La reforma más polémica fue la propuesta de elección popular de 1,600 cargos, entre jueces, magistrados y ministros. La reforma judicial se aplicaría en varias fases. En el año 2025 serían electos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la mitad de los jueces y magistrados de distritos. La otra mitad seria electa dos años después, en 2027. Los ministros de la SCJN durarían en el cargo 8, 11 y 14 años, dependiendo de los resultados de la votación. Se creará el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) encargado de vigilar el comportamiento de los funcionarios judiciales electos.

Finalmente, después agrias polémicas, una huelga de empleados judiciales, órdenes judiciales de suspender el proceso de aprobación de la reforma judicial, y después que más de la mitad de los Estados aprobaron la reforma constitucional, AMLO firmó y promulgó la reforma judicial el pasado 15 de septiembre.

Pero, contrario a lo que se cree, esta reforma judicial de AMLO no contempla la libre postulación popular, para los cargos de jueces, magistrados y ministros de la SCJN. El requisito mínimo es ser abogado. Los tres poderes del Estado, (ejecutivo, legislativo y judicial) conformarían sendos Comités de Evaluación o comisiones de postulación, que evaluarían las solicitudes de los aspirantes, aprobando y rechazando, actuando como un colador. El Instituto Nacional Electoral (INE) sería la institución encargada de organizar este particular proceso de votación.

Entonces el proceso de elección se convierte en un plebiscito, en donde los ciudadanos solo podrán votar a favor o en contra sobre la lista de candidatos propuesta por los Comités de Evaluación, anulando el derecho de postulación y disminuyendo su capacidad de decisión.

El objetivo de la reforma judicial de AMLO es, teóricamente, evitar que los partidos políticos tengan influencia dentro del poder judicial, impedir que la justicia quede en manos de poderosas elites empresariales.

No obstante, debido al control de MORENA sobre el Congreso y el poder ejecutivo, y el control de una parte del poder judicial, no cabe la menor duda que la mayoría de las propuestas aprobadas tendrán la bendición del partido gobernante, reduciendo significativamente la larga influencia de la ahora oposición de derecha sobre el poder judicial.

La reforma judicial de AMLO, por si sola, constituye un gran logro democrático, que se queda a mitad del camino porque encierra una enorme debilidad: los ciudadanos no pueden proponer libremente a sus candidatos. Las organizaciones gremiales y populares no pueden presentar candidatos. Esta facultad de proponer quedó en manos de la cúpula que controla los poderes del Estado, es decir, en última instancia en manos de la burocracia política, independientemente de las banderas partidarias. Y lo más preocupante es que, los ciudadanos no solo no pueden proponer libremente, sino que se les negó el derecho de destituir o remover del cargo a los funcionarios judiciales que no cumplan con sus deberes. Ese papel decisivo se le asignó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), un garrote en manos partidarias que se convertirá, sin lugar a dudas, en la principal institución dentro del poder judicial.

México se convierte en el segundo país de América Latina que adopta un sistema muy particular de elección de jueces y magistrados, con votación popular como acto final. Bolivia fue el primer país, mediante la Constitución del año 2009, en adoptar la elección popular únicamente de los 26 cargo judiciales principales: Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. A diferencia de México, en Bolivia existe algún grado de postulación popular.

En Centroamérica debemos tomar nota de las experiencias de Bolivia y México. Debemos tomarlas como los primeros pasos titubeantes en la larga lucha por restablecer el sagrado derecho democrático del pueblo de escoger a los altos funcionarios de las instituciones del Estado, y de igual manera el sagrado derecho de sustituir o revocar sus mandatos. Esta es una parte esencial de la democracia.