Por German Aquino

La disputa entre la clase explotadora tradicional y los  grupos económicos emergentes continúa. Fue a consecuencia de los resultados electorales del 2009 que  los primeros recurrieron al poder jurídico para realizar sus maniobras, llevando a los segundos a buscar la manera de desarticular la trinchera jurídica en la cual se habían escudado los grupos dominantes tradicionales. Es por ello que antes de finalizar el periodo legislativo 2009-2012 y tras los resultados obtenidos en las elecciones del 2012  eligieron a nuevos magistrados, restándole poder a la derecha tradicional.

En la actualidad todo gira alrededor de que si es legal o no la elección de los magistrados y la remoción de algunos miembros de la Sala Constitucional. Al pueblo lo que  menos debe importar  es dicha legalidad ya que las leyes al final son hechas para que las obedezcamos los dominados y siempre reflejarán el interés de los dominantes.  Lo que debe de importar al pueblo salvadoreño es el hecho de que esta pugna entre órganos legislativo y judicial  encierra una lucha entre grupos económicos emergentes y grupos dominantes tradicionales, en la cual no está contemplada la defensa de los intereses de la clase trabajadora, los campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares. Esto no implica que debamos restarle importancia, sino más bien que se debe aprovechar la crisis.

¿Contra quién maniobra la clase dominante tradicional?

Las maniobras realizadas por la clase dominante tradicional desde el órgano judicial  van en contra de grupos económicos emergentes que luchan por  un espacio para consolidarse como clase dominante. Aunque se utiliza al FMLN  en la actual disputa entre capitalistas, el actual gobierno del FMLN y sus aliados no representa una amenaza para el sistema capitalista; simplemente buscan quitar y ocupar el lugar que ocupa la clase dominante tradicional, lo cual no termina con el sistema explotador y opresor capitalista.

Ya se demostró tras la llegada del FMLN al gobierno, que el sistema capitalista se mantiene intacto, y peor aún, dicho gobierno ha sido el mejor administrador de la crisis capitalista; ha sido  tolerante hacia la clase económicamente dominante, ha mantenido relaciones armoniosas con el imperialismo y obedece a cabalidad sus recetas, mientras a favor de  la  clase trabajadora poco o nada a hecho, aunque ha mantenido programas de asistencialismo social que le permite ganar apoyo  a su proyecto.

Ejecutivo e Iglesia divididos ante resolución de la CCJ

Ni la clase dominante tradicional, ni los sectores económicos emergentes quieren ceder, están en una demostración de fuerza. Es así como el conflicto entre el órgano legislativo hegemonizado por el FMLN y el órgano judicial hegemonizado por la derecha tradicional ha sido llevado a la Corte Centroamericana de Justicia. Ésta aceptó la denuncia, obligando a la suspensión de los actos de la sala de lo Constitucional,  lo cual valida el  hecho de que la legislatura 2009-2012 haya elegido dos veces Magistrados, que según la Sala no fue legal obligando a la actual legislatura a que se elijan  nuevos magistrados. Esta resolución de la CCJ es considera por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema como “invasión indebida en la justicia constitucional del Estado salvadoreño”, desconociendo a la vez las resoluciones del organismo regional, ya que no son favorables a sus intereses.

Por su parte el presidente Mauricio Funes como representante es mas afín a las resoluciones de la CCJ expresando: “En mi opinión, ambos órganos del Estado tendrían que actuar conforme a esta decisión que ha tomado la Corte Centroamericana de Justicia. Considero que la Corte tiene atribuciones para ello, de lo contrario no hubiésemos sido un Estado firmante y suscriptor del tratado que le dio vida a esa corte regional…” (LPG. 29/06/2012). Sin ánimos de defender el sistema Jurídico burgués, el presidente Funes parece estar cegado por sus intereses.

Por  su parte, Monseñor José Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, en torno a la pugna se apega a las resoluciones de la Sala Constitucional que buscan elegir a  nuevos magistrados, expresando "Toda persona natural o jurídica, así como todo funcionario u Órgano del Estado, tiene que darle el debido cumplimiento. La norma jurídica suprema del país es la Constitución de la República y todos los salvadoreños tenemos la obligación de respetarla y exigir su cumplimiento"(El Mundo, 02/07/2012). Al pueblo mandan a obedecerla, pero veamos cómo la desobedecen los mismos diputados y la clase dominante; por lo tanto la clase trabajadora no esta obligada a obedecer dicha Constitución cuando no está a favor de sus intereses.

