Por Fernando Ramírez

El 29 de marzo, Consejo Universitario (CU) aprobaba con unanimidad el Reglamento Electoral Estudiantil (REE), después de extensas jornadas de discusión, planteamiento y negociación entre distintos sectores estudiantiles, autoridades académicas y actores externos, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aun más extenso y profundo es el contexto que antecede y determina su aprobación.

Desde el 2009, el proceso de organización estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha tenido distintas etapas, con múltiples representaciones para la exigencia y participación política, y complejos escenarios donde se movilizaron fuerzas por la legitimidad en el control del campo universitario. Siendo la conformación correspondiente del cogobierno universitario (autoridades, docentes y estudiantes), una exigencia permanente, en ocasiones articuladora, y conflictiva del proceso; garantizado, ahora, por el apoyo institucional a las elecciones estudiantiles través del REE.

Sin embargo, la situación actual del movimiento estudiantil de la UNAH es crítica. Semanas anteriores, durante la discusión de ‘reestructuración’ de la plataforma del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), se protagonizó una desbordada acción de violencia interna; partiendo de la instrumentalización de estudiantes como gendarmes particulares (Facultad de Ingeniería), y la consecuencia evidente de acumuladas contradicciones por parte de movimientos independientes, traducida, finalmente, en agresiones físicas entre los sectores involucrados.

El surgimiento de la Coalición de la Comunidad Universitaria también es fundamental para dimensionar la crisis del movimiento estudiantil. Después del atentado terrorista en Ciudad Universitaria, el 24 de junio, donde militares hicieron uso desproporcional de la fuerza, infringiendo a bala viva la autonomía universitaria y el respeto primero a la vida humana; se dio la urgente necesidad de articular sectores y ampliar las respuestas ─consecuente al delicado contexto de violencia estructural─ de la comunidad universitaria, conformándose una Coalición entre docentes, estudiantes y algunos trabajadores/as de la UNAH.

Esta Coalición dio espacio a la participación de otros sectores al margen, estudiantiles en especial, de los ─limitados─ medios de acción política, casi concesiones, con los que pretende resolver cada conflicto, externo o interno a la Universidad. El MEU, por su parte, mantuvo negativas de integrar esta Coalición, así como otros grupos que sostienen dudas contra sus actividades, involucrados/as y posicionamientos.

Estos elementos analizados, ¿qué cosa dicen de la crisis del movimiento estudiantil? ¿Estamos frente a un momento particular de la crisis universitaria, que se concreta en los sectores estudiantiles? ¿Qué disensos políticos, organizativos y/o ideológicos condicionan el revanchismo, la falta de articulación, el límite asegurado en los espacios de ‘decisión’ estudiantil?

¿Una ‘transición’ abandona o incompleta?… El período Castellanos-Herrera o la UNAH is open for Business.

En 2009, el Golpe de Estado propicia un reacomodamiento de las clases de poder económico y político que intervinieron directa e indirectamente para derrocar el Ejecutivo y profundizar un proceso de transformación macroeconómica en el país. Un año después, el “Gobierno de Reconciliación Nacional” de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) consolida, siendo Juan Hernández Alvarado presidente del Congreso Nacional (CNH), el “Programa Nacional de Promoción de Inversiones (2010-2014)” a través de un evento internacional en San Pedro Sula, Cortés, denominado Honduras is Open for Business.

Esto abrió complejos escenarios para la Educación Superior, los territorios, la juventud, y en particular, a la UNAH, que se vio entrecruzada por intereses sobre su reforma integral, el modelo administrativo-financiero y el control de las relaciones de fuerza entre sus actores.

Es en este contexto cuando el equipo rectoral de Julieta Castellanos (2009-2017) asume la titularidad de la UNAH. Habiendo exigencias concretas sobre la gestión de su gobierno, planteadas, primero, por la Comisión de Transición de la Reforma (2004-2008) que enfatizó la gobernabilidad política de la UNAH, como medio efectivo y legítimo de fortalecer la Reforma; segundo, por políticas estructurales, definidas a través del “Programa Nacional de Inversiones” ─así como posteriores instrumentos fiscales y financieros, de los también que fueron parte algunas autoridades académicas─; y, por último, desde las contradicciones con los sectores organizados de la UNAH, que veían desplazados anteriores cuotas de decisión y derechos.

