Por Nassar Echeverria

La derrota de la revolución en Centroamérica, a inicios de los años 90 del siglo pasado, trajo consecuencias graves para todos nuestros países: ofensiva neoliberal, marginalización de las masas populares, dando origen al fenómeno de maras y pandillas, ruina económica, desempleo masivo y constante flujo migratorio hacia Estados Unidos.

La crisis económica mundial y los efectos de la pandemia, han acentuado el fenómeno migratorio: gentes de diversos países de todos los continentes transitan por Centroamérica, un puente obligatorio para llegar a la frontera terrestre de Estados Unidos.

La ofensiva antinmigrante de Trump

A pesar que Estados Unidos se construyó como un país de inmigrantes, Donald Trump conquistó la presidencia de Estados Unidos con un discurso racista y contra los inmigrantes.

Trump libró una lucha sin cuartel para contener la migración legal e ilegal. El 25 de enero de 2017, Trump dictó la orden ejecutiva “Border Security and Immigration Enforcement Improvements”, (Mejoras de la Seguridad Fronteriza y la Implementación de las Políticas Migratorias), que permitía, entre otras cosas, que las autoridades federales suscribieran acuerdos con las autoridades estatales, para investigar, capturar y confinar en centros de detención a los extranjeros que no demostrasen un status legal en Estados Unidos.

El 20 de Febrero de 2017, John F. Kelly, director del Departament Homeland Security (DHS) (Departamento de Seguridad Nacional) dictó el memorándum, “Implementing the President’s Border Security and Immigration Enforcement Improvements Policies”, (Implementación de las mejoras presidenciales de las Políticas Migratorias y de la Seguridad Fronteriza) que legalizaba la captura de menores de edad “no acompañados” en la frontera. En un lapso de tres años, fueron capturados cerca de 155,000 menores no acompañados, hijos de inmigrantes que en su mayoría viven legalmente en Estados Unidos. Estos niños eran originarios del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras)

Sin descansar, el 9 de febrero de 2017, Trump emitió la “Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking”, (Orden Ejecutiva Presidencial de Implementación de la de la Legislación Federal a las Organizaciones Transnacionales Criminales y la Prevención de la Trata Internacional de Personas), con el objetivo de combatir el tráfico de inmigrantes, pero teniendo un especial énfasis contra las pandillas centroamericanas, pero bajo esta definición el objetivo real era frenar la creciente inmigración centroamericana.

El 5 de septiembre de 2017 Donald Trump canceló el programa Deferred Action

for Childhood Arrivals (DACA), (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protegía a los niños, ahora adolescentes o jóvenes, los “dreamers”, que arribaron ilegalmente a Estados Unidos.

El 6 de noviembre del 2017, el DHS suspendió el Temporary Protected Status (TPS) (Estatus de Protección Temporal) que beneficiaba a 100,000 guatemaltecos, 190.000 salvadoreños, 57,000 hondureños y unos 25000 nicaragüenses.

La embestida contra el derecho de asilo

En mayo del 2019, la administración Trump firmó con el gobierno de Guatemala un acuerdo denominado “Arreglo de Seguridad Fronteriza”, (Arreglo con Guatemala Sobre la Migración Irregular, GAIM por sus siglas en inglés) que obligaba a los migrantes a solicitar asilo en un “tercer país” y esperar los resultados en Guatemala o cualquier otro.

Al mes siguiente, después de un forcejeo entre Estados Unidos y México, en torno a posibles sanciones relacionados con la aplicación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en junio del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó a un acuerdo con la administración Trump, sobre el programa “Quédate en México”, como parte de la nueva política que limitaba el derecho de asilo en Estados Unidos. Bajo ese programa, los solicitantes de asilo tenían que quedarse en México, esperando el resultado de los tribunales de migración. Unos 70.000 inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos, tuvieron que viajar a México a esperar la cita y la decisión de las autoridades de migración.

El 20 de septiembre de 2019, Estados Unidos y el gobierno de El Salvador firmaron el "Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de El Salvador para cooperar en examinar los reclamos de protección", relacionados con las peticiones de asilo. Este mismo acuerdo fue suscrito con el gobierno de Honduras, el día 25 de septiembre del 2019.

La ofensiva de Trump arrojó los primeros resultados al arrastrar a México y al Triángulo Norte de Centroamérica, a la nueva política de limitación del derecho de asilo. No obstante, la batalla legal al interior de Estados Unidos permitió la suspensión del avance logrado por Trump. El juez federal Timothy J. Kelly, de la corte del Distrito de Columbia, falló en contra del plan de Trump y ordenó suspenden la medida, mientras resolvía la Corte Suprema de Justicia.

Muchas de las medidas de Trump para detener la migración, fueron frenadas por las autoridades estatales o locales. Trump apenas logro deportar unos 900.000 migrantes, mientras su antecesor, Barack Obama, en sus ocho años de gobiernos deporto dos millones y medio de migrantes.

La reforma migratoria: una incumplida promesa de campaña

Desde la época de Barack Obama, el Partido Demócrata de Estados Unidos se ha convertido en el abanderado de una reforma migratoria que permita legaliza a los mas de once millones de migrantes que viven de manera irregular en ese país.

En su campaña, Biden agitó la defensa de los “dreamers” y abogó por una reforma migratoria, la que siempre ha sido bloqueada por los republicanos, que no quieren que esos migrantes más adelante convertidos en ciudadanos terminen votando por el Partido Demócrata.

Biden prometió que “(…) terminará el trabajo de construir un sistema de inmigración justo y humano, restaurando el progreso que Trump ha revertido cruelmente y llevándolo más lejos. Asegurará nuestra frontera, garantizando al mismo tiempo la dignidad de los migrantes y defendiendo su derecho legal a solicitar asilo (…) y que revertirá inmediatamente las políticas crueles y sin sentido de la Administración Trump que separan a los padres de sus hijos en nuestra frontera (…)”,

Debido a los ajustados resultados de la elección presidencial y de miembros del Congreso para el año 2020, los demócratas no tuvieron los votos suficientes para aprobar la reforma migratoria.

Al producirse el cambio de gobierno, de Trump a Biden, la migración hacia Estados Unidos, lejos de detenerse, subió a niveles nunca antes vistos. Las imágenes de multitudes de migrantes arremolinados en la frontera, esperando el momento propicio para cruzar, eran y siguen siendo realmente dramáticas, porque reflejan la desesperación de las masas que huyen de la miseria y la pobreza, creyendo que en Estados Unidos encontraran la prosperidad.

El rápido retorno a la política de Trump

Biden, al inicio de su mandato, se mostraba flexible con los migrantes por una sencilla razón: las políticas de Trump habían contenido, hasta cierto punto, el flujo de trabajadores migrantes; la reactivación económica posterior a la pandemia, se topó con una escasez de mano de obra barata. En cierte medida, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en un primer momento fue tolerante con el enorme flujo de migrantes, mientras era necesario completar la mano de obra barata

Después se produjo un retorno a las políticas de Trump. Biden intento suavizar el trato a los migrantes al decretar la suspensión del Titulo 42 de la Ley de Inmigración, que Trump había invocado durante la pandemia. Una nueva batalla legal se produjo, esta vez los republicanos desde la oposición, paralizando la medida de Biden en torno a la suspensión del Título 42.

a.- El Parole

Biden creo la política del “parole” (libertad condicional), que no es otra cosa que una visa de trabajo temporal por espacio de dos años, especialmente para contener y regular la masiva migración de cubanos, haitiano, venezolanos y nicaragüenses, siempre y cuando se cumplan con los requisitos impuestos por el ICE.

b.- Solicitud de asilo desde un “tercer país”

Igual que en la época de Trump, las solicitudes de asilo deben tramitarse en un “tercer país”, desde una aplicación móvil creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) denominada “CBP one” para programar una cita para presentarse a inspección e iniciar una solicitud de protección en lugar de acudir directamente a esperar en un puerto de entrada terrestre.

Para aplicar esta política de Trump, Biden llego a un nuevo acuerdo con AMLO, quien permitirá que unas 30.000 personas cada mes esperen turno en territorio mexicano. Esta política no ha sido derogada ni ratificada por los gobiernos del Triangulo Norte de Centroamérica, pero debido a los roces con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y en menor medida con el gobierno de Honduras, es poco probable que colaboren con la nueva política de Biden, que es la misma de Trump. México se ha convertido en aliado incondicional de las políticas que restringen el derecho de asilo en Estados Unidos

A comienzo de este año, Alejandro Mayorkas, secretario del DHS, lo confirmó: “El mensaje es claro. Las personas deben quedarse donde están y comenzar el proceso allá (…) Quienes utilicen este proceso podrán ser elegibles para permisos de trabajo mientras estén en Estados Unidos (…) Es importante destacar que las medidas anunciadas hoy se están aplicando en estrecha colaboración con México y los gobiernos de todo el hemisferio occidental. Aunque estas medidas ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”. (El País, 05/01/2023)

En pocas palabras, quienes no se acojan a esta nueva política no solo serán inmediatamente deportados, sino que tampoco serán elegibles en los próximos años. En febrero de 2023, Mayorkas volvió a insistir: “Estamos reforzando la disponibilidad de un camino seguro, ordenado y legal para que lleguen a Estados Unidos, y al mismo tiempo, proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no recurran a los procesos que les ofrecen el país y sus aliados en la región”. (El País, 21/02/2023)

Crisis mundial y migración incesante

Quienes piensan que los demócratas son mas progresistas que los republicanos, se equivocan. Aunque tienen diferentes matices, la realidad ha obligado a Biden a resucitar las políticas de Trump. La crisis económica mundial, el cambio climático, la falta de empleos dignos, obligan a millones a buscar la sobrevivencia en las metrópolis imperialistas de Estados Unidos y Europa. Las políticas contra este tipo de migración pueden contener temporalmente a los migrantes, pero tienden a fracasar por la masividad del fenómeno.

Por Oliverio Mejía

Como una dinámica que se ha hecho común en las últimas elecciones, se asiste al fenómeno de judicialización de diversas candidaturas, a esto se agrega las descaradas acciones de fraude electoral de parte del bloque conservador en el poder.

La conformación del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con sus integrantes señalados de irregularidades, como Blanca Alfaro, quien fuera candidata a vicepresidente por un partido de derecha, o Ranulfo Rojas, por falsificación de su título de posgrado, son solo muestras de la decadencia de un órgano cuya imagen fue levantada en la época llamada “democrática” como imparcial, y que ahora muestra un total alineamiento con las fuerzas conservadoras, encabezadas por el presidente Alejandro Giammattei y su partido VAMOS.

El TSE ha sido cuestionado en materia de transparencia, al intentar vedarle a miembros de la prensa el acceso a las reuniones entre los cinco magistrados y los 32 fiscales de los partidos inscritos, situación que fue cuestionada, razón por la cual los magistrados tuvieron que dar marcha atrás. Igualmente ha sido cuestionado por diversos procesos de licitación a empresas, por compras de equipos informáticos a ser utilizados en la trasmisión de datos el día de las elecciones.

Disputas entre las fuerzas de derecha

Como se menciona, la judicialización de la política es un hecho que evidencia el que, más allá de las normativas electorales, el régimen político y lo relacionado al ámbito político-electoral está marcado por la fragmentación política y una multiplicación de intereses que se expresa en la oferta electoral; pero también en el hecho que, independientemente de los aspectos regulatorios de la actividad electoral y el intento de normarlo, lo que pesa son las pugnas que existen tras las distintas candidaturas.

Aun no ha iniciado la fase de propaganda y proselitismo de los candidatos, que empieza el 27 de marzo; la fase que está por terminar consiste en la nominación de candidaturas y en actividades de afiliación de los partidos, acompañada de la comunicación de parte de éstos hacia sus votantes sobre las problemáticas nacionales, según la última reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP). El grueso del arco de partidos de derecha utilizó esta fase para hacer campaña electoral anticipada y cero discusiones de las problemáticas, debido a lo cual la mayoría de partidos mantiene un discurso neoliberal y sus propuestas son demagógicas.

De ahí que las únicas propuestas que pueden vislumbrar cierto abordaje serio, son las opciones de izquierda reformista como coalición entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento Winaq, que tiene como base programática los malogrados Acuerdos de Paz; el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), con una perspectiva populista rupturista con el orden neoliberal en la búsqueda del Estado Plurinacional y Popular; y la socialdemocracia, como el Movimiento Semilla y quizás Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), que maneja algunos atisbos de crítica al modelo social y político.

Judicialización de la política

Así, con al tema de la judicialización de la política, vemos cómo son favorecidas algunas candidaturas que son parte del bloque conservador, como la alianza Valor-Partido Unionista, donde se unen dos clanes de la política burguesa los Arzú y los Ríos Montt. En esta alianza va la candidatura de Zuri Ríos Sosa para la presidencia y Héctor Cifuentes para vice, siendo una de las opciones más fuertes de los núcleos de la oligarquía tradicional. Pese a la ilegalidad y prohibición constitucional expresa para participar en la contienda electoral, con una cantidad de acciones legales ante el TSE, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad -órganos controlados por elementos del bloque conservador en el poder- entre ellos de víctimas de la represión estatal en la guerra interna durante el gobierno dictatorial del padre de Ríos, esta candidata fue inscrita. A eso se le agrega que el candidato a vicepresidente, hombre del aparato de la Municipalidad de Guatemala, feudo del Unionismo y de los Arzú, tiene abiertas investigaciones penales de parte de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Ministerio Público durante la administración de Thelma Aldana, por manejos indebidos de los cuestionados fondos de fidecomisos que maneja de forma discrecional esa municipalidad metropolitana.

El otro binomio parte de este bloque en el poder, es el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con Sandra Torres para la presidencia y Romeo Guerra para la vicepresidencia; este binomio enfrenta varios recursos para impedir su participación, por el hecho que Guerra es pastor evangélico, condición que también prohíbe la Constitución Política. La controvertida candidata, ex primera dama en el gobierno de Álvaro Colom, fue favorecida por los tribunales de justicia y por el TSE en la disputa que tuvo con un grupo de diputados, entre ellos Orlando Blanco, Carlos Barreda, Mario Taracena (los dos primeros con un pasado en organizaciones de izquierda), por el partido UNE, obteniendo Torres el control de éste. Así, los diputados mencionados tuvieron que conformar VOS, llevando como binomio a Manuel Villacorta para la presidencia y Jorge Mario García para la vicepresidencia; el primero ya participó como candidato a la presidencia en 2019 por Winaq.

