Por German Aquino

La disputa entre la clase explotadora tradicional y los  grupos económicos emergentes continúa. Fue a consecuencia de los resultados electorales del 2009 que  los primeros recurrieron al poder jurídico para realizar sus maniobras, llevando a los segundos a buscar la manera de desarticular la trinchera jurídica en la cual se habían escudado los grupos dominantes tradicionales. Es por ello que antes de finalizar el periodo legislativo 2009-2012 y tras los resultados obtenidos en las elecciones del 2012  eligieron a nuevos magistrados, restándole poder a la derecha tradicional.

En la actualidad todo gira alrededor de que si es legal o no la elección de los magistrados y la remoción de algunos miembros de la Sala Constitucional. Al pueblo lo que  menos debe importar  es dicha legalidad ya que las leyes al final son hechas para que las obedezcamos los dominados y siempre reflejarán el interés de los dominantes.  Lo que debe de importar al pueblo salvadoreño es el hecho de que esta pugna entre órganos legislativo y judicial  encierra una lucha entre grupos económicos emergentes y grupos dominantes tradicionales, en la cual no está contemplada la defensa de los intereses de la clase trabajadora, los campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares. Esto no implica que debamos restarle importancia, sino más bien que se debe aprovechar la crisis.

¿Contra quién maniobra la clase dominante tradicional?

Las maniobras realizadas por la clase dominante tradicional desde el órgano judicial  van en contra de grupos económicos emergentes que luchan por  un espacio para consolidarse como clase dominante. Aunque se utiliza al FMLN  en la actual disputa entre capitalistas, el actual gobierno del FMLN y sus aliados no representa una amenaza para el sistema capitalista; simplemente buscan quitar y ocupar el lugar que ocupa la clase dominante tradicional, lo cual no termina con el sistema explotador y opresor capitalista.

Ya se demostró tras la llegada del FMLN al gobierno, que el sistema capitalista se mantiene intacto, y peor aún, dicho gobierno ha sido el mejor administrador de la crisis capitalista; ha sido  tolerante hacia la clase económicamente dominante, ha mantenido relaciones armoniosas con el imperialismo y obedece a cabalidad sus recetas, mientras a favor de  la  clase trabajadora poco o nada a hecho, aunque ha mantenido programas de asistencialismo social que le permite ganar apoyo  a su proyecto.

Ejecutivo e Iglesia divididos ante resolución de la CCJ

Ni la clase dominante tradicional, ni los sectores económicos emergentes quieren ceder, están en una demostración de fuerza. Es así como el conflicto entre el órgano legislativo hegemonizado por el FMLN y el órgano judicial hegemonizado por la derecha tradicional ha sido llevado a la Corte Centroamericana de Justicia. Ésta aceptó la denuncia, obligando a la suspensión de los actos de la sala de lo Constitucional,  lo cual valida el  hecho de que la legislatura 2009-2012 haya elegido dos veces Magistrados, que según la Sala no fue legal obligando a la actual legislatura a que se elijan  nuevos magistrados. Esta resolución de la CCJ es considera por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema como “invasión indebida en la justicia constitucional del Estado salvadoreño”, desconociendo a la vez las resoluciones del organismo regional, ya que no son favorables a sus intereses.

Por su parte el presidente Mauricio Funes como representante es mas afín a las resoluciones de la CCJ expresando: “En mi opinión, ambos órganos del Estado tendrían que actuar conforme a esta decisión que ha tomado la Corte Centroamericana de Justicia. Considero que la Corte tiene atribuciones para ello, de lo contrario no hubiésemos sido un Estado firmante y suscriptor del tratado que le dio vida a esa corte regional…” (LPG. 29/06/2012). Sin ánimos de defender el sistema Jurídico burgués, el presidente Funes parece estar cegado por sus intereses.

Por  su parte, Monseñor José Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, en torno a la pugna se apega a las resoluciones de la Sala Constitucional que buscan elegir a  nuevos magistrados, expresando "Toda persona natural o jurídica, así como todo funcionario u Órgano del Estado, tiene que darle el debido cumplimiento. La norma jurídica suprema del país es la Constitución de la República y todos los salvadoreños tenemos la obligación de respetarla y exigir su cumplimiento"(El Mundo, 02/07/2012). Al pueblo mandan a obedecerla, pero veamos cómo la desobedecen los mismos diputados y la clase dominante; por lo tanto la clase trabajadora no esta obligada a obedecer dicha Constitución cuando no está a favor de sus intereses.

