Por Felipe Suazo Erazo

La historia de la desigualdad en Honduras tiene una larga data. En los últimos años, Honduras ha caído en unos niveles de pobreza exorbitantes, a tal grado, que es el penúltimo país en encabezar los niveles de desigualdad en Latinoamérica, según cifras recientes de la CEPAL. Este artículo busca reflexionar sobre la actual crisis que ha generado los últimos decretos de emergencia llevados a cabo por el Congreso Nacional de la república y el poder ejecutivo. Es decir, los denominados PCM.

Políticas Neoliberales en la Educación y la Salud

Desde que el Partido Nacional asumió el poder en el año 2010, puso en marcha un proceso de destrucción de los entes estatales para privatizarlos bajo el esquema propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el estado dirigido por Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En el caso del sistema de educación en Honduras, el proceso a seguir fue, la implementación de la ley fundamental de la educación en los años del 2012-14, el cual convocó al sector magisterial, y estudiantes de educación media, a una ola de protestas en contra del estado y el ministro Marlon Escoto.

El marco de esta ley apuntaba a un deterioro de la educación pública en Honduras. En un sentido general, esta ley promovía la descentralización en la administración de los recursos, que debía de ser asumida por las alcaldías municipales y la eliminación de la matrícula gratis, eliminación progresiva de los bachilleratos, y la extensión de la educación básica de primer grado a noveno grado. La mayor parte de los costos que se dan en los centros educativos en Honduras –pago de servicios públicos, papelería, y mantenimiento– era trasladado al consumidor: el pueblo hondureño.

La escala de protestas que se generaron entre el 2012-2014 en contra del estado, conllevaron al debilitamiento del gremio magisterial en Honduras, en medio de represión, despidos, y una táctica de desgaste en los principales colegios magisteriales en Honduras. Dividieron a las bases y las dirigencias de los colegios magisteriales, ahogándolos en un mar de silencio absoluto, el cual ha sido roto por la movilización de sus bases a nivel nacional. Marlon Escoto, fue pieza clave para la domesticación y destrucción de los derechos laborales del magisterio en Honduras. En el nivel de educación superior, el Partido Nacional, colocó a otro cerebro de la maldad: la ex rectora Julieta Gonzalina Castellanos, quien entre el 2015-2018, mantuvo un fuerte choque con el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU). Si hay algo que hicieron estos dos personajes, en su gestión como rectores de la educación pública en Honduras, fue promover las brechas entre la desigualdad e igualdad de acceso a la educación en Honduras.

La privatización de la salud, ha tenido otro horizonte: primero, en los consecutivos gobiernos nacionalistas, la inversión en salud ha sido casi nula, ¿Cuántos hospitales y escuelas se han construido en Honduras, en diez años de los nacionalistas en el poder? Segundo, otro gran negocio que se ha gestado en Honduras, han sido las jugosas licitaciones que algunos grupos económicos han aprovechado para ampliar sus arcas económicas, utilizando a empleados públicos sobornables, para concretar oscuros negocios. Un caso particular, es el de la ex presidenta del Congreso Nacional, Lena Gutiérrez, acusada con su empresa ASTROPHARMA, de vender pastillas de harina en el sistema de salud pública en Honduras. En la actualidad esta señora, es parte del gabinete de JOH, y se ha visto liberada de su crimen colectivo, debido a la impunidad imperante en el sistema judicial hondureño, manejado por los nacionalistas. Tercero, la venta de medicinas, ha sido acaparada por una amplia red de cadenas farmacéuticas en Honduras: Farmacias KIELSA, Farmacias del Ahorro, Farmacia Súper Simán. Es decir, que la élite económica, ha privatizado la producción y distribución de las medicinas en Honduras, donde, por cierto, los empleados sufren extensas jornadas, desiguales contratos laborales, y explotación por parte de estas cadenas farmacéuticas. Una de las familias involucradas en la venta de medicinas en Honduras, es: Átala Faraj, involucrados en la muerte de Berta Cáceres.

Olas de protesta y paro nacional 2019

 El estado de Honduras ha respondido a la ola de protestas y paros nacionales en las últimas dos semanas, con represiones muy alarmantes. En varios barrios de los centros urbanos de la costa norte, Choluteca, zona centro; el gas lacrimógeno y las balas se han hecho el común denominador de la vida cotidiana del hondureño. El nivel de represión ha consistido en la invasión de casas, torturas, secuestros, desapariciones y muertes de ciudadanos que han salido firmemente a defender sus derechos ciudadanos. Ante la escalada de protesta en las últimas dos semanas, la economía del país se ha visto afectada, y la consigna común de la mayor parte del pueblo, ha sido salvaguardar los pocos derechos de acceso a la educación y la salud, que son los últimos reductos del sistema público en Honduras, trastocados por la narcodictadura del Partido Nacional.

