Por Horacio Villegas

Las convocatorias a movilizaciones en contra del gobierno de Juna Orlando Hernández (JOH) continúan. El martes 6 de agosto del presente año, tanto San Pedro Sula como Tegucigalpa, fueron el epicentro de las protestas antigubernamentales. Los detonantes que dieron inicio a estas jornadas de movilización popular, fueron las declaraciones de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación pública, que, en su último video difundido en las redes sociales, recurrieron al llamado de distintos sectores de la población, para exigir la salida inaplazable del gobierno de Juan Orlando.

Las acusaciones de narcotráfico en contra de JOH

La fiscalía del distrito Sur de New York ha dado a conocer un informe en donde se vincula en forma de códigos (CC) a los distintos aliados cercanos al tráfico de drogas relacionado con Tony Hernández. En este informe se detallan los financiamientos de campañas políticas del Partido Nacional, a través de las copiosas ganancias del narcotráfico. Era de esperarse que se mencionara a Juan Orlando como uno de los colaboradores de esta red de narcotraficantes ligados a la política; JOH es mencionado como la pieza CC–4 en toda esta red de mafiosos.

Los distintos diarios digitales de varias filiaciones políticas han dado a conocer la noticia con severidad, haciendo los señalamientos respectivos al narcodictador Juan Orlando Hernández; la revista Forbes, que representa los intereses de las burguesías centroamericanas, ha publicado varias notas referidas al tema de la narcoactividad de JOH, anunciando posiciones que demuestran cierto descontento con las políticas del narcodictador: “La Fiscalía del Distrito de Nueva York divulgó en un informe que Juan Orlando Hernández recibió al menos 1.5 millones de dólares para financiar su campaña política cuando aspiraba a la presidencia.” (Forbes Centroamérica, 5 de agosto de 2019).

Este documento divulgado por la fiscalía Sur de Estados Unidos, tuvo repercusiones en la voluntad de ciertos sectores que iniciaron con las acciones de protestas a nivel nacional. Tegucigalpa, con los estudiantes universitarios que rápidamente demostraron su descontento con tomas esporádicas del Bulevar Suyapa, y los estudiantes universitarios de San Pedro Sula que acrecentaron su descontento tomándose ciertas calles de la capital industrial.

Hasta la fecha Juan Orlando tiene bajo su respaldo la defensa de bufetes de abogados que lo amparan ante las cortes estadunidenses. Y sus viajes a Washington, donde se pavonea haciendo ejercicios de rutina, demuestran el grado de total manejo y despreocupación en torno a las acusaciones. El gobierno de Estados Unidos lo tiene aún en el mandato, y sólo las jornadas de protesta multitudinarias podrán sacarlo a él y a su gabinete.

Las convocatorias de la Plataforma de Salud y Educación

El pasado domingo 4 de agosto del presente año, la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación lanzó un contundente video en donde se colocó como emblema principal “El momento ha llegado: la salida inmediata de Joh.” En esta declaración al estilo ya conocido de la plataforma, Suyapa Figueroa anunció lo siguiente:

“En nuestra lucha por el fortalecimiento del estado de derecho, la democracia, y el respeto de los derechos humanos, con base al grave involucramiento del gobernante Juan Orlando Hernández en actos de criminalidad organizada, narcoactividad, y corrupción pública en gran escala, mediante un patrón sistemático de violación a la constitución de la República, exige su inmediata salida del cargo ilegalmente ocupado.” (Video oficial de la Plataforma, 4 de agosto de 2019).

A pesar que la declaración llamaba a las protestas a nivel nacional en “barrios, colonias, territorios, municipios, departamentos y demás sectores”, no detonó una situación de quiebre para el gobierno. El método que se utilizó el lunes 5 de agosto, fue reunir a las demás regionales en Tegucigalpa, para nutrir las movilizaciones y las asambleas; se pensó en las protestas a nivel departamental. Las lecciones que dejaron las intensas protestas en la crisis electoral del 2017 y las pasadas protestas que nos libraron de los PCM ejecutivos, sus métodos empleados, arrojan luces en las medidas de presión casi insurreccionales que sí pudieron fatigar al gobierno y sofocarlo hasta su asfixia: las obstrucciones de calles, bulevares, salidas vehiculares de Tegucigalpa y otros departamentos.