El otro caso sonado en los últimos días, es la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por la primera casilla por el Listado Nacional del partido Cambio, formado por sus familiares, y que lleva como candidato a presidente a Álvaro Trujillo Baldizón. Baldizón que fue congresista por la UNE en 2009, y se separó de la bancada con una gran número de diputados, formando el partido LIDER. Durante el gobierno del Partido Patriota se repartió el control de las cortes con el partido gobernante, y en 2015, al calor de las movilizaciones contra Otto Pérez Molina, las facciones de la oligarquía impulsaron una campaña para evitar que Baldizón llegara a la presidencia. Éste, un empresario importador que se fue enriqueciendo y es visto por el capital tradicional con recelo, fue extraditado en 2018 a Estados Unidos por delitos de lavado vinculado a los casos Odebrecht y Transurbano durante su campaña electoral de 2015, llegando posteriormente a un acuerdo con autoridades de ese país y siendo deportado en 2022 a Guatemala.

El Registro de Ciudadanos del TSE inscribió en un inicio la candidatura de Manuel Baldizón, sin embargo, la presión social, acompañado de acciones legales y sobre todo las fracciones oligarcas de la burguesía, presionaron para que el pleno de magistrados no lo inscribiera, aduciendo falta de idoneidad, pues eso hubiera abierto la puerta a que inscribieran otros candidatos no queridos por los grupos de la burguesía.

En el momento de escribir esta nota, otro suceso impacta el tinglado politiquero, que recae sobre Edmund Mulet, un gallo tapado de un sector de las fracciones oligárquicas, supuestamente vinculado al empresario Dionisio Gutiérrez, ahora postulado por el partido Cabal y que en las elecciones de 2019 fue postulado por el Partido Humanista, del cual se terminó distanciando. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche solicitó retirar el antejuicio a Mulet, derecho que recibe por ser candidato presidencial debidamente inscrito, aduciendo obstrucción de la justicia ante un juzgado de instancia penal.

El hecho fue que el secretario general del partido Cabal presentó un memorial ante el despacho de la fiscalía general para que cesara la persecución penal contra Rubén Zamora, director de elPeriodico y otros periodistas. Curruchiche es un mandadero de la fiscal general Consuelo Porras, quien está al servicio del bloque conservador y que usa la FECI, creada para acompañar las investigaciones que promovió la CICIG, como instrumento de persecución policial.

Entonces, podemos intuir que esta acción, más allá del berrinche de Curruchiche, es una tuerca más en el engranaje del fraude a favor del partido oficial VAMOS en contubernio posible con la UNE y con Valor. Además, es una muestra más del claro rumbo autoritario del régimen político al intentar dar una lección, que no importa si es un Mulet, si alguien osa cuestionar las acciones de estos corruptos sufrirá el mismo destino.

Se sigue consolidando el fraude

Entonces todos esos movimientos en el plano judicial, un ámbito burgués por excelencia y ahora controlado por elementos del bloque conservador, es una forma distorsionada de las disputas electorales entre fuerzas capitalistas. A eso se agrega la no inscripción de candidaturas aun de derecha como las de Roberto Arzú por el partido Podemos y ni que decir otras que representan un quiebre al modelo político y social neoliberal como la de Thelma Cabrera y Jordan Rodas por el MLP; así como la posible no inscripción del ex superintendente de administración tributaria Francisco Foppa para la municipalidad de Guatemala con importantes posibilidades de arrebatarle el feudo al Unionismo, por la alianza Semilla, URNG y Winaq.

Las y los socialistas centroamericanos consideramos, que estableciendo un frente único de organizaciones sociales y de masas, junto a los partidos Semilla, URNG, MLP y Winaq, sin diluirse cada una pero golpeando juntas, se logrará parar la imposición del fraude de parte del bloque conservador en el poder.

Por: Salvador Belloso          

El próximo viernes 27 de marzo cumplirá 1 año desde que El salvador está bajo régimen de excepción, Nayib Bukele, se alza sintiéndose victorioso de haber logrado (y en verdad lo ha logrado), encestar duros golpes a las pandillas que operan en el país, desmantelar el control territorial y operacional que estas agrupaciones tenían en buena parte del territorio es su mejor carta de presentación de cara a las próximas elecciones, a pesar de las críticas y de las denuncias por los abusos de las capturas arbitrarias e injustificadas, torturas y asesinatos en los recintos carcelarios, el bukelismo recurre a la trampa discursiva de justificar las violaciones a los Derechos Humanos de las personas capturadas en nombre de las mayorías, al presentarlo como necesario para el bienestar general, que los daños colateral son mínimos, si se piensa en lo positivo que resulta para la mayoría de la población.

Es necesario analizar con seriedad el régimen de excepción, pues al quedarnos únicamente con los resultados inmediatos, no habría más darle la razón a la propaganda oficial, y, se acabó el debate: militarizar el país, encarcelar en masas y torturar era la solución definitiva al problema de las pandillas. ¡Qué gran error! Porque con esta visión escasa solo se ve al fenómeno, si se descuidan las causas sociales históricas y estructurales que lo crearon habrá otras expresiones. El militarismo como solución es otro problema que es aún mayor al que tenemos que afrontar, más temprano que tarde, tomemos en consideración que la realidad es compleja y cambiante. 

El fracaso de las medidas de seguridad y el fin de las negociaciones     

El régimen de excepción como medida empleada para combatir a las pandillas surge a consecuencia de dos aspectos importantes: 1) El fracaso del Plan Control Territorial, y 2) El rompimiento de las negociaciones del Gobierno con las principales pandillas. El Plan Control Territorial, fue una extensión de los mismos planes de seguridad que se aplicaron desde las Mano Dura 1, 2 y 3, esquemas repetidos por los Gobiernos del FMLN y empleada tal cual por este Gobierno, sin embargo la variante era ampliar el empleo de elementos de la Fuerza armada de El Salvador (FAES), en el acompañamiento de las tareas de seguridad, pero tenía como complemento la focalización de territorios, siendo estos los municipios: 12 municipios priorizados son San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana.

Con el despliegue de 2,500 policías y 3 mil militares dio inicio la tarea de cercar las zonas y atacar frontalmente a las estructuras pandilleriles, en este plan también se realizaron traslados de reos pertenecientes a las pandillas para impedir que sus líderes quienes cumplen condena orquesten ordenes, así desorientar a los palabreros libres lo que permitiría a las operaciones tener mejores efectos. Las negociaciones fueron el detonante de la ola de asesinatos que en el último fin de semana de marzo de 2022 registró alrededor de 80 muertes violentas en tan solo dos días, las investigaciones periodísticas así como de la Fiscalía General de la República (FGR), antes del agente del Bukelismo Rodolfo Delgado, muestran que hubo negociaciones de este Gobierno, en 2020 se suscitaron negociaciones con las organizaciones de pandilla: Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18-fracciones Sureños y Revolucionarios-, según manifiesta dichas negociaciones traba la reducción de los homicidios, posteriormente se intentó ocultar las evidencias de esto, según la misma fuente periodística el Grupo Especial Antimafia, que dirigía la investigación “Catedral”, incautó en 2020 documentos oficiales de Centros Penales, esta investigación fiscal se detuvo con la entrada en funciones del fiscal servil a Bukele.

En un intento de ir por encima de las críticas del fracaso del Plan Control Territorial, el Fiscal general Rodolfo delgado, en octubre de 2022 manifestó que este plan fue una fase previa al régimen de excepción, porque le permitió a la FGR recabar importante información. Si tomamos como valido esto entonces habría que suponer que el régimen de excepción estaba dentro de un plan preconcebido y que las negociaciones caídas seguidas por la ola de asesinatos fue una obra maquiavélica para justificarlo.  

La suspensión de Derechos, un método represivo de antaño      

El poder político de la burguesía, dentro de los regímenes democráticos modernos dispone de un amplio repertorio de Derechos en favor del ciudadano, para el goce de estos Derechos se configuran las garantías como medios de ejercicio y protección incluso ante el mismo poder estatal, pero tiene una salvedad. En el constitucionalismo moderno se ha incluido una solución para aquellos casos en los que el Órgano Ejecutivo, no pueda solucionar ciertos problemas por las vías normales y permanentes, permitiéndole hacer uso excepcionalmente de medidas más violentas, pero que por su misma dimensión deben ser temporales y justificarse en atención a un inconveniente específico, siendo estas aquellas que suspenden las garantías de los Derechos civiles, no suspende Derechos en sí sino garantías para su defensa y ejercicio, un claro ejemplo de esto fue lo ocurrido en muchos países del mundo con la pandemia del COVID-19, en El salvador se decretó el régimen de excepción para obligar a las personas al confinamiento, proteger la propiedad privada de las grandes empresas e impedir movilizaciones organizadas de los desvalidos en esta crisis, este mecanismo lleva un año siendo utilizado pero bajo la especificad de ser usada para combatir a las pandillas.

En el pasado ya fueron utilizadas medidas que suspenden las garantías de Derechos civiles. Durante la dictadura militar el 28 de febrero de 1977 fue disuelta violentamente en la Plaza Libertad del centro de la capital, utilizando el fuego de la metralla en contra de los valientes manifestantes que se expresaban en contra del fraude electoral del 20 de febrero, en este contexto se decretó el Estado de Sitio mismo que fue prorrogado tres veces, estando vigente hasta el 27 de junio de 1977. Para tener más eficacia contra las organizaciones de masas en 1978, bajo la Ley de Defensa y garantía del Orden Público (Decreto 407 de 25 de noviembre de 1977), cuyo enfoque principal era coartar la libertad de expresión, reunión y asociación. En 1978, el régimen de Carlos Humberto Romero, decretó la Ley de Garantía del Orden Público, cuyo enfoque era concretamente combatir a las organizaciones guerrilleras en formación y doblegar al poderoso movimiento de masas, bajo el amparo de esta Ley el Gobierno persiguió, torturo y asesinó con total libertad, la fascista Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), del tipo paramilitar tuvo en todo este tiempo un papel importante en la aplicación de las embestidas represivas que dirigía la dictadura.

Todo esto fue una forma legal de tener un Estado de Sitio permanente con el cual las fuerzas de seguridad de esa época podían capturar e interferir la morada sin orden judicial, las masacres son la escala suprema de la violencia estatal. Para contener al movimiento de masas e impedir que el movimiento guerrillero se consolide en 1979, hubo un Golpe de Estado que dio falsas muestras de buena voluntad por parte del estado salvadoreño, La Junta Revolucionaria de Gobierno, como una nueva versión de las justas cívicas militares, nada más que un engaño que denunciaron las organizaciones revolucionarias, luego del contragolpe como consolidación de la alianza política entre las casta militar dirigente y la democracia cristiana retornaron los métodos de violencia.

El asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, dio lugar a una masiva asistencia del pueblo al funeral, esta enorme concentración fue disuelta con metrallas, tras la masacre de catedral la dictadura decretó Estado de Sitio, al año siguiente, el 10 de enero de 1981 fue lanzada la ofensiva general dirigida por el FMLN, y con ello la dictadura colocó junto al Estado de Sitio, el Toque de Queda, este último mecanismo no fue prorrogado tanto como el Estado de Sitio cuya duración finaliza junto con el nacimiento de la actual Constitución Nacional de 1983, en la cual se establece el Estado de Excepción, por cierto que también se dieron algunos cambios tras el asesinato de Cayetano Carpio en Managua en 1983, en 1984 el FMLN cambia el programa del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR), por el Gobierno de Amplia Participación (GAP), concretiza el viraje de la toma del poder por un cambio en el régimen donde se prevé la participación política de sectores progresistas de la burguesía. De aquí en adelante no se volverá a saber hasta 1989 con la Ofensiva General Hasta el tope, tanto del Estado de Sitio como del Toque de Queda.       

El bukelismo se sustenta en el engaño      

Las pandillas, al igual que el bipartidismo, generaron hartazgo entre la mayor parte del pueblo salvadoreño, ha caído en el engaño que hace el bukelismo acerca de lo necesario que ha sido y la importancia que continúe el régimen de excepción para acabar con las pandillas, esto explica por qué pese a los abusos y de todo tipo de violaciones hacia la clase trabajadora y sectores populares, existe una alta aprobación popular. Ante esto Nayib Bukele, hace alarde de haber logrado lo que nadie más hizo antes que él; acabar con las pandillas y es ahí donde logra sobrellevar el que hayan sido expuestas las negociaciones que tanto él como algunos de sus funcionarios tuvieron con las maras y pandillas.            

Acabemos con el régimen de excepción     

A fecha de esta publicación son más de 65,000 capturas por el régimen de excepción, dentro de las cárceles 400 personas han sido asesinadas, esto es preocupante y debe ser detenido inmediatamente pues la forma de actuar de los agentes policiales y efectivos militares es de absoluta libertad e impunidad como en el pasado, su enfoque al ser de criminalizar la pobreza va encaminada a reprimir al pobre solo por su condición.           

Por Carlos M. Licona    

El 23 de marzo se cumplen 13 años del vil asesinato del maestro José Manuel Flores Arguijo, su crimen, al igual que la gran mayoría de los que suceden en el país quedó en la impunidad. El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro designó el Programa Nacional de Alfabetización “Yo Si Puedo” con el nombre de quien fuera dirigente del magisterio y del movimiento popular. Sin duda alguna que, Manuel Flores Arguijo seguiría siendo parte del movimiento gremialista que exige se devuelvan los derechos cercenados a los docentes, pero, a la vez, hubiera sido el primero en decir presente al Programa de Alfabetización, o bien; hubiera dicho exijamos mejores beneficios pero cuidemos la sostenibilidad del INPREMA.