Precariedad del sistema de salud y educación en Honduras

En la mayor parte de hospitales de Honduras, no hay medicinas; la infraestructura es paupérrima; la contratación de doctores y enfermeras a nivel nacional, es baja. Los principales hospitales de Honduras, se encuentran en Tegucigalpa (Hospital Escuela Universitario) y San Pedro Sula (Hospital Mario Catarino Rivas). Esto genera que, personas del interior del país, tengan que hacer grandes sacrificios para tener acceso a especializaciones en el área de la medicina, a postergadas citas (generando muertes por inanición), y la falta de medicina en los principales centros de atención médica.

En el caso de la educación, no ha existido una reforma educativa que promueva un desarrollo integral en los estudiantes de todos los niveles educativos. Quienes lideran la educación de calidad en Honduras, son las altas escuelas bilingües. ¿Quiénes tienen acceso a este tipo de educación? Evidentemente, la clase económicamente privilegiada del país. Existen muchos casos de maestros que dan clases a la intemperie en Honduras, sin recursos, sin material didáctico, y en algunos casos, bajo el sistema de multigrados, es decir, aquella dinámica en donde el docente atiende varios grados a la vez.

Avanzar en la defensa de mas derechos

La lucha del gremio magisterial y de la salud, debe ir más allá de la defensa de los derechos económicos y laborales, para orientarlos en pro de los derechos colectivos y ciudadanos de los hondureños. La consigna del pueblo consciente, es defender estos derechos universales y colectivos; y el Fuera JOH, que no falta en las manifestaciones, en los estadios deportivos, en conciertos, en graduaciones, en fiestas, y en las redes sociales que han sido un efectivo medio de difusión ante el silencio de las grandes corporaciones de la información en Honduras. Por el derrocamiento de la narcodictadura en Honduras y la lucha contra el modelo neoliberal.


Por Marbin Amílcar Pérez Natarén

Según el Diccionario Básico de Lingüística; diálogo es "proceso interactivo de la comunicación, formado por una cadena de intervenciones lingüísticas y que se desarrolla con los interlocutores cara a cara” (Luna Traill, 2005) (pág. 457) para que sea diálogo y no un monólogo es importante la comunicación basada en el respeto, la aceptación de las partes y la tolerancia del otro, el respeto mutuo entre las partes. Según el Diccionario de la lengua española “es una plática entre dos y más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos". (RAE), 2018) Para que haya diálogo entendiendo que es importante hablar el mismo lenguaje sino jamás habrá acuerdos.

Es muy peligroso caer en un mal llamado diálogo de sordos mudos: dónde una de las partes no conversa sobre el asunto de interés, y la otra es que no tiene el uso de la palabra, por carecer del uso de esta, ya que hay un solo sector que abusa de ella, sin lugar a dudas se le podría llamar monólogo.

Diálogo es una plática entre dos y más personas; es una conversación para solucionar los problemas. Pero si se llega una mesa para dialogar y una de las partes lleva agenda y la impone; en ese punto podríamos llegar a la conclusión que ha muerto el diálogo, porque implica violencia y el diálogo es enemigo de la violencia; dónde empieza el diálogo termina la violencia; Y donde empieza la violencia no hay posibilidad de diálogo.

Antecedentes históricos de los diálogos en Honduras

En el gobierno de Ricardo Maduro, el panameño creo una campaña, de un famoso, "Gran diálogo nacional" respaldado por los medios de comunicación, por todos los sectores de la sociedad. En el gobierno Pepe Lobo, se hizo llamar "Gobierno de la Unidad Nacional" y también convocó aún gran Diálogo Nacional que hacía gala todos los medios afines al gobierno.

En ese mismo periodo de gobierno del matrimonio Lobo-Hernández: se dialogó con los campesinos ¿qué frutos tubo dicho diálogo? Se llegó aún diálogo impuesto con el magisterio por parte del Gobierno, más bien fue nefasto para el Magisterio quedo derrotado. Se aprobó "La ley Fundamental de Educación" y el "Estatuto del docente" quedó sin valor y efecto.

Lo último de los diálogos por los gobiernos de azules y colorados, el gran diálogo para la paz y la Unidad de Honduras, producido por el mega-fraude electoral. Salvador y su gente, Luis Zelaya por el partido Liberal a diálogo con el Gobierno de JOH, con un mediador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Igor Garafulic podemos decir sin ningún resultado favorable al pueblo hondureño.
Las protestas de la plataforma de educación y de salud, son a raíz de los Decretos (PCM) decretos En Consejo De Ministros del presidente (...) Qué son lesivos para la educación y la salud. Los médicos y maestros en la plataforma de educación y de salud piden la derogación de los artículos antes mencionados.

Una de las condiciones de diálogo según el gremio médico y los docentes, la respectiva derogación de (PCM) es una condición del diálogo con el gobierno. El gobierno antenoche convocó a Consejo de Ministros y derogó dichos artículos; el problema es que creo dos nuevos artículos (PCM) así no parece haber condiciones para dialogar. Algún otro obstáculo es el fin de semana pasada aprobaron otro artículo en Consejo de Ministros. Y se desconoce qué continente.

