Por Andrés Morales
El pasado lunes 26 de agosto, se reabrió el caso Guapinol, uno de los expedientes judiciales que muestra sin ambages, la situación concreta de las instituciones encargadas, aparentemente, de impartir justicia en el país. Las salas de los tribunales volvieron a retomar este caso que mostró desde un inicio, el ensañamiento y confabulación de las empresas extractivas en manos de empresarios nacionales, bancos y organismos financieros internacionales, y el Estado hondureño. El absurdo dictamen de los jueces fue “prisión preventiva”; los compañeros pasaron de estar en la penitenciaría ubicada en Támara, Departamento de Francisco Morazán, a la Tolva. En total son siete miembros de esta comunidad acusados injustamente de portación ilegal de armas y “asociación ilícita”.
“Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez…” (Criterio.hn, 26 de agosto de 2019).
Los propietarios de este proyecto minero que fue denominado ASP y ASP 1, ahora de Inversiones Los Pinares, son Lenir Pérez y Ana Facussé; apellido éste último sumamente conocido por ser de vínculo consanguíneo directo con el que fue uno de los representantes más detestables de los terratenientes que alimentaron el conflicto agrario en el Bajo Aguán: Miguel Facussé.
Mientras se llevaba a cabo el proceso de juzgamiento en contra de estos ambientalistas, hubo acompañamiento incondicional de parte de la comunidad de Guapinol, ciertos defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, que, con pancartas, marcadores y suficiente indignación por las circunstancias, hicieron notar las injusticias cometidas por los tribunales del país.
Según un artículo del periódico digital Criterio.hn, el caso Guapinol ya suma en total seis muertes de dirigentes comunales, quienes defendieron hasta las últimas consecuencias este río. El río Guapinol se encuentra cercano a la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, “establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras” (Criterio.hn, 21 de febrero de 2019).
Dos autores consabidos sobre el tema de la defensa del agua, suponen lo que sigue al respecto del papel del Estado y la gestión de este recurso primario: “…el papel del Estado en la gestión del agua ha aumentado considerablemente desplazando a los viejos sistemas autogestionarios. Esto ha producido una erosión de las estructuras administrativas democráticas y participativas, lo que a su vez deteriora las fuentes productoras y los procesos de conservación...” El caso Guapinol –comunidad ubicada en Tocoa, Departamento de Colón–, viene a demostrar el papel del Estado hondureño en la mala gestión del agua, con procedimientos de despojo territorial, por un lado, al conceder a través de instituciones como Mi Ambiente e ICF, licencias ambientales que permiten acabar con reservas naturales; y por otro, las políticas encaminadas al ecocidio mediante las famosas “concesiones” que liquidan las decisiones comunitarias en no permitir el acceso del modelo extractivista.
Los compañeros de Guapinol, que hoy lidian con el encierro y por consiguiente la pérdida de su libertad, colocan en su justa dimensión un fenómeno que atañe a las distintas generaciones de hondureños –sino a todos–: la lucha frontal contra el modelo extractivista en su faceta minera, que tiene grandes consecuencias, como lo asegura Esperanza Martínez: La minería utiliza grandes cantidades de agua para obtener los metales. Este líquido contaminado normalmente es vertido en sus cursos originales… Las minas a cielo abierto secan las vertientes de agua e implican la eliminación de toda vegetación. Esto afecta la absorción del agua además que el polvo y los desechos de la mina contaminan las fuentes de agua cercana.”
Otro caso que muestra el modelo entreguista y concesionario: el proyecto habitacional en La Tigra
La tendencia general en las ciudades europeas y latinoamericanas, que viven las arremetidas del neoliberalismo, es la gentrificación. El modelo neoliberal contempla, en sus programas orquestados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la pauperización de los grupos sociales más pobres, a través del desplazamiento de estas capas sociales bajas, de los centros o focos del urbanismo de las capitales; que en adelante son entendidas por las rapaces burguesías como nuevos espacios para el mercado inmobiliario. A la definición de nuevos espacios vistos como proyectos habitacionales en la ciudad, les sigue el crudo interés por los recursos que se encuentran accesibles a dicho mercado más allá de los centros urbanos, en este caso el agua y el bosque en Reservas Naturales. “Hoy la atención del mercado inmobiliario va dirigida a otros lugares, internos a la ciudad y con vocación de usar de forma transitoria la industria turística” asegura Gaia Redaelli.