En el año 2007 en el gobierno del Presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), un sector del magisterio inició una lucha para reducir los intereses a los préstamos personales que otorgaba el INPREMA, Manuel Flores Arguijo fue del criterio que reducir los intereses afectaba la institución. Por supuesto, la situación económica en el 2007 era mucho más favorable que la de ahora, cuando los salarios de los trabajadores han sido disminuidos ostensiblemente.

Así era Manuel, objetivo y pragmático.

El homenaje está bien, pero, siguen en deuda

José Manuel Flores Arguijo fue un luchador desde su vida estudiantil donde fue dirigente, murió fiel a su ideología “Trotskista” y, la lucha por la justicia y la solidaridad con el pueblo le acompañó hasta la muerte. Al igual que el Secretario de Educación actual, perteneció al Partido de los Trabajadores, donde fue miembro del Comité Central hasta el año 2005. En el 2009 fue miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), formó parte del Comité Central hasta el momento de su asesinato.

La honradez de Manuel Flores y su convicción por las luchas políticas y justas sobrepasan la dimensión del General Cabañas. En el 2009 cuando el Golpe de Estado, Manuel Flores formaba parte del equipo de “Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH)”, en la Secretaría de Educación. El camarada, en oposición al Golpe de Estado y sumado a la lucha política que se libraba en las calles, no regresó a su oficina de trabajo, ya para el mes de octubre de ese año, el administrador de la Secretaría de Educación le envió el mensaje que se hiciera presente, que le pagaría los meses de salario desde el mes de julio. La decisión de Manuel Flores fue no ir y sufrió las consecuencias del golpe contra Manuel Zelaya.

La conducta revolucionaria de Manuel Flores trasciende mucho más allá del nombre a un Programa, si bien es cierto es loable rescatar su memoria histórica y, es grandioso para el país erradicar el analfabetismo, el legado de Manuel y de todos los mártires de la resistencia debe acompañar las primeras palabras que aprenderán esos compatriotas decididos a salir de las cadenas de la ignorancia.

La otra deuda que el gobierno actual está en la obligación de pagar es la conformación de una comisión para la investigación y esclarecimiento de los asesinatos políticos cometidos desde el 28 de junio de 2009, crímenes que sin lugar a dudas, también tiene como responsables a diputados, jueces, fiscales, militares y policías.

Con cero ignorancias es posible una revolución

En el diario oficial del gobierno del Socialismo Democrático “Poder Popular”, edición # 43, página 65, dice lo siguiente “Con el programa de alfabetización las autoridades educativas esperan reducir a menos del 5 % el analfabetismo, ya que el Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro recibió el país con más de 700,000 mil hondureños y hondureñas (12 %) que no saben leer ni escribir”. Esa cantidad de analfabetas en el país refleja el resultado de gobiernos corruptos e indiferentes a la educación, pero, además, es el resultado de la desigualdad social y de la miseria que abate al 70 % de la población.

Con el “Programa Nacional de Alfabetización, José Manuel Flores Arguijo, Yo Si Puedo” se inicia un proceso educativo (que ya estuvo en el 2008-2009) de mucho progreso para el país, sin embargo, esta política del gobierno debe ir acompañada de medidas económicas que saquen de la miseria a esa población analfabeta, el programa debe ir acompañado de posturas consecuentes y de políticas que inicien el camino a una revolución educativa, tal y como lo hubiera hecho Manuel Flores.

Se recuerda con mucho fervor revolucionario a las organizaciones que en el 2010 fueron partícipes de los homenajes póstumos a José Manuel Flores Arguijo; Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Movimiento Nueva Democracia, Venas Abiertas, Artistas en Resistencia, Los Necios y Círculos Bolivarianos.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

La sorpresiva excarcelación y destierro de los 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero, producto de una negociación secreta entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura Ortega-Murillo, parecía iniciar una distensión y el inicio de una posible negociación política. No obstante, ese mismo día la dictadura apretó tuercas y anunció que, a pesar de haber entregado pasaportes con diez años de vigencia, anulaba la nacionalidad de los 222 ex presos políticos. “Una de cal y otra de arena”, como se dice popularmente.

Una semana después, el 15 de febrero, la dictadura propinó una nueva estocada: una resolución judicial anulaba la nacionalidad nicaragüense a 94 personas que viven el exilio, bajo la acusación de “traidores a la patria”. En ambos casos, la anulación de la nacionalidad va acompañada con el “decomiso” de todos sus bienes.

Al arrancar la nacionalidad a los lideres de la oposición burguesa, incluidos los lideres estudiantiles y populares, la dictadura cerró, por el momento, la posibilidad que estos fuesen los interlocutores en una posible negociación posterior.

Entonces, lo que pareció ser una concesión o señal de apertura, por parte de la dictadura, dio inicio a un nuevo intercambio de golpes con Estados Unidos.

La OEA-CIDH lanzó la primera acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”

En abril-julio del 2018, cuando la dictadura reprimió las protestas populares, Estados Unidos mantuvo un discurso moderado a favor de la paz y la negociación. Incluso, cerró los ojos y no condenó la represión, Como la negociación no llegó a producirse, inició un nuevo ciclo de presiones, siempre con el objetivo de doblegar a la dictadura, enarbolando la bandera de la defensa de los derechos humanos, que efectivamente habían sido violentados con las masacres y la represión.

En el “estira y afloje”, la dictadura aceptó en 2018, por un acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el arribo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los acontecimientos ocurridos entre abril y mayo de ese mismo año en Nicaragua.

El GIEI rindió su informe oficial ante el Consejo Permanente de la OEA en diciembre del 2018 concluyendo lo siguiente: (…) el GIEI considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas que iniciaron el 18 de abril se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”. (GIEI Nicaragua 21/12/2018)

Esta fue la primera vez que la OEA y la CIDH afirmaron que en Nicaragua se habían cometido “crímenes de lesa humanidad”. Aunque los medios de comunicación reprodujeron por algún tiempo esta acusación, la instalación del segundo Dialogo Nacional en 2019 y la paciente espera del proceso electoral del 2021, creó expectativas de una posible salida electoral, y el tema de los #crimenes de lesa humanidad” prácticamente cayó en el olvido.

De las 23 recomendaciones, resaltan dos: La primera es que el GIEI instó el gobierno de Nicaragua a “ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, con la finalidad de garantizar que los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad y como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018”.

Efectivamente, Nicaragua nunca suscribió el Estatuto de Roma y, por lo tanto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Nicaragua, y la acusación sobre “crímenes de lesa humanidad” queda flotando en el aire

La segunda era que “con la finalidad de evitar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, se recomienda a los Estados miembros del sistema regional (OEA) e internacional (ONU) que inicien investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme la legislación interna de cada país”.

De esta manera, dejaron la puerta abierta para que la OEA y la ONU tomaran acciones contra los presuntos responsables. El tema quedó congelado por algún tiempo, esperando los resultados de una posible negociación.

ONU retoma y amplia la acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”

En noviembre del 2021 se realizó el proceso electoral con todos los candidatos de la oposición burguesa en la cárcel. Ese mismo mes, la dictadura anunció que se retiraba de la OEA, desconociendo cualquier resolución de la OEA y de la CIDH.

En marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos, mediante la resolución otorgó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos en este país, tomando en consideración que la investigación del GIEI en 2018 quedó en la nada, por el retiro de Nicaragua de la OEA y el desconocimiento de la CIDH.

Un año después, la nueva acusación estaba lista, esperando el desarrollo de los acontecimientos. El hecho de quitarle la nacionalidad a los lideres de la oposición burguesa y enviarlos en esas condiciones a Estados Unidos, irritó a la administración Biden, quien devolvió el golpe con una nueva acusación sobre “crímenes de lesa humanidad”, mucho más grave, que no se limita a lo ocurrido en 2018 sino que abarca los últimos 5 años.

En su informe, leído el 2 de marzo de este año, el GHREN concluyó lo siguiente: “(…) existen motivos razonables para creer que desde abril de 2018 y hasta el momento de cierre de este informe, en la República de Nicaragua existe un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una parte de la población nicaragüense. Dicho ataque fue implementado a través de diversos medios y métodos prohibidos o inhumanos que se han ido desarrollando, implementando y complementado a lo largo del tiempo. Este ataque, lejos de haber cesado, continúa perpetuándose. El GHREN también concluyó que las violaciones, abusos y crímenes documentados en este informe fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste.

Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, se encuentran: el asesinato, la encarcelación, la tortura, la deportación forzosa, y las violaciones y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El GHREN tiene motivos razonables para creer que los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de una política discriminatoria, instrumentada de manera intencional desde las más altas esferas del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra parte de la población de Nicaragua, por motivos políticos, constituyendo prima facie, el crimen de lesa humanidad de persecución”.

Jean-Michael Simon, quien presidió el GHREN, en una entrevista comparó a la dictadura Ortega-Murillo con el régimen nazi: “(…) “El armamentismo del sistema de justicia contra los opositores políticos, como se hace en Nicaragua, es exactamente lo que hizo el régimen nazi (…) Se despoja masivamente a la gente de su nacionalidad y se la expulsa del país: esto es exactamente lo que hicieron los nazis” (The New York Times, 02/03/2023)

Estas conclusiones del informe del GHREN son, sin lugar a dudas, la antesala de posibles nuevas sanciones o cualquier otro tipo de acciones, individuales o colectivas, contra la dictadura.

Golpe a ASOBANP, COSEP y 18 cámaras empresariales

Un mes antes, el 3 de febrero, la dictadura ordenó la cancelación de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), que reúne a la oligarquía financiera. Debido al duro golpe propinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con la resolución del GHREN, que tenían engavetada, el 6 de marzo  asestó otro duro golpe a los empresarios organizados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), disolviendo también 18 cámaras empresariales.

Es importante señalar que no se trata de una medida anticapitalista, ni una expropiación, ni una nacionalización de los medios de producción. La economía capitalista sigue funcionando normalmente. Estamos ante la consumación del divorcio político entre la dictadura y una parte de la cúpula empresarial que inició en 2014, cuando se creó el Banco Corporativo (BANCORP), que fue visto por la oligarquía financiera como una competencia “desleal”. El estallido social del 2018 aceleró este divorcio, pero siempre hubo intentos de regresar a la reconciliación. En pocas palabras, la oligarquía financiera y la burguesía tradicional no tiene organismos gremiales donde discutir ni interlocutores para negociar con la dictadura.

En el último periodo las tensiones han aumentado. El diario La Prensa fue cerrado y sus bienes liquidados a favor del Estado, los partidos políticos de derecha han sido cancelados, cerca de 3500 ongs fueron cancelados. Los ataques la Iglesia Católica han llevado a varios curas a la cárcel y el exilio, y a mantener preso a Monseñor Rolando Álvarez. El nivel de confrontación entre la dictadura y la burguesía tradicional parece haber llegado al camino del no retorno.

Ante esta situación inédita solo caben dos posibilidades. La primera es que la dictadura, en su autodefensa y antes las presiones de Estados Unidos y la UE, devuelve cada golpe y lo descarga contra la Iglesia y los empresarios, para obligarlos a darle una nueva legitimidad.

Existe una particularidad en la economía nicaragüense. Salvo los ingenios azucareros y el sector de energía, que están en manos de grandes empresas, el resto de la producción agropecuaria esta en manos de pequeños y medianos productores, que no están organizados en el COSEP o ASOBANP. Los golpes a la cúpula empresarial no afectan a estos pequeños y medianos productores. No podemos descartar que, aprovechando el conflicto con Estados Unidos y la UE, la dictadura aprovecha el momento para rematar la burguesía tradicional, que fue muy golpeada durante la revolución, y crear un nuevo sector empresarial ligado directamente al circulo gobernante, sin tocar o golpear a esta masa de pequeños y medianos productores.

La segunda posibilidad es que este intercambio de golpes sea el preludio de una inminente negociación, en que cada bando procura atrincherarse lo mejor posible.

Incluso, las dos hipótesis descritas anteriormente, no se contradicen y al final pueden complementarse esperando la evolución de los acontecimientos.

Por Olmedo Beluche

Un año de guerra entre Rusia y Ucrania – OTAN, ha dejado casi un cuarto de millón de muertos, decenas de miles de heridos, millones de desplazados, ciudades arrasadas y la amenaza de una escalada militar que podría arrastrar a toda Europa, o incluso la posibilidad cada vez más real de un holocausto nuclear de consecuencias mundiales.

Es necesario organizar un gran movimiento internacional para exigir un cese al fuego inmediato. Hay que exigir un armisticio que silencie las armas, que detenga todo avance militar, que cese la matanza. Un armisticio que, sobre un compromiso elemental de no intentar avanzar un milímetro más sobre el terreno, permita el establecimiento de un diálogo para resolver por la vía diplomática las causas que llevaron a la guerra con la mediación de los países no implicados en el conflicto.

Un armisticio que comprometa tanto al gobierno ruso, como al ucraniano, así como a Estados Unidos y la OTAN, detener el envío de más armas a la región. Que cesen los disparos, que paren los bombardeos.

El proyecto de una paz sobre la base de una victoria total de una de las partes es claramente inviable. Por eso hay que repudiar los planes tanto rusos de pretender lanzar una ofensiva de primavera, como de la OTAN de armar a Ucrania con tanques o aviones. Esos planes de Rusia y de la OTAN alejan la paz a costa de mayores sacrificios humanos. Digámosle: BASTA. 

Un alto al fuego inmediato es posible, sosteniendo las fronteras actuales trazadas sobre las trincheras que han creado los ejércitos. Rusia ocupa el este de Ucrania donde el conflicto con la población de habla y cultura rusa empezó a crecer desde 2014 incentivado por los ultranacionalistas ucranianos. La pertenencia definitiva de ese territorio a Ucrania o a Rusia es algo que deberán decidir algún día, democráticamente, sus habitantes, lo cual debe ser producto de una negociación, basada en un armisticio que permita el retorno de la población civil y la reconstrucción en largo plazo. 

Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y el gobierno de Ucrania, deben dar garantías, creíbles y verificables, a Rusia de la no expansión de esa alianza militar occidental hacia sus fronteras, así como el cese del envío de armamentos ofensivos que amenacen la seguridad rusa.

