Por Nasser Echeverría

La crisis política en Venezuela continúa a la deriva, sin poder visualizar en el horizonte una posible salida inmediata. Estados Unidos y sus aliados, junto a la Unión Europea (UE) han redoblado las presiones diplomáticas para que Maduro presente las actas electorales.

La exigencia central: presentación de actas

El 14 de agosto, un “panel de expertos” de la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó un informe sobre las elecciones del 28 de julio: “(…) "El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano (…) El panel de expertos de la ONU entrega al CNE su informe preliminar de las elecciones en Venezuela (…)”

Dos días después, el 16 de agosto, durante la toma de posesión de Luis Abinader, reelecto presidente de República Dominicana, representantes de 12 países de América Latina, más Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, emitieron una declaración en la que solicitaron “(…) la inmediata publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de esos resultados, preferiblemente por una entidad internacional, para garantizar el respeto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024”.

En esta Declaración, agregaron una nueva exigencia: la supervisión o auditoria de una entidad internacional. Y concluyeron con un moderado llamado: “El momento exige un diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia en Venezuela.”

La crisis de la Organización de Estados Americanos (OEA), que no pudo votar el pasado 31 de julio una resolución de condena contra el proceso electoral del 28 de julio en Venezuela, obligo a los países aliados de Estados Unidos, emitir una declaración aprovechando la reunión en Republica Dominicana

La propuesta de un gobierno de coalición y convocar a nuevas elecciones

La propuesta conciliadora de México, Colombia y Brasil, del pasado 1 de agosto, en sentido de que “las controversias relativas al proceso electoral deben resolverse por medios institucionales”, es decir, sin presiones e injerencias externas, sufrió un resquebrajamiento.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Ignacio Da Silva, presidente de Brasil,  propusieron de manera separada y con algunos matices diferentes, pero al mismo tiempo, la realización de nuevas elecciones.

Lula declaró en una entrevista radial: “A Maduro todavía le quedan seis meses de mandato. Es el presidente independientemente de las elecciones. Si tiene sentido común, podría convocar al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar nuevas elecciones, crear un comité electoral y permitir que observadores de todo el mundo realicen un seguimiento” (France 24, 15/08/2024)

Por su parte, Petro fue más allá, al escribir en su cuenta de X, lo siguiente: “De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo.

La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva. Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”. (X, 15/08/2024)

La propuesta de Petro fue mucho más concreta: conformar un gobierno de coalición, como lo fue el que instauró el Frente Nacional en Colombia en 1957, producto del pacto bipartidista entre Alberto Lleras, representante del Partido Liberal, y Laureano Gómez, por el Partido Conservador, para poner fin a la violencia armada. El resultado fue la alternancia en el poder de ambos partidos entre 1957 y 1974.

La propuesta de conformar un gobierno de coalición y convocar a unas nuevas elecciones fue un retroceso en relación a la propuesta inicial, y también fue un reconocimiento implícito que la oposición burguesa tenia razón.

Como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se sumó a la propuesta, por la tradicional política internacional de México de no inmiscuirse en los asuntos internos de cada país, y de respeto a su soberanía nacional. No obstante, AMLO no ha reconocido el resultado de las elecciones, y en relación a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró lo siguiente: “Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar".

La sentencia del TSJ

Ante la denuncia de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), de que su candidato Edmundo Gonzalez habría ganado las elecciones, y ante el desconocimiento de la proclamación de Nicolas Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, este interpuso un recurso de amparo ante la Sala Electoral del TSJ, para que convalidara la proclamación hecha por el Consejo Nacional de Elecciones (CNE).

Después de realizar diversas diligencias, citando a comparecer a Edmundo Gonzalez y solicitando que presente sus actas, el TSJ finalmente emitió su sentencia:

"los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación y mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”.

Esta Sala “convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio, emitido por el Consejo Nacional Electoral, donde resulto electo el ciudadano Nicolas Maduro Moros, como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031”

La Sala Electoral ordenó al CNE publicar los resultados definitivos en la Gaceta Electoral, antes de los 30 días como lo dicta la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

La misma reacción ante la sentencia del TSJ

El 23 de agosto del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una breve declaración, en la que afirma que “este fallo carece de toda credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos el 28 de julio.

Las actas de escrutinio disponibles públicamente y verificadas de manera independiente, demuestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Ahora es el momento para que los partidos venezolanos comiencen discusiones sobre una transición respetuosa y pacífica de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”.