Gobierno de Funes y FMLN y sus aliados desafían a la derecha tradicional

Desconociendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, apegados a la legalidad dada por la CCJ y en el decreto legislativo 43, una disposición transitoria aprobada por la Asamblea y sancionada por el Presidente Mauricio Funes, “10 magistrados de la CSJ (2006 y 2012), cuyos nombramientos fueron invalidados por la Sala de lo Constitucional, tomaron posesión de sus cargos…” (Diario de Hoy, 02/07/2012).

Dicha toma de posesión fue asegurada por los cuerpos de seguridad nacional, mientras la derecha tradicional mostró su rechazo a través de sus organizaciones como son Aliados por la Democracia y el grupo ciudadano IndignadosSV,  los primeros calificaron  la acción como "un golpe técnico a la Corte".

La doblegada Derecha  arenera  y el rompimiento del sistema jurídico burgués

La derecha arenera que tradicionalmente ha defendido los intereses del gran capital, mediante un comunicado oficial considera que el hecho de haberse instaurado una nueva Corte: “…nos llevan a la ruptura de nuestro Estado de Derecho y a un Golpe sin precedentes al ordenamiento Jurídico Nacional” manifestando: “… siempre hemos estado dispuestos al DIÁLOGO…Como una herramienta fundamental para buscar las vías de entendimiento…condenamos la posición de rebeldía de no querer acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional por parte del FMLN y sus aliados en la Asamblea Legislativa, CN, PES y GANA. Y que se haya pretendido buscar un Tribunal extranjero no integrado en su totalidad, sin competencia para conocer de nuestros asuntos Constitucionales...” ( http://www.arena.org.sv).

La derecha arenera busca negociar su cuota de poder en el órgano judicial, a lo cual la cúpula del FMLN se niega.

¿Golpe de Estado?

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) no está de acuerdo con el establecimiento de los nuevos magistrados. Según un comunicado, con dicho accionar  “…Los diputados del FMLN, GANA, CN y PES, en complicidad con el Presidente de la República, insisten en pisotear la Constitución de la República y la soberanía de los salvadoreños, intentando dar un Golpe de Estado al Poder Judicial. (http://www.anep.org.sv), agregando además como responsables DE DESTRUIR LA DEMOCRACIA EN EL SALVADOR a: 1. Los diputados del FMLN, que pretenden instaurar una Corte Suprema Sumisa que les permita satisfacer sus intereses partidarios... 2. Los diputados de GANA, aliados incondicionales del Presidente de la República y del FMLN… que han recibido en pago puestos en la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, y Consejo Nacional de la Judicatura. 3. Los diputados del PES y CN, que de acuerdo a la Ley Electoral habían sido eliminados desde el 2004…4. El Presidente de la República, que prefirió la autoridad de un órgano regional cuestionado y sin competencia, en lugar de respetar las sentencias de la Sala de lo Constitucional…” (http://www.anep.org.sv).

Refundemos la Republica

La reaccionaria Constitución de 1983, la cual ha sido remendada por la derecha  tradicional para adecuarla a sus intereses, poco o nada garantiza  los intereses de las clases populares, pero nos obligan a cumplirla, mientras  ellos la interpretan y la cumplen según les conviene.  De este conflicto debemos  aprender que los sectores dominantes se apegan a las leyes y resoluciones de organismos internacionales o regionales cuando les conviene,  pero cuando no es así los desconocen. 

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que en el conflicto actual no se trata ver la legalidad del actuar,  sino de lo que se trata es de ver que si con dicha acción se beneficia o no a las grandes mayorías. Esto no es así, ya que es una pugna entre grupos económicos por cuotas de poder al interior del estado. Por  lo tanto el PSOCA llama a la conformación de un Frente para la refundación de republica salvadoreña y centroamericana y  a la vez llama a las organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes, pueblos originarios, etc. a exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente la cual garantice los derechos de las grandes mayorías. Debemos aprovechar la ruptura del sistema político-jurídico burgués y exigirle al FMLN la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que lleva a la verdadera destrucción del sistema político y jurídico que siempre ha defendido y respondido a los intereses de la clase explotadora.

 

Por Ernesto Sánchez

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es la institución que asegura la atención médica hospitalaria a la clase trabajadora, el cual funciona principalmente con las aportaciones  económicas de los afiliados.

