Por Fernando Ramírez

El 29 de marzo, Consejo Universitario (CU) aprobaba con unanimidad el Reglamento Electoral Estudiantil (REE), después de extensas jornadas de discusión, planteamiento y negociación entre distintos sectores estudiantiles, autoridades académicas y actores externos, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aun más extenso y profundo es el contexto que antecede y determina su aprobación.

Desde el 2009, el proceso de organización estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha tenido distintas etapas, con múltiples representaciones para la exigencia y participación política, y complejos escenarios donde se movilizaron fuerzas por la legitimidad en el control del campo universitario. Siendo la conformación correspondiente del cogobierno universitario (autoridades, docentes y estudiantes), una exigencia permanente, en ocasiones articuladora, y conflictiva del proceso; garantizado, ahora, por el apoyo institucional a las elecciones estudiantiles través del REE.

Sin embargo, la situación actual del movimiento estudiantil de la UNAH es crítica. Semanas anteriores, durante la discusión de ‘reestructuración’ de la plataforma del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), se protagonizó una desbordada acción de violencia interna; partiendo de la instrumentalización de estudiantes como gendarmes particulares (Facultad de Ingeniería), y la consecuencia evidente de acumuladas contradicciones por parte de movimientos independientes, traducida, finalmente, en agresiones físicas entre los sectores involucrados.

El surgimiento de la Coalición de la Comunidad Universitaria también es fundamental para dimensionar la crisis del movimiento estudiantil. Después del atentado terrorista en Ciudad Universitaria, el 24 de junio, donde militares hicieron uso desproporcional de la fuerza, infringiendo a bala viva la autonomía universitaria y el respeto primero a la vida humana; se dio la urgente necesidad de articular sectores y ampliar las respuestas ─consecuente al delicado contexto de violencia estructural─ de la comunidad universitaria, conformándose una Coalición entre docentes, estudiantes y algunos trabajadores/as de la UNAH.

Esta Coalición dio espacio a la participación de otros sectores al margen, estudiantiles en especial, de los ─limitados─ medios de acción política, casi concesiones, con los que pretende resolver cada conflicto, externo o interno a la Universidad. El MEU, por su parte, mantuvo negativas de integrar esta Coalición, así como otros grupos que sostienen dudas contra sus actividades, involucrados/as y posicionamientos.

Estos elementos analizados, ¿qué cosa dicen de la crisis del movimiento estudiantil? ¿Estamos frente a un momento particular de la crisis universitaria, que se concreta en los sectores estudiantiles? ¿Qué disensos políticos, organizativos y/o ideológicos condicionan el revanchismo, la falta de articulación, el límite asegurado en los espacios de ‘decisión’ estudiantil?

¿Una ‘transición’ abandona o incompleta?… El período Castellanos-Herrera o la UNAH is open for Business.

En 2009, el Golpe de Estado propicia un reacomodamiento de las clases de poder económico y político que intervinieron directa e indirectamente para derrocar el Ejecutivo y profundizar un proceso de transformación macroeconómica en el país. Un año después, el “Gobierno de Reconciliación Nacional” de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) consolida, siendo Juan Hernández Alvarado presidente del Congreso Nacional (CNH), el “Programa Nacional de Promoción de Inversiones (2010-2014)” a través de un evento internacional en San Pedro Sula, Cortés, denominado Honduras is Open for Business.

Esto abrió complejos escenarios para la Educación Superior, los territorios, la juventud, y en particular, a la UNAH, que se vio entrecruzada por intereses sobre su reforma integral, el modelo administrativo-financiero y el control de las relaciones de fuerza entre sus actores.

Es en este contexto cuando el equipo rectoral de Julieta Castellanos (2009-2017) asume la titularidad de la UNAH. Habiendo exigencias concretas sobre la gestión de su gobierno, planteadas, primero, por la Comisión de Transición de la Reforma (2004-2008) que enfatizó la gobernabilidad política de la UNAH, como medio efectivo y legítimo de fortalecer la Reforma; segundo, por políticas estructurales, definidas a través del “Programa Nacional de Inversiones” ─así como posteriores instrumentos fiscales y financieros, de los también que fueron parte algunas autoridades académicas─; y, por último, desde las contradicciones con los sectores organizados de la UNAH, que veían desplazados anteriores cuotas de decisión y derechos.

