Por Carlos M. Licona

Tremendo cacareo en la oposición política y sus periodistas mediáticos ha ocasionado la decisión de la Corte Suprema de Justicia al declarar por mayoría (10-5) “sin lugar” dos recursos de inconstitucionalidad en contra del Decreto 04-2022 llamado “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”.

El Decreto 04-2022 ha sido maliciosamente bautizado por los asalariados de JOH como “Pacto de impunidad” siguiendo un guion sincronizado para incrustar en el pensamiento colectivo que la Ley beneficia a los corruptos dejando en el olvido a los perseguidos políticos y defensores de derechos humanos.

Según Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), manifestó que “la Ley de Amnistía Política estaba destinada a beneficiar a 7,000 campesinos judicializados, 170 estudiantes, 72 sindicalistas, 32 profesores, 145 ambientalistas y más de 3,000 opositores políticos”. LP (10/10/2024)

En declaraciones ofrecidas por Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) nos dice que “…la ley fue diseñada para proteger a las víctimas de persecución política tras el golpe de Estado de 2009… el Cofadeh ha emitido más de 40 certificaciones de amnistía a personas que fueron injustamente perseguidas, lo que refleja el objetivo de la ley”. LP (10/10/2024)        

¿Acusados por corruptos o por oponerse al Golpe de Estado 2009?      

Por el contrario, a la cantidad de perseguidos políticos que aún falta por beneficiar, la torpe oposición política se empeña en hacer prevalecer en la opinión pública los casos de exfuncionarios  en el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) que han sido beneficiados al acogerse al Decreto 04-2022, estos son: Enrique Flores Lanza Exministro de la Presidencia (2006- 2009) acusado de extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras en 2009; Marcelo Chimirri Castro, exgerente de Hondutel (2006- 2007) Fue condenado a ocho años de prisión en 2017 por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, de acuerdo a un informe del Tribunal Superior de Cuentas, Chimirri no pudo justificar más de 16 millones de lempiras que obtuvo mientras era funcionario público; César Arnulfo Salgado Sauceda exdirector del FHIS (2006-2009), luego del golpe de Estado en 2009, el exfuncionario fue acusado por abuso de autoridad, uso de documentos públicos y fraude; Rodolfo Augusto Padilla Sunserí exalcalde de San Pedro Sula (2006- 2009), Padilla Sunseri fue procesado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos durante su gestión como alcalde. LP (10/10/2024)   

Estos son los cuatro casos que aduce la oposición política como beneficiados por la Ley que han llamado “pacto de impunidad”, en contra posición con la enorme cantidad de perseguidos políticos que aún siguen bajo la lupa de la justicia. La gran pregunta es ¿Se hubieran perseguido judicialmente a estas cuatro personas si se hubieran alineado con los golpistas?

¿Cómo se mueven las negociaciones en las diferentes fuerzas políticas?

Al parecer, el Partido Liberal sigue siendo la gran celestina en las decisiones que se toman en los diferentes poderes del Estado, después de que se decidiera quienes dirigirían en el Consejo nacional Electoral (CNE) las elecciones internas y las generales del 2025 (Cossette López, del partido Nacional dirigirá elecciones internas en marzo 2025, mientras que; Paola Hall liderará las elecciones generales en noviembre) se generó mucha incertidumbre sobre la decisión que tomaría la Corte Suprema de Justicia, ya que al darse una alianza entre magistrados liberales y nacionalistas (al igual que en el CNE) implicaba que el Decreto 04-2022 sería declarado inconstitucional. Sin embargo, la alianza fue entre magistrados de liberales y de Libre, de esa forma los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Decreto 04-2022 fueron declarados sin lugar. La decisión de la CSJ generó mucha aversión en la cínica oposición política, curiosamente, entre los principales objetores a la Ley de Amnistía está Jorge Cálix, quien emigró del Partido Libre al partido Liberal, aludiendo a la familia Zelaya como “el narcofamilión”, antes de la decisión de la CSJ manifestó “Lo que quieren es manipular la justicia a su conveniencia y dejar en firme el pacto de impunidad”. HondurasHoy (20/09/2024)

Luego, ya con la decisión de la CSJ Cálix manifestó “… Rasel Tomé no ha sido objeto de persecución política ¿Cuál fue la persecución política de Rasel Tomé? En estos casos, se ha utilizado mal, y ahí es cuando los hondureños decimos que más allá de una amnistía política hay un pacto de impunidad”. Paradigma (18/10/2024)                          

La actitud de Jorge Cálix al igual que la de Nasralla y toda la cúpula del Partido Nacional, es una oposición torpe a la Ley de Amnistía, lo único que dejan en evidencia son sus volátiles posiciones de acuerdo al lugar donde se encuentren, sin duda alguna que, son posiciones en las que prevalece sus propias ambiciones a la de los criminalizados, además, se olvidan que los magistrados liberales obedecen a las decisiones de su partido.

Mientras tanto, aun son muchos los perseguidos políticos, de ser posible, los sectores organizados deben movilizarse para que las víctimas del Golpe de Estado del 2009 dejen de ser perseguidos.