Alcanzado el armisticio, los pueblos del mundo deben exigir el levantamiento de las sanciones contra Rusia, iniciando con las absurdas sanciones culturales y deportivas, pero también sobre las exportaciones de gas y petróleo, de manera que se pueda aliviar la alta inflación que empobrece al mundo.

El armisticio posibilitará que los pueblos de Europa exijan a sus gobiernos la reducción de los altísimos presupuestos militares construidos a costa de los derechos sociales, así como la necesidad de disolver la OTAN y cerrar las bases militares norteamericanas, ya que son una amenaza a la paz mundial.

Por José René Tamariz

El 10 de marzo de 2023 entró a regir la nefasta y anti obrera ley de empleo público que junto con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (mejor conocida como combo fiscal), constituyen una tenaza mortal que reducen y deterioran, cada vez más, las condiciones materiales de existencia de los trabajadores del sector. Ambas leyes se complementan mutuamente para arruinar la vida de los empleados públicos y hacerles pagar el déficit fiscal y la deuda pública, mediante la reducción del gasto público, vía reducción de los salarios del sector público.

Combo Fiscal y Ley de Empleo Público: Incrementan las Desigualdad Económico-Social Contra los Trabajadores

El combo fiscal, a través de la oprobiosa regla fiscal, congela los salarios y ni siquiera permite reajustes salariales por aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras la relación deuda pública/PIB sea igual o mayor al 60%. Esa relación actualmente se encuentra casi en el 70%. Ese congelamiento afecta tanto a los empleados viejos como nuevos. ¿Cuándo irá a bajar esa relación a menos del 60%? No se sabe con certeza, puesto que la deuda pública lejos de disminuir aumenta constantemente. Por otra parte, el fatídico combo fiscal nominaliza y reduce los componentes salariales a los viejos trabajadores del sector público. Por su parte, la ley de empleo público reduce y congela los salarios de los empleados nuevos y viejos. Veamos.

Muchos, sino casi todos, los salarios de las nuevas escalas salariales, supuestamente “transitorias”, de la ley de empleo público para los “nuevos” empleados públicos son más bajos que los sueldos pagados en el sector privado y, en otros casos, menor que los salarios mínimos de ley determinados por el Ministerio de Trabajo. Debido a lo anterior, son salarios inconstitucionales, ya que el artículo 57 de la Constitución Política señala que “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia…”. El investigador del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la UCR, Luis Ángel Oviedo, “…describió un salario digno como aquel que le permite a una persona cumplir con sus requerimientos, alimentarios, de acceso a vivienda, pago de servicios y de ocio y recreación”. (Semanario Universidad, semana del 15 al 21 de marzo de 2023).

Para que un salario mínimo cumpla con esos requisitos para un hogar de tres personas que son el promedio en Costa Rica debe ser de “… ₡398.352 netos por mes para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación y acceso a bienes y servicios, pero sin poder ahorrar ni tener acceso a un crédito para vivienda, automóvil o estudios”. (Ídem). Entre otros, los puestos del sector público con salario global transitorio, que se encuentran por debajo del salario mínimo son el misceláneo de servicio civil I y II, así como el conserje de centro educativo; el educador de enseñanza preescolar y el profesor de enseñanza general básica; los agentes de policía, de tránsito y migración y otros puestos. Las diferencias salariales son de ₡27.080, ₡44.0.58 o más. En el caso de un bachiller universitario público, aunque el salario es superior al mínimo, existen diferencias salariales de ₡44.174 con respecto al del sector privado.

Es muy importante mencionar que la denominada “escala salarial transitoria” no existe en la nefasta ley de empleo público, sino que fue inventada vía reglamento. Por ejemplo, los salarios globales transitorios de los policías sólo contemplaban el salario base del nuevo personal y no el factor de riesgo por ejercer ese trabajo peligroso. Fue “Por la queja de los ministerios de Seguridad Pública y Justicia y Paz, MIDEPLAN y la DGSC debieron agregar el factor de riesgo de los policías para incrementar el salario a un nivel parecido a lo que sería el sueldo compuesto actual de las nuevas contrataciones”. (La Nación, 22 de marzo de 2023). Aunque los salarios de los policías fueron incrementados los salarios de los cuerpos policiales continúa siendo bajos. Esa situación va a conllevar a que muchos policías puedan ser reclutados por el narcotráfico y le puedan duplicar o triplicar esos miserables sueldos y, por ende, el grave problema del crimen organizado y la inseguridad aumente.

Por otro lado, con la ley de empleo público el congelamiento salarial se volverá permanente para los empleados públicos con salarios compuestos, ya que los salarios globales siempre serán menores que los primeros y uno de los artículos transitorios de esa fatídica ley plantea que los salarios compuestos solamente se podrán incrementar cuando sean alcanzados por los sueldos globales. ¿Cuándo alcanzarán los salarios globales a los compuestos en cualquier puesto que se considere? La respuesta es ¡nunca! Simple y sencillamente porque para que los sueldos globales alcancen a los compuestos se necesitarían de sendos reajustes salariales anuales para los empleados públicos, pero eso no se producirá porque la regla fiscal no permite reajustes salariales por lo señalado en párrafos anteriores y porque tampoco es política del gobierno actual ni de los futuros otorgar reajustes salariales ni siquiera que compensen la inflación, mucho menos incrementos reales.

El Monstruo de la Ley de Empleo Público: Hasta la Contraloría General de la República Crítica Fuertemente

La Contraloría General de la República (CGR) ha señalado de forma consistente y categórica los graves problemas, inconsistencias y errores en la implementación de esa disparatada ley de empleo público. En las conclusiones de del informe de la CGR se señalan los siguientes aspectos:

“3.1. MIDEPLAN y la DGSC en el marco de implementación de la LMEP, se han enfocado en temas relativos a la elaboración de propuestas para el reglamento de dicha Ley y la metodología para la implementación de la escala salarial global; lo cual puede limitar que los demás elementos señalados en los transitorios de la Ley, entre ellos, la plataforma integrada de empleo público, escala salarial global, sistemas automatizados de pagos, lineamientos y directrices, se concreten en el plazo y forma requeridos.

3.2. Al respecto, se evidenció que, en la hoja de ruta de implementación brindada, se establecieron acciones dirigidas únicamente a temas relacionados con la elaboración del reglamento, la metodología para la implementación de la escala salarial global y la plataforma integrada; las cuales presentaron atrasos en las fechas previstas y algunas no se han concretado a la fecha.

3.3. Además, MIDEPLAN no ha establecido mecanismos formales de coordinación necesarios para la implementación de la LMEP, lo que ha llevado a una falta de documentación y seguimiento de las discusiones y acuerdos entre las diferentes partes involucradas.

3.4. Lo anterior dificulta a esta Contraloría evidenciar e identificar los avances realizados por parte de MIDEPLAN en la preparación para la implementación de la LMEP.

3.5. Adicionalmente, se determinó que no se ha implementado una gestión de riesgos, que permita prever los potenciales riesgos que se podrían presentar en razón de los preparativos para la entrada en vigencia de la LMEP; en la cual, se establezcan controles específicos, así como la respectiva evaluación y análisis para su posterior valoración”. (Informe de Auditoría de Carácter Especial Sobre la Preparación Para la Implementación de la Ley de Empleo Público. 01 de marzo, 2023).

De ese informe es necesario e importante mencionar el aspecto relativo a que el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) no tienen ni han desarrollado los “sistemas automatizados de pagos” para el nuevo personal con salario global. De ahí que todos los nuevos empleados públicos contratados a partir del 10 de marzo, fecha en que comenzó a regir la ley de empleo público, el gobierno no les podrá pagar y podrían, eventualmente, pasar varios meses sin salarios, lo cual constituye un gravísimo problema y una violación flagrante de los derechos laborales de los nuevos empleados del sector público.

Unidad Sindical y Huelga General para Echar Abajo la Ley Marco de Empleo Público (LMEP)

El gobierno de Rodrigo Chaves ha convocado a un supuesto “diálogo” para realizar algunas reformas cosméticas, pero no de contenido, a la LMEP. De forma acertada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privado (ANEP) fue la primera organización sindical en rechazar su participación en esa pantomima de “diálogo” y ni siquiera asistió a la primera sesión de ese circo. Mientras que el día 20 de marzo diversas organizaciones (UNDECA, BUSSCO y otras) que asistieron a esa sesión, la abandonaron porque se dieron cuenta que el cacareado “diálogo” era una farsa. En realidad, la LMEP es como un monstruo que no admite modificaciones, sino únicamente su destrucción, mediante la movilización callejera.

De ahí que hacemos un llamado a todas las organizaciones sindicales sin distingo a que abandonen sus posiciones particulares y realicen una gran unidad nacional sindical en aras de la defensa de los intereses de todos los trabajadores del sector público, evitando que esa nefasta ley de empleo público se implemente en todos sus extremos nefastos en contra de los empleados públicos. Para alcanzar ese objetivo se hace necesario acordar la organización e impulso de una gran huelga nacional que eche abajo la aplicación de la anti obrera ley marco de empleo público (LMEP). No hay otro camino ni salida.

Las personas y organizaciones abajo firmantes, motivadas por los graves hechos que se están produciendo respecto a la negociación de un nuevo contrato con la empresa transnacional First Quantum Minerals (FQM), registrada en nuestro país como Minera Panamá, señalamos:

Panamá es un país cuyas características biofísicas (como el ser parte del Corredor Biológico Mesoamericano) lo hacen incompatible con la minería, una actividad económica cuya sostenibilidad es imposible, contrario a la propaganda de FQM. A su vez, el Istmo, según Cepal (2020), tiene un nivel “severo” de vulnerabilidad al cambio climático al año 2030. Durante todos los años de operar en el país, la empresa ha utilizado drásticos métodos extractivistas a cielo abierto, que han destruido centenares de hectáreas de bosque tropical en el distrito de Donoso, además de incurrir en más de 200 infracciones ambientales registradas, pese a lo cual continúa exigiendo aún más hectáreas cada año. A pesar de todo lo anterior, más del 50% del territorio istmeño permanece abierto a concesiones de exploración y explotación minera.

Si bien el aspecto económico es importante, es un error seguir centrándolo en el PIB, un indicador obsoleto e insuficiente, tanto para medir el bienestar de la población y tomar decisiones que den respuesta a sus necesidades, como para encarar una crisis climática que sigue sin discutirse en Panamá con la amplitud y seriedad que amerita.

Desde que inició operaciones, FQM ha violado la Constitución y las leyes del país de todas las formas posibles: su concesión no pasó por licitación y además viola el artículo 290 de la Constitución Política que prohíbe operar a empresas cuyos propietarios sean estados extranjeros, como es el caso de FQM, cuyas acciones están en un 60% en manos de China, Singapur y Corea del Sur.

Luego de aprobarse bajo dudosas circunstancias en la Asamblea Nacional, el contrato ley de FQM fue demandado inmediatamente, pero la Corte Suprema de Justicia tardó casi 20 años en emitir un fallo de inconstitucionalidad. El fallo fue emitido recién en 2017 (y ocultado por el gobierno de J.C. Varela), con lo cual la empresa se ha mantenido operando inconstitucionalmente. Lo anterior convierte a sus ganancias en un vil robo al país.

FQM no solo ha saqueado el cobre de Panamá, sino además oro, pagando migajas de 2% sobre enormes regalías de miles de millones de dólares, (en comparación con lo que pagan empresas similares y la misma empresa en otros países), mientras goza de otras grandes exoneraciones. Al mismo tiempo, se trata de una extracción que no genera verdadero bienestar (a largo plazo y con autonomía) para las poblaciones que dependen de los servicios ambientales proveídos por la rica biodiversidad de las zonas devastadas por FQM.

La multinacional FQM ha violado sistemáticamente el Código de Trabajo panameño, con métodos gansteriles y despidiendo incluso a una parte de la dirigencia sindical durante la pandemia de COVID-19. Al día de hoy, FQM se niega a acatar los fallos de los tribunales de trabajo que exigen sus reintegros.

FQM se ha convertido en un enclave minero al que las autoridades panameñas no pueden acceder sin autorización de los gerentes de la empresa, como si se tratara de un país extranjero o de la desaparecida Zona del Canal.

Desde la publicación del fallo de inconstitucionalidad, FQM simuló negociar un nuevo contrato, haciendo quedar en ridículo al presidente de la república, Laurentino Cortizo, ya que ahora la empresa se niega a firmar y descaradamente pide más concesiones onerosas en el territorio panameño.

Ante la burla de la negociación fingida, agravada por más de un año sin pagar regalías al país, a la vez que la empresa continúa extrayendo mineral, el gobierno de Cortizo tomó medidas laxas e inconsecuentes al decretar la suspensión de las operaciones comerciales, con la posterior apelación de la empresa para seguir como si no pasara nada.

Entendemos que la actuación tibia e inconsecuente del actual gobierno frente a FQM se debe a que está filtrado por personas relacionadas con el negocio minero, empezando por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, exabogado de Petaquilla Minerals, empresa que “traspasó los derechos” a FQM.

Por todas las consideraciones expuestas, las organizaciones ecologistas, gremiales, sindicales, populares, entre otras firmantes, EXIGIMOS del gobierno panameño:

Declarar la moratoria para nuevas concesiones en todo el territorio nacional, permitiendo al país salvaguardar el agua, los bosques y la vida silvestre, cuya protección es imperante ante la emergencia climática que vive el planeta y a la que el Istmo no es ajena.

Proceder a la nacionalización de la mina para hacer valer la Constitución Política, las leyes ambientales y laborales de Panamá frente a los abusos de esta multinacional. Lo anterior implicaría explorar la posibilidad de declarar improcedente una indemnización a la multinacional, tomando en cuenta el incalculable valor de los entornos naturales devastados en su beneficio y las exorbitantes ganancias obtenidas (y no gravadas) con un contrato inconstitucional por más de 5 años.

Un debate amplio y democrático que permita al pueblo panameño decidir cómo utilizar la renta post-nacionalización y cómo gestionar y mitigar los efectos del eventual cierre de la Mina. Planteamos estimular otras actividades económicas en armonía con la naturaleza y emplear políticas focalizadas en la situación de los trabajadores y de las comunidades, cuyo abandono sistemático ha servido a FQM para hacerlas dependientes del extractivismo. El eventual cierre total es ineludible si el país asume un verdadero compromiso de cara a la crisis ambiental global y sus efectos sobre el Istmo.