Ese mismo día, Estados Unidos y sus 10 aliados en América Latina (Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) emitieron una declaración conjunta, en la que recordaron “la falta de independencia e imparcialidad” del TSJ y el CNE de Venezuela, refirmando que “(…) solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela.”

Casi al mismo tiempo, Luis Almagro, secretario general de la agonizante Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado de prensa en el que reiteraba que “el CNE proclamó a Maduro de manera apresurada, con base en un boletín parcial emitido de forma oral, con números que evidenciaban imposibilidades matemáticas y sin presentar los resultados desagregados que, conforme con la ley, debe tabular mesa por mesa.

Al día de hoy, el CNE continúa sin publicar resultados desglosados, como sí lo ha hecho la oposición con base en actas oficiales emitidas por las propias máquinas de votación el día de la elección. Dichas actas contienen todos los dispositivos de seguridad que las acreditan como auténticas y han sido sometidas a la verificación de la opinión pública y al análisis imparcial de expertos nacionales e internacionales (…)”

Al día siguiente, 24 de agosto, con el mismo guión, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado rechazando la sentencia del TSJ, “(…)  cabe recordar que el CNE es el órgano legal y constitucionalmente responsable de la publicación transparente y detallada de los resultados electorales oficiales.

Solo se aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de forma independiente para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano.

La Unión Europea sigue instando al CNE a que publique y verifique de forma independiente las actas oficiales de votación (“actas”) de todos los colegios electorales (…)”

Como se puede observar, todos los imperialistas coinciden en dos puntos: presentación de actas electorales y que sean “verificadas” de manera independiente.

Un extraño acontecimiento: la PUD no impugnó los resultados

Mientras los grandes medios de comunicación reproducen noticias escandalosas sobre la crisis en Venezuela, casi nadie habla de un extraño hecho: la oposición burguesa agrupada en la PUD denunció un fraude electoral, pero no realizó ningún tipo de impugnación legal ante el CNE, ni usó ninguno de los recursos y procedimientos establecidos en la legislación venezolana.

Se limitó a afirmar que había ganado las elecciones y publicó la supuesta copia de sus actas en un sitio web.

En cualquier caso, tendría que sostener su verdad blandiendo las copias originales de las actas en su poder ante el CNE y demás organismos de justicia. En sentido contrario, se limitó a exigir que el CNE debe presentar las actas electorales.

Con el tema de las actas electorales hay un juego, como el gato y el ratón. Porque en cualquier momento el CNE puede presentar las actas electorales, que no fueron impugnadas. La sentencia de la Sala Electoral del TSJ ordenó al CNE publicar los resultados, y según la legislación venezolana debe hacerse en un espacio máximo de 30 días después de finalizado el escrutinio.

Adelantándose a lo que va a ocurrir en los próximos días, tanto Estados Unidos y sus títeres latinoamericanos, como la Unión Europea, ya no solo exigen la presentación de las actas, sino que estas sean “verificadas por una auditoria imparcial e independiente”.

En pocas palabras, no bastara que el CNE presente las actas electorales, sino que quien decidiría en última instancia la validez de las mismas, sería la “entidad internacional” encargada de hacer la “auditoria imparcial e independiente”. No obstante, los hechos parecen haberse consumado, y el chavismo se aferrará al poder y defenderá a capa y espada un nuevo periodo presidencial de Nicolas Maduro,

La formación del Frente Democrático Popular (FREDEPO)

No todos los vientos soplan hacia la derecha. El 12 de agosto, un grupo de organizaciones políticas de izquierda, movimiento sociales y organizaciones sindicales, anunciaron la creación del Frente Democrático Popular (FREDEPO), un reagrupamiento que tomó distancia del gobierno de Maduro, cuestionó la resolución apresurada y poco clara del CNE de proclamar ganador a Maduro,  pero al mismo tiempo se opuso vigorosamente a la intervención imperialista sobre los asuntos internos de Venezuela.

El FDP está conformado por el Partido Comunista de Venezuela, Voces Antiimperialistas, el Movimiento Popular Alternativo, El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la Plataforma “Otra Campaña”,  el partido “Centrados en la Gente”, el  partido Patria Para Todos (PPT), el partido Alternativa Popular Revolucionaria (APR), el Bloque Histórico Popular y el colectivo “En Común”, entre las organizaciones más importantes.

