Por Germán Aquino

Al gobierno de Funes y del FMLN le ha tocado la peor parte, gobernar en momentos en que el capitalismo enfrenta una de sus cíclicas crisis a nivel internacional, lidiar con los efectos derivados de los gobiernos de la derecha arenera y del modelo neoliberal, etc. Pero a pesar de todo, ha resultado ser un buen administrador de la crisis capitalista y del  estado burgués, aunque ello signifique sacrificar a las grandes mayorías.

El  gobierno de Funes y del FMLN presenta el inconveniente de no contar con los suficientes fondos para mantener la maquinaria del  estado, para ello tiene que recurrir a préstamos de organismos financieros. Estos buitres usureros, así como le recomendaron a los gobiernos areneros la privatización de los servicios públicos, hoy nuevamente le exigen al gobierno de Funes y del FMLN  continuar con el pago de la anterior deuda e impulsar medidas que le lleven a reducir los gastos del estado para que de esta manera pueda tener  ahorros. Los banqueros insaciables exigen también que el gobierno tome medidas  que le permitan llevar fondos a las arcas del estado, lo que implica privatizar los pocos servicios públicos que quedan. Lo anterior  impacta  negativamente en la clase trabajadora,  campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares.

Gobierno busca ahorrar mediante el retiro voluntario de empleados jubilados

Los gobiernos de la derecha arenera en su afán de “modernización del Estado”, logró que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley Temporal de Compensación Económica por Servicios Prestados en el Sector Público, la cual se conoció como  con “Ley de Retiro Obligatorio”, que condujo a la supresión de 14.000 plazas de trabajo en el sector de empleados públicos las cuales los gobiernos areneros consideraban  innecesarias.

En la actualidad el gobierno de Funes y del FMLN busca que la Asamblea Legislativa apruebe un decreto para que todos aquellos trabajadores jubilados que se encuentran trabajando actualmente se retiren voluntariamente; según el gobierno son aproximadamente 6,000 trabajadores.

Al respecto el presidente Funes ha manifestado  que  estos trabajadores "…No pueden recibir doble pago…Ellos reciben pensión y salario... la propuesta del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, es que a partir de la aprobación del decreto se puedan retirar en enero de 2013…” (http://www.lapagina.com.sv).

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que realmente dicho retiro tiene que ser voluntario y no debe ser obligatorio. Por lo tanto la persona que desee seguir laborando pueda hacerlo. Así mismo considera que dichas plazas de trabajo al momento deben ser conservadas y  deben ser otorgadas a las personas que las necesitan; pero esto se debe hacer mediante un proceso que considere la capacidad y no en pago por favores políticos, y en el  caso que estas  correspondan a jefaturas, que sean los trabajadores que decidan quiénes las ocuparán prefiriendo al mas idóneo  según su capacidad. Es de tener en cuenta que en muchos casos las pensiones otorgadas actualmente no son suficientes para un buen vivir del trabajador jubilado, por lo tanto llamamos a todos los trabajadores jubilados a organizarse y luchar para exigir un aumento de pensiones a luchar por una pensión digna, la clase trabajadora debemos exigir que se disminuya el tiempo laboral y la edad que permita gozar de la pensión.

Reducción del subsidio al transporte, un  ahorro más

Después del ahorro generado con la eliminación del subsidio al gas propano, de lo cual el pueblo ha tenido que pagar las consecuencias, nuevamente  el presidente Funes busca hacer un nuevo ahorro, mediante la eliminación del subsidio al transporte, a lo cual se oponen  los empresarios transportistas,  quienes como en muchas ocasiones  amenazan que de hacerlo subirán el precio del pasaje. La anterior medida inicialmente no ha sido  respaldada por el FMLN. Al respecto Guillermo Olivo, diputado del FMLN ha manifestado: "Nosotros les hemos reconfirmado a los empresarios del transporte que no estamos de acuerdo con que se quite, ni se baje el subsidio… Nosotros tomamos decisiones legislativas y eso se discute aquí... El presidente hasta el momento no ha mandado ninguna propuesta de reducir el subsidio”. De igual manera ARENA Y GANA no apoyan la iniciativa del presidente Funes. Por su parte Genaro Ramírez representante de a la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador, AEAS, ha manifestado “que si los dos partidos mayoritarios no están de acuerdo habrá que ver qué hace el Presidente…mi postura es que la quite y que nos permita a nosotros cobrar $0.65 ctvs., pero nosotros para no afectar tanto a los salvadoreños podemos cobrar $0.40 ctvs., y esto serviría inclusive, para mejorar las unidades” (http://elmundo.com.sv).