Panamá, 2 de febrero de 2023

Firman: Antónima, Polo Ciudadano, ASOPROF capítulo de la Universidad de Panamá, Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional (SITEN), Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá (CoSCiesPa), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Panamá), Movimiento Alternativa Socialista, Juventudes Revolucionarias de Panamá y Reforma Estudiantil.

Por Raúl Jiménez Lescas

No estaba en el Plan Sexenal (1934-1940) del presidente Lázaro Cárdenas del Río, tampoco en el programa del PRM (antecesor del PRI), es más, ni los comunistas del PCM lo proponían. No estaba en la agenda política del día ni del sexenio. Pero fue realidad el 18 de marzo de 1938, un año difícil no sólo para las compañías petroleras extranjeras en México, sino para el mundo: el dragón de la Segunda Guerra Mundial abrió el ojo.

Recuerda Tania Alemán Saavedra que hacia 1862 “… fue perforado en Tabasco el primer pozo petrolero por el ingeniero Antonio de Castillo. Fue durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo que se emitió un decreto en el cual se permitía la explotación del petróleo mexicano con la intervención y aprobación del gobierno. Las concesiones petroleras fueron otorgadas a particulares y el pueblo de ninguna manera se vio beneficiado.”

Como sabemos, el petróleo y la energía eléctrica son la base de la Segunda Revolución Industrial. Petroleros y electricistas se fueron organizando en sindicatos para defender sus derechos laborales, no sólo en México sino en todo el planeta. Durante el Porfiriato la industria petrolera estuvo en las manos de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, inglesas y holandesas. Su actividad petrolera rodeaba el Golfo de México (Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí). La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 27) no limitó sus funciones, pero tampoco respetaban el Artículo 123 que otorgó los derechos humanos laborales a los trabajadores.

Ya el plan sexenal (1934-1940) planteó la necesidad de “establecer los intereses nacionales sobre los extranjeros”, vislumbrando “el rescate de las riquezas del subsuelo mexicano que estaba en manos extranjeras.” Y la ley de expropiaciones fue aprobada en 1936 y en ella se estableció que “… el gobierno podía tomar cualquier propiedad si los intereses de la sociedad así lo requerían. Con esto fue adquirida la obligación de compensar al propietario en un plazo de máximo diez años.” (Saavedra, 2020).

El 15 de agosto de 1935 se formó el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con delegados de varias organizaciones de petroleros. El 1º de junio de 1936 inició el Primer Congreso del Sindicato de Petroleros, cuyo objetivo era exigir a las compañías extranjeras la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que les permitiera tener mejores condiciones de trabajo, pues estaban expuestos a la movilización de un campamento a otro, a viviendas inadecuadas, falta de vías de comunicación, carestía de productos, climas extremos, insalubridad, carencia de servicios médicos y falta de protección para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.” (Memoria, 2023).

El presidente Cárdenas apoyó a los petroleros, pero aconsejó “… dar un tiempo razonable y que se agotaran las vías legales para resolver la situación.” Mientras tanto, en Tulsa, Oklahoma, el ex presidente y ex maximato Plutarco Elías Calles (asilado en ese lugar), “… acusó al gobierno de Cárdenas de comunista, de que tenía el propósito de entregar a los trabajadores el manejo de las industrias, actividad para la cual no están capacitados los obreros. Luis N. Morones (ex líder de la CROM) había dicho antes que el gobierno mexicano y la Unión Soviética estaban aliados.” (Memoria, 2023). La lucha petrolera también abrió su primer ojo.

Una huelga petrolera de 10 meses

Lo contó Gustavo Corona Figuero, quien fue el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) durante la huelga petrolera iniciada en mayo de 1937. Su libro y memoria es una joya de aquellas jornadas por la defensa de los derechos laborales y la soberanía energética de México.

Tomó su pluma y escribió: “Cuando en junio de 1937 el licenciado Enrique Calderón me preguntó sí aceptaría el cargo de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje para conocer del conflicto de huelga que en contra de las empresas petroleras del país habían declarado sus trabajadores, nadie suponía, ni remotamente, que aquel conflicto obrero-patronal habría de culminar, meses después, en la expropiación de la industria.” (Corona, 1975).

Como sabemos, la huelga de los petroleros inició el 28 de mayo de 1937 y 10 meses y días desembocó en la epopeya cardenista de la expropiación y nacionalización de la industria petrolera. Expropiar, nacionalizar, nos recuerda Gustavo Corona se escribe fácil, se dice fácil, pero tiene enormes repercusiones nacionales e internacionales, ya que sólo la empresa extranjera El Águila representaba el 60% de la totalidad de la industria petrolera en México.

Enrique Calderón, por su parte, era el jefe de la Comisión de Estudios del presidente Cárdenas. Otros dos miembros destacados de la Comisión fueron Enrique González Aparicio y José Cantú Estrada, quienes ante lo prolongado de la huelga, formularon un Memorándum al Presidente sobre el conflicto obrero-patronal.

La polarización no resultaba fácil para una solución, pero el Comité de Huelga petrolero, decidió someterse al “arbitraje” de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que presidía León Orantes. Como asesor de los huelguistas, se contaba con Vicente Lombardo Toledano, secretario general de la CTM.

La propuesta presidencial, basada en el Memorándum de sus colaboradores y la aceptación tácita del sindicato de aceptar el “arbitraje” fue de levantar la huelga y volver al trabajo. Y, sin pelos en la lengua, les dijo al centenar de delegados sindicales, más o menos: «Les autorizo decir que les he pedido volver al trabajo. Asumo la responsabilidad de este acuerdo. Se les hará justicia’.

De Los Pinos (oficinas del Presidente) se trasladaron los paristas a la Universidad Obrera de México, que no estaba en San Ildefonso 72 como ahora, sino en la calle de Rosales. Ahí siguieron sesionando los petroleros. La huelga tenía más de 10 meses. Sesionó la Primera Gran Convención Extraordinaria, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Huelga de los petroleros. El ambiente, según los testigos, fue tenso, pero por mayoría decidieron levantar la huelga y someterse al “arbitrio” de la Junta Federal. Pasaban de la media noche y los delegados irían a sus centros laborales a comunicar la decisión.

Nada fácil para los delegados. En algunos lugares los rechazaron y acusaron de “vendidos”. En otros los debates fueron duros. No había sido una decisión fácil de tomar. Pero el presidente Cárdenas se los pidió y les prometió “se hará justicia”.

La representación sindical elaboró un texto guía para consultar a la base petrolera: 8 fueron los puntos redactados. Informaron que las empresas presentaron un Contrato Colectivo de Trabajo alternativo que los huelguistas rechazaron.

En medio de este conflicto, fue designado el michoacano Gustavo Corona Figueroa presidente de la JFCyA.

Los tribunales fallaron a favor de los trabajadores

Dice Doralicia Carmona en su Memoria Política de México: El 19 de febrero de 1937, la corte dio a conocer su fallo favorable en relación con las demandas de los trabajadores petroleros; sin embargo, pasaron seis meses y no hubo respuesta alguna a las demandas de los trabajadores por lo que decidieron ir a huelga. Las empresas petroleras se ampararon, trataron de desacreditar el movimiento y lo acusaron de obstaculizar la producción del energético. La huelga terminó el 9 de julio y fue nombrada una comisión para investigar si las compañías petroleras tenían la capacidad económica para satisfacer las demandas de los trabajadores. Lo que resultó fue la demostración de que las empresas petroleras no declaran honestamente el monto de sus ganancias y que el capital invertido había sido recuperado desde diez años antes, y pese a eso, los empresarios seguían negándose a satisfacer las demandas laborales.

La Suprema Corte de Justicia falló también en favor de los trabajadores nacionales; pero las empresas extranjeras se negaron a acatar dicho fallo. El 14 de marzo, la Junta de Conciliación y Arbitraje dio un plazo de 24 horas a las compañías petroleras inglesas y norteamericanas para que observaran la resolución que ordenaba el cumplimiento de las demandas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República sobre limitaciones al derecho de dirección y administración de las compañías, prestaciones sociales y económicas, y tabuladores de salarios. Las compañías desconocieron dicho laudo e iniciaron una campaña en contra de la autoridad del gobierno. Es en esta situación cuando se expide el presente decreto expropiatorio.

El decreto de Expropiación

El 18 de marzo de 1938, el presidente Cardenas expide un decreto en el que declara expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles necesarios para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera, propiedad de las empresas extranjeras Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of México, Compañía Mexicana el Aguila, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A., y Cacalilao, S.A.

Dispone que la Secretaría de la Economía Nacional proceda a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y que la Secretaría de Hacienda pague la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, en efectivo y a un plazo que no excederá de diez años.

La medida responde a la negativa de las empresas petroleras, dada su supuesta incapacidad económica, a aceptar un laudo que las condena a implantar nuevas condiciones de trabajo. Como se han roto las relaciones de trabajo y se hace inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera, el poder público interviene para impedir que se produzcan graves trastornos a la población y para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos.

Desde esa mañana todos los periódicos habían anunciado que a las 10 de la noche, el presidente enviaría un mensaje a la nación por las estaciones de radio y así fue: “El presidente, de pie frente a una gran mesa donde había dos micrófonos, sostenía en la mano izquierda un documento, esperando la señal convenida de antemano con un técnico en radiodifusión que, frente a él, escuchaba algo a través de unos grandes audífonos. La tensión iba en aumento, [...] el radiotécnico levantó con lentitud el brazo derecho y luego lo dejó caer rápidamente. El presidente comenzó entonces a leer y su voz, siempre clara y firme, sonó ligeramente más grave que de costumbre: ‘La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a observar el mandato de la justicia nacional...' en la breve relación de hechos el presidente dio cuenta del conflicto laboral y jurídico que el país y esas empresas han sostenido. ‘Las compañías petroleras... se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil… y lesionar seriamente los intereses económicos de la nación...' la difamación, la desobediencia, el desafío de esas empresas cobraron su verdadera dimensión en la palabra enérgica del presidente ‘Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor...' [...] cuando el mensaje presidencia concluyó, en los barrios citadinos la gente se echó a la calle e improvisó grandes jolgorios [...] en los campos petroleros de Tampico y Veracruz, los obreros tomaron las instalaciones y organizaron, sobre la marcha, comisiones de administración y vigilancia”.

Culminaban así las fricciones con las empresas extranjeras dedicadas a la explotación de los recursos naturales de México a raíz de la promulgación de la Constitución de 1917. En el caso de esta industria, los petroleros emprendieron toda clase de acciones para evitar su aplicación y los obreros mexicanos eran discriminados en los pagos en relación con los trabajadores extranjeros, quienes ganaban más en igualdad de circunstancias.

El 19 de marzo, se estableció el Consejo de Administración del Petróleo y el 7 de julio siguiente, se creará Petróleos Mexicanos para concentrar las propiedades y actividades de la industria petrolera. El 19 de noviembre de 1940 se reformará la Constitución para prohibir las concesiones. Finalmente, se vencerá la resistencia y el bloqueo de las potencias afectadas y durante la Segunda Guerra Mundial proveerá PEMEX de petróleo a los aliados.

Por Evelyn Ajpop López y Manuela Castro

Escribimos estas líneas desde Santa Cruz del Quiché, en donde el 31 de enero del presente año se conmemoró en un acto público la Matanza de la embajada de España del 31 de enero de 1980. En el parque central, mujeres ajq’ij ofrendaron una ceremonia maya por los hermanos campesinos, en su mayoría originarios del departamento del Quiché, que ocuparon pacíficamente la Embajada española, con la manta: «Ejército asesino fuera del Quiché» y como respuesta fueron quemados vivos junto a estudiantes del Frente Estudiantil Revolucionario Robín García, FERG.

Asimismo, se colocaron imágenes de hemeroteca y fotografías de campesinos que venían de Uspantán y la región Ixil, que junto a la primera generación de lideres y lideresas del Comité de Unidad Campesina del sur de Quiché, acompañaron esta toma pacifica, en los momentos más álgidos de la guerra. En honor a ellos, las fotografías fueron ornamentadas con claveles rojos, pino verde y se colocó la consigna: ¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE JAMÁS SE OLVIDA!

Esta actividad fue promovida en el marco de la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché —ADMQ—. Frente al edifico conocido como Torre de Gobernación, símbolo del triunfo del Estado finquero en la cabecera municipal, una torre de piedra, poco creativa y copiada de la arquitectura occidental. Fue inaugurada «con motivo del segundo aniversario de la toma de posesión del presidente José María Reina Barrios, en 1894», construida con piedras extraída de Q’umarkaj, después de su destrucción y de la «cantera que existió en el caserío de Xesic» [1]. En este sitio, María Toj Medrano, originaria de Xesic, realizó una reseña histórica, donde recordó a su compañero de trabajo Mateo López Calvo, de Cucabaj, «como formador de formadores» en los inicios del Comité de Unidad Campesina, CUC, que sale a luz pública el 15 de abril de 1978 [2].

En febrero de 1980, tan sólo dos semanas después de la Quema de la embajada de España, surgieron dos acontecimientos emblemáticos de la rebelión indígena: La Declaración de Iximché y la Huelga de «miles de machetes en alto como banderas» de la Costa Sur [3]. Estos tres acontecimientos: Quema de la embajada, Declaración de Iximché y Huelga de la Costa Sur, interrelacionados, sostenían demandas claras y contundentes contra los gobernantes dictatoriales y los «ricachones» de Guatemala.

La ADMQ, a través de su programa radial Chujk’astajoq («El despertar del pueblo», en castellano), profundizó estos acontecimientos y sus lecciones en presente. En el primer programa participo María Toj Medrano, y en el segundo Sergio Palencia Frener [4]. En estos dos programas se planteó una solución de continuidad que explica los momentos de rebelión y porqué el departamento de Quiché tuviera la carga más alta de represión del Estado contrainsurgente durante la guerra civil en Guatemala [1960-1996].

