Por Mario Carranza
El Acuerdo de Paz firmado en El salvador  por el gobierno arenero de Alfredo Cristiani y la comandancia de la guerrilla del FMLN el 16 de enero de 1992, trajo como resultado la desmovilización de millares de personas que combatieron en uno y otro bando. Para realizar esta desmovilización fueron erogados  millones  de colones obtenidos mediante préstamos y donaciones que al final están siendo pagados por la clase trabajadora y pueblo en general.
El pueblo sufrió los efectos negativos de la guerra y a la hora del reparto no vio mayor beneficio, le ha tocado sobrellevar las consecuencias de la postguerra y de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos de la derecha arenera. En el primer quinquenio luego del Acuerdo de paz lo que menos hizo falta fue dinero, el gran problema fue que no cayó en las manos adecuadas, ya que  solo  se benefició parcialmente a una parte de los desmovilizados y lisiados de ambos bandos.
El sistema económico-político que defendieron no les cumplió
A inicios de octubre veteranos de guerra de las Fuerzas Armadas se movilizaron para exigirle al gobierno de Funes y del FMLN una indemnización de $10,000, una pensión digna y  programas sociales para lisiados de guerra y las madres y padres de los caídos en el conflicto. Israel Polanco, miembro de la Asociación de Veteranos de Guerra Excombatientes de la Fuerza Armada manifestó  "Nosotros sabemos que vino una gran cantidad de ayuda para este sector, y no es posible que solo estén ayudando a los excombatientes que fueron guerrilleros" (http://www.elsalvador.com).
Por otra parte,  Julio Aguilar  manifestó: “No nos han otorgado esa indemnización. Venimos a exigirla. Nuestra gente está hostigada, ya no soporta otro engaño más, como pasó con los gobiernos de la derecha, que nunca se preocuparon por beneficiar al sector de veteranos (de la FAES). Además manifestó “… que después de la guerra, los soldados desmovilizados nunca recibieron atención psicológica ni obtuvieron retribuciones por haber defendido la soberanía nacional” ( http://www.laprensagrafica.com).
Los desmovilizados del Ejército no deben caer nuevamente en el juego confrontativo mediante el cual se les quiere hacer creer que a los excombatientes de la guerrilla se les está ayudando mas que a ellos. Si éstos han logrado un mínimo de beneficio es gracias a la lucha que han realizado. Analizando el punto vista del líder Julio Aguilar, las condiciones  de este sector son de abandono, las cuales vienen desde  los gobierno de la derecha arenera y  continúan en el actual gobierno. En la práctica los desmovilizados de la fuerzas armadas pueden observar lo inviable que es  el sistema económico-político que en su momento defendieron y contra el cual el pueblo salvadoreño luchó. Hoy les toca a ellos luchar como pueblo, como explotados y oprimidos para que se les garanticen los derechos que como humanos les corresponden y que fueron negados por los gobiernos areneros.
Lisiados exigen pago de pensión
En la primera quincena de octubre  los lisiados de guerra aglutinados en la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) también se manifestaron para  exigir el  pago de la pensión de septiembre. Al respecto Olga Serrano manifestó que “No es justo que el Gobierno no entregue el bono porque eso ya está presupuestado; además, es una pequeñez lo que nos entregan…manifestó que una persona parapléjica está recibiendo $260 y un “mutilado” $105 mensualmente” (http://elmundo.com.sv).
Además considera que “…su reclamo tiene base jurídica ya que con el impago, el Gobierno está violentando el artículo 26 de la Ley de Protección de Lisiados y Discapacitados de la Guerra, en el cual el Estado se compromete resarcir a las personas afectadas físicamente en el conflicto armado. Sostiene que la deuda asciende a $2 millones, la cual es distribuida entre los 16 mil miembros”
Todos a luchar por nuestros derechos
El  Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), considera que  la actual situación derivada del sistema capitalista afecta negativamente a la clase  trabajadora, campesinos,  indígenas  y pueblo en general; por lo tanto todos los desmovilizados como pueblo deben luchar junto a las demás organizaciones para exigir sus respectivos derechos que legítimamente les corresponden y que el actual gobierno al igual que los anteriores se niega a cumplir.  Los veteranos de guerra independientemente del bando no deben caer en el juego de las burocracias partidarias electoreras y no deben caer en las estrategias divisionistas y desmovilizadoras que el gobierno realiza mediante las mesas de diálogo. Las bases de estas organizaciones deben exigir a sus dirigentes un informe de todo lo hablado o negociado.

Por Eugenio Belloso Recinos
Los esfuerzos realizados por el gobierno de Funes y del FMLN parecieran ser insuficientes para garantizar la salud de la clase trabajadora y de la población en general. Actualmente el sistema de salud salvadoreño enfrenta una serie de deficiencias que podrían servir  como fundamento para implementar los asocios públicos privados que limitarían más la atención médico hospitalaria.
Falta de anestésico, caso ejemplar
Los recursos humanos para garantizar una buena atención hospitalaria fueron insuficientes en los gobiernos de la derecha arenera y en el gobierno actual, lo que lleva a sobrecargar de trabajo al personal de salud. Unido a lo anterior existe un fuerte desabastecimiento de medicamentos de calidad y más apropiados para el tratamiento de las enfermedades y que tengan menos efectos colaterales; a manera de ejemplo se cita la deficiencia de anestésicos en el Hospital Nacional de Zacamil.