La reducción del subsidio al transporte público ya se encuentra contemplada en el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación para 2013. Negociaciones podrían hacer que los partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa cambien de posición respecto a la reducción y dar sus votos de aprobación, lo que afectaría a los empresarios del  transporte quienes podrían recurrir al aumento del pasaje como ya han amenazado. Ante lo anterior, mediante acciones de lucha popular debemos exigir que no se aumente el pasaje y la estatización del transporte público, lo que le permitiría al estado obtener fondos. Los trabajadores del sector transporte deben de organizarse y exigirles a los empresarios un aumento de salarios y mejores prestaciones.

Continuidad de las privatizaciones mediante los  asocios público privados

Los Asocios público privados son parte de las recetas dictadas por los organismos financieros internacionales y el imperialismo. Mediante esta nueva forma las corporaciones internacionales buscan apropiarse  de los pocos activos que todavía le quedan al estado y que no fueron entregados en los gobiernos de Arena. En otros términos, los Asocios público privados son una continuidad de las privatizaciones. Al respecto, Salvador Sánchez Cerén vicepresidente de la República ha expresado: “La fracción legislativa se ha pronunciado en el sentido de no apoyar ningún esquema que permita nuevamente privatizar ninguno de los pocos recursos que tiene el Estado... Como candidato estoy en la lógica de nuestro partido: las privatizaciones lo que significaron para el país es profundizar más las desigualdades” (http://www.laprensagrafica.com).

Por su parte, el  presidente Funes considera que “Hay diputados que creen que esto es sinónimo de privatización y no es así, hay otros países donde se realizan inversiones bajo una ley de asocios público-privados, que implica inversiones mixtas donde se comparten riesgos y responsabilidades y eso no significa estar privatizando bienes o servicios del Estado”. Para FESPAD en un abordaje realizado respecto a los asocios público privados considera que  “los asocios público privados podrían constituir una nueva forma de privatizaciones, pero esta vez con el agravante que podrían permitir que servicios públicos sean brindados por particulares.  Los asocios también podrían perjudicar directamente el bolsillo de las-los salvadoreños debido al margen de maniobra que tendría el sector privado en la fijación de los precios de los bienes, servicios y productos, posibilitando un encarecimiento de los servicios públicos y un difícil acceso a los mismos, que solo estarían al alcance de ciertos sectores con mayor poder adquisitivo” (http://www.fespad.org.sv/documentos/FESPADinfo11-2.pdf).

La implementación de los  asocios público privados son una necesidad de los grupos económicos emergentes, ya que dada su incidencia  en el actual gobierno  les permitiría aumentar sus capitales, de igual forma como lo hicieron los areneros. Mediante el asocio público privado estos núcleos económicos emergentes, a la vez que  serán parte de estos jugosos negocios, garantizarán los intereses en ellos de las corporaciones internacionales.

Las bases del FMLN deben exigir a su dirección  mantener su posición respecto a  la ley de asocios público-privados. Los legisladores del FMLN no deben cambiar su posición y ni deben dar su voto a favor.

Contario a los asocios público-privados debemos exigir la reestatización de las empresas y servicios  estatales que fueron privatizados en los gobiernos areneros ya que ello estaría generando fondos para el Estado.


Por Ernesto Sánchez

El recurrir a los préstamos ha sido la constante de los gobiernos para poder financiarse, lo que ha traído como consecuencia la acumulación de elevados niveles  de endeudamiento, y por consiguiente la población tiene que sufrir las consecuencias cuando los prestamistas exigen al gobierno el pago de dichos préstamos.