El 9 de abril de 2018, Leticia Salomón contestó un oficio del rector interino de la UNAH, Francisco Herrera, negando el traslado sugerido a la Facultad de Ciencias Sociales, después de haber sido destituida de la dirección de Investigación Científica y Postgrado (2006-2018). En su respuesta, Salomón enfatiza un momento actual de “transición”, que abriría una nueva etapa en el proceso de reforma universitaria.

La UNAH requiere que sus conductores sean académicos y no administradores y mucho menos comisionados políticos entretenidos en pequeñas maniobras para conseguir apoyos futuros; que lean y reflexionen sobre las grandes tendencias de la educación superior en el mundo, en América Latina y en Centroamérica; que analicen los alcances, limitaciones y desafíos de la reforma de la UNAH en sus tres funciones básicas y de cara a los próximos diez años (Leticia Salomón, “Me despido de la UNAH, de la DICYP y de todos ustedes…, 2018).

Era evidente que el bloque consolidado por la administración de Julieta Castellanos comenzaba a ser desplazado de sus medios de incidencia y poder. Nuevas fuerzas, con poca claridad, se dieron la tarea de reacomodar intereses y grupos en esta “transición”. Pero ¿qué se dejó atrás? ¿Cuál fue la ruptura generada con la salida de Julieta Castellanos en septiembre de 2017? ¿Encontró la reforma universitaria un límite irremediable en los constantes conflictos estudiantes-autoridades entre 2015 y 2017?

El gobierno de Julieta Castellanos y su equipo se caracteriza en tres etapas: transición institucional (2009-2012), centralización administrativa (2013-2015) y agotamiento político (2015-2017).

En la primera etapa se consolida una reputante legitimidad por parte de la opinión pública, además de establecer alianzas y concesiones en la estructuración del actual régimen; partiendo del papel institucional que alcanza la UNAH en la depuración policial (la justificación de Juan Hernández para ejecutar, en 2012, un Golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, colocando magistrados de confianza que en 2015 fallan a favor de la reelección presidencial); hasta el control de la administración del Hospital Escuela Universitario en 2012.

La segunda etapa, el equipo de Castellanos acomoda sus medios de fuerza e incidencia ─internos y externos─ en todas las instancias de control del proceso de reforma. Desde la investigación científica, la carrera docente, la seguridad universitaria, hasta la gobernabilidad institucional; centralizando la rectoría, a través de los decretos legislativos 83-2012 y 46-2013, la representación y decisión de estudiantes, docentes y autoridades, así como la posibilidad de reelegirse en el cargo.

Por último, la tercera etapa rompe sistemáticamente el respaldo incondicional de muchos sectores externos, en medio de un creciente y continúo conflicto interno contra estudiantes y docentes; llevando a una toma total en Ciudad Universitaria y el Valle de Sula en 2015, a raíz de la aplicación parcial de la Normativa Académica; una toma nacional de la UNAH en mayo y junio de 2016 (siempre en el marco de la Normativa Académica); y una jornada nacional de lucha, exigiendo explícitamente la renuncia de Castellanos, entre mayo y septiembre de 2017.

La entrada de Herrera en la rectoría interina de la UNAH comienza acercando grupos concretos de estudiantes, que avanzarían en el cumplimiento de lo dispuesto por el CNH en la resolución del anteproyecto de ley presentado por el MEU. Estratégicamente, Herrera va estableciendo vínculos estrechos y consensos seguros. Este grupo, cargado de maniobras, fue perdiendo legitimidad a lo interno de la plataforma del MEU, profundizando su crisis y la capacidad de generar discursos propios.

Sin embargo, el REE, como otros procesos impulsados por Herrera (como el Encuentro Nacional) no sería una concesión granítica sino más bien poliédrica. Es decir, no estaría dada en particular a un grupo, sino a una serie de intereses futuros con muchas caras; que consolidaría el control y la disposición de recursos institucionales, de frente al reacomodamiento político de las fuerzas internas que la UNAH debe garantizar en la crisis del Narco-Estado.

Por Horacio Villegas

A finales del año 2017, los hondureños vimos con un profundo rechazo, la consumación de un fraude electoral orquestado por el partido de gobierno, que ya antes –en el 2016– había preparado el terreno con un fallo a su favor por parte de corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dictaron vía libre a la reelección presidencial. Los resultados de este fraudulento proceso, gestado desde noviembre del 2017 y el transcurso del 2018, dejó una treintena de personas asesinadas en condiciones de protestas; lo que derivó en una profunda crisis post-electoral, en donde los barrios populares, los estudiantes universitarios y varios sectores de la población, asumieron la lucha frontal en las calles.

