Por Carlos M. Licona

El magisterio se ha oxigenado, el mismo régimen post golpista así lo ha querido, este revulsivo, quiérase o no, le trae algunas ventajas a las direcciones de los seis colegios magisteriales. Sin embargo, en vez de aprovechar la coyuntura que ha cambiado en relación a los primeros 8 años de gobierno del Partido Nacional, las dirigencias no dan un paso al frente para establecer una agenda sobre la cual se unifique a los docentes.

Si se habla estrictamente de la base que alimenta a los colegios magisteriales, se puede asegurar que el COLPROSUMAH y el COPEMH arrastran la gran mayoría. Muchos docentes tienen varias afiliaciones, pertenecen a uno de estos dos colegios magisteriales y a cualquiera de los otros.

En esta ocasión corresponde al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH)  dar el paso al frente. Con la terrible represión sufrida por el gremio, las direcciones no se quedaron al margen y después de una campaña intensa y desprestigiante desatada por los últimos 3 gobiernos nacionalistas, la división no se hizo esperar, esta se inició en el 2011 y se fue acrecentando con el paso de los años.

En la lucha realizada en el 2019 bajo la conducción de la Plataforma se pensó que la unidad ya estaba consolidada, no obstante, con la firma que hubo entre 4 colegios magisteriales con el ejecutivo, nuevamente se resquebrajó la unidad.

El COPEMH y el papel de la nueva dirección

El eterno problema en las direcciones de los docentes es que siempre se han evadido los balances, obviamente lo que se evita es recibir los señalamientos de la base. Un balance es someterse al escrutinio de los maestros y esto ha sido pecado capital para los que han dirigido.

En el caso del COPEMH se ha erigido una nueva dirección que enfrenta tremendos retos a lo interno y a lo externo de la organización. A lo interno se da una fuerte pelea entre la burocracia que había secuestrado la organización y fielmente obediente al ex presidente Eulogio Chávez y la  nueva dirección que lidera Fidel García. Los personajes derrotados en las urnas en el mes de octubre del 2019, siguen creyendo que son los dueños de la organización y de las cotizaciones de los afiliados, mientras la nueva Junta Directiva Central se las juega para hacer prevalecer el mandato de la base.

A lo externo, la nueva JDC del COPEMH se encuentra al filo de la navaja entre tomar la bandera de la unidad o seguir empeñados en un discurso divisionista y radical. No es desconocido que en la organización existen miembros con una trayectoria de lucha pero que arrastran una visión fuera de contexto, no porque lo ignoren, sino más bien por una idea utópica que solos podemos lograr la revolución.

 Se puede establecer una unidad en base a una agenda en común, pretender hacer una unidad con personajes inmaculados nos convierte en ilusos. Al igual que creer o hacerle creer a la base que se puede ir a una lucha para exigir un aumento como nosotros lo pretendamos. Entonces la pregunta es ¿En base a qué se puede establecer la unidad?

A mi juicio, lo primero debería ser hacer los balances de lucha, no en el afán de señalar o de enjuiciar, mientras este sea el propósito solo se profundizaría la división, los balances serían para conocer los errores cometidos. Por ejemplo, una vanguardia casi desaparecida del gremio debe ser un motivo de mucha preocupación en todos los colegios magisteriales, si no se resuelve este pequeño detalle, en los próximos 5 años cualquiera se adueñará de las organizaciones.

Otro punto debe ser, ocupar los espacios permitidos por el régimen y por la institucionalidad que aún existe. Dentro de esos espacios si los 6 colegios magisteriales se hacen un nudo se le pueden seguir arrancando pequeños gestos de bondad a la dictadura. Esto no es mendigar como algunos lo señalan, simplemente es ubicarse en el contexto.

Otro punto debe ser estructurar o formar parte de una conducción más amplia, que sea a nivel nacional, como esta no existe entonces el magisterio debe impulsarla, la Plataforma fue efímera, así que debe ser una estructura más social, popular y política.

El COPEMH con Fidel tienen la palabra

Esto solo es un aporte, que puede contribuir a iniciar una unidad cimentada en las acciones en las que se converge, todo discurso acusador y radical, solo profundiza la división. Fidel García con todo el equipo que le acompaña en los siguientes dos años, deben convertirse en estadistas de peso para que la base les ofrezca el peldaño que se merezcan.