La derecha arenera critica endeudamiento del actual gobierno

El actual gobierno de Funes y del FMLN para poder financiarse, ha continuado realizando préstamos a los organismos internacionales, que se suman a la deuda dejada por  los gobiernos areneros. Medios de comunicación defensores de la derecha tradicional  buscan desviar la atención y justificar los endeudamientos  de los gobiernos areneros expresando: “Basta con revisar los números oficiales para comprobar que la deuda que el Gobierno de Mauricio Funes ha adquirido durante los últimos tres años no es una herencia que las anteriores administraciones han dejado. Aunque es cierto que los gobiernos anteriores también adquirieron cuantiosos préstamos para hacer frente a la reconstrucción del país y los desastres naturales, también es cierto que el actual Gobierno ha emitido nueva deuda hasta por $3,000 millones” (EDH. 13/09/2012).

Es de señalar que parte de la deuda  actual es responsabilidad de los gobiernos areneros; no es cierto que todos los fondos provenientes de dichos préstamos fueron utilizados  de manera transparente, también es de señalar la responsabilidad que tiene el actual gobierno en dicho aumento de la deuda pública, la cual ha sido avalada por la misma derecha arenera y demás partidos políticos representados en al Asamblea Legislativa. 

Prestar para pagar préstamos

El pago de la deuda mediante préstamos   ha sido una táctica de los gobiernos para poder mantener cierta estabilidad. Actualmente medios de comunicación señalan que “El Gobierno quiere ahora una nueva emisión de deuda por $800 millones, que, según Cáceres, servirá para honrar a inversionistas que, posiblemente, pidan el reintegro de su deuda en 2013… según el secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, el dinero se utilizará para pagar los Letes que el país ya adquirió” (EDH. 13/09/2012).  Ahora que los nuevos núcleos económicos emergentes y el gobierno de Funes y del FMLN recurren a las mismas tácticas,  los núcleos económicos tradicionales y la derecha arenera   critican dicho actuar.

No al pago de la deuda, no más préstamos

El pago de la deuda mediante préstamos  permite un alivio temporal,    prolonga los plazos de pago y  pareciera que la deuda disminuye, pero después de cierto tiempo se agranda más la deuda debido a que no  se desarrollan estrategias que lleven a un crecimiento económico interno y a aumentar los ingresos del estado que permitan el pago de dichos compromisos. Esto conduce a una insostenibilidad de la deuda, ante lo cual los organismos financieros multinacionales presionan al gobierno para que se hagan efectivos los pagos, y los gobernantes tienen que cumplir las recomendaciones dadas por estos organismos financieros para poder pagar, o para poder obtener nuevos préstamos.

El actual gobierno de Funes y del FMLN desde sus inicios ha considerado que es necesario el pago de la deuda, lo que permite que tengan el visto bueno del imperialismo y de los mismos organismos financieros multinacionales. Esta crisis representa una oportunidad mas para los núcleos económicos emergentes, quienes negocian con el imperialismo y los mismos organismos financieros el pago de la deuda mediante refinanciamientos.

Esto acrecienta el endeudamiento del país, atenta contra el bienestar de la población y aun contra el mismo crecimiento económico, haciendo al país mas dependiente económicamente, que es lo que en realidad buscan dichos organismos: el mantener sometido al país para que siga siendo un simple proveedor de materias primas. A cambio, el imperialismo permite a estos núcleos económicos emergentes abrirse espacios, al igual que lo hizo durante la administración de la derecha arenera, cuando se dio la consolidación de un núcleo hegemónico del  empresariado salvadoreño que se enriqueció de los negocios del estado, pero mantuvo los intereses de las empresas  transnacionales.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los sectores populares a que rechacemos el endeudamiento continuo del gobierno de Funes y el FMLN. Demandamos el cese del oneroso pago de la deuda externa y que esos fondos se inviertan en educación, salud, instalación de agua, energía y demás servicios a la población más pobre del país.