El diálogo es posible si y sólo si, hay condiciones de igualdad, es decir es posible entre partes que hablan un mismo lenguaje. Los seres humanos a diferencia del resto de animales somos seres que tenemos un lenguaje, y dicho medio sirve para conversar y solucionar nuestros problemas.

El gobierno llama a diálogo a dos sectores; magisterio y los médicos

El gobierno derogó los Decretos de Emergencia, y esa es una de las condiciones para dialogar con el gobierno. Pero según el análisis de los dirigentes hay una trampa del gobierno, análisis que nosotros compartimos con los dirigentes magisteriales y el gremio de los médicos. El Gobierno derogó los Decretos de Emergencia (PCM). El 025 y el 026 que privatizan la educación y la salud. El problema fue que creo otro decreto de Emergencia, y anteayer creo otros dos.

¿qué voluntad política tiene el gobierno para solucionar la crisis en salud y en educación?  Pues al parecer no tienen muy buenas intenciones, no existe voluntad política de solucionar las peticiones de la salud y la educación. La respuesta del gremio de los trabajadores de la salud y de la educación, que las personas que están en la mesa de diálogo no representan a la base las asambleas del magisterio y los médicos. 

La respuesta de los médicos y docentes es que, si van al diálogo, pero tienen que haber condiciones para ello, por ejemplo; esa supuesta asociación de padres de familia, la sociedad civil, los religiosos (pastores y sacerdotes) son afines al gobierno. Si estos actores desparecen del escenario ya no tiene nada ver, ya si en una cuestión de democracia, estos personajes votarían en contra de los gremios y médicos y el magisterio.

Si los gremios médicos y magisteriales en la mesa del diálogo significarían una muerte segura desmovilizar el movimiento social. No cabe ni la menor de las dudas que lo que busca el gobierno es que no se continué con la protesta social. Si se iba a esa mesa con el gobierno es traición a las bases que no han dado esa orden.

Condiciones para ir a la mesa de diálogo con el gobierno

Según el gremio médico y el magisterio, no se puede dialogar en las condiciones del gobierno. Condiciones paritarias entre el gobierno y los sectores. Y condiciones claras para mesa de diálogo cómo quiénes son los convocantes y los convocados para dicho diálogo, no quedan del todo claras.  Y el diálogo debe ser televisado. Según cuenta Luis Zelaya Medrano, dice que fue un error haber participado en el diálogo.  Aconseja; (Zelaya, 2019) Le digo a docentes y médicos, no cometan el error que yo cometí al creer en diálogos falsos aún con la comunidad internacional de testigo.”  según declaraciones dada del excandidato presidencial Liberal. Pero la oposición política le dijo a Salvador Nasralla y a Luis Zelaya que no participara de dicho diálogo con el gobierno que lo iban a legitimar.

Los dirigentes magisteriales se sentaron a negociar con el gobierno

Las asambleas han cuestionado mucho que estos dirigentes hayan ido a negociar con el gobierno sin autorización de la base. En una fecha muy reciente el gobierno los estaba acusado de corrupción y de otros delitos, como lavado de activos.  Para el dirigente magisterial Daniel Esponda que el gobierno haya derogado los (PCM) da una muestra de querer dialogar con los sectores involucrados en el sector salud y educación. (La Tribuna/04/2019)La derogatoria de los PCM, hasta los del 2011, es una muestra abierta del gobierno para iniciar el diálogo”. “Hasta derogaron PCM que no solicitábamos y eso demuestra que sí quieren dialogar”.

Mas bien parece ser un representante del gobierno, y no un dirigente magisterial más. A qué otro artículo hace referencia Daniel Esponda; “Nosotros no generamos el problema, fue el gobierno de aprobar decretos al margen de la Constitución de la República y me perece que esta resolución del gobierno llegó ya tarde, ya ayer (domingo)se cumplían 36 días de conflicto”.  Algunos dirigentes se reunieron con el gobierno sin el consentimiento del gremio médico y el magisterio y participaron en las mesas con el gobierno.  Continúa afirmando “y comprendemos que hoy sigan muchos sectores que mantienen la crispación”.

Casi a manera de conclusión el dirigente magisterial manifestó: “la compañera Suyapa Figueroa del Colegio Médico de Honduras y el compañero Edwin Hernández del Colegio de Pedagogos de Honduras, empeñaron su palabra que acidaríamos al diálogo y otros es momento que el gobierno haga la convocatoria para todos”. (Esponda, 2019) El problema de Daniel Esponda es que no se da cuenta que no hay condiciones; también no ha convocado a la plataforma como tal, que las condiciones las está poniendo el Estado, y que eso llevaría a una trampa, a lo mejor no lee la realidad, o no quiere hacerlo.

