Por Armando Tezucún

Finalmente, el Congreso de la República cumplió con la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSA) y de Corte de Apelaciones (CA), el 3 y el 8 de octubre, respectivamente. Esto disipó las dudas de que nuevamente se dieran atrasos en el proceso, a causa de maniobras provocadas por operadores de estructuras corruptas interesadas en impedir la elección, como sucedió en 2019. Los presidentes de las comisiones de postulación, encargadas de proponer los candidatos a magistrados, entregaron al legislativo los listados el 23 de septiembre; finalizado el proceso de elección, el 13 de octubre tomaron posesión los nuevos magistrados de las cortes para el período 2024 – 2029.

Al arribar los listados al Congreso, de inmediato iniciaron las negociaciones entre las diferentes corrientes y fracciones de los diputados, para lograr acuerdos en el apoyo que se brindaría a los candidatos a magistrados. En el caso de la CSJ, debían ser electos 13 magistrados, entre 26 candidatos; para la CA había 314 aspirantes, entre los cuales el Congreso debía elegir 156 magistrados titulares y 104 suplentes. Para resultar electos, los candidatos debían contar con un mínimo de 81 votos.

Tres grupos negociaron los listados, uno de ellos liderado por el diputado Luis Aguirre, del partido Cabal; otro liderado por Adim Maldonado, de la Unidad Nacional de la Esperanza; y el otro encabezado por el expresidente del Congreso durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Allan Rodríguez, del partido Vamos. Los diputados oficialistas de Semilla tuvieron que consensuar sus candidatos con bancadas afines, evitando negociar con la oposición de extrema derecha, encabezada por Rodríguez.

En el caso de la elección a la CSJ, tres magistrados de la actual corte fueron reelectos, y el resto eran magistrados de Cortes de Apelaciones, que ahora pasan a la CSJ. La apreciación de los resultados varía según que se exprese. Para el jefe de la bancada de Semilla, Samuel Pérez, el resultado fue satisfactorio: “Me parece que hay una Corte Suprema de Justicia suficientemente independiente, con un mandato del Congreso que tiene representación y legitimidad mayoritaria, para detener la criminalización y persecución política…” (PlazaPública 07/10/2024), esto a pesar de que tres candidatos del oficialismo fueron sacados del listado en negociación para incluir a candidatos de la derecha. Esto contrasta con el entusiasmo de Allan Rodríguez y sus aliados de extrema derecha, que aplaudían y vitoreaban cuando eran electos sus candidatos, que también eran votados por Semilla. En el extremo se colocan otros personajes, como Ana María Méndez, de Wola, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, quien declaró: “Ganaron el pulso las mafias. El control de las cortes será clave para garantizar impunidad y seguir criminalizando a Semilla y a cualquier voz crítica del Pacto de Corruptos. Un trago amargo para Bernardo Arévalo” (Ídem). O un grupo de líderes indígenas que observaron presencialmente la elección, señalando que se dio de forma poco transparente, y calificaron el sistema de elección de obsoleto.

Si bien los candidatos más cercanos al Ministerio Público y la fiscal general Porras no obtuvieron ninguna magistratura, la mayoría de candidatos electos están vinculados a operadores con manipularon las elecciones a las cortes en 2019, y a actores que ejercen influencias para mantener la impunidad y la corrupción en los organismos de justicia. Entre ellos están los empresarios Gustavo Alejos y Gustavo López Villatoro, el magistrado Wilber Castellanos, el presidente de la Corte de Constitucionalidad Néster Vásquez y el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. Siete de los nuevos magistrados están vinculados de alguna manera a estos personajes (ver El Observador, 04/10/2024).

Lo mismo sucedió con la elección de magistrados a Cortes de Apelación el 8 de octubre. La mayoría de magistrados, los reelectos y los nuevos, responden a los intereses de Vásquez o Gálvez. El elevado número de votos obtenidos por los candidatos, entre los 160 diputados, indica que hubo un consenso entre las bancadas mayoritarias, Vamos (39 diputados), UNE (28 diputados) y Semilla (23 diputados). Los diputados oficialistas tendrán que rendir cuentas de por qué votaron por candidatos vinculados a las mafias.

El podrido sistema de comisiones de postulación nuevamente ha fracasado en elegir cortes de justicia con magistrados honestos y probos. Por ello urge una reforma constitucional que ponga la elección de jueces y magistrados en manos de la población trabajadora, a través de elecciones libres y democráticas de los funcionarios de justicia, para cortar la corrupción e impunidad reinantes en las cortes.