Panamá, Bocas del Toro: Fuerzas de seguridad publica arrestan, golpean, torturan y disparan contra manifestantes en su mayoría indígenas que no estaban armados.

Miembros de las fuerzas de seguridad panameñas han recurrido a un uso ¡legítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra la imposición de la ley 462 y la venta de la patria, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, así lo testimonian familias, vecinos y pobladores. Numerosos detenidos, también están sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes del SENAFRONT, DIP, DIJ, POLICIA Y LA AERONAVAL, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales, Defensor del Pueblo, Ministerio Público no velan porque se garanticen los derechos al debido proceso de los detenidos, a la vida y a la dignidad.

El informe de los organismos de seguridad del día 21 de junio de 2025 habla de 154 presos, para nosotros son víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de seres humanos, valiéndose del levantamiento de las garantías constitucionales decretado el día 20 de junio de 2025, y el de otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas. Integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que personas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas para ejecutar actos de vandalismo.

La magnitud de las violaciones de derechos humanos en Bocas del Toro y la participación de miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales en estos delitos, demuestra que no se trata de incidentes aislados ni de excesos de algunos agentes insubordinados.

Por el contrario, forman parte de un patrón alarmante de abusos que representa la crisis más grave que hemos presenciado en Panamá en años. El gobierno panameño ha caracterizado a las protestas que se desarrollan en todo el país como violentas, en Changuinola y el resto de la Provincia de Bocas del Toro le agregan que son delincuentes y vándalos. Sin duda, algunos manifestantes han apelado a arrojar piedras en legítima defensa, respondiendo al uso, por parte de los organismos de seguridad, de armas con balas vivas, perdigones de metal y plomo, proyectiles de granadas con gases lanzados contra el cráneo de las personas y el uso de escopetas calibre 12 con cartuchos en áreas residenciales. Esto es muestra real que miembros de las fuerzas de seguridad panameñas han recurrido reiteradamente al uso ilegítimo de la fuerza contra personas que no estaban armadas ni eran violentas. Algunos de los abusos más graves están siendo cometidos contra personas que ni siquiera participaban en manifestaciones, o que ya se encontraban en sus casas y estaban completamente alejados de las manifestaciones. La naturaleza y el momento en que se produjeron muchos de los arrestos y abusos, acompañados frecuentemente de descalificaciones racistas y políticas por parte de los responsables, sugieren que el propósito no fue restablecer el orden público ni dispersar las protestas, sino más bien castigar a personas por su raza, su participación en sindicatos, gremios de educadores, lugar donde habitan, opiniones políticas reales o presuntas.

En muchos casos, el objetivo de los abusos parece haber sido impedir que personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad, o castigar a quienes intentaran hacerlo. Es por lo que, entre los presos, hay personas que habían estado tomando fotografías o filmando la represión de miembros de las fuerzas de seguridad contra manifestantes.

En la mayoría de los casos de los que se hablan (154) las víctimas de abusos fueron arrestadas arbitrariamente y retenidas en establecimientos militares. Allí están sufriendo nuevos abusos, como violentas golpizas. Creemos que pueden haber detenidos con lesiones graves, como heridas de perdigones y fracturas provocadas por golpizas, requieren acceso a atención médica, si esa atención es demorada, exacerba su sufrimiento, debemos solicitar tratamiento médico para estas personas urgentemente.

En todos estos casos, fuera del estado de sitio aplicado por el gobierno, podemos advertir que la combinación de tácticas abusivas empleadas por miembros de las fuerzas de seguridad constituyó tortura.

El hecho de que estos abusos hayan sido cometidos reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares de Bocas del Toro (incluso en entornos controlados como establecimientos militares y otras instituciones estatales), y durante el período del inicio de la Operación Omega ,14 de junio de 2025 a la fecha luego de declarar el estado de sitio el 20 de junio hasta la actualidad avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica planificada, intencional y sistemática de las autoridades de seguridad.

Prácticamente todas las 154 víctimas, conocidas, cuyos casos están sufriendo la negación de garantías básicas de debido proceso. Todas permanecen incomunicadas y se les niega el acceso a abogados, familiares y a todo tipo de ayuda. La mayoría de los detenidos fueron arrestados en allanamientos ilegales en sus casas y trasladados en avión a la ciudad de David, provincia de Chiriquí, semi desnudos, descalzos, bajo una fuerte lluvia y llevados a un sitio de la policía que solo tiene un techo, por lo que no hay donde dormir o sentarse ni protegerse del frío. Se agrega a ellos, el dirigente bananero de SITRAPBIP, Changuinola, Arcelio Ábrego.

Tememos por más muertes luego del joven de 24 años asesinado por la policía en la comunidad de Pueblo Nuevo, Chiriquí Grande. Es imposible saberlo porque el Gobierno cortó las comunicaciones de celular e internet en la provincia y anoche la del sistema Starlink en todo el país.

Debido a la falta de independencia judicial que existe hoy en Panamá, y a que fiscales y jueces han estado directamente implicados en muchos de los abusos que son actuales, es difícil esperar que los responsables de estos delitos sean llevados ante la justicia. Para que estos esfuerzos sean creíbles, el gobierno panameño debería facilitar la verificación de organismos de supervisión de derechos humanos de Naciones Unidas y adoptar medidas inmediatas para asegurar la independencia del poder judicial y el cese de la tortura, los abusos y crímenes de estado que se están cometiendo. Solicitamos a todos los organismos internacionales de DERECHOS HUMANOS exigir al gobierno panameño garantizar que cesen de inmediato todas las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el contexto de la imposición de la ley 462, la venta de la patria, la destrucción de nuestro ecosistema y la violación a los derechos sindicales, y asegurar que se investiguen de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos los abusos ocurridos y se juzgue a los responsables.

Los organismos de DERECHOS HUMANOS en los cuales sea parte Panamá, como la CIDH-OEA, OACNUDH-ONU Y EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, deberían reivindicar su compromiso colectivo de proteger y promover los derechos fundamentales y respetar las instituciones democráticas, interpelando al gobierno panameño e insistiendo en que se aborden, urgentemente, estos graves problemas en materia de derechos humanos.

Panamá 22 DE JUNIO DE 2025.

JORGE OSCAR GUZMAN LASSO

MOVIMIENTO COMUNAL NACIONAL-FEDERICO BRITTON

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA LOS DERECHOS

ECONOMICOS Y SOCIALES

C.c. Gobierno de Panamá, José Raúl Mulino. Asamblea Nacional de Diputados.

Corte Suprema de Justicia