Las movilizaciones masivas son un buen indicador del nivel de fuerza de los sectores en oposición al régimen, pero en los hechos solo las medidas de presión podrán asestarles un verdadero golpe de gracia a los nacionalistas enquistados en el poder. La cruda represión estatal que ya nos ha costado más de treinta vidas en las protestas ocurridas en el fraudulento proceso de elecciones del 2017, sólo se le puede hacer frente estableciendo más focos de resistencia organizada en los barrios, colonias, territorios, etcétera. Las movilizaciones dan a conocer el descontento generalizado, y deben ir acompañadas con acciones planificadas de protesta que consigan debilitar al gobierno. Ese ha sido el esquema de insurrecciones populares desarmadas, no son pacíficas, pero llegan a hacer tambalear a los regímenes dictatoriales. La historia lo ha demostrado.

Las propuestas de Libre: Reformas electorales y el fin de la insurrección popular

Desde el 12 de agosto los diarios oficialistas anunciaron el nuevo viraje de la oposición parlamentaria de Libertad y Refundación: ahora la lucha por el derrocamiento del gobierno pasa a un segundo plano, y la atención se dirige a concretar las Reformas Electorales. El método de fulminar con obstrucciones y ruidos constantes las sesiones en el hemiciclo, que provocó varios enfrentamientos entre los diputados, ya tiene su fin. Ahora se está a la espera de ocupar los cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Son 34 artículos los que fundamentan la nueva elección de cargos en dichos órganos electorales, bajo los parámetros de la Ley Especial para la Elección de Autoridades Electorales, así lo anunciaron los diputados encargados del tema. El pasado 15 de agosto fueron aprobados 20 de los artículos propuestos para esta ley, teniendo negativas de parte de representantes del PINU y otros partidos minoritarios en el Congreso Nacional.

La comisión técnica de la OEA que desde marzo ha tenido presencia en la elaboración de una propuesta para las reformas electorales, ha presentado resultados de suyo conocidos: por lo cosmético y neutro de la propuesta, que llama a la ciudadanización de las mesas electorales en un ambiente de sobrada inconsistencia por los fraudes ya recurrentes. Esta propuesta no señala ningún problema central del tema electoral: “En esta propuesta, la OEA no hace ninguna alusión a temas sensibles como la reelección, la segunda vuelta, el voto electrónico y la transmisión de resultados, pero sí aborda lo relacionado con la conformación de las mesas electorales receptoras, que propone se llamen Juntas Receptoras de Votos.” (El Heraldo, 17 de julio de 2019).

La insurrección pacífica encomendada a ficticios comandos insurreccionales ya no es el tema novedoso en los discursos de Manuel Zelaya: “‘Yo lo ordeno aquí, paladinamente frente a Morazán, bancada de Libre saque las elecciones, saque las reformas electorales para el pueblo hondureño’, dijo en una concentración en el parque Central de Tegucigalpa.” (La Tribuna, 12 de agosto de 2019., ahora se habla de ganar las próximas elecciones con un nuevo aparato electoral que busque, bajo todos los medios posibles, dar ventaja al nuevo tripartidismo (Nacionalistas-Liberales-Libres).

Organizar y convocar la Huelga General

El pueblo hondureño ha dado suficientes muestras de lucha en contra de la dictadura de JOH: movilizaciones, plantones, hasta paros nacionales escalonados. Suficiente movilización en las calles, pero el gobierno no cae. Esto no se debe a una insuficiencia de la movilización popular, sino a que las direcciones de los partidos políticos hacen lo imposible para evitar el inicio de una lucha unificada a nivel nacional. Se esfuerzan en convocar a marchas en diferentes días y horas en los departamentos.

Las marchas se producen aquí y allá, con mucho entusiasmo, pero descoordinadas a veces. Las dirigencias de los partidos burgueses de oposición, liberales y LIBRE, se niegan a convocar a una Huelga General o Paro Nacional indefinido para tumbar a la dictadura. Se limitan a utilizar las marchas como mecanismo de presión contra la dictadura, solo para negociar reformas electorales o cualquier otro tema.

Solo los trabajadores, organizados en sindicatos y organismos populares y barriales, son los que pueden convocar a esta Huelga General, la única arma posible para derrotar al narcogobierno de JOH. Solo una Huelga General, como la de 1954, es la que podrá arrodillar al gobierno nacionalista. La Plataforma, que tiene mucha autoridad sobre salud y educación, debe tomar la iniciativa de convocar a esta Huelga General para terminar con este cáncer que carcome a Honduras