La atención médica hospitalaria brindada en el ISSS no llena los requisitos y la calidad que la clase trabajara salvadoreña demanda. Esto se debe a la mala administración de las autoridades del ISSS quienes son impuestas por los gobiernos de turno. Las autoridades no  compran el equipo y los insumos médicos necesarios que aseguren una atención medica hospitalaria adecuada y  no contratan la cantidad necesaria de  personal medico, paramédico y de servicios generales, a quienes se les sobrecarga de trabajo.

En la actualidad como parte de las recetas imperiales y de los organismos financieros multinacionales están los planes neoprivatizadores de las instituciones del pueblo mediante  el Asocio público privado, que ve  la salud de la clase trabajadora como una mercancía que puede comercializar, al igual que se está viendo en la educación, etc. Para la implementación de estos planes las organizaciones sindicales representan un obstáculo, por lo cual el sistema capitalista esta recurriendo a todas sus artimañas para desarticularlas o neutralizarlas.

Que las bases sindicales decidan

Actualmente el STISSS esta pasando por una lucha interna que se agudiza a partir de las acusaciones realizadas por  Leonel Flores, director del ISSS, en contra de  Armida Franco, Secretaria General del STISSS. Flores la acusó de mal manejo de fondos, lo que llevó a que la Secretaria General del STISSS le denunciara ante los juzgados por difamación. Flores se defendió fundamentado sus acusaciones en denuncias realizadas por otros sindicalistas. Como parte de las disputas en el interior del STISS se han organizado dos bloques y se han  realizado dos procesos eleccionarios, uno mediante el cual el grupo opositor liderado por Alexander Mendoza, busca retirar a Armida Franco de su cargo  manifestando que “El STISS, adeuda a una serie de acreedores, la suma de más de $128 mil entre los que se encuentran la compra de más de 100 chips, 80 módem para Internet (…), además de una serie de compras y gastos innecesarios” (El Mundo, 26/06/2012).

Por el  otro lado se encuentra el grupo  liderado por Armida Franco que realizó la  elección de las comisiones de ética y hacienda, para  sancionar  a cinco dirigentes que cometieron “faltas graves” a sus estatutos, entre los que se encuentra Alexander Mendoza.

Autoridades del ISSS se apoyan en resolución de Ministerio de Trabajo

Ante las pugnas internas en el interior del STISSS, el director del ISSS Leonel Flores, busca sacar ventaja culpando a la misma de errores de su administración manifestando: “Con cada crisis sindical el que paga es el derechohabiente, eso nos preocupa sobremanera porque al instituto le toca erogar cantidades de dinero, en las cuales –por bloqueos de jefaturas, por bloqueo de medicamentos, por bloqueo de almacén, por bloqueo de insumos– nosotros tenemos que gastar. También las citas que se pierden… así mismo la patronal sostiene de que no ha tenido respuesta de los sindicalistas sobre permitir una auditoría interna y externa de las finanzas del STISSS, que anualmente recibe más de $1 millón entre aportaciones de afiliados, pago de salarios y otras partidas…” (LPG. 26/06/2012). Lo anterior es una clara intromisión de la patronal en cuestiones internas del sindicato.

El  director del ISSS, Leonel Flores, ante las observaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo a las solicitudes de reconocimiento realizados por los dos grupos que se disputan el control del STISSS ha manifestado “Este día acabamos de recibir la nota en la cual se declara acefalía del STISSS de parte del Ministerio de Trabajo” (LPG. 05/07/2012) con lo cual busca obligar a ambos grupos a retomar sus puestos de trabajo manifestando “Se van a tratar ya como trabajadores del Seguro Social, y cualquier actividad que ellos hagan va entrar en el proceso sancionatorio al que se somete cualquier trabajador.” (LPG. 05/07/2012).

Por la unidad de toda la clase trabajadora del ISSS

La actual lucha interna surgida en el interior del STISSS es aprovechada por las autoridades del ISSS, por lo cual las bases sindicales deben exigir la convocatoria a una Asamblea para buscar la unidad sindical, y votar por un programa de lucha que busque un aumento general de salarios y el beneficio de todos los trabajadores del ISSS.

Por Germán Aquino

La crisis del sistema económico también está alcanzando al sistema político salvadoreño. Existe una lucha entre grupos económicos emergentes y grupos económicos dominantes tradicionales. Los primeros  buscan capturar el timón del estado salvadoreño, para consolidarse como grupos económicos dominantes, mientras la clase dominante tradicional busca evitar que los grupos emergentes se consoliden.