Gobierno de Funes y FMLN y sus aliados desafían a la derecha tradicional

Desconociendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, apegados a la legalidad dada por la CCJ y en el decreto legislativo 43, una disposición transitoria aprobada por la Asamblea y sancionada por el Presidente Mauricio Funes, “10 magistrados de la CSJ (2006 y 2012), cuyos nombramientos fueron invalidados por la Sala de lo Constitucional, tomaron posesión de sus cargos…” (Diario de Hoy, 02/07/2012).

Dicha toma de posesión fue asegurada por los cuerpos de seguridad nacional, mientras la derecha tradicional mostró su rechazo a través de sus organizaciones como son Aliados por la Democracia y el grupo ciudadano IndignadosSV,  los primeros calificaron  la acción como "un golpe técnico a la Corte".

La doblegada Derecha  arenera  y el rompimiento del sistema jurídico burgués

La derecha arenera que tradicionalmente ha defendido los intereses del gran capital, mediante un comunicado oficial considera que el hecho de haberse instaurado una nueva Corte: “…nos llevan a la ruptura de nuestro Estado de Derecho y a un Golpe sin precedentes al ordenamiento Jurídico Nacional” manifestando: “… siempre hemos estado dispuestos al DIÁLOGO…Como una herramienta fundamental para buscar las vías de entendimiento…condenamos la posición de rebeldía de no querer acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional por parte del FMLN y sus aliados en la Asamblea Legislativa, CN, PES y GANA. Y que se haya pretendido buscar un Tribunal extranjero no integrado en su totalidad, sin competencia para conocer de nuestros asuntos Constitucionales...” ( http://www.arena.org.sv).

La derecha arenera busca negociar su cuota de poder en el órgano judicial, a lo cual la cúpula del FMLN se niega.

¿Golpe de Estado?

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) no está de acuerdo con el establecimiento de los nuevos magistrados. Según un comunicado, con dicho accionar  “…Los diputados del FMLN, GANA, CN y PES, en complicidad con el Presidente de la República, insisten en pisotear la Constitución de la República y la soberanía de los salvadoreños, intentando dar un Golpe de Estado al Poder Judicial. (http://www.anep.org.sv), agregando además como responsables DE DESTRUIR LA DEMOCRACIA EN EL SALVADOR a: 1. Los diputados del FMLN, que pretenden instaurar una Corte Suprema Sumisa que les permita satisfacer sus intereses partidarios... 2. Los diputados de GANA, aliados incondicionales del Presidente de la República y del FMLN… que han recibido en pago puestos en la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, y Consejo Nacional de la Judicatura. 3. Los diputados del PES y CN, que de acuerdo a la Ley Electoral habían sido eliminados desde el 2004…4. El Presidente de la República, que prefirió la autoridad de un órgano regional cuestionado y sin competencia, en lugar de respetar las sentencias de la Sala de lo Constitucional…” (http://www.anep.org.sv).

Refundemos la Republica

La reaccionaria Constitución de 1983, la cual ha sido remendada por la derecha  tradicional para adecuarla a sus intereses, poco o nada garantiza  los intereses de las clases populares, pero nos obligan a cumplirla, mientras  ellos la interpretan y la cumplen según les conviene.  De este conflicto debemos  aprender que los sectores dominantes se apegan a las leyes y resoluciones de organismos internacionales o regionales cuando les conviene,  pero cuando no es así los desconocen. 

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que en el conflicto actual no se trata ver la legalidad del actuar,  sino de lo que se trata es de ver que si con dicha acción se beneficia o no a las grandes mayorías. Esto no es así, ya que es una pugna entre grupos económicos por cuotas de poder al interior del estado. Por  lo tanto el PSOCA llama a la conformación de un Frente para la refundación de republica salvadoreña y centroamericana y  a la vez llama a las organizaciones de trabajadores, campesinos, estudiantes, pueblos originarios, etc. a exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente la cual garantice los derechos de las grandes mayorías. Debemos aprovechar la ruptura del sistema político-jurídico burgués y exigirle al FMLN la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que lleva a la verdadera destrucción del sistema político y jurídico que siempre ha defendido y respondido a los intereses de la clase explotadora.