El espacio donde se encuentra el Parque Nacional La Tigra, está inscrito en una serie de etapas que empujaron a la historia del país al tan aclamado “desarrollo” –emprendido por diversas generaciones de liberales– vinculado a un rubro económico en particular, en este caso, la minería. San Juancito, bajo la sombra de la mina El Rosario, se convirtió en la primera ciudad modelo que representó ese proyecto de creer ciegamente en el gradual progreso material de un país a través de la extracción de metales. El costo social fue evidente luego del abandono del rubro a mitades del siglo pasado.
Hoy la Tigra es el centro de atención del grupo inmobiliario Midence-Soto-Pierrefeu, quienes a través de la constructora Santos y Compañía (que pertenece a la Familia de Elvin Santos, diputado del partido liberal), pretenden introducir un complejo habitacional denominado “Bosques de Santa María”, que daría rienda suelta al mercado inmobiliario en una zona de amortiguamiento que ocupa una reserva natural, y que además abastece de agua a numerosos barrios y colonias de la capital. Se estima que serían 130 colonias las que podrían quedar sin agua si el proyecto llegara a concretarse.
“La construcción, inició el descombramiento de la vegetación para la edificación de 1,886 residencias de lujo, 29 centros comerciales, un hotel de montaña, un club ecuestre y carreteras de penetración en un área de casi 500 hectáreas, de las que más de 100 son parte de la zona de amortiguamiento de la Tigra” (Criterio.hn, 29 de agosto de 2019).
Organicemos una amplia plataforma que le haga frente a los proyectos de despojo territorial en Guapinol y la Tigra
Los procesos de privatización de los tan preciados e indispensables recursos naturales como lo es el agua, avanzan en tres direcciones según lo plantea Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea: “i) el control del Banco Mundial en la construcción de políticas públicas de agua…, ii) la pérdida de autonomía del Estado bajo la administración de gobiernos entregados y arrodillados a los lineamientos de instituciones financieras internacionales y corporaciones trasnacionales; y iii) los procesos de militarización de los territorios para asegurar el control de las fuentes y la explotación del patrimonio natural.”
Hasta el momento la privatización del agua en la Tigra y Guapinol, avanza en los tres niveles que plantean estos autores: las movidas del capital internacional y nacional a través del mercado mobiliario ya es un hecho, y lo promueven los representantes de la Cámara de Comercio e Industria del país, y la vil familia Facussé; el Estado ha puesto las circunstancias “legales” para que las instituciones como la Fiscalía y el Ministerio Público arremetan con el señalamiento de delitos que no caben para los ambientalistas, defensores de los recursos naturales, como ser “terroristas”, “asociación ilícita”, entre otras aberraciones; y finalmente, días atrás se confirmó la presencia militar en la zona donde los dos proyectos en ciernes, mantienen maquinaria pesada para descombrar las zonas verdes de los parques nacionales ultrajados. Hasta el momento, a las protestas justas que se viven en la Tigra, las acompañan la cruda represión con bala viva.
En el año 2006 los países latinoamericanos del norte y sur, avanzaron en la formación de una “plataforma de organizaciones sociales de indígenas, campesinos, sindicalistas, académicos ambientalistas, entre muchos otros sectores,” que le hizo frente a las directrices privatizadoras del Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua (CMA), que a través de un foro mundial del agua en Ciudad de México, pretendía debatir y luego promover la privatización de este recurso. Estas jornadas tuvieron como resultado –según lo narran Avendaño y Urrea– exponer el tema del agua desde una perspectiva aguda sobre la política internacional del control del agua, y además creaba así, los vínculos necesarios entre organizaciones que políticamente reivindicaban la razón comunitaria en la gestión de este bien común.
La tarea de nuestras agrupaciones nacidas en las comunidades afectadas, es concebir una plataforma más amplia que una a todos los barrios y colonias de la capital –130 según lo afirman algunos diarios–, que, si de concretarse el proyecto en la Tigra, serían los primeros afectados por este desastre ambiental. También es necesario encarar a la Alcaldía, evidenciar las irregularidades de las instituciones que cedieron las licencias ambientales como Mi Ambiente y el ICF. Debemos manifestar descontento hacia las dependencias del Estado que se cuadran para facilitar proyectos no consensuados y aprobados a expensas de la decisión de las comunidades; y que además benefician a un grupo reducido de ricos que intentan adueñarse de los escasos recursos de la capital. Sólo la organización barrial, en colonias, y comunidades, podrá detener este proyecto que supone ser una amenaza para nuestras valiosas fuentes de agua.