La democratización del sistema político, una maniobra de la clase dominante

La derecha arenera, quien expresa y defiende los intereses de la clase dominante tradicional, perdió el control del poder ejecutivo, así como la hegemonía en la Asamblea Legislativa como resultado de la división interna que llevó a la conformación de GANA. Esto obligó a  la tradicional clase dominante a apoyarse en el órgano judicial, recurriendo para ello a una serie de maniobras como la lucha por la democratización del sistema político al permitir las candidaturas independientes,   desbloqueó de listas cerradas de candidatos a diputados, etc. Es de recalcar que estas solo fueron maniobras de la clase dominante en su lucha sobre todo en contra del FMLN y de sectores económicos emergentes. Los efectos de dichas reformas hoy se pueden constatar al haber permitido a la derecha arenera recuperar los espacios perdidos en la Asamblea Legislativa. 

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que  la democratización del sistema político salvadoreño era una tarea que el FMLN debió haber encabezado, pero desaprovechó la oportunidad. Hasta ahora dichas reformas electorales solo han beneficiado a la derecha tradicional de Arena y  GANA;  no así a la clase trabajadora, ya que impiden la participación política, por lo tanto le toca a los trabajadores, campesinos y pueblos originarios luchar  por una verdadera democratización del régimen político.

En las maniobras democratizadoras de la clase dominante tradicional los magistrados de Sala de lo Constitucional de la de la Corte Suprema de Justicia jugaron un papel protagónico  y desafiaron  a la legislatura 2009 -2012, razón por la cual se ganarían la hostilidad de los mismos.

Corte Suprema de Justicia contrataca 

A pesar del accionar y de la oposición  de la clase dominante tradicional,  la legislatura 2009 -2012 logró por segunda ocasión nombrar a Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, al  Fiscal General de la República y removieron de su cargo a  Belarmino Jaime. De estas tres acciones  actualmente solo dos han sido refutados por la clase dominante.

En este contexto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra atacó  declarando  inconstitucional las elecciones por parte de la Asamblea Legislativa de los magistrados en 2012 y va más allá declarando también inconstitucional las elecciones de magistrados del 2006, manifestando:  “1. Declárase inconstitucionales, de un modo general y obligatorio, los Decretos  Legislativos n° 1070, 1071, 1072, 1073 y 1074, todos de 2012, por medio de los cuales la  legislatura 2009-2012, eligió por segunda ocasión a Magistrados propietarios y suplentes de  la Corte Suprema de Justicia, por la violación a la regla derivada del art. 186 inc. 2°, en  relación con los arts. 83 y 85 de la Constitución, consistente en que una misma legislatura  no puede elegir en más de una ocasión una tercera parte de la CSJ. Con ello: (i) se impidió  a la siguiente legislatura ejercer sus competencias relacionadas con la elección de  Magistrados de la CSJ, con la consiguiente renovación de las más relevantes corrientes del  pensamiento jurídico, exigida por el art. 186 inc. 3º Cn.; y (ii) no se permitió a la legislatura  2012-2015, verificar que en los candidatos concurrieran los requisitos de moralidad y  competencia notorias exigidos por el art. 176 Cn. para su nombramiento.   En consecuencia, elíjase por la actual legislatura a los Magistrados propietarios y  suplentes de la CSJ para el período de nueve años, que deberá comenzar el 1-VII-2012.   2. Declárase inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el D. L. n° 1074 de  2012, por medio del cual se desplaza de la Sala de lo Constitucional al Magistrado  Presidente de la misma –Doctor José Belarmino Jaime–, por la vulneración a la garantía de  inamovilidad judicial en la designación de Magistrados para integrar la referida Sala.  En consecuencia, el Magistrado Belarmino Jaime continúa integrando la Sala de lo  Constitucional hasta que concluya su período de nueve años, para los que fue electo y  designado.” (Sentencia de Inconstitucionalidad 19-2012).

A pesar de dicha resolución, la Corte se mantiene callada respecto al nombramiento del nuevo  Fiscal General de la República.