Sergio Palencia plantea que los 36 años de guerra no fueron homogéneos, y que en el año de 1980 «se cuestiona el orden finquero». Esta reorganización estatal, surge 100 años antes de estos tres acontecimientos, con la imposición a sangre y fuego de las Reformas Liberales de 1871. Con ello se estructura el Ejército y se legisla para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras (comunales y ejidales), en el Altiplano, Costa Sur y la Boca Costa. Despojados de sus tierras son coaccionados como fuerza de trabajo destinada al circuito económico de la producción del café, luego al algodón y las plantaciones de banano.

Paralelamente, las reformas liberales construyeron el Estado-nación, la guatemaltequidad, esa forma en que nos imaginamos la nación hoy en día, con sus símbolos patrios, la bandera y sus monumentos. Como señalamos, la Torre de Gobernación de Santa Cruz del Quiché, se inaugura durante el gobierno de José María Reina Barrios, también durante su gobierno se inaugura la Avenida Reforma, una avenida que conmemora el triunfo liberal y el sometimiento de las comunidades indígenas.

El general Reina Barrios cuenta con su estatua ecuestre, cueste lo que cueste, porque la creación de la Avenida Reforma conllevó una crisis económica en el país. Esta estatua, símbolo del caudillismo y del Estado finquero, fue cercenada por la indignación popular, en otra conmemoración, la del 12 de octubre de 2021, que celebra la llegada de Cristóbal Colon al continente americano.  En su editorial del 3 de marzo de 2023, elPeriódico, señaló como «actos vandálicos» y «movidos por la ignorancia y la ceguera ideológica» esta indignación, reproduciendo una actitud racista e insultante hacia los pueblos indígenas, al señalarlos de ignorantes de su propia historia.

Sin embargo, la «Declaración de Iximché», escrita desde la antigua ciudad maya de Iximché, hace un recorrido por los agravios desde la llegada de Cristóbal Colon hasta la Matanza de la embajada de España, manifestando una profunda autoconciencia de los pueblos indígenas sobre su propia historia, que les permite no permanecer en silencio ante el uso brutal del terror estatal. La Declaración de Iximché es una crítica contra la finca y su sistema de dominación; señala la contradicción que supone que los indígenas del Altiplano viajasen hacía la Costa Sur en busca de mejorar sus condiciones de vida y regresaban con deudas.

María Toj Medrano comentó en el programa radial que una esperanza ante el orden finquero y la posibilidad de recuperar sus tierras ancestrales se vio con la aparición de la Reforma Agraria arbencista, pero esta esperanza murió con la contrarrevolución de 1954. Además de que los caudillos locales, Casimiro Gutiérrez Blanco, en el caso de Santa Cruz del Quiché, entorpecieron este proceso con artilugios legales o imponiendo a otros campesinos a disputar las mismas tierras. Fue el Decreto 900, lo que «le costó la salida al presidente Jacobo Árbenz», en opinión de María Toj Medrano.

Para los obreros agroindustriales y el campesino con poca o nula tierra, era latente que, a mayor enriquecimiento de las fincas, mayor pobreza los históricamente desposeídos. Es en este contexto que emergen las primeras protestas en la Costa Sur y el Altiplano, como la Huelga del Ingenio Pantaleón (mayo de 1976) o la marcha de los mineros de Ixtlahuacán (noviembre de 1977), entre otras. La singularidad de la gran Huelga de la Costa Sur es la capacidad de articulación entre las distintas modalidades de trabajo y fincas. Primero se detienen pocos rabajadores del corte de caña, luego llegan a 700 los que acuerpan al primer grupo. Después «el fuego se corre, como corre en la caña seca» a otras fincas. Y los que están en paro toman las carreteras para que no pase la caña de otras fincas, hasta paralizar más fincas, ahora también de café y algodón, estableciendo no únicamente una alianza entre las modalidades existentes de trabajo, sino la alianza obrera-campesina.

Lo cual nos deja importantes lecciones sobre la articulación. María Toj Medrano; señala que, ante el paso de una represión selectiva a una represión más generalizada, «lo que nos quedaba era la unidad y solidaridad», por se organizó la toma pacifica de la Embajada de España, pensando que, siendo una entidad internacional, el Estado no sería capaz de hacer lo que hacía en el interior del Quiché y para que los pueblos del mundo se solidarizarán con la causa: «Los compañeros iban preparados para varios días, con el objetivo de solicitar una comisión internacional que fuera a verificar lo que estaba sucediendo en el norte del Quiché, como dice la consigna íbamos tras la vida».

Cabe destacar que durante los años setenta se incrementa la organización social y las alianzas entre trabajadores rurales, urbanos y estudiantes organizados; marcando una tendencia insurreccional con las movilizaciones revolucionarias en toda Centroamérica, contra regímenes represivos y dictatoriales. Actualmente, 43 años después, el neoliberalismo ha generado un modelo basado en salarios bajos, sin prestaciones laborales, en informalidad, subempleo y desempleo para toda la clase trabajadora sin importar su origen étnico.

Las conmemoraciones, buscan contribuir en la comprensión de los acontecimientos históricos de Guatemala. Como mencionaba la canción en esos momentos: «en el pueblo del Quiché se está librando la guerra, en defensa de la tierra y el pan para no morir» [6] y ahora también, en defensa de la memoria histórica. De esta manera, acontecimientos que se mantienen en una memoria subterránea, cada vez más ocupan espacios en debates públicos locales.

Estas conmemoraciones públicas incorporan «el orgullo de haber tenido la valentía de enfrentar a los ricos y su estado racista y discriminador» [7], gracias a que comienza a surgir debates sobre memoria local y por los testimonios que reivindican la participación indígena consciente y activa. Con ello se van refutando las versiones académicas de «los dos fuegos» [8] o de indígenas manipulados, apolíticos e ignorantes. Esto mantiene viva la memoria y el diálogo respecto a conmemoraciones que hasta ahora se han centralizado en la ciudad de Guatemala. Naturalmente irán surgiendo nuevas preguntas y replanteamientos de las generaciones venideras de Santa Cruz del Quiché, que demandan respuestas a estas inquietudes y buscan reflexionar sobre estas experiencias para construir un mejor futuro.

Notas:

1. Cfr: https://www.sicultura.gob.gt/directory-directorio_c/listing/torre-de-piedra/. La Torre de gobernación fue decretada Patrimonio Cultural, según resolución No. AJ 102-2007. La estatua del presidente Reina Barrios fue derribada el 12 de octubre de 2021, en la ciudad capital.

2. La reseña fue transmita vía Facebook Live y puede verse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/CUCquiche/videos/496769105945764

3. La imagen de miles de machetes en altos como banderas es de Cindy Foster. Forster, C. (2011). «‘Miles de machetes en alto’: Las luchas campesinas de la costa sur en el surgimiento de la revolución guatemalteca, 1970–1980». En: Guatemala, la infinita historia de las resistencias, 573-613.

4. Ambos programas pueden verse en los siguientes enlaces. «A 43 años de la masacre en la Embajada de España». (facebook.com/100085349205168/videos/551372106954004).

5. Editorial: «libre el acusado de decapitar a Reyna Barrios» (sic). Diario elPeriódico, 3 de marzo de 2023. Resulta curioso y contradictoria esta postura, sobre todo, ante sus actuales demandas de libertar de prensa ante el caso del periodista Rubén Zamora.

6. Canción «Pueblo Quiché», de Kin Lalat.

7. Véase el comunicado por el «Día de la dignificación de las víctimas de la guerra», publicado por la comunidad Primavera del Ixcán. 25 de febrero de 2023.

8. Fundamentales en la obra Yvon Le Bot y David Stoll, pero normalizadas por la prensa derechistas y los aparatos ideológicos del Estado.

Por Ernestina Tobar

Al iniciar el mes de marzo se ha dado una nueva escalada en las protestas de las organizaciones populares peruanas contra el gobierno golpista de Dina Boluarte.

Las nuevas movilizaciones

Desde finales de febrero, pobladores de diversas comunidades aymaras de Puno iniciaron el viaje en buses hacia la capital, para una marcha masiva a realizarse el 1 de marzo, denominada la “Segunda Oleada de la Toma de Lima”, en referencia a la primera toma ocurrida en enero; los transportistas de carga pesada anunciaron que pararían sus actividades a partir del 2 de marzo. La región de Puno ha sido la única en que los pobladores mantuvieron los bloqueos de vías de comunicación como acción de protesta contra el gobierno, durante el período de repliegue de las luchas en febrero, y muchos de los muertos producto de la represión policial son originarios de esta región.

En Puno, 16 puntos de las carreteras han sido bloqueados. En cuanto a los transportistas, también están exigiendo la renuncia inmediata de Boluarte, a la que consideran responsable de la actual crisis política en el país y las pérdidas económicas que afectan el sector.

El 2 de marzo miles de campesinos aymaras se desplegaron en Lima en las calles de Cercado de Lima, Santa Anita y La Molina. La policía disparó gases y balas de goma contra la multitud, sin importar que hubiera mujeres con niños cargados en sus espaldas. Desde que iniciaron las marchas hacia la capital, en un recorrido de unos 1,200 kms., las columnas fueron hostigadas por las fuerzas represivas; un contingente de pobladores quechuas de Azángaro fueron detenidos 12 veces en promedio por la policía en su trayecto hacia la capital.

Para el 3 de marzo, miles de manifestantes habían llegado desde diferentes regiones del país para sumarse a las marchas, demandando el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones y la renuncia de Boluarte, entre otras peticiones. En el interior, varios tramos de la Carretera Central fueron bloqueados, pero la Policía Nacional del Perú logró liberarlos, y en varias regiones se dieron manifestaciones;

Al igual que lo han hecho desde el inicio de las protestas en diciembre, las fuerzas represivas atacaron las manifestaciones con bombas lacrimógenas y balas de goma. En la ciudad andina de Juli, en la región de Puno, 16 personas resultaron heridas el sábado 4, como resultado de enfrentamientos entre manifestantes y policías, incluyendo a un menor de 13 años intoxicado por los gases lacrimógenos; entre los heridos hay seis miembros de los cuerpos represivos. Al parecer los manifestantes atacaron y quemaron las instalaciones de la comisaría de la policía en esa localidad. Otro grupo de pobladores intentó atacar una base naval a orillas del lago Titicaca, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos por el personal militar. Desde el inicio de las movilizaciones en diciembre, la represión ha provocado unos 70 manifestantes muertos y cientos de heridos.

En otro incidente, el domingo 5 un soldado murió ahogado y cinco fueron reportados desaparecidos el atravesar un río cuanto intentaban huir de un grupo de manifestantes en Puno.

Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 90% de los peruanos desaprueba al actual Congreso, y el 77% rechaza a la presidenta Boluarte.

El gobierno de Boluarte con dificultades a nivel internacional

El régimen golpista y represivo de Dina Boluarte no las tiene todas consigo en el ámbito internacional, a pesar de que algunos gobiernos latinoamericanos, como el de Lula en Brasil, no le han dado su desaprobación. El 24 de febrero la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU envió una comunicación al gobierno para que en un plazo de 60 días responda sobre diversas alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza durante las protestas ocurridas desde diciembre después del desalojo del expresidente Pedro Castillo. La carta fue firmada por la jefa de la subdivisión de procedimientos especiales Beatriz Balbín y varios relatores especiales.

En la misiva, la ONU hace referencia a que el uso excesivo de la fuerza ha provocado un número elevado de muertes ilícitas, la utilización abusiva de tipos penales de terrorismo contra manifestantes, detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada y violación al debido proceso contra los manifestantes; también la violación a los derechos humanos de pobladores indígenas, un incremento en la violencia de las manifestaciones, el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de abogados o fiscales, agresión contra periodistas y acusaciones abusivas contra manifestantes. Los relatores resaltan los enfrentamientos en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre del 2022 con 6 fallecidos, en Ayacucho el 15 de diciembre con 10 civiles muertos, y los de Juliaca con 19 muertos el 9 de enero.

Como dijimos, la ONU pide que el gobierno de Boluarte responda en un plazo de 60 días a las alegaciones, y que si han sucedido esos excesos, que se haga lo posible por evitar que se repitan. “A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y la libertad de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas” (Diario El Comercio 01/03/2023).

Crisis diplomática con México y Colombia

Dos gobiernos que abiertamente han respaldado al expresidente Castillo han sido los de López Obrador en México y Gustavo Petro en Colombia.

La presidenta Boluarte decidió retirar de forma definitiva a su embajador en México tras declaraciones de López Obrador defendiendo a Castillo, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. La mandataria peruana expresó que rechaza “enérgicamente las expresiones formuladas por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y sus inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi Gobierno”, acusando a López Obrador de “apoyar el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo” y de injerencia en los asuntos internos de Perú (El País 27/02/2023). Éste replicó afirmando que la destitución de Castillo “fue una farsa porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo”, además catalogó al gobierno peruano de ser “de facto … autoritario y represor”, y señaló al Congreso de Perú de responder a los intereses de los grandes capitales y de empresas extranjeras (Ídem).

En la segunda semana de febrero, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante un discurso pronunciado en la toma de posesión de nuevos embajadores en Colombia, expresó que “en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, después de la difusión de imágenes de miles de policías peruanos marchando en el centro de Lima para reprimir las protestas contra el gobierno.

En respuesta, el Congreso peruano, con 72 votos a favor, aprobó una moción que propone “expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro” que constituyen “una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú”; los congresistas también declararon a Petro persona non grata (CNN español 17/02/2023).

La crisis política afecta el desempeño económico

La situación política y social por la que atraviesa Perú está afectando la economía, que podría afrontar una recesión económica. Varias regiones del país registraron un menor crecimiento económico durante el cuarto trimestre de 2022, con respecto a los otros tres trimestres. Estas regiones son Tacna, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Piura y Amazonas. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señaló que los bloqueos de carreteras y la paralización de algunas actividades económicas han impactado el crecimiento de la economía en el último trimestre del año 2022 e inicios del presente año. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la economía peruana creció un 1.7% en el último trimestre de 2022, un valor menor al de los primeros tres trimestres; el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año fue del 2.7%, con la desaceleración ya señalada en los últimos tres meses del año (Redacción Gestión 28/02/2023).