Durante la lucha post-electoral, mientras se presentaban las condiciones favorables para una insurrección popular desarmada, en contra del gobierno nacionalista, surgieron una suerte de inconsistencias de parte de la coordinación opositora; terminando los numerosos alzamientos con métodos de tomas y barricadas, en un periodo de aparente estabilidad, impuesto también por la cruda represión en manos de efectivos de la policía militar, cobras y miembros del ejército. En el presente año 2019, la lucha abanderada por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación pública, que logró torcerle el brazo al gobierno, con la derogación de dos decretos PCM, reactivó los focos de resistencias a nivel nacional, y abrió un nuevo periodo de protestas a lo interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Meses atrás del periodo electoral de noviembre del 2017, Francisco Herrera asumió la rectoría de la Universidad en un momento de descontento generalizado, debido a las secuelas que dejó el mandato de Julieta Gonzalina Castellanos en la dirección de la UNAH (2009-2017): un proceso abierto de privatización acorde al quiebre institucional luego del golpe de estado del 2009; la desarticulación de las organizaciones estudiantiles, y por consiguiente, la nula representación de estudiantes en las instancias de poder a lo interno de la Universidad; la flagrante entrega de la autonomía universitaria a los órganos represivos del Estado, y entre otras cosas, la criminalización y una ola de prejuicios en contra de una enorme cantidad de estudiantes universitarios, miembros del movimiento estudiantil.

En lo que va del periodo de Francisco Herrera, la crisis interna de la Universidad –que fue agudizada por Julieta Castellanos mientras ocurrían las amplias edificaciones y la reorganización burocrática–, continúa latente, y sin ninguna alteración significativa de los caminos trazados por la anterior administración: existe una sutil privatización, palpable en los cobros adicionales a las clases, y la restricción del ingreso al Alma Mater por un injusto examen de admisión; no hay un panorama claro de próximas elecciones estudiantiles; continúa violándose la autonomía universitaria, esta vez en niveles máximos de violencia estatal; la alternancia de cargos a nivel administrativo no sucede; y todavía existen procesos judiciales abiertos a varios compañeros del movimiento estudiantil hasta la fecha, criminalizados. Se suma al periodo de crisis interna en la Universidad, ahora gestionado por Herrera, la precarización laboral de los profesores bajo contratación por hora, que han recibido hace algunas semanas, un contrato leonino, que les vulnera sus sagrados derechos como trabajadores.

Ante este panorama crítico antes detallado, surge la Coalición Universitaria, que reúne los pasados intentos de organización bajo un solo frente compuesto por estudiantes, profesores universitarios y trabajadores de la UNAH. La Coalición tiene por delante varias situaciones de urgente discusión, que conlleve a acciones concretas: como ser la defensa de la autonomía universitaria, única garantía que nos asegura el libre ejercicio del pensamiento al filo de una cruenta dictadura; la discusión de la crisis universitaria, en donde surjan propuestas que ensayen un verdadero planteamiento de ciudadanía universitaria; y finalmente, crear las bases para una jornada de discusión, con varios sectores de la sociedad, en donde se proponga realizar un verdadero programa de transición política, que derroque a los nacionalistas enquistados en el poder, y democratice a Honduras en beneficio de las grandes mayorías.

Por Sebastián Ernesto González

Los levantamientos populares en el país ya son varios, desde que se asestó el golpe de Estado del 2009, el pueblo prácticamente ha estado insurreccionado: los 7 meses del régimen de Michelleti, los 4 años de Porfirio Lobo y los ya casi 6 años que lleva Juan Orlando. Ningún gobierno antes, había tenido tanta movilización en contra. Entonces no hay ninguna duda que a este régimen lo mantienen fuerzas externas e internas.

Miseria y hambre en la población

Internamente, crearon una estructura destinada a saquear las arcas del Estado y vender a pedazos el país, se confabularon con la empresa privada -principalmente con la banca-, se agenciaron la bendición de la confraternidad evangélica y líderes católicos, cooptaron a la sociedad civil, a casi toda la prensa y analistas diversos. La forma de hacerlo fue muy sencilla; compras al mejor postor, así lograron el apoyo incondicional de todos estos corruptos y delincuentes, con los dineros saqueados del pueblo y el dinero obtenido del narcotráfico, lograron repartir a manos llenas, mientras los trabajadores nos hundíamos en la miseria.