Asamblea Legislativa se escuda en justicia regional

El accionar de la  Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha sido bien visto por parte de los diferentes partidos que conforman la Asamblea Legislativa, con excepción de la derecha arenera. Es así como la Asamblea Legislativa aprobó un acuerdo para interponer una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en contra de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Teniendo como peticiones ante dicho organismo regional l: “1. Declarar con lugar la demanda entablada por el Órgano Legislativo del Estado de El Salvador en contra del Órgano Judicial…2. Que la Corte Centroamericana de Justicia dicte la medida cautelar anteriormente enunciada en el romano XII, consistente en suspender los efectos de las referidas sentencias…3. Que se declare que se ha violentado el Derecho Público y el Estado de Derecho en El Salvador al emitir la Sala de lo Constitucional las dos sentencias a que nos hemos referido, …4. Que se declare que tales actos lesionan negativamente el sistema de pesos y contrapeso inherente al Sistema Democrático de Gobierno y afectan disposiciones fundamentales de la Constitución de El Salvador… 5. Que se declare que tales actos de la Sala de lo Constitucional, al violentar lo establecido en el Derecho Público y en el Derecho Comunitario que goza de primacía y aplicación directa e inmediata, son jurídicamente inaplicables y su ejecución haría incurrir en responsabilidad”. (http://www.asamblea.gob.sv).

CCJ acepta demanda

 Respecto a las peticiones, dos de las primeras ya fueron aceptadas, ahora solo quedan la resolución de dicho organismo regional; al respecto fuentes anónimas de los  medios de comunicación señalaron que la Corte aceptó el recurso. Por su parte Presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes manifestó: “… si se confirma la noticia periodística se estaría viendo el principio del fin de una crisis jurídico-política que lamentablemente personas que abusaron de la ley, abusaron de la Constitución, han provocado, con el daño a nuestro país… si a la Asamblea se le está dando la razón, en principio esto es también una señal de fortalecimiento del Estado de Derecho en El Salvador, de recuperación de la institucionalidad democrática de nuestro país, que vuelve a prevalecer la Constitución de la República, que se supera una situación donde una entidad de nuestro Estado, una Sala de lo Constitucional de una Corte Suprema de Justicia, estaría provocando esta desestabilización y llevando al país al borde del caos…” (http://www.asamblea.gob.sv).

Por su parte  Roberto Lorenzana, del FMLN, manifestó "quiere decir que los magistrados electos en 2006 siguen en sus funciones como que no ha pasado nada y los magistrados electos en abril de este año pueden iniciar sus funciones a partir del 1 de julio” (http://www.laprensagrafica.com).

¿Qué posición adoptar?

La pugna interinstitucional entre el órgano legislativo y el judicial en síntesis encierra la lucha entre la tradicional clase dominante quienes por años han hegemonizado el poder estatal, y sectores económicos emergentes que buscan tomarse parte del poder estatal para consolidarse como sectores económicos dominantes y ven al FMLN como un aliado o instrumento. La lucha entre dichos órganos en ningún momento es en defensa o garantía de los derechos de la clase trabajadora, el campesino, los pueblos originarios y demás sectores populares. Pero a pesar de ello la clase dominante muy astutamente en ocasiones ha logrado arrastrar a ciertas organizaciones a su lucha, de igual manera lo hacen los sectores económicos emergentes.

Poco o nada se cuestiona la elección de Fiscal General de la República, pero existe  confusión acerca de que si legal o ilegal  el accionar de la legislatura 2009-2012 respecto al nombramiento de los nuevos magistrados de la CSJ y la remoción de Belarmino Jaime de su anterior cargo. La Asamblea Legislativa dice tener la razón, mientras las CSJ dice que no. Algo que está claro  es que en el  sistema político y jurídico y el mismo estado democrático de derecho se reflejan y  prevalecen los intereses de la clase dominante.

Es evidente que  existe una crisis del sistema político salvadoreño, la cual debemos aprovechar las organizaciones obreras, campesinas, de pueblos originarios y populares y exigir que los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia surjan de una elección directa, así como se elige a los Diputados. Ante el podrido sistema político burgués salvadoreño y la reaccionaria Constitución debemos exigir la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Por Ernesto Sánchez

Los maestros salvadoreños continúan con las acciones de protesta por la defensa y garantía de los Derechos que por ley les corresponden. A pesar de las acciones intimidatorias y de la contra campaña del gobierno de Funes y del FMLN, los acciones se han mantenido.