Por Mario Vladimir Carranza

Como era de esperarse, las nocivas condiciones económicas que vivimos en El Salvador generaron que muchos compatriotas emigraran a diferentes partes del mundo dejando a sus hijos en manos de sus abuelos y en algunos casos en manos de uno de los miembros de la pareja desintegrada.

Desgraciadamente, el fenómeno de la desintegración familiar y la constante migración al extranjero, está relacionado con la crisis del capitalismo que manda a decenas de miles de personas a la marginalidad social, sin posibilidad de salir de ese abismo.

El fenómeno de las maras o pandillas es una consecuencia directa del fracaso de la revolución salvadoreña y centroamericana. En la medida en que la guerrilla del FMLN no pudo tomar el poder, ni pudo barrar las viejas estructuras del Estado burgués, sino que se ha limitado a administrarlo, ha acentuado las tendencias degradantes del capitalismo y ello tiene incidencia en la descomposición social y en los altos índices de violencia. Por el momento ninguna política llevada a cabo por los gobiernos sobre este problema ha podido dar respuesta satisfactoria, manteniendo al país en una situación próxima a la ingobernabilidad.

¿Qué busca el General Munguía Payes?

Mientras el general David Munguía Payes,  en su afán de no quedar mal al gobierno de Funes, quien le ascendió a uno de los rangos mas altos en la Fuerza Armada sin tener mayores méritos, por una parte quiere hacer creer que la violencia y la delincuencia han disminuido por influencia del diálogo entre las maras y la pandillas; pero por otra parte lanza campañas de combate a estos grupos irregulares que a diario cometen una gran cantidad de delitos entre homicidios y extorsiones.

Los empresarios, sobre todo del transporte, y la ciudadanía en general ya no encuentran salida a esta triste realidad. En el primer trimestre de este año 2012 la cifra de homicidios rondó entre 13 y 14 al día y las extorsiones no se quedaron atrás; pero en el segundo trimestre de manera subrepticia aparecen dialogando los dos principales grupos pandilleriles de El Salvador. A partir de ese hecho insólito el encargado  de la justicia y la seguridad, el General  Munguía Payes,  de una y mil maneras ha salido al paso para justificar cada situación que comprometa al “proceso de Diálogo”. Esto permite plantearnos la interrogante: ¿será que el señor ministro está configurándose desde ya para optar a un cargo de elección popular en futuros eventos electorales? Tal como fue el caso del General Otto Pérez Molina en la hermana república de Guatemala. Ante tal retrógrada intención de retorno de los militares a los gobiernos, todo el pueblo salvadoreño  debe estar observador, debido a que los militares en el poder significan represión y todos los vicios inherentes a ellos en contra de la clase trabajadora, los campesinos, los pueblos originarios, estudiantes etc., igual interrogante podría plantearse con relación al obispo Colindres.

La base social de las maras y pandillas no es nada despreciable para los intereses de los partidos políticos electoreros de cara a los próximos eventos electorales, lo cual representa una amenaza, dado que por una parte podrían buscar atraérselas mediante el proceso de diálogo y concesiones, y otros trabajarían de cara a boicotear dicho proceso para evitar que sus rivales puedan hacer uso de ello.

Que los ricos paguen la reinserción 

Ante este tortuoso y confuso panorama que se cierne sobre el pueblo salvadoreño, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) insta al gobierno de Funes  y del FMLN a buscar soluciones reales a la problemática de seguridad, a dar trato igualitario a todas las personas que se encuentran en la cárceles, a buscar soluciones  reales a la problemática del hacinamiento en los centros penales, a no politizar el proceso de diálogo entre las pandillas de cara a intereses políticos electorales.

El gobierno de Funes y del FMLN debe mantener informado al pueblo salvadoreño de todo el proceso de diálogo entre la mara y la pandilla, el cual hasta el momento según la opinión  de la población, muy poco está favoreciendo a las grandes mayorías. No obstante es  de señalar que podría estarse dando el caso de que personas particulares en nombre de las maras y las pandillas estén atentando contra el pueblo.