Por Fernando Ramírez

La siguiente discusión es un ejercicio de síntesis con dos intensiones específicas. Primero, dar continuidad a las anotaciones sobre la crisis del movimiento estudiantil, considerando en esta tarea la relación orgánica de cualquier lectura política en un espacio social dinámico y contradictorio, mismo que caracteriza el actual contexto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Y, finalmente, ofrecer herramientas mínimas de reflexión que permitan aproximaciones críticas al conflicto intergeneracional ─desde los límites propios de una visión externa─ presente en la disputa política por el campo universitario.

Conciliaciones, consensos y bloques de poder de una transición.

La entrada de Francisco Herrera como titular del gobierno de “transición” en 2017 enfrentó una institución debilitada por prolongados periodos de conflicto, donde el bloque de Julieta Castellanos (2009-2017) disputó la legitimidad exclusiva en la dirección del proceso de reforma, y en particular, frente a la dinámica continua de organización estudiantil desde el 2009, al margen de disposiciones y recursos institucionales que soportaban la política de su gestión.

Herrera evitó la torpeza de este bloque. Su gobierno de “transición” evidenciaba el momento crítico del proceso de reforma. La gobernabilidad era una prioridad que aseguró revirtiendo la política de disminución hegemónica por el tutelaje estratégico. Un gobierno calzado a la medida del discurso de reconciliación ciudadana de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) tras el Golpe de Estado.

Enfrentar el movimiento estudiantil ─a pesar de encontrarse este sector al límite de una crisis─ hubiese agotado de inmediato su alcance en la gobernabilidad institucional de la UNAH.

Identificando los medios de interacción más cercanos a su experiencia en la administración del Centro Universitario Regional del Valle de Sula (2013-2017), hace acercamientos con los/as representantes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y otras organizaciones involucradas en el proceso de la Mesa de Construcción del Reglamento Electoral Estudiantil (MECREE).

Más allá de colocar las elecciones estudiantiles en el centro de la agenda institucional, estos acercamientos pretendían enfocar aliados y contrapartes para avanzar en el reacomodamiento de fuerzas a lo interno de la UNAH, desplazando anteriores agentes del espacio universitario, que asegurase un perfil “renovado” de su administración.

Herrera retoma la prioridad mediática, característica del primer período de Castellanos (2009-2013), pero montando una actitud conciliadora, y haciendo uso de los discursos y concepciones sobre la universidad pública que el movimiento estudiantil movilizó en su construcción generacional; por ejemplo, ciudadanía universitaria, universidad abierta al diálogo y al servicio de los problemas sociales.

Crisis, restructuración y nuevos actores del movimiento estudiantil.

Estos primeros acercamientos con representantes del MEU, sin embargo, tuvieron un retroceso importante a mediados de 2018. Para ese momento la crisis de representación, liderazgo y conducción del MEU profundizó las contradicciones en los espacios “articulados”. La expulsión y desconocimiento público por traición de algunos de sus líderes, impidió avanzar, temporalmente, en los consensos exigidos por la MECREE.

Con la expulsión se retoma una exigencia por la reestructuración del MEU. La crisis superó la capacidad de gestión de la dirigencia y comienzan a filtrarse disputas por el control del espacio.

La expresión más peligrosa de esta crisis fue la visión política autómata en la dirección de procesos, que no fue, sino, el seguimiento precipitado de coyunturas externas, sin mayor profundización al contexto; y, junto a esto, la continuación de representaciones en los espacios institucionales, como la MECREE, desde un movimiento sin vida orgánica y con limitaciones complejas para su rearticulación.

Esta política autómata del movimiento estudiantil permitió filtrar, con más facilidad, intereses propios del proyecto institucional por el control del campo universitario. A partir de la coyuntura de la Plataforma en Defensa de la Educación y Salud Pública el MEU tiene una oportunidad de proyección, que permite volver a reunir a distintos actores estudiantiles y volver a priorizar una agenda interna común para responder tanto a la movilización ciudadana externa como la rearticulación interna.

Al final de esta coyuntura, en medio de un prometedor y fallido Diálogo de Alternativo de la Plataforma (junio 2019), surge un componente de reestructuración, defendido por las entonces actuales representaciones del MEU ante el MECREE. En resumen, este documento guardaba una serie de disposiciones que limitaba la integración y participación del espacio; centralizaba las decisiones en ciertas comisiones con atribuciones vinculantes; coartaba las actividades de sus miembros, entre otras.

