Por Melchor Benavente

A inicios de la década de los años 80 del siglo pasado, la situación revolucionaria que sacudió a Centroamérica, tenía como epicentro a Nicaragua, porque allí había triunfado la insurrección popular el 19 de julio de 1979.

Aunque el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) constituyó inicialmente una Junta de Gobierno en alianza con la burguesía opositora, el país había logrado liberarse de las garras del imperialismo norteamericano, conquistando su independencia política. La primera administración de Ronald Reagan (1981-1985), respondió con el inicio en marzo de 1982 de la guerra de guerrillas de los contras, un ejército mercenario financiado y armado por los Estados Unidos, que tenía sus principales bases de operación en territorio de Honduras. Al mismo tiempo apuntaló a los ejércitos de El Salvador y Guatemala, para resistir los ataques de las guerrillas.

Caracterizando que la guerra de los contras podía ser una primera fase de la intervención militar directa de Estados Unidos, como un mecanismo de autodefensa,  el gobierno sandinista no solo inició la movilización general de la población, sino que estableció una coordinación con las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG).

El Grupo de Contadora

El peligro de una guerra civil regional aterrorizaba a la burguesía latinoamericana, que temía la generalización de la revolución en el continente. En marzo de 1982, el gobierno de México propuso un plan de desmilitarización, la firma de acuerdos de no agresión entre los países de Centroamérica y la negociación política. Su propuesta cayó en saco roto. No obstante, en enero de 1983, los gobiernos de México, Panamá, Colombia y Venezuela crearon el “Grupo de Contadora”, que propugnaba por una negociación política que evitara el incendio revolucionario en la región.

En su Declaración, el Grupo de Contadora, aparecía como una fuerza neutral, expresaron su “(…) profunda preocupación por la injerencia foránea -directa o indirecta- en los conflictos de América Central, y al advertir que resulta altamente indeseable inscribir esos conflictos en el contexto de la confrontación Este-Oeste, coincidieron en la necesidad de que se eliminen los factores externos que los agudizan (...) respetando los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

El discurso del Grupo de Contadora era agradable para el gobierno sandinista y las guerrillas de la región, pero no tenían confianza que pudiese contener la agresividad de la administración Reagan. La labor diplomática dio algunos frutos. En mayo de 1983, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió la Resolución No 530 haciendo, “un urgente llamamiento a los Estados interesados para que cooperen con el Grupo de Contadora, e instó a que no escatime esfuerzos para encontrar soluciones al problema de la región y a que mantenga al Consejo de Seguridad informado de los resultados de esos esfuerzos”.

El Documento de Objetivos de Contadora

Mientras la ofensiva contrarrevolucionaria de Reagan continuaba contra el gobierno sandinista y las guerrillas, en septiembre de 1983, los cancilleres del Grupo de Contadora, reunidos en Panamá, aprobaron el “Documento de Objetivos” que contenía 21 puntos básicos para la pacificación de Centroamérica. Como dicho documento no tuvo ningún efecto práctico, en Diciembre de 1983 aprobaron otro documento titulado “Normas para la Ejecución de los Compromisos Asumidos en el Documento de Objetivos”, que fue entregado a todos los gobiernos de Centroamérica pero que, de igual manera, no tuvo ningún efecto real.

El Acta de Contadora

Después de realizar consultas con todos los países de Centroamérica, en junio de 1984,  el Grupo de Contadora presentó su proyecto de acuerdo regional, titulado “Acta de Contadora para la paz y la Cooperación en Centroamérica”.

Las negociaciones se paralizaban en el tema de la seguridad. Nicaragua insistía en el desarme y desmovilización del ejercito contra, mientras que los países restantes, influenciados por Estados Unidos, insistían en el control de armamentos del gobierno de Nicaragua.

No hubo acuerdos entre los gobiernos de Centroamérica, y el Acta de Contadora no fue suscrita, lo que obligó a presentar una nueva versión conocida como “Acta Revisada de Contadora”, la cual fue aceptada por el gobierno sandinista, pero rechazada por los gobiernos restantes.

El Acta de Tegucigalpa

Reunidos en Tegucigalpa, Honduras, los cancilleres de El Salvador, Honduras y Costa Rica, (Guatemala se opuso) presentaron una propuesta distinta, conocida como “Acta de Tegucigalpa” o Bloque de Tegucigalpa. Las negociaciones continuaron tensas.

En enero de 1985, el canciller de Costa Rica anunció su retiro de las negociaciones promovidas por Contadora, Honduras hizo lo mismo. La crisis del Grupo de Contadora era tan grave, que los gobiernos de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay crearon el llamado “Grupo de Apoyo” a las negociaciones de Contadora. Casi todos los gobiernos de América Latina estaban preocupados e involucrados por la dinámica de los acontecimientos en Centroamérica

Acuerdos de Esquipulas I

Como parte de la estrategia contrainsurgente de Estados Unidos, las elecciones de 1985 dieron el triunfo a Vinicio Cerezo, poniendo fin a las dictaduras militares en Guatemala. El gobierno de Cerezo promovió, en mayo de 1986, en el poblado de Esquipulas, una cumbre presidencial con el objetivo de reactivar las negociaciones regionales.