Autoridades de educación intimidan a maestros  

Bases Magisteriales y SIMEDUCO  han jugado un papel protagónico en las diferentes acciones  de los maestros, siendo la principal demanda el aumento de salarios,  rechazando a la vez  el acuerdo de aumento salarial suscrito anteriormente  entre  el MINED y tres gremiales (ANDES21 de Junio, CODINES y SITADME) de las seis que participaban en una mesa de negociación con representantes del gobierno de Funes y del FMLN. Este rechazo  se debe a que según la  legislación  el proceso  debe  ser  cada tres años, correspondiendo a este año dicho aumento, mientras el acuerdo plantea un  aumento distribuido en porcentajes, entre 2013 y 2015.

Ante el accionar de los maestros las autoridades del MINED  han respondido con medidas represivas para detener el auge de la lucha,  realizado gestiones  “para que las Juntas de la Carrera Docente sancionen con descuentos, hasta de sesenta días, a los profesores que no brindaron clases por dos días durante una acción convocada el 23 y 24 de abril pasado” (EDH, 18/06/2012). 

Lo anterior logró impactar negativamente en los primeros días de  las acciones convocadas por Bases Magisteriales. Paz Cetino Gutiérrez, nuevo secretario general de dicha de organización, ha manifestado  que “Hay lugares como La Libertad donde hay 352 denuncias, contra maestros que nos apoyaron. Claro el maestro sabe que cuando le inician un proceso administrativo, si le abren otro expediente corre el peligro de ser despedido” (EDH. 19/06/2012). Por otro parte  Manuel Molina, de SIMEDUCO ha expresado "Lo que nos está afectando es la campaña de terror que Educación ha desatado y los compañeros que tienen demandas en las Juntas (de la Carrera Docente) han decidido esperar. Lógico cuando les dicen que los pueden sancionar hasta con 60 días sin goce de sueldo" (EDH. 19/06/2012).

Conflicto  de los Socialdemócratas  renovadores  empaña lucha de maestros

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ha sostenido que el Movimiento por la Democracia Participativa (MDP), hegemonizado por la Tendencia “Revolucionaria”(TR), después de haber participado en las elecciones recién pasadas a través de la candidatura independiente de Willian Huezo de AGEPYM  y haber sido  derrotado, ahora busca conformar un nuevo partido político (Nuevo País). Este partido encarna un proyecto socialdemócrata, cuya dirección repite los mismos métodos y vicios de la dirección del FMLN, llegando muchas veces el MDP  a conformar alianzas con organizaciones de la clase dominante en la lucha en contra de la dirección del FMLN.

Lo anterior es aprovechado por la dirección del FMLN, quienes buscan ligar la lucha de los maestros a una estrategia de desgaste hacia el FMLN impulsada por la dirección del MDP (Nuevo País). Al respecto Roberto Lorenzana manifestó: “Cuando uno revisa a la luz de establecer dónde están las prioridades, no deja de pensar que algún interés de otro tipo tiene esta organización (…) Ahora se junta con los ataques que han estado haciendo al ministro de Educación por todo lo que se está rumorando de la posibilidad de una candidatura presidencial” (El Mundo, 19/06/2012). No es descartable la posibilidad de que la dirección MDP (Nuevo País) de manera oportunista busque utilizar la justa lucha impulsada por los maestros.

La lucha debe continuar

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) felicita  en su día  a todas las personas que se desempeñan como maestros, tanto del sector público como privado, reconociendo a la vez la gran labor realizada en beneficio de la juventud salvadoreña, a pesar de los obstáculos impuestos por el sistema capitalista. El PSOCA felicita a la nueva dirigencia de Bases Magisteriales, entre los que destaca su Secretario general Paz Cetino Gutiérrez. A la vez les llama a mantener la lucha por el bienestar de todos los maestros y a mantener la independencia de clase y la democracia obrera.

Los padres y madres de familia y estudiantes  deben acompañar y unirse a la luchas realizadas por los maestros. Se debe exigir al ministro de educación que pare  las medidas represivas en contra de los maestros que se han mantenido en lucha. El ministro debe recordar sus orígenes. Así mismo se debe denunciar y rechazar el oportunismo de las direcciones políticas que busquen desviar la lucha del sector docente de su verdadero objetivo como lo es el bienestar de los maestros.