Este componente fue desestimado frente a las serias oposiciones de muchos sectores. Sin embargo, algunas de sus discusiones fueron filtradas y convertidas en políticas institucionales.

Con la instalación de la Coalición de la Comunidad Universitaria (CCU), tras el atentado terrorista en Ciudad Universitaria (24 de junio 2019), las autoridades comienzan acercamientos para disponer recursos institucionales en la ejecución de un “Encuentro Nacional”; que, siendo rechazado por éstos, fue dirigido a los grupos más cercanos a su política: la representación del MEU y otros movimientos independientes reunidos en la MECREE.

Este proyecto, concebido de forma autónoma en las discusiones por una reestructuración alternativa y particular del espacio del MEU, definió los medios para externalizar el posicionamiento institucional en la gestión de Herrera; creando vínculos que fortalecieran su imagen y el ascenso de nuevos agentes para el reacomodamiento político de su bloque en este periodo de transición de la reforma universitaria.

En esta coyuntura, y frente a las contradicciones anudadas en la plataforma del MEU, muchas representaciones comienzan a renegar el alcance político de sus perfiles y proyectos particulares como organizaciones. Aprovechando esto, Herrera alcanzó la ruptura del sector estudiantil necesaria para su proyecto, inhabilitada anteriormente, en parte, por su pretendida asimilación del conflicto estudiantil en UNAH-VS y CU.

De esta ruptura, generacional, del movimiento estudiantil surge la Regeneración Estudiantil Democrática (RED), con una evidente instrumentalización de la administración de Herrera por consolidar y delimitar un espacio de recepción de concesiones políticas; sin dejar de expresar, a pesar de esto, el momento más significativo de la crisis en el MEU desde el 2016.

¿Democratizar para construir o construir para democratizar?

Fue precisamente en 2016 cuando en consenso de la recién planteada plataforma del MEU se definió la síntesis de su coyuntura: democratizar para construir; comprendiendo la disputa del campo universitario en la construcción una reforma integral, y en especial, el papel histórico del movimiento estudiantil por abrir espacios de participación y representación política para la reversión crítica de su carácter conservadora y autoreferencial.

Para aquel momento, las contradicciones del espacio alcanzaron encuentros para el trabajo articulado y la movilización de fuerzas entorno a la coyuntura por la aprobación y aplicación de la Normativa Académica (2014-2016). Continuó la organización de gran parte de las asociaciones de carrera y el frente común con los Centros Regionales.

El proceso “democratizador” era, más allá de un discurso, la visión del sector estudiantil sobre su agencia en el espacio universitario; ubicando las elecciones estudiantiles como prioridad estratégica en la resolución de una crisis institucional.

Sin embargo, esta síntesis agota su vigencia al profundizarse, primero, una avanzada reaccionaria contra los espacios organizados, llevando a la inmovilización o desgaste; segundo, al encontrarse constantemente en pugna la dirección del espacio articulador; tercero, al no encontrar legitimidad sus métodos de lucha en las bases del sector estudiantil, a partir de 2017, en especial; y cuarto, al acumular desencuentros que anticiparon una ruptura sin precedentes entre los anteriores sectores organizados.

La aprobación del REE, al determinar los términos formales para la representación estudiantil, cierra un ciclo del proceso autónomo de organización estudiantil; concebido, aprobado y acompañado por una dirección autómata, sin conducción orgánica de un espacio, en la crisis generacional del movimiento estudiantil.

El cierre de este ciclo, sin embargo, no significa algo negativo. Representa la oportunidad de enfocar esfuerzos más profundos por la construcción política de un proyecto de universidad; síntesis de las capacidades, esfuerzos, propuestas y procesos interrelacionados con este momento crucial en la lucha por la democratización de la educación pública.

Trabajar la politización de los sectores estudiantiles debe ser una urgencia que diferencie dos momentos de la actual coyuntura; más allá de un caudal electoral se debe constituir una base social crítica, que reconstruya la práctica de legitimidad contrahegemónica, con medios para la intervención política de los espacios de representación y participación institucionales.