Aunque fuera cierto que los índices macroeconómicos mejoraron, lo cierto es que el índice de inflación se chupó los salarios de la población, se crearon leyes para favorecer a las empresas en detrimento de los empleados, como ser el “empleo por hora”, para mencionar un caso. El precio de la energía eléctrica se disparó y toda la canasta básica se elevó. La falta de empleo obligó a miles de compatriotas a emigrar solo con una bolsa de sueños y en algunos casos familias completas integraron las enormes caravanas que sacaron de sus casillas a Trump, y que en varios casos sufrieron la muerte, secuestros y vejámenes. La clase media prácticamente fue llevada al límite de la pobreza o por debajo de la línea de miseria. Con tanta familia afectada, que obviamente manifiesta su rechazo al régimen, cómo es posible que el pueblo no exterioriza todo ese malestar para salir a las calles y exigir la caída de JOH.

Son 10 años los que van de lucha, una gran parte de la población militante se ha decepcionado de no obtener la victoria, primero fue el acuerdo de Cartagena, luego las elecciones del 2013, luego las movilizaciones de las antorchas en el 2015, luego las elecciones del 2017, y este año las convocatorias de la PLATAFORMA. En todas esas grandes movilizaciones, el régimen siempre logró imponerse, ya fuera mediante el diálogo o por la fuerza militar.

Ya nadie desconoce, que Honduras se volvió una región importante en la geopolítica internacional, el golpe de Estado del 2009, fue avalado y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos para encarrilar al país al sendero del que Manuel Zelaya se había alejado. También el régimen post golpista fue apoyado por las naciones europeas, tanto el imperio norteamericano como las naciones europeas han financiado a la dictadura y la han mantenido avalando los fraudes electorales.

El estira y encoje de la oposición

Nadie duda que JOH, supo crear una base que le sigue, le apoya y le defiende, sin importar que les llamen cincuentapeseros o mostaceros, también conoce bien las debilidades de la oposición, sabe cómo atraerlos y como contentarlos. Con el golpe de Estado, el FNRP fue la organización más potente y beligerante de las últimas décadas, quizás la mayor, no se pudo revertir el golpe y más bien, el FNRP se convirtió en el partido LIBRE, y todo fue encausado a los procesos electorales, sacando la lucha de las calles y llevándola al congreso nacional.

Cuando ya parecía que el régimen se caía en los meses de mayo y junio, nuevamente logró atrapar a dirigentes traidores y aunado a la decisión de la PLATAFORMA de no movilizar con objetivos políticos, el dictador logró sortear nuevamente el peligro. Pero no ha pasado mucho tiempo cuando esta semana, ha sido un fiscal de New York el que ha agitado el calor popular del país y nuevamente se genera la idea en el imaginario colectivo que la dictadura puede caer.

No se vislumbra la unidad en los líderes de la oposición para convocar al ¡FUERA JOH!. Como un guion aprendido, todos siguen diciendo lo necesario para no unificar, mientras parte del pueblo se moviliza a las calles, principalmente del magisterio. Autodirigido a una decepción más, solo con la remota esperanza, que un juez de New York termine aceptando las pruebas contra el sospechoso de traficante de drogas al más alto nivel.

¡SOLO LA HUELGA GENERAL INDEFENIDA PUEDE TUMBAR AL NARCODICTADOR!

Por Andrés Morales

La historia de los pueblos indígenas del oriente del país, entre ellos los misquitos, está llena de largas décadas de injusticias y desahucios por parte del Estado hondureño. La injerencia de países colonialistas como ser Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, colocó en una posición desventajosa a los pobladores de estas zonas selváticas del río Patuca. La explotación orquestada por estos países foráneos, se concentró en la extracción inescrupulosa de maderas de color, y en el adiestramiento de los pobladores para servir a los intereses comerciales de dichas potencias.

La política de los gobiernos de mitades del siglo XIX, solamente amonestó a los ingleses con el Tratado Wike-Cruz (1859) –que anunciaba una especie de soberanía defensora del espacio de lo que hoy es la Mosquitia hondureña–, pero no ofreció garantías creíbles a los pobladores, en asegurar el respeto a sus modos de vida: la posesión ancestral de sus territorios, sus propias alternativas económicas, y sus expresiones culturales.