Por Ernesto Sánchez

El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISS) históricamente se ha caracterizado por la lucha a favor de los trabajadores del ISSS. Por mucho tiempo en dicha institución existió un solo sindicato. Con la llegada del FMLN y de Funes al gobierno, en el interior del ISSS florecieron otras iniciativas organizativas sindicales, pero ha sido el STISS quien aglutina la mayor cantidad de trabajadores, lo que le permite negociar el Contrato Colectivo de trabajo.

El ISSS permite a la clase trabajadora salvadoreña garantizarse una atención médica hospitalaria con  un estándar  mayor  que el ofrecido por el sistema de  salud pública; ello no significa que sea lo deseado por la clase trabajadora. Desde los gobiernos de ARENA el ISSS ha sido saqueado y usufructuado mediante concesiones  amañadas de diferentes servicios tales como limpieza, seguridad, etc.

El aprovechamiento de los fondos de los trabajadores recaudados mediante las cotizaciones en el ISSS continúa. Además de ello  existe el peligro de que la salud de los trabajadores sea vista como una mercancía más por la cual el trabajador tendría que pagar más; por eso las autoridades ven a las organizaciones sindicales como potenciales amenazas a sus  planes y luchan a toda costa para debilitarlas.

Difamación busca debilitar al STISSS

Como antecedente previo a las acciones de protesta realizadas por el STISS estuvo la demanda interpuesta por Armida Franco, Secretaria General del STISSS en contra de Leonel Flores director del ISSS, por difamación. “Entre las supuestas declaraciones difamatorias dichas por Flores, en una entrevista televisiva, están que el alquiler de la vivienda de la secretaria es pagado con fondos del STISSS, que el sindicato tiene más de 100 líneas telefónicas y que está en bancarrota.” (LPG. 15/05/2012).

Respecto a la demanda, el director ha manifestado “que la demanda es parte de una cortina de humo para desviar la atención en un proceso de destitución de una de las líderes del sindicato, para ocultar la crisis interna, y el supuesto mal manejo de fondos. Según Flores, el STISSS tendría una deuda de $7,000 en concepto de líneas de celular, fundamentando su declaración en denuncias de otros sindicalistas” (LPG. 15/05/2012). Inicialmente la demanda interpuesta contra el director no fue aceptada, pero posteriormente sí.

Al respecto Flores, manifestó “…que sus declaraciones fueron con base a una información que le proporcionó el 28 de marzo, un grupo opositor al de Armida Franco y la misma comisión política del STISSS… todo lo expresado a lo largo de la entrevista en cuanto a la transparencia o falta de transparencia del STISSS, es tan solo una réplica de los documentos de denuncia recibidos, es decir, que no estoy haciendo una valoración personal ni he acusado ni difamado a nadie, sino que solamente, ante las preguntas en el medio de comunicación, me limité a traer a cuenta esas notificaciones recibidas… La división del sindicato ha generado una crisis interna y quieren llevarse (de encuentro) a las autoridades y a los derechohabientes” (Co Latino 16/05/2012).

Director del ISSS sufre revés

Luego de ser aceptada la denuncia en contra del director del ISSS y al no existir conciliación entre las partes todo se decidirá en una audiencia pública. Armida Franco, Secretaria General del STISSS exige del director del ISSS disculpas públicas y  una indemnización de diez mil dólares,  por su parte  Luis Mario Pérez Benett, apoderado legal de Armida Franco, señaló que “Estos delitos contra el honor se tienen que comprobar, porque la carga de la prueba la tiene quien afirma (la acusación) y si no lo prueba, cometió un delito de difamación” (Diario Co Latino 09/06/2012), expresando respecto a los señalamientos  hechos por el director del ISSS que “El Contrato Colectivo de Trabajo del ISSS, deja claro que toda cantidad económica entregada al STISSS, está controlada por una auditoría externa e interna, y que no se desembolsa ninguna cantidad, sino se encuentran debidamente auditados y justificados los gastos”, (Diario Co Latino 09/06/2012).

 

La lucha del STISS en defensa del contrato colectivo

En los días finales de mayo e inicios de junio el STISSS realizó acciones de protesta en diferentes dependencias del ISSS para defender los intereses de las personas que trabajan  en dicha institución. Armida Franco, Secretaria General del STISSS como representante de los trabajadores exige que “una revisión de los planes de trabajo para que cumplan con lo dispuesto en el Código de Trabajo (art. 194-192) y la cláusulas del Contrato Colectivo (32 al 35), en referencia a los acuerdos tomados con presencia del Ministerio de Trabajo y autoridades del ISSS

También manifestó que “El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a realizar las inspecciones en los centros de trabajo donde se labora en jornadas hospitalarias, para garantizar el equilibrio en los turnos de trabajo, para que tanto trabajadores de jornada hospitalaria, trabajen la misma cantidad que los administrativos, 160 horas”. (Co Latino 29/05/2012). Las anteriores demandas son justas ya que tanto trabajadores administrativos y operativos deben trabajar igual número de horas.