Las actuales generaciones del movimiento estudiantil son, entonces, portadoras de un espacio más complejo, propicio para la definición autónoma de un papel radical frente a la descomposición del sector público tras el asalto del crimen organizado en el Estado, y el seguimiento de éstos al modelo neoliberal.

Por Sebastián Ernesto González

En los últimos 10 años y medio, específicamente desde el golpe de estado del 2009, los niveles de corrupción se incrementaron en el país. Al parecer, hubo un pacto entre los grupos fácticos que se aliaron para asestar el golpe a la democracia burguesa. El grupo de liberales liderados por Micheletti y que terminó los 7 meses que le faltaban para gobernar al expresidente Manuel Zelaya, hizo fiesta con el erario y en 7 meses despilfarró ostensiblemente el presupuesto nacional. El Partido Nacional que en alianza de matrimonio con el Partido Liberal recibió el poder en enero del 2010 con Porfirio Lobo a la cabeza, se ha ganado uno de los más altos niveles de corrupción a nivel mundial. Todo lo anterior avalado por el gobierno estadounidense y los organismos internacionales de cooperación. No es de extrañar, estos organismos casi siempre coinciden o se prestan para acatar los lineamientos del imperio norteamericano.

A finales del 2014 salió a la luz pública el asqueroso saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el pueblo hondureño motivado por la impotencia y el coraje del acto delincuencial cometido cuando Juan Orlando Hernández ostentó la presidencia del Congreso Nacional, comenzó a organizarse y pronunciarse condenando tan escandaloso acto. Juan Orlando asumió la presidencia del ejecutivo en el 2014 y ya en el 2015 se le vino encima el movimiento de las antorchas, enormes movilizaciones caminaban en las calles condenando al gobierno corrupto de JOH, exigiendo su salida y solicitando una CICIH, emulando la CICIG de Guatemala. Nuevamente la convulsión social del país hizo que interviniera la Organización de Estados Americanos (OEA) como mediador ante la bola de nieve que crecía.

La creación de la MACCIH

El régimen nacionalista liderado en primera instancia por Porfirio Lobo y luego por JOH, siempre ha tenido el visto bueno estadounidense, es así como a través de la OEA se crea en enero del 2016 la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que es un ente internacional de cooperación que se creó el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo firmado en Washington, desechando el deseo original del pueblo que esperaba la creación de un organismo más frontal contra la corrupción institucionalizada por el régimen.

El régimen nacionalista post golpe llegó para apropiarse del poder y no soltarlos, en 10 años muchos de sus líderes se hicieron nuevos millonarios, los casos de corrupción siguieron sonando por todos lados y la MACCIH fue poco lo que vino a realizar en 4 años. Como maniobra de la OEA solo vino a contribuir para que el pueblo calmara los ánimos y así fue, después de que se ha culminado su vigencia, el pueblo, aunque se acuerda de la enorme corrupción, no se tiene el mismo ímpetu con que se salió a las calles en el 2015.

Aunado a la terrible corrupción alcanzada por Juan Orlando Hernández, se agrega el ataque despiadado a los salarios de los trabajadores públicos y gremiales, así como la eliminación de enormes conquistas sociales. No es casual que en los últimos años los suicidios se incrementaron enormemente, producto de la terrible crisis económica que asesina mentalmente a los hondureños.

Las caravanas

Antes del 2010, los hondureños que emigraban eran los que no tenían un trabajo estable o que corrían riesgo en su vida personal y familiar. Con la profunda crisis económica de los últimos 10 años, también emigran personas que ostentan con un trabajo bien remunerado, pero con un bajo poder adquisitivo de la moneda absorbido por la terrible inflación y el estancamiento salarial.

La población hondureña se ha visto obligada a emigrar creyendo que en el norte tiene esperanza de al menos conseguir un empleo y, además, tener seguridad, situaciones obligatorias para la existencia y que aquí el régimen se preocupa en destruir. En el 2018 se pusieron en moda las famosas caravanas para emigrar al norte, el gobierno de Trump rápidamente creó leyes para que no se siguieran motivando las poblaciones latinas para invadir el territorio norteamericano, también crearon en México, Guatemala y Honduras el “País Seguro”, mandatos que impone tapones a los que pretenden hacer el tan peligroso viaje. Esto no ha sido motivo para detener a los hondureños y ya el 15 de enero recién pasado salió la primera caravana para el norte.