Para los años 1900 el territorio habitado ancestralmente por los misquitos fue objeto de políticas entreguistas por parte de los gobiernos liberales de aquella época; de tal manera que las concesiones a compañías extranjeras dedicadas a la extracción de madera preciosas, fue una constante a inicios del siglo XX. Las plantaciones bananeras, la extracción de caucho, y la explotación de maderas de color, fue apenas una forma que hizo subsistir a estos pueblos bajo el régimen de trabajo asalariado; que terminaba colapsando debido a la dinámica capitalista de estas compañías, que se negaban rotundamente al pago de tributos estatales.

La historia en el trascurso del siglo pasado y hasta la fecha, fue dando nuevas modalidades de despojo en la zona de la Mosquitia, pues al tener poco o nada del respaldo del Estado, los territorios de estos pobladores están siendo acaparados por “ladinos” o ganaderos, hacendados y terratenientes que han ido descombrando la selva y abriendo más, lo que Camille Collins L. llama, el “frente de colonización”.

Un foro en la UNAH que se ha propuesto evidenciar otras realidades

El martes 23 de julio del presente año, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la plaza renombrada por las gestas estudiantiles como Eduardo Becerra Lanza, se llevó a cabo el Conversatorio Miskitu Athaki Nikbanka 2019, promovido por la Coalición Universitaria, instancia que aglomera a estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad; en el espacio también se hicieron presente varios luchadores sociales como el ex-rector Juan Almendarez, y la representante del MADJ, Aura Fernández, quienes manifestaron con lujo de detalles, la problemática que aqueja a los pueblos indígenas. No es la primera vez que los misquitos llegan al Alma Mater. Ya en otras circunstancias han venido denunciado a viva voz –en espacios públicos y aulas universitarias–, las injustas condiciones físicas de sus hermanos buzos, lisiados por el régimen de explotación de compañías dedicadas a la extracción de vida marina.

El conversatorio fue honrado con la presencia de miembros de los consejos territoriales del pueblo misquito, que hasta la fecha mantienen una titánica peregrinación en los alrededores de la Casa Presidencial, exigiendo el “saneamiento de sus consejos territoriales” con acciones concretas de parte del Estado hondureño.

En el evento estuvieron varios expositores que resumieron en detalle, la cruda realidad que vive este pueblo en sus territorios; múltiples problemáticas que inciden en la afectación directa de sus consejos, tales como: la falta de reconocimiento de la titulación de sus tierras colectivas; la inexistencia de consultas previas, libres e informadas que estén enmarcadas bajo un clima de respeto; entre otras problemáticas.

En un momento del conversatorio, una de las expositoras lanzó una interrogante al público en general, llamando la atención sobre los responsables directos del conflicto en la Mosquitia: ¿quién es el garante para que estas cosas no ocurran? –dijo con mucho énfasis. El público allí presente balbuceó: “el Estado”. De esta respuesta, ante todos razonable, surgió una explicación necesaria: El estado, a través de todas sus instituciones; por ejemplo, el Instituto Nacional Agrario (…), que reconozca esa titulación de territorios para los pueblos indígenas, pero no lo hace.

El profesor Cirilo, un líder de uno de los consejos territoriales, expresó lo que sigue, refiriéndose a sus propias experiencias en las luchas del pueblo misquito: Nosotros a partir del veintidós de abril, estamos en huelga. Fuimos a una auto–manifestación, y auto-convocatoria, de los doce concejos territoriales, de la organización madre que es MASTA (…) los doce consejos territoriales son la base social, de esta estructura grande (…) Aquí hemos venimos una parte, para presentar ante el Estado, y decir cuál es el decir y pensar de la población de la Mosquitia (…).

Algunas de las conclusiones generales expuestas por una de las participantes en el conversatorio, compartidas por muchos de los allí presentes, y que deben ser parte de una agenda de discusión más amplia dentro de los recintos universitarios, van de la siguiente manera: El Estado necesita garantizar, condiciones dignas para las poblaciones indígenas. ¿Y a qué me refiero con condiciones dignas? Dignas en todo sentido, que los pueblos indígenas puedan tener acceso a una educación intercultural bilingüe, que los pueblos indígenas puedan tener acceso a sus territorios (…)

Las tareas, sugerencias, y actividades que pudieron surgir entre líneas discursivas de los expositores del conversatorio, deben ser respaldadas por la Coalición Universitaria; para que se logre, de una vez por todas, entablar mayores canales de comunicación con los pueblos originarios del país. Los actores que componen el espacio universitario, le deben mayor gratitud a los pueblos indígenas que han sabido resistir a las formas de colonización foránea, desde hace mucho tiempo atrás; invitarlos a que puedan manifestar el recorrido de sus luchas, es lo mínimo que puede hacerse.