Algunas de las regiones mencionadas ya presentaban niveles de crecimiento negativos en el tercer trimestre, y la actual crisis hace aún más difícil una recuperación. Esto añade elementos al descontento contra el gobierno que está alimentando las movilizaciones populares. Detrás del reclamo de la renuncia de Boluarte y el Congreso, claramente se encuentra el descontento por una situación social de pobreza y desigualdades que viene desde décadas, y que la expectativa de crecimiento del PIB para 2023 (entre 2.3y 3%) será incapaz de solucionar.  

Si la crisis continúa sin solución durante los próximos meses, el resultado será menor inversión privada, el freno de los proyectos del gobierno, y mayor nivel de inflación.  

Las movilizaciones iniciadas en diciembre han sido las más masivas de los últimos 30 años, y como dijimos, más allá del cuestionamiento del gobierno de Boluarte, en el trasfondo está el cuestionamiento a una situación de precarización, miseria, racismo y predominio de los intereses del capital nacional y extranjero.

Una profundización y radicalización de las protestas, que lleve a la caída del gobierno golpista dependerá de varios factores. En primer lugar, de la participación decidida de la clase trabajadora y sus organizaciones, lo que dependerá de la actitud que tome la burocracia sindical, para pasar de luchas parciales tener un papel dirigente a la par de campesinos, indígenas, estudiantes y jóvenes precarizados; es vital también la construcción de un espacio de coordinación y toma de decisiones que sea a la vez centralizado y democrático, que defina un plan de lucha que incluya a todos los sectores; la extensión del movimiento a la totalidad del país más allá de las regiones del sur; la preparación de una huelga general política que sea organizada de forma democrática a partir de los centros de trabajo y comunidades, que se centre en el reclamo de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que no se someta a las instituciones del régimen del 93, y legisle a favor del pueblo trabajador.

Por R. Ibarra

Los trabajadores ferroviarios pueden representar la situación y las reivindicaciones del conjunto de la clase obrera de los Estados Unidos. En varios sectores se desarrollan acciones separadas sin que las confederaciones AFL-CIO, SEIU, ni grandes federaciones sindicales llamen a unir fuerzas para ir hacia una huelga general. 

Lo ferroviarios no tienen derecho de huelga, porque lo suprimió la ley ‘Taft-Hartley’ de 1947. Esta vez el gobierno Biden y ambas cámaras del Congreso han esgrimido esa ley para descarrilar el intento de los trabajadores de ir a la huelga como instrumento de lucha por un convenio laboral justo. 

La ley permite que las empresas sustituyan trabajadores en huelga por esquiroles, que despidan a los huelguistas, y amenaza con cárcel, grandes multas y despidos. Es el poder del Estado contra la huelga. 

Los patronos, el gobierno Biden y el Congreso alegan que la huelga ferroviaria en esta coyuntura histórica llevaría al colapso todo el sistema. El enfrentamiento del Estado con estos trabajadores repercutirá en el próximo periodo político hasta las elecciones presidenciales del 2024. Es un hecho trascendental. 

El sistema ferroviario de los Estados Unidos está en el corazón de la cadena de suministros al mercado. Aproximadamente el 30% de la carga se mueve por ferrocarril, y la Asociación de Ferrocarriles estadounidenses estima que una huelga ferroviaria nacional causaría más de dos mil millones de pérdidas al día. 

Las empresas ferroviarias obtuvieron 21.000 millones en ganancias en los primeros 9 meses de 2022. Ahora bien, costear el seguro de enfermedad durante 7 días a los trabajadores costaría al sector 321 millones de dólares al año. Es solo el 1,5% de esas ganancias. El problema, por lo tanto, no reside en la reivindicación misma, el propósito de los patronos es diezmar la fuerza del movimiento sindical en el conjunto de la clase obrera. La huelga no es cualquier huelga. 

Lo que distingue la situación actual es la crisis general del sistema y la potente clase obrera estadounidense entra en acción exigiendo a su organización sindical la lucha para evitar el desastre. 

Por otro lado, la huelga se realizaría en una coyuntura en la cual se juntan todas la crisis: crisis económica, con el choque profundo de la guerra comercial con China, que presiona constantemente con el aumento de la inflación y la posible recesión; crisis social derivada de la crisis económica; y crisis del sistema político e institucional que se ha revelado en las elecciones de mitad de legislatura de 2022.

Hay que poner de relieve que la pobreza generada por la situación económica ha producido la descomposición social, el aumento desmesurado del crimen y el fenómeno de comunidades de mendigos sin techo en las calles y parques de las principales ciudades.

Un movimiento nuevo que viene desde abajo 

En esta situación, hemos visto el desarrollo de un movimiento en el seno de la clase trabajadora, presionando por organizar sindicatos en sus lugares de trabajo, algo más generalizado de lo que se piensa, sea en Amazon, Starbucks o en los servicios de comida rápida, por poner solo algunos ejemplos. 

La tendencia a la baja en la organización sindical dominante durante décadas parece sufrir un cambio, para volver a subir, presionando a la cúpula sindical, hasta ahora implicada en la política oficial del Partido Demócrata.

Desde otro ángulo, podemos afirmar que la coyuntura actual se distingue del movimiento espontáneo Ocupa Wall Street, y también del movimiento contra la brutalidad policial Black Lives Matter, en las cuales la juventud y las comunidades oprimidas (las clases populares en los Estados Unidos) expresan su odio al sistema que los oprime y los mantiene en la pobreza. 

Además, en la actualidad más del 70% de la población apoya a los sindicatos, una aceptación no vista en muchas décadas, cuando los sindicatos eran culpados del desempleo generado por la desindustrialización / deslocalización de la industria y masificación de industrias en zonas francas en países con mano de obra barata. 

La clase obrera está en movimiento, levantándose por sus derechos contra los grandes partidos del sistema. Pero ese despertar de la clase obrera representa la mayor amenaza para la frágil estabilidad del sistema. 

El sindicato Railroad Workers United (RWU) está en lucha por reivindicaciones desde enero de 2022 cuando tomaron la decisión de ir a la huelga y se ha visto confrontado con el Partido Republicano y con el Partido Demócrata. Al fin, el 2 de diciembre ambos partidos se unificaron tras la patronal contra los intereses que el sindicato reclama. En una declaración el sindicato afirma: 

 “Los demócratas, luego los republicanos castigan a los trabajadores ferroviarios. Railroad Workers United (RWU) considera despreciable, pero no sorprendente, que ambos partidos políticos optasen ayer por ponerse del lado de las grandes empresas contra los trabajadores, votando en contra de los intereses de los trabajadores ferroviarios, no una, sino dos veces, en cuestión de horas. Sufrimos un doble golpe a manos de, primero, el Partido Demócrata; el segundo de los republicanos. En primer lugar, respondiendo a los deseos del presidente Biden y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la Cámara votó a favor de un contrato contra el que habían votado la mayoría de los trabajadores ferroviarios de carga de EE. UU. El Senado rápidamente hizo lo mismo. Sus acciones simplemente anularon nuestras voces y deseos. Los trabajadores ferroviarios, como todos los trabajadores, deberían tener derecho a negociar colectivamente y participar libremente en actividades de huelga si los miembros lo consideran oportuno y cuando así lo deciden democráticamente. Pocas horas después de que la votación del Senado sellara nuestro destino el jueves por la tarde, sufriríamos una segunda derrota, esta vez a manos del otro partido de las grandes empresas, el Partido Republicano.”

Así que, pocas semanas después de las elecciones de mitad de legislatura (8 de noviembre) en las cuales afloraron todas las contradicciones entre republicanos y demócratas, súbitamente se unificaron en la Cámara baja para legislar en favor de los patronos ferroviarios contra los sindicatos, bajo la presión de los empresarios que dictaron su orientación al poder ejecutivo y al poder legislativo contra la huelga ferroviaria. Una maniobra parlamentaria burló los intentos del caucus progresista de apoyo a los sindicatos ferroviarios.

Los estrategas del Partido Demócrata maniobraron contra el caucus progresista que exigió la aprobación de una provisión que concedía 7 días pagados por enfermedad, aceptándolo, pero en una ley separada de la principal, lo que convierte la huelga en ilegal. 

Cuando ambas propuestas de ley llegaron al plenario del Senado, pasó la ley que prohíbe la huelga, pero no la otra, que obligaba a los patrones a pagar los 7 días por enfermedad. Ese punto fue lo que sirvió de detonante de la situación en el parlamento, aunque hay muchas reivindicaciones más en la propuesta del convenio colectivo en discusión.

La huelga planteada desde enero de 2022, está planeada para el 9 de diciembre, los trabajadores no han dado su última palabra. La ley significa que la huelga es ilegal, y el gobierno podría incluso militarizar todo el sistema. La confrontación entre los patronos a los que sigue el gobierno Biden, sometiendo al Congreso contra los trabajadores exige la más amplia unidad del conjunto de los trabajadores en lucha, incluyendo a los trabajadores no sindicados, los trabajadores desempleados y las comunidades pobres y oprimidas. 

Es un desafío a los dirigentes de las confederaciones AFL-CIO / SEIU y demás sindicatos. Y es también un desafío al conjunto del caucus progresista del Congreso. 

Por Nicolas Lebrun

Se abre una nueva etapa en la lucha de los trabajadores y las masas francesas. Luego de masivas movilizaciones a lo largo y ancho del territorio, la determinación de las masas no ha decaído. Durante cada una de estas jornadas de huelga y movilización millones de personas se sumaron.

Después del anuncio de la utilización del 49.3, una forma de decreto presidencial para hacer pasar las leyes sin necesidad del voto de la Asamblea nacional, una ola de movilizaciones espontáneas se ha propagado en casi todas las ciudades. Los estudiantes de los colegios y universidades, así como de trabajadores de todos los sectores se han lanzado a la calle. La represión de los abyectos CRS no ha podido hacerlos retroceder. Los llamados a continuar estas manifestaciones pululan en las redes sociales y cada vez más personas se suman.

Las refinerías del país se encuentran paralizadas y el suministro de combustibles en las estaciones de servicio se hace cada vez más raro.

“La huelga se endurece en las refinerías y muchas estaciones francesas están secas por primera vez desde el inicio del conflicto, principalmente en el sureste donde las prefecturas de Vaucluse y Gard han decidido limitar las ventas. "Ya no sale ningún producto en este momento" de todas las refinerías de Francia, ya sea de las seis refinerías convencionales o de la biorrefinería La Mède (Bouches-du-Rhône), dijo este lunes a la AFP Eric Sellini, diputado nacional electo. de la CGT Chimie. Los envíos de combustible a los depósitos que abastecen a las estaciones de servicio ya estaban bloqueados este fin de semana en la mayoría de las refinerías. Desde el lunes, la refinería de TotalEnergies en Feyzin (Ródano) y la de Esso-ExxonMobil en Fos-sur-Mer han vuelto a suspender los envíos, según informa la CGT, lo que confirma la dirección de los dos grupos. "Hasta el jueves por la noche, no habrá salida de combustible, ya sea por vagones o camiones", dijo Lionel Arbiol, delegado de la CGT en la refinería Esso-ExxonMobil en Fos-sur-Mer.” (France 24)

Macron el gobierno de Elizabet Borne fragilizados

Después del anuncio este fin de semana de la utilización del 49-3, dos votos de censura fueron votados en el senado. Uno de ellos propuesto por el RN y otro por una coalición centrista. Este último fue el que puso contra las cuerdas al gobierno. Con escasos nueve votos de diferencia, la moción fue rechazada. A pesar del resultado este voto pone en evidencia la tendencia que se manifestó en las pasadas elecciones presidenciales y para la asamblea. Macron pude elegirse con un porcentaje bajo del total del padrón electoral, mientras que, en la asamblea, luego de tener una mayoría arrolladora durante la primera legislatura, en esta segunda, su agrupación no pudo alcanzar la mayoría.

La macronie pierde terreno a pasos agigantados y la brecha entre el gobierno de los millonarios y el pueblo trabajador se hace cada vez más grande. Durante el primer periodo, la crisis de los chalecos amarillos fue la antesala de todo el descontento provocado por el empobrecimiento creciente de los trabajadores y el pueblo. Las huelgas que estallaron de diferentes sectores fueron derrotadas o aplacadas por una serie de circunstancias. Por un lado, la feroz represión del gobierno y por otro lado la falta de consecuencia de las direcciones sindicales que se negaron a profundizar las movilizaciones y a lanzar la huelga general indefinida.

Pese a contar con la venia de las grandes cadenas privadas y estatales de comunicación para presentar el nefasto proyecto, las contradicciones, mentiras y otros bulos, todos estos no fueron suficientes para convencer. Todo lo contrario, cada intervención de los ministros del gobierno creó fuertes reacciones e hicieron el efecto contrario, pusieron más leña al fuego.

El movimiento se radicaliza

Para muestra un botón. Laurent Berger, secretario general de la CFDT, central sindical amarilla declaró “lamenta "la elección hecha" por el gobierno "de dejar la calle no a la responsabilidad, sino al radicalismo”

La preocupación también es compartida por el secretario general del CGT, Philippe Martinez, más preocupado por contener el movimiento que por llamar a la huelga general indefinida.

“Habíamos alertado al presidente de la República… Emmanuel Macron fue alertado sobre el riesgo de protestas si usaba el 49.3 para que se aprobara la reforma de pensiones sin votación…En una carta en la que solicitamos ser recibidos, evocamos en blanco y negro una situación explosiva. Nadie puede decirnos o replicar que no alertamos al presidente", continuó Philippe Martínez. Emmanuel Macron había respondido por escrito al correo de los sindicatos que la reforma era necesaria pero que "no subestimaba el descontento». (La Depêche)

Es claro que la burocracia sindical está siendo en este momento desbordada por la radicalidad de la base y estos personajes hubiesen preferido pactar algo antes que el proceso se les saliera de las manos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos todo nuestro apoyo al movimiento de masas francés. Creemos que una victoria sería un puntillazo para los planes de austeridad del gobierno de Macron y de las huestes de la Comisión Europea. No sin antes advertir que creemos que todo esta energía tiene que ser la antesala para votar una huelga general indefinida hasta que el gobierno entierre la reforma de pensiones.