El pueblo debe movilizarse

El domingo 19 en la ciudad de Tegucigalpa ya se dio una movilización para exigir el combate a la corrupción e implícitamente exigir la salida de JOH. Para obtener nuevamente salarios dignos, empleo y condiciones mínimas de vida, es urgente movilizarse nuevamente de forma organizada y con un plan muy bien estructurado.

Por Andrés Morales

Conceder el territorio y sus recursos a extranjeros: un pasado vergonzoso en la historia de Honduras, imposible de olvidar

La historia política hondureña de principios del siglo XX, coloca en un lugar sumamente complicado a las organizaciones partidarias de mayor tradición: en este caso al Partido Liberal y al Partido Nacional; quizá por ser estas organizaciones las encargadas de promover el llamado sistema concesionario.

El modelo concesionario tiene sus orígenes en Honduras, precisamente en 1906, cuando Manuel Bonilla aun ostentaba su periodo de gobierno; años en que las compañías fruteras comenzaban a disputarse las zonas costeras de este territorio. Tal parece que el modelo de civilización occidental fue el horizonte trazado por los liberales del siglo pasado.

El sistema concesionario, al cual ya estaba habituado el gran capital bananero en Costa Rica y Guatemala, que ligaba la construcción de líneas férreas con la dotación de tierras en usufructo para que se dedicaran al cultivo del banano en gran escala, solo se inició en Honduras en 1906 con el presidente Manuel Bonilla, un político liberal que se había visto gratamente impresionado por los avances que en materia de crecimiento económico estaba experimentando el litoral norte con el cultivo del banano.[1]

Las décadas subsiguientes demostraron que la política de conceder territorio a varias compañías extranjeras, sería una norma y no excepción. Las administraciones de los partidos políticos tradicionales continuaron sin cuestionarse la entrega expresa del territorio a formas más sofisticadas de extractivismo. La minería, que fue quizá una de las primeras formas de extracción de minerales en territorio hondureño dio paso a grandes concesiones en las costas del país a compañías fruteras, y éstas a su vez cedieron el paso hace apenas algunas décadas atrás, a las concesiones de vastos territorios para la generación de “energía limpia” a compañías vinculas a hidroeléctricas.

Uno de los casos más emblemáticos lleva por nombre Patuca III, una hidroeléctrica construida con capital chino, de la empresa SINOHYDRO. Este proyecto fue promovido por el actual gobierno nacionalista, y presentado originalmente en un gobierno anterior liberal previo al año 2009. El sistema concesionario, arrastrado desde ya hace un siglo, es sostenido inclusive por el congreso nacional, que a través de “decretos de emergencia” promovidos por las representaciones de los partidos tradicionales, justifica el modelo económico extractivo como única forma de generación de energía bajo el régimen de concesiones a capitales extranjeros.

Las comunidades cercanas a estos proyectos tienen visiones distintas del modelo civilizatorio de los estados nacionales, y tienen presente el daño ambiental que ocurre si una hidroeléctrica es instalada cercana a sus territorios, Esperanza Martínez apunta lo que sigue entorno a estos daños.

…se interrumpe el cauce del agua y se afecta a las especies subacuáticas. En las zonas donde se instala una hidroeléctrica, vertientes y ríos son desviados, enclaustrados en túneles o ductos a lo largo de kilómetros, dejando a muchas familias campesinas sin agua para sus actividades.[2]

En la mayoría de los casos que tienen que ver con la instalación de hidroeléctricas o mineras en comunidades de varios departamentos o municipios del país, se impone una única visión: la del Estado. No sobresalen las propuestas que muchas comunidades campesinas e indígenas hilvanan a través de asambleas comunitarias, cabildos abiertos, entre otras formas de decisión comunitaria. Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea suponen que:

…es imposible generar modelos de gestión públicos y sustentables sin tener una concepción amplia del territorio como sistema integral para la reproducción de la cultura y la defensa y cuidado de las fuentes y cuencas hídricas.[3]

Por una política ambiental que se desligue de la tradición antiecológica de los partidos políticos tradicionales hondureños

La concepción amplia del territorio como sistema integral, tal como lo expresan los autores anteriores, no ha sido específicamente un tema de vital importancia en los programas de gobierno de los partidos tradicionales. Una propuesta concreta que proviene de la ecología política atraviesa todo el sistema de pensamiento occidental replicado por las corrientes liberales del siglo XIX, convertidas en partidos políticos en el transcurrir del XX, herencia que persiste y no ha sido rota. Si emerge de los movimientos sociales una propuesta política que sostenga una ética distinta a la del libre mercado, es más que necesario que asuma lo que Enrique Leff sugiere como objetivos de la ecología política.