 A modo de conclusión

Ojo con el diálogo con el gobierno: es una trampa para el gremio médico y los maestros. Si bien es cierto que la plataforma en Defensa de la Educación y de la Salud han dicho que si se derogaban los (PCM) o Decretos de Emergencia iban a dialogar con el gobierno. Pero una cosa bien clara y es que han puesto algunas condiciones para ir al diálogo; el gobierno ha convocado en dos ocasiones a la dirigencia, al menos al día de ayer no asistieron, y no sabemos si hoy asistirán a la convocatoria del gobierno. Por sentido común sabemos que ellos tienen cierta madurez política, y que al frente de dicho movimiento hay personas auténticas hasta donde lo sabemos.

Los integrantes de la plataforma en Defensa por la Salud y la Educación ya han identificado dónde está la trampa de dicho diálogo, ha mencionado por cierto algunas organizaciones que no tienen nada que estar haciendo en dicho diálogo; la ACJ Asociación para una Sociedad más Justa, los Dirigentes de las Centrales Obreras, los Patronatos controlados por el partido Nacional, los supuestos padres de familia, las iglesias, tanto protestantes como católicos. ¿Qué tienen que estar haciendo dichos miembros de todas esas organizaciones en el diálogo?

Al parecer aún no han dado el si para el diálogo con el gobierno es estas condiciones, y desde luego nuestra esperanza es que no vayan a participar en ese diálogo en esas condiciones. Otro asunto que no debe de olvidar el magisterio y el gremio de los médicos, son las personas que han caído en la lucha a los mártires, asesinados por la policía militar de orden de público, y los paramilitares del Estado de Honduras, así, que reparación para los familiares de las víctimas caídas en la lucha; otro asunto libertad para los presos políticos, y castigo para los asesinos y violadores de los Derechos Humanos.  Si esas condiciones se cumplen habrá que considerar si se participa del diálogo, ¿cuáles son las posibilidades que, si se llega acuerdos, dichos acuerdos se cumplan? También que los acuerdos del diálogo tienen que ser vinculantes. 

Ampliar y fortalecer la lucha

Desde el partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos los sectores de la sociedad hondureña; obreros, campesinos, estudiantes de primaria y secundaria, docentes de todos los niveles de educación, a todos los trabajadores, y   al pueblo hondureño por la Defensa de la Salud y la educación pública, a unir fuerzas para que la lucha sea muchos más amplia, que la misma que tiene la plataforma de Salud y Educación. Sin crear bloques de división sino más crear más condiciones para democratizar el espacio; las asambleas son muy importantes, y son las mismas que vuelven dicho espacio con mayores posibilidades éxitos.


Por Marbin Amílcar Pérez Natarén

En el presente artículo no pretendemos hacer un análisis jurídico de los Decretos de Emergencia, llamados (PCM). El objetivo es para desenmascarar y desmontar el discurso público que hacen las autoridades en los medios de comunicación, sobre conceptos como transformación y reestructuración de la educación y la salud. Este discurso oculta sus planes perversos.

Primero que nada, que se oculta detrás del concepto “Decretos de Emergencia”. ¿Emergencia de qué y para qué? No tenemos ninguna emergencia: no ha habido ni terremotos, ni sismos, mucho menos huracanes, tsunamis o una guerra.  La única emergencia del Gobierno es la de privatizar la educación y la salud. Estos Decretos P.C.M son aprobados por el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en Consejos de Ministros. Entonces ¿Cuál es la prisa del Gobierno para crear “Decretos de Emergencia”?

Hay muchas razones: una de ellas es la de honrar sus compromisos con los Organismos Financieros Internacionales. Es la principal causa, pero no la única:  la otra causa es el gran negocio de los llamados “empresarios”, dueños de los bancos.

Ley de transformación y reestructuración de la educación y la salud

Uno de los argumentos de los médicos y los profesores, es que dichos Decretos de Emergencia conduce a la privatización de la educación y la sanidad pública. El gobierno niega totalmente esta afirmación.

Pero si uno se adentra en el análisis de dos términos, sobre transformación y reestructuración, encontramos la explícita e implícita privatización parcial o total de la educación y la salud. La clave está en la famosa “transformación”. ¿Qué se va a transformar? Esa es la gran pregunta.

No es creíble la afirmación de los altos funcionarios del Estado, ya que ninguna de las instituciones públicas que ha intervenido, han sido para transformadas, sino más bien han sido saqueadas. Tenemos como ejemplos: el asalto sobre el Seguro Social (IHSS) y los hospitales públicos, el saqueo y quiebra de la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE), y la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la Empresa Nacional Portuaria, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el peaje sobre las carreteras, etc.

