento de los edificios de la CCSS, contratación de los servicios de farmacias y laboratorios clínicos de la CCSS y la contratación de todos los servicios de salud de la CCSS a manos privadas. En síntesis, con la implementación de esos modelos, la CCSS quedaría reducida a un cascarón y pagador de los múltiples servicios de salud al sector privado.

De último, es importante destacar y exigir que este caso de corrupción denominado “Barrenador” por parte del Ministerio Público no debe quedar impune como muchos otros casos de corrupción. Debemos exigir, en primer lugar, la destitución de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva y otros altos funcionarios involucrados. En segundo lugar, se debe exigir el encarcelamiento de todos los involucrados en ese acto de corrupción, incluidos los funcionarios de las Cooperativas y de la Cámara de Salud involucrados. Exigir en un plazo determinado, con fechas, el pago de la deuda histórica del Estado a la CCSS. Que los servicios de los EBAIS pasen a manos de la CCSS. Elaboración de un plan conjunto del personal médico, trabajadores y autoridades de salud para reducir y eliminar en un plazo determinado las listas de espera y otros problemas en la prestación de los servicios de salud. Garantizar las citas médicas y atención a todas las personas que las requieran de forma presencial, ya que la plataforma EDUS no funciona ni garantiza las citas y atención de las personas que las requieren.