Las maras y las pandillas son una respuesta silenciosa a los problemas engendrados por el capitalismo, la base social de dichas estructuras en su mayoría son hijos de trabajadores, campesinos, etc. por lo tanto consideramos que en este proceso de diálogo por el cual pasan debe permitírseles reincorporarse a la sociedad, pero el costo económico de dicho proceso debe ser cargado a los ricos.


 Por Eugenio Recinos Belloso

Recientemente fue anunciado por la Asamblea Legislativa un refuerzo presupuestario para la Universidad de El Salvador (UES), del cual un porcentaje será para mejoras salariales de los trabajadores, la distribución de dichos recursos nuevamente ha llevado a una división de los diferentes sectores de trabajadores de la UES.

Debemos aprender del pasado

La actual problemática relacionado con la distribución de los fondos y el aumento salarial no es nada nuevo, basta recordar como en  el año 2006 el aumento   presupuestario de  $10 millones  asignados a la  UES, dio  origen al conflicto laboral que produjo entonces una peligrosa división entre trabajadores docentes y administrativos. Así mismo es de recordar la lucha librada en el aquel momento por el Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES) de cara a la defensa de los intereses de los trabajadores de la UES, la cual  provocó una ola de despidos y amenazas contra los principales dirigentes del SETUES, entre los que se encontraba Alfredo Martínez, secretario general del sindicato, dicha represión  fue iniciada en la administración de la actual ministra de salud María Isabel Rodríguez y continuada por el Ingeniero Rufino Quezada, en cuyas administraciones se violentaron todos las libertades sindicales,  lo cual ha quedado en la impunidad. Ante posibles luchas la situación anterior amenaza con repetirse.

En años anteriores existía una total oposición a los préstamos del BID por considerar que estos organismos financieros  buscaban apoderarse de la UES y de la educación superior, en esta coyuntura eso no se discute y hasta pareciera pasar por desapercibido, pero es de recordar que los fondos que le están siendo asignados actualmente a la UES provienen de organismos financieros internacionales como es el BID.

SETUES en pie de lucha en exigencia de una distribución equitativa

El SETUES junto a los trabajadores han realizado unas series de acciones encaminadas a exigirle a los autoridades de la UES que el refuerzo presupuestario seria dividido equitativamente, al respecto Julio Juárez, secretario general de SETUES a manifestado: “Tuvimos asamblea general tomando el acuerdo de un estado de emergencia debido a que la ‘U’ recibe ese refuerzo presupuestario de $8.7 millones (sic). Las autoridades aducen que vamos en un 100% (de distribución entre sectores), pero en la práctica no es así…”( LPG, 05/09/2012). Por su parte Mario Roberto Nieto Lovo, rector de la UES manifiesta que  “La nivelación de escalafón se realizará tanto para docentes como administrativos, para llevar las tablas salariales contempladas en el escalafón de 2003 al 100%”,  partiendo de lo anterior el SETUES  considera que verdaderamente  “…el refuerzo será destinado al escalafón de docentes y administrativos, pero en el caso de los últimos solo se nivelará categoría…Significa que si solo $5 le hacen falta en su categoría solo $5 le van a dar…”( LPG, 05/09/2012).

Por el derecho a la educación superior gratuita y de calidad

Partiendo de las experiencias anteriores que dejaron como saldo a trabajadores despedidos, sancionados, encarcelados etc. en primer lugar los trabajadores organizados en el SETUES están obligados a luchar en unidad,  hacia fuera se  debe actuar como un solo puño para golpear al enemigo. Por otra parte los trabajadores docentes y administrativos deben reconocer que ambos son una misma clase dependen de un salario  y deben lucha en unidad y no debemos permitir ninguna táctica divisionista.

Respecto a la distribución del refuerzo presupuestario a la UES,  el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que un porcentaje de este debe estar destinado a mejorar la calidad académica, ampliar la cobertura de la UES que permita un mayor ingreso de jóvenes, así mismo considera que en materia de aumento salarial debe existir una distribución equitativa entre los diferentes sectores de trabajadores de la UES independientemente el sector del cual sea.

Trabajadores docentes y administrativos, estudiantes y pueblo en general debemos luchar en  contra de los planes de incursión del BID a la UES y la amenaza del asocio publico privado.


