Por Salvador Belloso 

Recientemente ha ocurrido algo que, en otras circunstancias habría producido cobertura ingente a nivel mediático, sin embargo, debido a la normalización del imperio del arbitrio en El Salvador, esto es presentando como otro evento canónico más dentro de la trama del bukelato; la mano poderosa del lord supremo sacudiéndose de todo aquello que le genera molestias.

Desde que se arraigó el régimen de excepción, como conducto a su vez del fortalecimiento del régimen un bonapartista, sucedieron cambios en la composición orgánica de la institucionalidad estatal, todo ha quedado supeditado a la voluntad unipersonal de Nayib Bukele,  todas las funciones de Estado se encuentran articuladas en función de su interés, es de esta manera como la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al igual que todo el Ministerio Público en su conjunto, funcionan por mandato  directo de Casa presidencial (CAPRES).

El vacío dejado por la PDDH ha sido retomado por oficinas jurídicas del tipo humanitario, quienes dan seguimiento a las víctimas del régimen de excepción. Estas oficinas jurídicas en un principio fueron toleradas, pero todo ha cambiado.  

Capturas y procesos por diferentes causas          

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), es una de las oficinas tipo socorro humanitario que atienden denuncias de abusos tanto de detenciones arbitrarias, como de presos torturados en las cárceles del régimen de excepción.     

El lunes 24 de febrero fue allanada la casa de la abogada de UNIDEHC, Ivania Cruz, quien al momento se encontraba fuera del país, según ella afirmó mediante las redes sociales, le fue decomisada una caja fuerte. El 13 de febrero José Alberto Pérez Ramírez y María Margarita Flamenco, directivos comunitarios de la Hacienda La Floresta, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la PDDH en contra de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES), por coacción, amenazas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El martes 25 de febrero ambos directivos junto a Fidel Zavala presentaron una denuncia por vulneraciones cometidas en las capturas de dos directivos el día 9 de febrero, posteriormente, es decir, el mismo día los tres fueron capturados, los directivos por las mismas causas de los otros directivos capturados con anterioridad (venta ilegal de terrenos y parcelas), mientras que Fidel Zavala por agrupaciones ilícitas y usurpación de la profesión.  

De la posición política a intereses sobresalientes       

Es necesario revisar con cuidado las causas penales que se les imputa a cada uno de los detenidos, todos disidentes del régimen del bukelato, razón por la que resaltan dudas de si, detrás de esto, en realidad existen motivaciones políticas del régimen para escindir el acopio que parte de la oposición está teniendo dentro de las comunidades pobres, la minería y el desalojo de comunidades crea condiciones favorables para el desarrollo de grupos de resistencia y defensa dentro de las comunidades.

A simple vista no tendría porqué golpearse a dirigentes opositores por la vía judicial, al contrario, ante tan menguada fuerza parlamentaria, siendo únicamente tres diputados opositores, dar un poco de maquillaje a la democracia no estaría mal y, por ende, tolerar a la disidencia seria ahora mismo más conveniente que mostrar tanta intolerancia.

Si lo vemos a profundidad, en realidad se están cortando cabezas, se está dejando a las comunidades organizadas sin dirigentes, a demás de golpearles la moral a través del terror de Estado, en el nuevo tiempo esto se efectúa mediante judicializaciones. Todo sucede para que los proyectos de minería y desalojos se realicen sin resistencia activa y organizada.

La persecución judicial continuará

En la audiencia realizada del día 26 de febrero contra Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas de la comunidad La Floresta, el juzgado de paz de San Juan Opico, desestimó el delito de resistencia y determinó medidas sustitutivas a la detención respecto al delito, pero se sabe que la FGR presentó la acusación por dos delitos más. La judicialización de lideres comunitarios es un mecanismo de neutralización del régimen para evitar el crecimiento de la organización popular en sí. Se requiere de coordinación de las comunidades organizadas, por cierto, tampoco puede seguir siendo instrumentalizada la lucha legitima de las comunidades por la oposición.