Por Olmedo Beluche

El presidente José Raúl Mulino y su ministro de seguridad, Frank Ábrego, han desatado su furia sobre la población de la provincia de Bocas del Toro y en particular sobre el distrito de Changuinola. Practicando el peor terrorismo de estado como cualquier dictadura, cortaron las comunicaciones telefónicas y el internet, mientras lanzaron una dura represión utilizando inclusive armas letales según se ve en las pocas imágenes que han podido salir de la provincia. El hecho es que, además del bloqueo de las carreteras, imposibles de abrir por los antimotines, se produjeron en los últimos días saqueos de instalaciones públicas y privadas que han servido de excusa para lanzar una dura represión.

Decenas de jóvenes han sido detenidos, esposados y los han sacado en calzoncillos por avión de su provincia hacia la de Chiriquí, al peor “estilo de Bukele”. El gobierno afirma que estos detenidos “tienen sus derechos constitucionales suspendidos” y, como Bukele, les acusa de ser parte de una supuesta pandilla juvenil (“mara”). El viernes 20 de junio, el gobierno emitió un cuestionado decreto de gabinete suspendiendo las garantías constitucionales en Bocas del Toro, pero éstas garantías se mantienen el resto de la república donde han sido trasladados los detenidos, lo que hace absurdo el argumento esgrimido contra el derecho de “habeas corpus”.

Estos hechos son parte de una escalada represiva iniciada por Mulino y su gobierno desde abril pasado cuando empezaron las protestas. Detención y judialización contra estudiantes y obreros de la construcción, allanamiento de los locales del Suntracs y su cooperativa, acusaciones contra sus principales dirigentes, con órdenes de arresto obligando al secretario general a asilarse en la embajada de Bolivia, Saúl Méndez, arresto contra Jaime Caballero y detención domiciliaria contra el dirigente histórico, Genaro López.

En el mismo sentido, y lo que exacerbó los ánimos fortaleciendo los bloqueos en Bocas del Toro fue el arresto del secretario general del sindicato bananero, SITRAIBANA, Francisco Smith, y otros dirigentes, incluso después de que habían firmado un acuerdo con la presidenta de la Asamblea Legislativa por el cual levantaban la huelga de más de un mes de duración y los bloqueos a cambio que se reconociera la ley especial de jubilaciones de los trabajadores bananeros. El arresto de Smith, así como la orden del presidente a las fuerzas represivas de reabrir a cualquier costo la carretera bloqueada en más de 20 puntos, llevó a un paroxismo de las protestas.

En la provincia de Bocas del Toro, así como ocurrió antes en Arimae (Darién), la vanguardia de la lucha y los bloqueos la tomaron jóvenes pobladores de las comunidades, muchos de ellos pertenecientes a la etnia Ngäbe-Buglé, de la que sale el grueso de la fuerza laboral agrícola del país y de las empresas bananeras como la Chiquita Brands.

En las imágenes de los bloqueos y enfrentamientos con la policía se evidencia la clara comprensión de parte de estos jóvenes pobladores de que el gobierno de Mulino representa una casta empresarial corrupta y que ellos son las principales víctimas de las reformas al sistema jubilaciones y pensiones impuesto por la Ley 462.

La juventud de Bocas del Toro, que lucha contra la dictadura de Mulino es heredera por sangre y tradición cultural de la experiencia de décadas de huelgas y luchas del movimiento obrero bananero, desde aquella de 1960 en que el sindicato arrancó por primera vez un aumento de salarios a la “Mamita Yunai”, hasta la de 2010, contra la Ley Chorizo del expresidente Ricardo Martinelli y el entonces ministro de seguridad, José R. Mulino. En aquella ocasión, por orden de estas autoridades, la policía disparó perdigones a la cara de los manifestantes, dejando a más de 70 personas lisiadas.

La juventud indígena de Bocas del Toro también es heredera de las luchas históricas en defensa de sus tierras y ríos contra proyectos mineros, como el de Barro Colorado, en los años 1970-1980, contra la represa del río Tabasará, hace 10 años, así como contra el intento de reformar el Código Minero por parte de Martinelli, en 2011. A todo lo cual hay que sumar las experiencias victoriosas de la lucha contra la carestía de julio de 2022 y la lucha contra el contrato minero de First Quantum M. en 2023.

La voluntad de lucha y resistencia de los habitantes y la juventud de Bocas del Toro se ve acicateada por una situación social que es de las peores del país. Según datos emanados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2024), la suma de la pobreza general más la pobreza extrema afecta al 53.8% de la población bocatoreña. Si a ello le añadimos la situación de la comarca Ngäbe-Buglé, colindante con la provincia y de la que proceden muchos de sus habitantes, la catástrofe social escala al 87% de pobreza general, de la cual el 61% está en pobreza extrema.

Siendo el desempleo una de las peores lacras sociales que afecta a la juventud panameña (informalidad 48.2%, desempleo abierto 9.5%), en Bocas del Toro los datos no son mejores, puesto que solo el 39% de la fuerza laboral tiene empleos formales, mientras que la informalidad escala hasta el 48.5% y el desempleo abierto es del 7%, lo que totaliza un 55.5% de las personas en edad de trabajar en situación de precariedad laboral (INEC, 2024).

Las razones expuestas, tanto las experiencias propias, como las tradiciones culturales heredadas, alimentadas por la terrible situación social, explican que la población y en especial la juventud de Bocas del Toro hayan sido vanguardia de la lucha de 2025 contra la Ley 462, contra la reapertura de la mina de Donoso, contra el Memorando de Entendimiento que reabre las bases militares yanquis y el proyecto de embalse de río Indio.

Como en muchos otros procesos revolucionarios de masas, la experiencia panameña de 2025 se desarrolla bajo la dialéctica de la “ley del desarrollo desigual y combinado”; es decir, la lucha nacional expresa ritmos desiguales. Como en 2022 y 2023, la lucha es mucho más

masiva y radical en las provincias que en la capital, y es muchísimo más combativa en las comunidades originarias. En esto influyen las tradiciones de resistencia heredadas como se ha dicho, así como la peor situación social de un país que es de los más desiguales en el mundo. Hay que reconocer que, en la capital, la vanguardia ha estado circunscrita principalmente a los gremios docentes y al sindicato del SUNTRACS. Aún los habitantes de los barrios populares no se han sumado, como sucede en Bocas del Toro.

Estos desniveles en la lucha son los que explican que, pese a la combatividad y a la persistencia por casi dos meses de las protestas y la huelga docente, el gobierno ultraderechista de Mulino, pese a su impopularidad y el rechazo masivo, parece sostenerse en su política represiva y en negarse de manera absoluta a cualquier iniciativa de diálogo con la dirigencia magisterial y sindical.

Pero, aún en el supuesto de que Mulino imponga sus medidas por la vía de la represión, no logrará una estabilización de largo plazo, pues la crisis del país es estructural y solo se resolverá políticamente, sacando del poder a la élite oligarquía financiera que gobierna.

Por supuesto, es una crisis cuyos lazos también la atan a la crisis que de conjunto sufre el sistema capitalista mundial. Ambas cosas están entrelazadas. La derrota del proyecto mundial de la reacción ultraderechista sería una derrota para la dictadura de Mulino en el plano nacional. Por el contrario, el sostenimiento de Donald Trump y su proyecto regresivo, junto con las nuevas bases militares, constituyen el sostén de las medidas antipopulares en Panamá.