Por Ernesto Sánchez

El agua es un de los recursos indispensable para mantener la vida. En la actualidad un gran porcentaje de hogares salvadoreños todavía no tiene acceso  al servicio de agua domiciliar. Como respuesta a esta necesidad, mediante el trabajo conjunto de las comunidades, municipalidades, y organizaciones no gubernamentales, las comunidades sobre todo del área rural han logrado que muchos hogares cuenten con el servicio de agua domiciliar.

Los habitantes de las mismas son quienes se autofinancian y administran los recursos y el servicio a través de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), Juntas de Agua u organizaciones comunales formadas para tal fin. Mientras a nivel urbano el servicio domiciliar de agua  en su mayor parte es proporcionado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)  quienes no logran cubrir la demanda, en gran parte debido al mal manejo de los recursos financieros por parte de los funcionarios nombrados en los gobiernos areneros.

Impuestos por consumo de agua a nivel rural

En el 2009, bajo el gobierno de Funes y del FMLN estando como ministro de economía Dada Hirezi   fue emitido el acuerdo No. 1022  por parte del órgano ejecutivo. Dicho acuerdo en su articulo 9 contempla: “…La ANDA aplicará una tarifa de US $ 0.10 por metro cubico de agua producida a las  explotaciones privadas y los sistemas autoabastecidos exclusivos para vivienda  pagarán una tarifa de US $ 0.03 por metro cubico de agua producida…Las explotaciones de agua que produzcan su propio suministro de agua, pero que utilicen el sistema de alcantarillado de ANDA, pagaran adicionalmente US $ 0.12… los sistemas autoabastecidos exclusivos para vivienda  que utilicen el sistema de alcantarillado de ANDA, pagaran adicionalmente US $ 0.10…”.

Actualmente la ANDA busca obligar a las  juntas administradoras comunales de agua a pagar dichas tarifas, lo cual vendría ser un golpe mas a la economía de las familias salvadoreñas, sobre todo del área rural, que es donde mas opera dicho tipo de administración; además dicha medida impactaría negativamente en las finanzas de las administradoras, lo que repercutiría negativamente en el servicio prestado ya que estas son autofinanciables, poniendo en riesgo el servicio. Esto llevaría a pensar que dicha forma de autofinanciamiento y autoadministración  es ineficaz. De esta manera, la situación serviría de fundamento para argumentar que el servicio de agua pase a manos del gobierno, siendo su administradora ANDA quienes ofrecen un deficiente servicio del suministro de agua y actualmente afrontan problemas financieros. A la vez, la mala administración y el mal servicio  servirían de excusa para incorporar el asocio público privado, una nueva forma de privatización de los pocos servicios públicos brindados actualmente  por el estado.

Todos a movilizarnos por el derecho al agua

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), nos oponemos a que el gobierno cargue de impuestos a las administradoras comunales del agua; consideramos que deben ser las comunidades quienes deben continuar administrando el recurso hídrico de su comunidad. Por lo tanto, llamamos a la unidad en la acción de todas organizaciones administradoras de agua y junto a las comunidades  luchar y movilizarnos  para exigirle  al gobierno la eliminación de dicho impuesto. Contrario a ello, debemos  exigirle  un subsidio  para abaratar los costos, como lo ha hecho con las alcaldías. No se debe permitir ninguna maniobra que atente  contra la  autosostenibilidad financiera de las administradoras comunitarias de agua, ya que este será el fundamento para pasarlas a ANDA.

Ante el endeudamiento que tiene ANDA con las empresas hidroeléctricas, la población en general  debemos exigir el no pago de dicha deuda, ya que al final dicho pago será trasladado a los usuarios del servicio de ANDA. Debemos exigir la reestazación de los servicios de energía eléctrica, los cuales fueron robados al pueblo en los gobiernos areneros.

Actualmente todo parece indicar que ANDA tiene problemas financieros, pero en ninguna medida debemos permitir que esto sirva de fundamento para la implementación del asocio público privado, que es lo mismo que privatización.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo