Por Horacio Villegas

A finales del año 2017, los hondureños vimos con un profundo rechazo, la consumación de un fraude electoral orquestado por el partido de gobierno, que ya antes –en el 2016– había preparado el terreno con un fallo a su favor por parte de corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que dictaron vía libre a la reelección presidencial. Los resultados de este fraudulento proceso, gestado desde noviembre del 2017 y el transcurso del 2018, dejó una treintena de personas asesinadas en condiciones de protestas; lo que derivó en una profunda crisis post-electoral, en donde los barrios populares, los estudiantes universitarios y varios sectores de la población, asumieron la lucha frontal en las calles.

Durante la lucha post-electoral, mientras se presentaban las condiciones favorables para una insurrección popular desarmada, en contra del gobierno nacionalista, surgieron una suerte de inconsistencias de parte de la coordinación opositora; terminando los numerosos alzamientos con métodos de tomas y barricadas, en un periodo de aparente estabilidad, impuesto también por la cruda represión en manos de efectivos de la policía militar, cobras y miembros del ejército. En el presente año 2019, la lucha abanderada por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación pública, que logró torcerle el brazo al gobierno, con la derogación de dos decretos PCM, reactivó los focos de resistencias a nivel nacional, y abrió un nuevo periodo de protestas a lo interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Meses atrás del periodo electoral de noviembre del 2017, Francisco Herrera asumió la rectoría de la Universidad en un momento de descontento generalizado, debido a las secuelas que dejó el mandato de Julieta Gonzalina Castellanos en la dirección de la UNAH (2009-2017): un proceso abierto de privatización acorde al quiebre institucional luego del golpe de estado del 2009; la desarticulación de las organizaciones estudiantiles, y por consiguiente, la nula representación de estudiantes en las instancias de poder a lo interno de la Universidad; la flagrante entrega de la autonomía universitaria a los órganos represivos del Estado, y entre otras cosas, la criminalización y una ola de prejuicios en contra de una enorme cantidad de estudiantes universitarios, miembros del movimiento estudiantil.

En lo que va del periodo de Francisco Herrera, la crisis interna de la Universidad –que fue agudizada por Julieta Castellanos mientras ocurrían las amplias edificaciones y la reorganización burocrática–, continúa latente, y sin ninguna alteración significativa de los caminos trazados por la anterior administración: existe una sutil privatización, palpable en los cobros adicionales a las clases, y la restricción del ingreso al Alma Mater por un injusto examen de admisión; no hay un panorama claro de próximas elecciones estudiantiles; continúa violándose la autonomía universitaria, esta vez en niveles máximos de violencia estatal; la alternancia de cargos a nivel administrativo no sucede; y todavía existen procesos judiciales abiertos a varios compañeros del movimiento estudiantil hasta la fecha, criminalizados. Se suma al periodo de crisis interna en la Universidad, ahora gestionado por Herrera, la precarización laboral de los profesores bajo contratación por hora, que han recibido hace algunas semanas, un contrato leonino, que les vulnera sus sagrados derechos como trabajadores.

Ante este panorama crítico antes detallado, surge la Coalición Universitaria, que reúne los pasados intentos de organización bajo un solo frente compuesto por estudiantes, profesores universitarios y trabajadores de la UNAH. La Coalición tiene por delante varias situaciones de urgente discusión, que conlleve a acciones concretas: como ser la defensa de la autonomía universitaria, única garantía que nos asegura el libre ejercicio del pensamiento al filo de una cruenta dictadura; la discusión de la crisis universitaria, en donde surjan propuestas que ensayen un verdadero planteamiento de ciudadanía universitaria; y finalmente, crear las bases para una jornada de discusión, con varios sectores de la sociedad, en donde se proponga realizar un verdadero programa de transición política, que derroque a los nacionalistas enquistados en el poder, y democratice a Honduras en beneficio de las grandes mayorías.