En términos generales, el FREDEPO reúne a sectores de izquierda del chavismo, o antiguos aliados del chavismo, pero que no confluyen con la oposición burguesa.

La declaración del FDP sobre el resultado de las elecciones

Partiendo de la defensa de los objetivos de la revolución bolivariana, expresaron sus “dudas legitimas sobre los resultados oficialmente anunciados”.

A reglón seguido, “el FREDEPO exigió al CNE que cumpla con sus obligaciones legales y publique de inmediato los resultados desagregados mesa por mesa, y que en vista de los días transcurridos, proceda a abrir las cajas electorales para que puedan ser auditadas por la ciudadanía y las organizaciones políticas participantes; y se cuente voto a voto para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular. De esta exigencia depende en estos momentos la paz de la República”.

En relación al recurso de amparo impulsado por Nicolas Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alertaron” sobre el riesgo de que la judicialización del proceso electoral apunte a reducir la responsabilidad del Poder Electoral y rechazamos tajantemente la posibilidad de que el TSJ realice una proclamación sin que se cumplan las auditorías, se abran todas las cajas, se publiquen los datos mesas por mesa y las actas; todo lo cual corresponde al Poder Electoral (…)”

El FREDEPO se opuso a la represión contra las manifestaciones populares, aunque fuesen dirigidas por la oposición burguesa. “Es evidente que la indignación que generó en los sectores populares el anuncio oficial de resultados de la elección presidencial no va a desaparecer por la represión, sino que por el contrario, esta nueva forma de violencia sobre los manifestantes, atizará la ira y deslegitimará aún más al sistema de justicia penal y al Estado en general (…)”

En consecuencia, el FREDEPO exigió “(…) al Ejecutivo Nacional y al Ministerio Público que se abstengan de seguir reprimiendo al pueblo, ya sea a través de las armas o de acusaciones infundadas. Es con diálogo, justicia y respeto a la verdad y a los derechos de las mayorías, que podremos superar en paz esta crisis”.

La propuesta de dialogo del FREDEPO es un poco inocente, pero diferente al que proponen Maria Corina Machado y Edmundo Gonzalez, ya que para estos cualquier dialogo y negociación debe ser sobre la base de reconocer la victoria electoral de la oposición, con el objetivo de iniciar una transición de gobierno.

Quizás, la posición más importante, de principios antiimperialistas, fue que el FREDEPO cuestionó “firmemente la injerencia extranjera sobre los asuntos internos de Venezuela (…) Es el pueblo venezolano, en ejercicio pleno de su soberanía, quien debe definir su destino colectivo”.

Debate y polarización dentro de la izquierda latinoamericana

El ascenso del chavismo al poder en 1999, generó mucho entusiasmo en América Latina. De igual manera, el descenso y crisis del chavismo, han provocado debates y rupturas dentro de la izquierda.

La crisis generada por los resultados electorales oficiales del CNE, que permitirían a Nicolas Maduro mantenerse en el poder hasta el año 2031, ha vuelto a abrir viejas heridas dentro de la izquierda. Hay una polarización extrema: por un lado, quienes defienden incondicionalmente al gobierno de Nicolas Maduro, por considerar que es víctima de una agresión sistemática del imperialismo norteamericano, y por el otro lado, quienes consideran que el chavismo esta instaurando una dictadura en Venezuela, que reprime a los trabajadores y el pueblo.

Ambas posiciones cometen el error metodológico de reflejar solamente un aspecto de la realidad. La agresión imperialista es mas que evidente, se siente todos los días en las penurias económicas que vive el pueblo de Venezuela. De igual forma, es una realidad que el régimen bonapartista sui generis que instauró Hugo Chávez, ha evolucionado, por el peso de la crisis económica y el bloqueo imperialista, a un régimen abiertamente bonapartista, que resiste a la agresión imperialista, no apoyándose en la movilización de masas, como lo hacia Chávez, sino en el aparato burocrático militar del Estado. En esta rápida evolución, el régimen adopta formas dictatoriales, reprime sin piedad a los sindicatos que luchan contra la crisis y a los movimientos populares reivindicativos, pero todavía no es una clásica dictadura militar porque existen partidos políticos y cierto juego político, aunque cada vez más estrecho. Prueba de ello, fueron las últimas elecciones del 28 de julio donde la oposición burguesa agrupada en la PUD, logró competir y crear un movimiento de masas a pesar de los castigos e inhibiciones impuestas por el chavismo.