La intervención de muchas instituciones públicas ha servido para otorgar concesiones de todo tipo, hasta los aeropuertos. El Estado ya no tiene empresas que impulsan la construcción de escuelas, colegios y hospitales, pero se han construido cárceles de máxima seguridad, más bien son cárceles de Máxima tortura. ¡Qué ironía!  También las cárceles están privatizadas. Toda la modernización que el Estado está obligada a implementar se le concede a empresarios privados. Estos son los resultados del lenguaje sobre reconstrucción y reestructuración.

Salud y educación son un derecho Humano y constitucional

La Constitución de 1982 y sus reformas garantiza la gratuidad y obligatoriedad de la salud y la educación. El artículo 151 contiene ese mandato: “la educación es función del Estado, para su conservación, y el fomento y la difusión de la cultura, la cual deberá de proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza”.

Bueno, parece que la actual administración del Estado ha olvidado el artículo 151, no sé sabe si a propósito La mayoría de las escuelas, y colegios públicos en el país están abandonados y semi derruidos. Ante la ausencia del cumplimiento del mandato constitucional, los padres de familia y los docentes han tenido que asumir la infraestructura, la vigilancia, la pintura, el material didáctico, incluso han tenido que asumir los pagos de las planillas de seguridad, pagos de los recibos de energía eléctrica, pagos de los recibos de agua. Si eso no es privatizar, entonces ¿cómo se le podría llamar?

La ley es clara: ordena que la educación es función esencial del Estado. Otro de los problemas muy delicados son las escuelas unidocentes. El gobierno no está preocupado de actualizar y modernizar realmente la educación, que implicaría, entre otros aspectos, la actualización de los currículos para mejorar la capacitación de los docentes, lo que a su vez conllevaría a mejorar los salarios.

Otro dato importante. Se han abierto un montón de Centros de Educación Básica, lo que está bien, pero hay un problema emergente: la mayoría de los profesores que imparten asignaturas como química, español, física, ciencias naturales, inglés, historia de Honduras, entre otros son licenciados en pedagogía, no son especialistas en la materia que imparten. Mientras que muchos de estos especialistas están en el desempleo

El ejemplo de esta distorsión, lo tenemos en las secretarias de Estado. La Ministra de Salud es una analfabeta en el campo de la salud, pero es la máxima autoridad administrativa que va a despedir los médicos rebeldes.

Derechos Humanos y la salud

Una de las crisis más graves que atraviesa Honduras son las constantes violaciones a los Derechos Humanos en materia de salud. Solo en el saqueo del IHSS se robaron L 7300 millones de lempiras. Con ese dinero, habría terminado la pobreza de una buena parte de los hondureños, pero ocurrió todo lo contrario: existe un estado calamitoso en todos los centros de salud y hospitales públicos, con repercusiones sobre la atención al pueblo. Existen múltiples denuncias de abuso de autoridad por parte de altos funcionarios. Y añadido a eso, está la permanente falta de medicamentos en las farmacias, las malas instalaciones tienen que ver con la derruida infraestructura, y la falta de materiales quirúrgicos, etc.      

La Constitución de 1982 y sus reformas garantiza que la salud queda en manos del Estado y, por tanto, nosotros como ciudadanos debemos exigir que se cumpla con ese derecho.  El artículo 145 ordena: “Reconoce el derecho a la protección de la salud (..) es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. (…) el Estado conservara el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”. 

La ley es bien clara, y no parece haber confusión, ni hay necesidad que se presta para que haya interpretaciones ni nada por estilo de los trucos que utilizan los abogados. Habrá que invitar a los diputados de partido Nacional, y los diputados del partido Liberal, a los diputados del partido Libre, (…) y al feje de Estado y a todos sus ministros que vayan a recibir atención médica; en el Mario Catarino Rivas, en el Hospital Escuela, y en otros centros de salud pública.

Se supone que los hospitales públicos y centros de salud deben prestar servicios médicos gratuitos, con un sistema de cobertura Universal, pero este no es el caso de Honduras.     

El artículo 149 de la Constitución de 1982 y sus reformas, establece lo siguiente: ”El  poder Ejecutivo por medio de Ministro de Salud Pública y asistencia Social, Coordinara todas las actividades públicas de los organismo centralizados y descentralizados de dicho sector. Mediante un plan nacional de salud en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados. Y continúa dicho artículo citado; corresponde al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la ley”. 

Pero en Honduras no hay Estado de Derecho, no existe el mínimo respeto por la ley, ni por el derecho, así que la justicia no protege a los más vulnerables como hace énfasis la Constitución. Las personas más necesitadas son las que más sufren los maltratos. Hay una enorme cantidad de quejas por parte de los pacientes:  Casos de abusos de autoridad de algunos médicos y enfermeras, casos de mala praxis entre otros. Pero, en realidad, mientras existen condiciones materiales deplorables en el sistema de salud, la culpa recaerá sobre individuos, cuando en realidad se debe al pésimo estado del sistema de salud publica


Por Horacio Villegas

Las convocatorias a movilizaciones y a las asambleas informativas son una constante en la lucha de los médicos y maestros. Los gremios magisteriales que ejercen sus labores al interior del país, se han sumado en este nuevo surgimiento de la lucha de los trabajadores públicos en defensa de la no privatización de la salud y educación. Días atrás, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, compareció en ciertos medios televisivos, afirmando que la lucha seguirá en pie mientras no se deroguen los decretos ejecutivos PCM-026-2018 y PCM-027-2018, y que la Plataforma de los trabajadores y trabajadoras del sector salud y educación seguirá tomando las medidas contundentes como es el paro de labores, para seguir presionando al gobierno. Por su parte los maestros también han evidenciado toda la crisis que enfrentan por las medidas antipopulares, que han sido intensificadas con los gobiernos sucesivos al golpe de Estado del año 2009.