El 9 de abril de 2018, Leticia Salomón contestó un oficio del rector interino de la UNAH, Francisco Herrera, negando el traslado sugerido a la Facultad de Ciencias Sociales, después de haber sido destituida de la dirección de Investigación Científica y Postgrado (2006-2018). En su respuesta, Salomón enfatiza un momento actual de “transición”, que abriría una nueva etapa en el proceso de reforma universitaria.

La UNAH requiere que sus conductores sean académicos y no administradores y mucho menos comisionados políticos entretenidos en pequeñas maniobras para conseguir apoyos futuros; que lean y reflexionen sobre las grandes tendencias de la educación superior en el mundo, en América Latina y en Centroamérica; que analicen los alcances, limitaciones y desafíos de la reforma de la UNAH en sus tres funciones básicas y de cara a los próximos diez años (Leticia Salomón, “Me despido de la UNAH, de la DICYP y de todos ustedes…, 2018).

Era evidente que el bloque consolidado por la administración de Julieta Castellanos comenzaba a ser desplazado de sus medios de incidencia y poder. Nuevas fuerzas, con poca claridad, se dieron la tarea de reacomodar intereses y grupos en esta “transición”. Pero ¿qué se dejó atrás? ¿Cuál fue la ruptura generada con la salida de Julieta Castellanos en septiembre de 2017? ¿Encontró la reforma universitaria un límite irremediable en los constantes conflictos estudiantes-autoridades entre 2015 y 2017?

El gobierno de Julieta Castellanos y su equipo se caracteriza en tres etapas: transición institucional (2009-2012), centralización administrativa (2013-2015) y agotamiento político (2015-2017).

En la primera etapa se consolida una reputante legitimidad por parte de la opinión pública, además de establecer alianzas y concesiones en la estructuración del actual régimen; partiendo del papel institucional que alcanza la UNAH en la depuración policial (la justificación de Juan Hernández para ejecutar, en 2012, un Golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, colocando magistrados de confianza que en 2015 fallan a favor de la reelección presidencial); hasta el control de la administración del Hospital Escuela Universitario en 2012.

La segunda etapa, el equipo de Castellanos acomoda sus medios de fuerza e incidencia ─internos y externos─ en todas las instancias de control del proceso de reforma. Desde la investigación científica, la carrera docente, la seguridad universitaria, hasta la gobernabilidad institucional; centralizando la rectoría, a través de los decretos legislativos 83-2012 y 46-2013, la representación y decisión de estudiantes, docentes y autoridades, así como la posibilidad de reelegirse en el cargo.

Por último, la tercera etapa rompe sistemáticamente el respaldo incondicional de muchos sectores externos, en medio de un creciente y continúo conflicto interno contra estudiantes y docentes; llevando a una toma total en Ciudad Universitaria y el Valle de Sula en 2015, a raíz de la aplicación parcial de la Normativa Académica; una toma nacional de la UNAH en mayo y junio de 2016 (siempre en el marco de la Normativa Académica); y una jornada nacional de lucha, exigiendo explícitamente la renuncia de Castellanos, entre mayo y septiembre de 2017.

La entrada de Herrera en la rectoría interina de la UNAH comienza acercando grupos concretos de estudiantes, que avanzarían en el cumplimiento de lo dispuesto por el CNH en la resolución del anteproyecto de ley presentado por el MEU. Estratégicamente, Herrera va estableciendo vínculos estrechos y consensos seguros. Este grupo, cargado de maniobras, fue perdiendo legitimidad a lo interno de la plataforma del MEU, profundizando su crisis y la capacidad de generar discursos propios.

Sin embargo, el REE, como otros procesos impulsados por Herrera (como el Encuentro Nacional) no sería una concesión granítica sino más bien poliédrica. Es decir, no estaría dada en particular a un grupo, sino a una serie de intereses futuros con muchas caras; que consolidaría el control y la disposición de recursos institucionales, de frente al reacomodamiento político de las fuerzas internas que la UNAH debe garantizar en la crisis del Narco-Estado.