Quienes cierran filas con el gobierno de Nicolas Maduro, argumentan que lo mas importante es defender la “soberanía nacional” y la industria petrolera ante la agresión imperialista, obviando que, aun bajo las duras sanciones, Maduro ha llegado a algunos acuerdos con la administración Biden para permitir que Chebrón extraiga petróleo y gas de Venezuela. A nivel interno, el chavismo no ha combatido el neoliberalismo sino que ha aplicado planes de ajuste, al mejor estilo capitalista, que deterioran el ya maltrecho nivel de vida de las masas populares.

Otro sector de la izquierda, lucha por defender la “soberanía popular”, defiende las elecciones y las libertades democráticas que han sido cercenadas por el gobierno de Maduro, y claman por el retorno a la democracia burguesa. No lo dicen abiertamente, pero prefieren un triunfo de la PUD, creyendo que la liquidación del chavismo traería la terminación de la agresión imperialista, una nueva bonanza petrolera y amplias libertades democráticas para todos. Es una ilusión vana, porque un gobierno de derecha transformaría a Venezuela nuevamente en una semi colonia del imperialismo norteamericano, se apropiaría del petróleo y sus recursos naturales, con fatales consecuencias.

¿Puede funcionar la democracia bajo agresión imperialista?

Uno de los principales errores de Hugo Chávez en el plano económico fue no modificar la base productiva del país. Nadando en petrodólares, no fomentó la industrialización ni la autosuficiencia alimentaria, sino que se limitó a comprar todos los productos necesarios en el extranjero, creando una “boliburguesia” compradora.

En la época de la bonanza petrolera, Chávez ganó limpiamente todas las elecciones. Incluso, la primera elección de Nicolas Maduro en 2013, aunque cuestionada, fue limpia. El modelo político de esta primera fase de bonanza petrolera y ascenso del chavismo, fue mantener la democracia burguesa con amplia participación de todas las fuerzas políticas.

En el período de declive del chavismo, además del descenso de los precios del petróleo, las administraciones Obama, Trump y Biden, implementaron una política de sanciones que en la práctica es un salvaje bloqueo económico y financiero de Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela. Al reducir la principal fuente de divisas, los problemas económicos generaron un descontento social, una reducción de la base electoral del chavismo y, obviamente, un fortalecimiento de la oposición burguesa.

Mientras se desmoronaban las bases económicas de la democracia burguesa venezolana, el gobierno de Maduro intentó mantener el mismo sistema político, plural y abierto, pero se vio obligado a imponer restricciones ante el aprovechamiento de las coyunturas por parte de la oposición burguesa.

En su intento de recuperar el control sobre Venezuela, el país que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, Estados Unidos se ha cuidado de no caer en aventuras militares. No hay una agresión militar contra Venezuela, pero las consecuencias de las sanciones y del bloqueo imperialista, son similares a los resultados de una invasión militar: crisis económica, hiperinflación, desempleo, migración masiva, colapso de la industria petrolera, etc. El colmo ha sido que Venezuela, siendo un país petrolero, tiene que importar y racionar la gasolina.

El colapso de la economía refuerza las tendencias naturales hacia una dictadura, en esas condiciones de crisis y caos social, la democracia burguesa no puede funcionar.

El problema central es que el chavismo no ha querido fundar una nueva democracia, basada en la satisfacción de las necesidades materiales de sus habitantes, y en el respeto a los derechos y libertades políticas de quienes se oponen a la agresión imperialista. En una democracia de este tipo, no tendrían cabida los agentes directos del imperialismo norteamericano, que apoyan las políticas de sanciones y bloqueo económico y financiero, para cosechar réditos políticos.

La esperanza de construir un polo revolucionario

La constitución del FREDEPO es una luz al final del túnel. Refleja el intento de los sectores de izquierda por recomponerse, romper el maniqueísmo entre antimperialismo y democracia.

Bajo ninguna circunstancia podemos avalar la marcada tendencia dictatorial bajo el gobierno de Maduro, y muy al contrario debemos ser los campeones en la defensa de las libertades democráticas de los trabajadores y sectores populares.

Urge la recomposición de la izquierda en Venezuela, es la única manera de liberar a Venezuela de la actual agresión imperialista