“Los maestros exigen una jubilación justa y digna, el rescate del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), la correcta aplicación de los colaterales salariales, concursos transparentes apegados a la ley y nombrar de forma permanente a los docentes interinos. Además, piden la eliminación de la jornada extendida, la no deducción del treceavo y catorceavo mes de salario y el pago de la ‘deuda histórica’ con el magisterio, entre otras exigencias.” (La Tribuna, 20 de mayo de 2019).

El gobierno ha respondido a las exigencias de los maestros y médicos, con el anuncio de un sonado diálogo que vendría –supuestamente– a resolver las fricciones entre el régimen y los sectores en lucha. Los representantes que el gobierno ha puesto en esta absurda propuesta de diálogo, son los encargados de ciertas instituciones como Carlos Madero, ministro del trabajo y Arnaldo Bueso, Ministro de Educación. Hasta el momento, los maestros han puesto tiempos límites al gobierno para que efectúen la derogación de los dos decretos ejecutivos. De lo contrario continuarán las protestas. La lucha de estos sectores, ha promovido la inserción de los jóvenes estudiantes de educación media y varios estudiantes de la facultad de medicina de la UNAH, a las jornadas de protesta, como fue el pasado martes 21, en el que los militares y policías salieron a reprimir a los manifestantes. Las movilizaciones, mítines, y la realización de un Paro a nivel nacional, es el rumbo al que tiene que ir dirigida la lucha de los médicos y maestros. Primero la derogación de los decretos ejecutivos, y luego la derrota definitiva del gobierno nacionalista.

¿Insurrección legislativa?

El viernes 17 de mayo se desató una polémica en las sesiones a lo interno del Congreso Nacional, debido a la elección de los magistrados o nuevos burócratas que asumirán la dirección de las nuevas dependencias creadas en reemplazo del Tribunal Supremo Electoral: el Consejo Nacional Electoral. Los congresistas que apelaron por la creación de más instancias ocupadas por los partidos tradicionales –incluido Libre–, esperaban con ansias la repartición de puestos en este nuevo órgano electoral; no obstante, para sorpresa de muchos, los cargos que se pusieron a degustación de los corbatudos diputados, terminaron inclinándose para el lado de la bancada del partido nacional, y hacia las viejas figuras que coronaron el Fraude Electoral del 2017 –Matamoros Batson por ejemplo.

Los “beligerantes” diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) crujieron sus dientes y arremetieron contra el partido de gobierno, con quien tiempo atrás, en una santa reunión conciliadora, habían pactado las sonadas reformas electorales, en donde se incluía la creación del nuevo engendro electoral.

“Los diputados de Libre y Partido Liberal no acompañaron la moción del diputado Mario Pérez, en tal sentido los congresistas de Libre protestaron exigiendo que se produzca la elección de nuevos miembros electorales, pero la elección se propuso y no participaron en ella.” (La Tribuna, 17 de mayo de 2019).

Los diputados nacionalistas, en contubernio de los otros partidos allí presentes, aprobaron la continuidad de los anteriores magistrados del órgano electoral. El Partido Libre, que se suele declarar como opositor del gobierno, en claras muestras de conciliación con los congresistas azules, ha acompañado propuestas que no tienen ningún arraigo popular, debido a las mismas condiciones en las que hoy todavía nos encontramos: con una dictadura en ciernes –más bien ya constituida– y un aparato gubernamental basado en ilegitimidad y fraude.

La insurrección legislativa de los ejemplares diputados de Libre, aparte de boicotear las sesiones con silbatos y consignas, consiste en desconocer las sesiones del Congreso Nacional –algo que hubiera empezado no reconociendo sus credenciales de diputados luego del fraude electoral de noviembre de 2017. Los insurrectos diputados siguen recibiendo más de 100 mil lempiras mensuales, una manutención que les vale por el esfuerzo de legislar bajo el principio de las negociaciones y las traiciones al pueblo hondureño.

 

 Por: Marbin Amílcar Pérez Natarén

" Para mis amigos todo; y para mis enemigos la ley".