Por Armando Sosa

Después de ser reelegido en octubre del año pasado como secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping viene de ser reelecto como presidente de la República Popular por un nuevo periodo. Esto fue posible por la modificación de la constitución en el año 2018, que impedía sobrepasar dos periodos en el puesto. La Asamblea Popular, órgano subordinado al Comité Central del PCC, lo votó a la unanimidad, siendo el primer secretario general en concentrar un poder similar desde la muerte de Mao Zedong. Además, se garantiza un tres en uno al presidir también la Comisión Militar Central, máximo órgano castrense del país, lo que acentúa sus súper poderes.

China, el principal enemigo del imperialismo yanqui

La burguesía yanqui viene machacando desde hace tiempo sobre el peligro que representa China para sus intereses en todos los ámbitos.

Ante esta amenaza por parte de la burguesía yanqui, la nueva burguesía china cuenta con la figura de Xi como nuevo Bonaparte. Dentro del nuevo contexto mundial, China se ha erigido como una gran super potencia económica y militar.

“La economía de la República Popular China podría superar a la de Estados Unidos en 2035, de acuerdo con las proyecciones a largo plazo de la institución financiera global Goldman Sachs Group, que incluyen a 104 países y abarcan un período comprendido desde hoy hasta el año 2075.

Por lo que ha predicho Goldman Sachs en su reporte “The Path to 2075: Slower Global Growth, But Convergence Remains Intact”, China ya ha cerrado la brecha de su Producto Interno Bruto (PIB) respecto al de Estados Unidos, pues este pasó de equivaler un 12% de nuestro PIB en 2000 a casi un 80% en 2021.

Además, el crecimiento potencial de China permanece -según las cifras oficiales que ofrece el régimen asiático- significativamente más alto que el de nuestra nación, con una estimación del 4,0% contra el 1,9%, respectivamente para el período de 2024 a 2029. Sin dejar de mencionar que la sobrevaluación real del dólar frente al yuan chino debe revertirse -indican pronósticos- en los próximos 10 a 15 años.” (Diario de las Américas)

En el terreno militar, las cosas se presentan, si bien todavía con enormes diferencias con respecto al rival yanqui, pero las intenciones de la ANP en el recién terminado congreso, apuntan a intensificar los gastos en este rubro.

“China aumentará el gasto militar en más de un 7% este año, al tiempo que advierte sobre amenazas "que no paran de crecer".

El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional (APN), un organismo que confirma las decisiones el Partido Comunista Chino gobernante, y que en esta ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping.

El presupuesto militar de Pekín, que se sitúa alrededor de US$225.000 millones, no sobrepasa aún al de Estados Unidos, que es cuatro veces mayor.

Pero los analistas creen que China minimiza la cifra total de cuánto gasta en defensa.

El primer ministro saliente, Li Keqiang, dijo a la APN que "están aumentando los intentos externos de reprimir y contener a China".(BBC.com)

China y otros países denominados como economías emergentes, como la India, Rusia, son países que han desarrollado a un desarrollo capitalista a gran velocidad en las ultimas décadas. China y Rusia , como antiguos estados obreros, donde la restauración capitalista ha pasado por procesos diferentes, pero con resultados similares en cuanto a los regímenes políticos vigentes.

Estos son países con regímenes bonapartistas autoritarios, donde la figura central es el equivalente a las figuras de poder de antes de las revoluciones. Una especie de nuevo zar encarnado por Putin y un nuevo emperador personificado por Xi Jinping.

Este desarrollo, donde la clase obrera es sometida a nuevas y brutales formas de explotación y control, no pueden ser llevadas a cabo dentro de un marco democrático burgués clásico. De la misma manera que la contra revolución económica y social que se da en el marco del proceso de globalización económica en los países desarrollados, que tienden a la instauración cada vez más de regímenes bonapartistas, con figuras como Trump, Meloni, Orban y compañía , en las economías emergentes, la burguesía opta por figuras equivalentes pero con rasgos todavía más exacerbados.

Rusia y China: un nuevo eje estratégico

La primera visita oficial de Xi Jinping, después de su reciente investidura, se ha llevado a cabo en Rusia.

Rusia como potencia militar y nuclear es un aliado estratégico para la burguesía china. La guerra en Ucrania representa un riesgo también para los chinos. Un posible debilitamiento de Putin en este marco podría fragilizar la posición de China en el concierto internacional. Los intercambios comerciales entre los dos países han crecido en forma exponencial en los últimos años, producto de las sanciones occidentales contra Rusia, pero no solamente.

“En los dos últimos años, el comercio entre Rusia y China aumentó en más de 70.000 millones de dólares, es decir, un 65%....Nikolái Vavílov también destaca que la producción de alto valor añadido tiene un papel básico, ya que se pueden alcanzar los 220.000-250.000 millones de dólares anuales mediante el suministro de materias primas. Sin embargo, la estrategia de diversificación de la oferta distribuirá los recursos rusos entre la India y otros actores. El sinólogo también predijo que Europa volverá a adquirir las materias primas rusas.” (Sputnik).

¿Un escenario como en 1914-1918?

Esta situación apunta a que los bloques imperialistas se consolidan y la perspectiva de un nuevo conflicto inter imperialista son cada vez más cercanas. Los socialistas revolucionarios no tenemos, como los revolucionarios de los tiempos de Lenin y Trotsky, una bandera que levantar que no sea la de la clase obrera para evitar una nueva carnicería a escala planetaria con enormes y graves consecuencias para la subsistencia de la vida tal y como la conocemos.

Por Nicolás Lebrun

Hace escasos diez años, el mundo descubría las primeras imágenes de las masivas

 manifestaciones que se daban en Túnez pidiendo que la caída del gobierno, entonces dirigido por el dictador Zine Ben Alí quien estuvo en el poder durante casi dos décadas.

Esta dictadura, evidentemente tuvo el beneplácito de las grandes potencias imperialistas, que obtuvieron y todavía obtienen grandes réditos de la sobre explotación de las masas de trabajadores tunecinos.

Esta chispa que se encendió rápidamente en los países vecinos, que como en el caso tunecino se encontraban subyugados por gobiernos dictatoriales que no solo le pasaban la factura de la crisis del 2008 a las masas, sino que, en el mosaico de la repartición colonial y post colonial de las fronteras nacionales, también oprimían y continúan haciéndolo hasta el presente, las minorías étnicas y nacionales como el caso de los bereberes. Este pueblo bereber se encuentra esparcido principalmente dentro de las fronteras nacionales de Argelia y Marruecos, donde son discriminados y perseguidos por el régimen a causa de sus reivindicaciones autonómicas.

La correlación de fuerzas ha cambiado

La cúspide de estas movilizaciones desencadenadas en el norte de África y el Oriente Medio fueron por un lado la caída de las dictaduras de Mubarak y de Gadafi, mientras que en Siria se daba paso a otro proceso revolucionario que desencadenaría una cruenta guerra civil que lleva centenas de miles de muertos y millones de refugiados.

El gobierno genocida de Al Assad parece que tiene la partida ganada. Después de que las masas lo pusieran contra las cuerdas y perdiera el control de la mayor parte del territorio, en este momento ha recuperado la casi totalidad de los terrenos perdidos.

Esto ha sido posible por el apoyo directo e indirecto de las potencias imperialistas, que temían como a la peste el triunfo de un proceso revolucionario en el área que pudiera cambiar la correlación de fuerzas. Las burguesías nacionales de los países árabes, han jugado un rol contrarrevolucionario de diversas maneras.

En el crisol que representa el mundo árabe, los aliados a las monarquías del Golfo Pérsico y de Ankara han jugado un doble rol. Por un lado, se han encargado de financiar y armar milicias sunitas, entre ellas el desmembrado ISIS.

Igualmente, el gobierno de Erdogan trata de tomar un papel más preponderante en el área y se ha convertido en un aliado estratégico del gobierno de Putin.

“Tanto Erdogan como Putin consideran que el mundo es multipolar y que sus países merecen, junto con China y otros emergentes, una cuota de poder mayor frente a Estados Unidos y Europa.

Pinar Tank indica que la nueva alianza entre Moscú y Ankara "no debe ser vista como un reemplazo de la OTAN, sino como una asociación de conveniencia que sirve para proteger los intereses nacionales de las dos partes: el deseo turco de contar con una política exterior más autónoma y el de Rusia de desafiar la relación de Turquía con la OTAN".

Pese a las discrepancias regionales, los dos países tienen una estrecha relación económica. Rusia es el tercer socio comercial de Turquía y su principal proveedor de energía, y le construirá una planta nuclear.

En enero pasado, los dos países decidieron seguir adelante con el proyecto de un gasoducto de 930 kilómetros que cruza el mar Negro (y evita el paso por Ucrania) para proveer gas a Europa.” (BBC Mundo 9/10/2020)

Por otro lado, Irán, de corriente chiita, ha logrado desplegar también sus milicias, de un lado “voluntarios” enviados a combatir a los enemigos de El Assad y, por otro lado, las milicias de Hezbola, asentadas en el Líbano. Estos últimos con una larga experiencia militar, al punto de ser responsables de una feroz resistencia que a la postre significó el retiro de las tropas sionistas luego de la última invasión del Líbano.

“De hecho, el presidente sirio agradeció al pueblo y a los dirigentes de Irán su apoyo en la lucha contra el terrorismo en Siria y abogó por estrechar aún más los lazos, también económicos.

"Irán y Siria deben desarrollar continuamente sus relaciones económicas porque serán un factor importante para anular los complots de los enemigos contra las dos naciones", dijo Al Asad.

Después del apoyo militar prestado por Irán, fundamental para el régimen sirio en su lucha contra la oposición armada y los grupos terroristas, Teherán se dispone ahora a jugar un papel destacado en la reconstrucción de Siria.” (La Vanguardia, 25/02/2019)

Por otro lado, las masas egipcias que derrocaron la dictadura de Mubarak vuelven a hacer frente a la continuación del régimen totalitario de los militares, esta vez personificado por el general Al Sisi. Este país que posee una vital posición estratégica ha sido un bastión en primer lugar del imperialismo inglés, para luego pasar bajo la égida de los yanquis. No es en el balde que este gobierno haya sido el primero del mundo árabe en reconocer al estado sionista de Israel.

En otro rincón del área, la guerra civil en Yemen también ha sido un teatro de operaciones en el cual las diferentes potencias han apostado al aplastamiento de la insurrección debido a que esta no les permite obtener el control de este punto estratégico de control del Golfo de Adén y su acceso al mar Rojo por donde transitan los tanqueros que abastecen una buena parte del petróleo que se consume en el mundo.

La guerra civil en Libia sigue su curso, diez años después luego de la caída del gobierno dictatorial de Gadafi.

“El conflicto ha paralizado las instituciones y la economía de Libia y ha dejado al país fragmentado con distintos grupos peleándose por el poder. Al este, el hombre fuerte sigue siendo el militar Jalifa Hafter, mientras que en el oeste del país gobierna Fayez al Serraj, primer ministro del Gobierno de Acuerdo Nacional, creado en 2015 con el apoyo de Naciones Unidas.

Según los analistas internacionales, la lucha por controlar los recursos energéticos de la zona, especialmente el petróleo, es una de las razones que se encuentran detrás de la guerra en Libia y otros países de la región.” (La Vanguardia 15/02/2021)

Ambos bandos son apoyados por diferentes bloques de naciones imperialistas, cada cual con intereses específicos para asegurarse su parte del botín de guerra que representan las reservas petroleras que posee el territorio libio.

La cuestión palestina ha sufrido también sus golpes. La política agresiva que lanzó la administración de Trump fue de lograr acuerpar toda una serie de gobiernos serviles como lo son los de las monarquías del golfo y la monarquía marroquí para establecer acuerdos de reconocimiento del estado sionista mediando de por medio acuerdos económicos y militares además como en el caso de Marruecos, del reconocimiento por parte del gobierno yanqui de la “soberanía” sobre el Sahara Occidental desconociendo como era la costumbre de esta administración de los tratados vigentes. Mientras esto sucede, la política de construir asentamientos de colonos sigue a marcha acelerada con la complicidad de todas las potencias imperialistas que se contentan en poner notas al pie de página una vez que los hechos se han consumado.

El aislamiento de la población de la Franja de Gaza se ha recrudecido, dejando a millones de personas desprovistas de los medios indispensables para sobrevivir dignamente.

De hecho, cuando vemos la dinámica que se ha dado en la última década, la contención de la primavera árabe ha pasado por varias políticas que van desde la reacción democrática hasta la intervención militar directa de las grandes potencias o de países que buscan sacar su parte del pastel.

En Túnez, las masas lograron imponer elecciones directas que en un primer momento dieron como triunfador al partido islamista Ennhada que ha representado la continuidad de la política del antiguo régimen. Represión, crisis política y económica han marcad la década subsiguiente a la caída de la dictadura.

“La cooperación internacional no ha demostrado una gran capacidad de leer los procesos y la estructura de Túnez”, continúa Clara Capelli. “El FMI llegó con su habitual paquete preconstituido de reformas, la más grave en términos absolutos fue la depreciación del dinar frente al euro, que provocó un importante y muy doloroso empujón inflacionario”. La inflación ha agravado aún más las ya precarias condiciones salariales de las clases bajas de la sociedad. Según el portal de análisis Statista, el desempleo ha subido al 16%, el desempleo juvenil al 36,6%, cifras nunca tan altas desde 2013.” (El Salto Diario17/12/2020)

La falta de confianza de las masas en el régimen ha hecho que la participación en las últimas elecciones haya caído enormemente, llegando al 30% en 2019.

Derrota o retroceso

A pesar de la derrota del proceso revolucionario en Siria y de la represión que no ha cesado en el conjunto de los países del Magreb y del Medio Oriente, la situación sigue abierta.

Las condiciones materiales, la crisis política, la pandemia y otros elementos abren la puerta a que de nuevo puedan darse elementos que aceleren la movilización de las masas.

Mientras tanto, un éxodo masivo de jóvenes se sigue dando con rumbo a Europa, lo que se convertido en una crisis humanitaria y política que golpea las puertas del continente.