Más que actuar en el espacio de una complejidad ambiental emergente, [la ecología política] se inscribe en la búsqueda de un nuevo proyecto libertario para abolir toda relación jerárquica y toda forma de dominación. Más allá de estudiar los conflictos ambientales, está constituida por un conjunto de movimientos sociales y prácticas políticas que se manifiestan dentro de un proceso emancipatorio. La ecología política se funda en un nuevo pensamiento y en una nueva ética: una ética política para renovar el sentido de la vida.[4]

Un proyecto político emancipatorio asumido por los movimientos sociales y demás agrupaciones conscientes de las políticas antiecológicas y la profundización del modelo concesionario por los partidos de tradición liberal, debe poner por delante la crítica a las distintas opresiones que se viven fuera de las ciudades capitales y el ámbito urbano, como ser la opresión expresa contra las mujeres campesinas, indígenas y afro, explotadas doblemente en el campo. Rita Segato propone lo que sigue entorno a este planteamiento:

…es necesario introducir en la retórica jurídica y en la consciencia de la opinión pública la centralidad y el significado de las formas nuevas de victimización del cuerpo femenino en las estrategias de manutención de un orden basado en la dominación arbitraria y soberana sobre la vida de las personas y sus territorios. Localizar y desarticular este dispositivo de dominio es una tarea urgente.[5]

Es necesario replantear el bipartidismo en Honduras, su papel en las políticas ancladas en la matriz energética extractivista y el modelo concesionario. Un siglo entero de continuidad de un modelo económico dependiente que repercute en la actualidad en formas no vistas de represión, como el asesinato de líderes indígenas y campesinos, es lo que define a la historia social y política hondureña. Los roles, asumidos por los dos partidos tradicionales Nacional y Liberal, y el estudio de los programas políticos afines a una economía extractiva, es una tarea que pretende asumir este ensayo en próximos borradores.

Notas

Enrique Leff, La ecología política en América Latina. Un campo en construcción, En publicación: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Alimonda, Héctor. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Marzo 2006.

Esperanza Martínez, “El agua limpia y libre es agua bendita. El agua en el centro de los conflictos ambientales en Ecuador”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp), Agua. Un derecho fundamental, Quito: Edi. Abya-Yala, 2010).

Mario Posas, “La plantación bananera en Centroamérica (1870-1929)”, en Edelberto Torres Rivas Coord., Historia General de Centroamérica tomo IV. Las Repúblicas agroexportadoras (1870-1945), España: Ediciones Siruela, S. A., 1993.

Rita Segato, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”.

Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea, “Aguas en movimiento. Culturas y derechos”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp), Agua. Un derecho fundamental, Quito: Edi. Abya-Yala, 2010).

Imagen principal fue tomada del siguiente sitio:

https://copinh.org/2018/07/gobierno-y-empresarios-promueven-cuarto-congreso-de-mineria-en-honduras/

[1] Mario Posas, “La plantación bananera en Centroamérica (1870-1929)”, en Edelberto Torres Rivas Coord., Historia General de Centroamérica tomo IV. Las Repúblicas agroexportadoras (1870-1945), (España: Ediciones Siruela, S. A., 1993), 122.

[2] Esperanza Martínez, “El agua limpia y libre es agua bendita. El agua en el centro de los conflictos ambientales en Ecuador”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp), Agua. Un derecho fundamental, (Quito: Edi. Abya-Yala, 2010), 338.

[3] Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea, “Aguas en movimiento. Culturas y derechos”, en Alberto Acosta y Esperanza Martínez (comp), Agua. Un derecho fundamental, (Quito: Edi. Abya-Yala, 2010), 272.

[4] Enrique Leff, La ecología política en América Latina. Un campo en construcción, (En publicación: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Alimonda, Héctor. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Marzo 2006), 37.

[5] Rita Segato, “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, 88.