Este epígrafe se hizo famoso durante la revolución mexicana, y luego el escritor Carlos Fuentes se la apropia como suya, y la popularizó aún más en sus obras literarias.  En caso particular de Honduras encaja muy bien. Queda como de dicen popularmente como anillo al dedo. Ese cuento de hadas que somos iguales ante la ley es una ilusión.

La dictadura diseño el nuevo código procesal penal para explicárselo a todo aquel que se oponga al régimen; para dicha citación cabe a la perfección se les aplica la ley. 

"En Honduras la ley muerde sólo a los descalzos; a las personas que usan botas están protegidos contra ley".

El tema de la calumnia está presente en el artículo 230 y 231, en caso de libertad de expresión o libertad de opinión. Qué no hay que pensar sólo en los periodistas de la prensa conocida tradicionalmente, la radio y la televisión. Hoy día las redes sociales han sustituido a los medios tradicionales.  Más de una vez he dicho que la televisión está muerta frente a los medios alternativos. La televisión, la radio y la prensa tradicional sin un cadáver. Incluso la misma comunicación tal y como la hemos conocido está a punto de morir.

En el código procesal penal actual, Titulo II delitos contra el honor, calumnia, injuria difamación. “Calumnia o falsa imputación de un delito de los que se dan lugar o aun procedimiento de oficio será penado con reclusión de dos (2) a tres (3) años”.  (artículo 155).  Y también el articulo (157) por el delito de calumnia, será recluido con una pena de uno (1) a dos (2) años. Léase en el articulo 160 la pena de difamación es de una (1) a tres (3) años.  Código procesal nuevo 229-230-231 estos son los artículos citados.

El comunicador social hondureño, y prestigioso periodista David Romero fue condenado por dichos delitos, pero en honor a verdad la condena no solo es injusta, sino que más bien es persecución política. La idea en este trabajo es que la ley se utiliza para aplicársela al enemigo, en una obvia falacia énfasis. Algunos expertos en Derecho, y profesionales de la comunicación afirman que con el nuevo código procesal penal podría salir libre David Romero.

El aborto artículo 196, nuevo código penal

El aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento o durante el parto.  Quien intencionalmente cause aborto será castigado con”. Está claro que el aborto espontáneo no es parte de la temática, sino lo que interesa aquí es el aborto terapéutico. 

1.- Sera castigado con tres (3) a seis (6) años de reclusión, si la mujer lo consistió.

2.- Con seis (6) años de reclusión si el agente obra sin consentimiento de la madre, y sin emplear violencia e intimidación, y.

3.- Con ocho (8) años a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación y engaño.

En Honduras más de una enésima vez, se ha pedido que se despenalice el aborto. Los grupos defensores de Derechos Honduras han hecho enormes llamados al poder legislativo para despenalizar dicho tema.  Los mayores activistas de este tema han sido los grupos feminista que de manera muy coherente han politizado la problemática, es correcto en mi opinión particular.

Además, esto no es un dilema, y si lo fuera en sencillo diluirlo, pero no es así. El tema del aborto es desde luego complejo; es político, jurídico, es religioso, moral/ es ético, -Bioético.  Otro nivel de dificultad que se puede mirar son las personas que opinan sobre él, en su mayoría hombres. La temática corresponde a las mujeres que son las que menos opinan. Y dicho artículo (196) criminaliza a las mujeres que aborten.

Otro punto importante es que veo que los pastores y la Iglesia católica tiene mucha influencia en ella. Y al final manipular y e imponen su ideología y su fundamentalismo religioso.  Los médicos que son los expertos en estos temas, y los académicos especialistas en las diferentes áreas del conocimiento científico son ausentes en el debate, únicamente lo politizarlo todo, o mejor dicho partidizarlo.

Artículo 208 feminicidio

“Incurre en el delito de feminicidio, el o los hombres que den muerte a una mujer por razones de género, con odio y desprecio por su condición de ser mujer, y se castigara con una pena treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión” (…) según el artículo 118 del código procesal penal actual, que tiene vigencia hasta noviembre próximo.  

El delito del asesinato de las mujeres se tipifica con ese nombre. La mayoría de estos crímenes son cometidos por sus parejas, es decir su cónyuge. Según informes estadísticos el 92% de dichos crímenes quedan en la impunidad, mejor dicho, los criminales no son castigados.  El código penal actual tipifica este delito entre 25 y 30 años de cárcel para dicho crimen. Pero la verdad de esto que todos o casi todos los criminales de mujeres quedan sin castigar.

Según datos estadísticos que nos arroja el Observatorio de la violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cada 15 minutos una mujer es asesinada, y un 75% de los crímenes son cometidos por sus parejas sentimental. Se puede ver que el nuevo código penal (artículo 208) las penas se bajan, eso lo citamos en el párrafo anterior.

Artículo 313/ Tráfico de drogas

ARTÍCULO 311.- TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días.

Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente.