El resultado final fue la Declaración de Esquipulas I, en la que se acordó formalizar las reuniones de presidentes centroamericanos, la creación del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), “(…) sus integrantes serán electos libremente por sufragio universal directo, en el que se respete el principio de pluralismo político participativo (…) una Comisión Preparatoria deberá preparar el proyecto del Tratado Constitutivo del citado Parlamento, en un plazo no mayor de noventa días después de su integración (…)”

Un cambio en la correlación de fuerzas

El 27 de junio de 1986, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia a favor de Nicaragua, condenando a Estados Unidos a pagar una indemnización de más de 17 mil millones de dólares, por el sus actividades militares y paramilitares contra Nicaragua. Fue una rotunda victoria política para Nicaragua, lo que tuvo repercusiones posteriores en el Congreso de Estados Unidos, que se dividió y paralizó el financiamiento del ejercito contra.

La ofensiva contrarrevolucionaria de Reagan se manifestó en la creación del ejercito contra, en el apoyo militar a la dictadura salvadoreña y en la utilización de Honduras como base de operaciones militares. No obstante, para finales de 1986 el ejército sandinista había logrado contener y replegar la ofensiva militar de los contras, la guerrilla salvadoreña controlaba una parte de ese país, y la guerrilla de la URNG se había fortalecido. La ofensiva de Reagan había cumplido, en términos generales, la misión de debilitar al ejercito sandinista y las guerrillas, pero no había logrado una victoria militar sobre ellos, lo que tuvo un profundo impacto en las mesas de negociaciones

La Declaración de Esquipulas I fue parte de este reacomodo, en que los gobiernos títeres de Estados Unidos comprendieron la necesidad de fortalecer las negociaciones regionales, es decir, que los conflictos políticos y militares no serían resueltos en cada país, sino de manera conjunta entre todos los presidentes. Este cambio sustancial fue lo que permitió pasar de las Actas de Contadora, a las reuniones de presidentes centroamericanos, inauguradas con Esquipulas I.

El Grupo de Contadora fue la antesala que preparó las negociaciones de Esquipulas II y posibilitó los posteriores Acuerdos de Paz de 1992 y 1996.

El Plan Arias y la firma de Esquipulas II

El 15 de febrero de 1987, en una cumbre de presidentes centroamericanos, realizada en San José, Costa Rica, a la que no asistió Nicaragua, Óscar Arias presentó el “Plan de Paz de San José”, conocido como “Plan Arias”, que planteaba el cese al fuego, una amnistía general, reconciliación nacional y elecciones libres. Inicialmente Nicaragua se opuso por considerarlo una intromisión en los asuntos internos, pero tras una ronda de negociaciones secretas que modificaron la versión inicial, especialmente con el presidente Vinicio Cerezo, estuvo de acuerdo con los planteamientos generales del Plan Arias

Fue así que, después de cinco años de iniciada la contraofensiva de la administración Reagan, los presidentes de los cinco países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), adoptaron los Acuerdos de Esquipulas II, iniciándose el periodo de retroceso de la revolución en Centroamérica.

Nicaragua aceptó el reto porque en el fondo era un reconocimiento al gobierno sandinista, ya que el ejército contra tendría que desarmarse y disolverse, una vez que se haya convocado a elecciones generales. No obstante, este acuerdo perjudicó a las guerrillas del FMLN y la URNG porque las obligó a negociar con los gobiernos existentes.

Esquipulas II creó una Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS), integrada por los secretarios generales de la ONU y OEA, los cancilleres de Centroamérica, del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, encargada de vigilar el cumplimiento de los Acuerdos

Las negociaciones con la contra

En diciembre de 1987, el gobierno sandinista inició, en Santo Domingo, República Dominicana, las primeras negociaciones directas con la contra. En marzo de 1988 se produjeron conversaciones y acuerdos en Sapoa, puesto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica

El 14 de febrero de 1989 los presidentes centroamericanos firmaron, en El Salvador, la Declaración de Costa del Sol, comprometiéndose a elaborar en “un plazo no mayor de 90 días un plan conjunto para la desmovilización, repatriación o reubicación voluntarias, en Nicaragua y en terceros países, de los miembros de la resistencia nicaragüense y sus familiares”. El ejército contra sería disuelto.

En agosto de 1989, y después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, expreso su apoyo al Acuerdo de Esquipulas II, se firmaron en Honduras, los Acuerdos de Tela.

Las elecciones de 1990

Aunque Esquipulas II reconoció al gobierno sandinista, la revolución estaba exhausta después de casi 8 años de guerra de agresión imperialista. Entre 1987 y 1990 la hiperinflación en Nicaragua llegó al 32,000%, la más alta del mundo en ese momento. El cansancio por la guerra, el hambre y las penurias, se tradujeron en una alta votación contra el FSLN. Fue el final formal de la revolución de 1979.

La administración Reagan había logrado derrotar la revolución, no en el campo de batalla, sino en las urnas electorales. Las guerrillas del FMLN y la URNG fueron arrastradas al abismo por la derrota de la revolución nicaragüense.

El imperialismo norteamericano había logrado imponer un nuevo statu quo.