 

Autoridades del ISSS contratacan al STISSS

Las acciones de protestas no han contado con el visto bueno de las autoridades que buscan ligar la primera problemática con la segunda manifestando: “Que el STISSS tenga problemas internos es un hecho ya irrefutable. Que haya dualidad de mandos y que además eviten auditorías por razones que desconocemos está claro. Por tanto, hacemos un llamado a los trabajadores para que impulsen un cambio más profundo de aquello que históricamente se ha defendido desde el movimiento sindical: el derecho del trabajador a estar informado, a saber en qué se gastan sus recursos y a evitar que haya grupos que denigren las reivindicaciones del pasado” (Co Latino 29/05/2012).

El papel histórico de las organizaciones sindicales ha sido luchar por el bienestar de la clase trabajadora: por mejores salarios, que se respeten sus derechos. Los trabajadores como miembros del sindicato tienen derecho a estar informados del que hacer de sus representantes y para ello están las asambleas respectivas.

 Aumento general de  salarios para los trabajadores

La lucha económica es una etapa inicial de la lucha de clases, aunque para hablar de lucha de clases propiamente dicha  tendría que existir una lucha política e ideológica. Los empleados públicos son quienes encabezan la lucha actualmente en El Salvador, son ellos quienes continúan manifestando de cara a defender sus derechos y exigiendo mejores condiciones salariales.  La lucha económica de las organizaciones de trabajadores salvadoreños va en ascenso, aunque muchos critican la lucha economicista, en la actualidad  dicha lucha ocupa una posición muy importante, ya que no se daba desde hacía mucho tiempo. Han sido diferentes sectores de  empleados públicos y sus organizaciones las que han protestado y exigido mejores condiciones salariales. Las demandas del STISSS han estado más relacionadas con el cumplimiento de las jornadas laborales, por  tanto debe plantear la necesidad de acciones de protestas para exigir un aumento general de salarios, lo cual debe ser acompañado por todos los trabajadores.

Las autoridades del ISSS buscan confundir a los trabajadores, queriendo hacer ver que las luchas son mas por cuestiones personales entre la Secretaria General del STISSS que por demandas laborales, lo cual no es cierto.

Fortalezcamos la democracia obrera

Los miembros de los organismos de dirección del STISS y las bases mismas  deben trabajar para fortalecer la democracia obrera; periódicamente deben  convocar a asambleas de trabajadores en las diferentes aéreas para informar  de las actividades realizadas y de todo acuerdo tomado, el cual tiene que ser aprobado por los mismos.

Se tiene que permitir la participación de las diferentes tendencias en los órganos de gobierno de las organizaciones sindicales,  terminar con el sistema de planillas cerradas; cada tendencia o fracción surgida en el interior del sindicato tiene que participar proporcionalmente en el gobierno. De igual manera las bases sindicales del STISSS deben discutir en su interior un acuerdo que permita la unidad con las demás organizaciones sindicales surgidas en el ISSS.

Revirtamos el sistema de concesiones en el ISSS

El área de mantenimiento del ISSS en gran medida es sostenida mediante las cotizaciones de los trabajadores. Dichos recursos financieros desde los gobiernos areneros poco a poco han  quedado en manos de personas afines a estos gobiernos, ya sea mediante el robo directo o mediante el usufructo de las concesiones de servicios. A través de estas concesiones los dueños de las empresas concesionarias  cobran al ISSS por un servicio brindado, para el cual contratan un determinado personal al cual pagan un mísero salario y ellos como dueño de la empresa se quedan con la mayor parte. Por lo tanto las organizaciones sindicales del ISSS deben exigir que las personas que laboran en dichas empresas pasen a ser empleados directos del ISSS.

Que los trabajadores nombren al director del ISSS

El nombramiento del director del ISSS no debe ser competencia del gobierno sino que deben ser las organizaciones sindicales quienes tienen que nombrarlos por ser estas representantes de los trabajadores.

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