Parece que nuestro Estado no hay duda de calificarlo como un narco Estado. Ya que en América Latina hay unos cuántos ejemplos de narco Estado, Colombia y Honduras se llevan el premio. Así que el actual encargado de la presidencia se está protegiendo contra todo; la nueva es un blindaje contra los traficantes de drogas. No hay mejor paraguas que los proteja la ley. Va a ser mayor delito protestar contra el gobierno que ser traficante de drogas.

El código procesal penal actual, tiene penas de hasta 15 a 20 años de cárcel para los traficantes de drogas. Pero el nuevo código procesal penal más bien es un premio para traficar drogas.  Las penas serán reducidas a una tercera. Así, que dicha legislación más bien pareciera que fue diseñada por los narcotraficantes... reducir las penas de 15 a 20 años de prisión, hasta dejarlo en 4 y 5 años de cárcel para dicho crimen de tráfico de drogas, ¿qué se podría pensar?

Delito de sedición artículo 535

La mayoría de los Estados miembros del continente Latino Americano han abolido esa figura: pero en caso de Honduras insisten con dicha figura jurídica, y se utiliza para criminalizar a la oposición política...  Muchos miembros de la oposición política en Honduras han sido acusados de sedición. Y puesto ante los tribunales de justicia por haber cometido dicho delito. Y quizás su delito ha sido protestar contra el gobierno nada más.

Artículo 541.... (criminalización de la protesta social)

Hace muchos días que la dictadura ha querido callar a la oposición política en Honduras. Ha buscado todos los medios habidos y por haber. No lo había podido lograr, parece que hoy si lo ha logrado de momento.  Primero intento una ley para controlar las redes sociales. Pero no logró aprobar la ley para las redes sociales... pero en el nuevo código procesal penal. Ve en la manifestación como ilegal, y ve en la protesta social como un delito.

En Honduras es más peligroso protestar contra el gobierno; se premia a los traficantes de drogas y se le castiga a los que protestan contra el régimen corrupto. En Honduras en vez de haber democracia, hay una cleptocracia.  La población dice como una creencia popular, que Honduras el que no roba es un tonto pendejo. Esa es la ideología de clase dominante que nos hace creer que no hay remedio. Y que la política es para gente intelectual y para académicos: otra es dejemos la política a los políticos. El gobierno parece estar lleno de cleptómanos. El robo y el saqueo de las instituciones públicas se ha convertido en algo normal.

Y a modo de conclusión:

Los argumentos de los expertos técnicos que han ayudado a redacción del nuevo Código Procesal Penal alegan que el actual código no responde a las necesidades actuales en Honduras, uno de los problemas que hay aquí es que los asesores técnicos de llevar adelante es que no conocen la realidad política, económica, social y cultural de Honduras.

La gran mayoría se sectores que se sienten afectados por el nuevo código penal; en especial, los grupos llamados minoritarios, las agrupaciones feministas, los indígenas, los campesinos, los agricultores, y muchos empresarios. Son algunas personas que se manifiestan en contra del nuevo código penal.

El código procesal penal actual, tiene respeto por la vida, y por los valores como la misma dignidad humana; la cooperación, la fraternidad entre los pueblos del mundo. El nuevo código como hemos citado no es el momento de darle vigencia por que ha sido diseñado para aplicárselo al enemigo. El código actual no criminaliza la protesta social y publica; no cabe duda de que el nuevo código procesal actual criminaliza la oposición política.

Una de las cosas peligrosas que tienen el nuevo código procesal penal, es que habla de crimines de guerras, y de castigar dichos crímenes como si estuviéramos en guerra. Bueno si bien es cierto si estamos en guerra, sólo que no es una guerra convencional, sino que más bien una guerra por las ideas.

Ahora uno podría comprender, porque el gobierno: compra aviones de guerra, armas de guerra, tanques, y la sociedad militarizada, y aun así sigue pidiendo que se le aprueben más policías. Hoy en días los medios de comunicación están hablando de un supuesto acuerdo militar entre Honduras y el gobierno sionista de Israel. Y el gobierno de Honduras realizo el traslado de su embajada de Tela vid a Jerusalén, en plena violación a los Tratados internaciones, y más que obvio que lo hizo por orden de su amo, el señor Donald Trump.

Como partido político centroamericano, y siguiendo los ideales del General Francisco Morazán Quesada. Hacemos un llamado al pueblo hondureño a luchar para que, junto con el movimiento popular, y todas las organizaciones políticas de izquierdas, y todos los grupos progresistas, y desde luego a toda la oposición política, hacer una lucha común para derrocar el proyecto de la dictadura de Juan Hernández.

Llamamos al movimiento sociales Centroamericanos, a que se solidarice con la lucha del pueblo hondureño, que es una noble causa y además justa y necesaria, y, por lo tanto, tiene que se ser constante, y permanente. Del mismo nosotros nos solidarizamos con el pueblo de Guatemala por su lucha contra la corrupción, con el pueblo salvadoreño (…)  sólo seremos más fuerte.

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