Esto ha sido negado por la ministra de salud María Isabel Rodríguez quien ha manifestado: “ Lo que tiene que hacerse es proporcionarse el anestésico con lo que se necesite y la otra cosa es hacer una compra de emergencia" (http://www.elsalvador.com). La  compra de emergencia de dicho anestésico tardaría en estar disponible, así lo señala Carlos Ramos Hinds, secretario general del sindicato del hospital Zacamil quien manifestó que: “La compra de emergencia que se hizo en diciembre se ha entregado hasta julio… que una libre gestión bajo la Ley LACAP solo permite adquirir 25 ampollas, y esta cantidad se usaría en dos días. Un pedido mayor tiene que pasar por el proceso de una licitación” (http://www.elsalvador.com).  
En dicho contexto medios de comunicación han señalado que: “Ante una situación de escasez, los encargados de anestesia le explicaron a Ramos Hinds que podrían recurrir al uso de anestesia general, incluso en aquellos pacientes que no lo necesiten”. Lo anterior atentaría  contra la vida y la salud de las personas, lo cual no debe realizarse. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que el gobierno de Funes y del FMLN debe de contratar más personal de salud, aumentar el salario a todos los trabajadores de la salud  así mismo dotar a los centros de atención medica de los insumos y medicamentos necesarios.
La  incumplida ley de medicamentos
Después de mucho tiempo y a pesar de la oposición de la industria farmacéutica salvadoreña,  fue  aprobada la Ley de Medicamentos. Si embargo, la población salvadoreña no ha visto los beneficios derivados de la misma; todavía la población no cuenta con los medicamentos de calidad y a un bajo costo, por el contrario los dueños de la industria farmacéutica  han retomado la lucha contra esta ley. De esta forma ya han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad, la cual ya ha sido admitida, por  la Corte. La demanda realiza variados cuestionamientos entre de los cuales están: “que limita el ejercicio al derecho al trabajo… que contradice la libertad económica y de empresa que establece el art. 102 Cn., así como limita el derecho a la libre contratación…pues establece que la única manera de importar algún tipo de medicamento es que dicho medicamento no se encuentre en el mercado nacional". (http://www.elsalvador.com).
Lo anterior son los mismos argumentos  señalados por los dueños de la industria farmacéutica quienes buscan engañar al personal médico queriéndoles hacer ver que dicha ley les afectaría. El ultimo señalamiento es el que realmente les preocupa, pues pone en riesgo sus ganancias obtenidas a través de la comercialización de medicamentos.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamada a las organizaciones obreras, campesinas y populares y población en general a movilizarnos para exigirle al gobierno de Funes y del FMLN el pronto cumplimiento de la Ley de Medicamentos. Así mismo debemos exigir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare sin lugar la demanda de inconstitucionalidad. Se debe exigir a la fracción legislativa del FMLN que representantes de organizaciones obreras, campesinas y populares sean incorporados en  la Dirección  Nacional de Medicamentos. Como una medida  para garantizar medicamentos de calidad y a bajo precio el gobierno de Funes y del FMLN debe desarrollar la industria farmacéutica, involucrando a los trabajadores en la gestión de la misma.


Por Ernesto Sánchez
 Las reformas electorales, los desaciertos del gobierno de Funes y de los gobiernos municipales  del FMLN favorecieron el fortalecimiento de la derecha arenera en el pasado evento electoral, que recuperó el número de diputados en la Asamblea Legislativa y ganó en ciertos municipios sobre todo en el área de San Salvador. A pesar de ello la derecha arenera no ha logrado la hegemonía en la Asamblea Legislativa, ni detener los rompimientos que viene sufriendo. A la par de esta situación,  la derecha arenera viene realizando una serie de acciones contra la clase trabajadora y pueblo en general, entre los que están despidos, nivelación salarial para sus concejos municipales y el rechazo de reformas constitucionales mediante las cuales se garantizan ciertos derechos humanos y de los pueblos originarios.
Gobiernos municipales de Arena atentan contra la clase trabajadora
A finales de septiembre el alcalde arenero de Soyapango, Jaime Lindo,  y su consejo municipal, acordaron el despido de más de cincuenta trabajadores que se desempeñaban en diferentes áreas. Según el alcalde arenero los “despedidos no realizaban eficientemente su trabajo e incluso sólo llegaban a firmar y no cumplían con sus labores asignadas, situación que generó pérdida de confianza, especialmente con los dirigentes sindicales. "Hay gente que sólo llegaba a detenerse la quijada en los escritorios…Creemos que están obedeciendo una línea partidista extraña a la administración…” (http://www.lapagina.com).
Como parte de la lucha por su reincorporación los trabajadores despedidos llevan unos  27 días  de protesta frente a la alcaldía. El 18 octubre miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango (SITMUSOY), junto a otras organizaciones, se movilizaron exigiendo la reincorporación a sus trabajos. El secretario general del SITMUSOY Danilo Mejía, al respecto manifestó: “Estamos haciendo el llamado para que (Jaime Lindo, alcalde de Soyapango) rectifique y reincorpore a los compañeros despedidos... mientras tanto nosotros nos vamos a mantener acá y seguiremos implementando medidas de hecho… “Ayer, los miembros de la fracción de ARENA expresaron que había sido un error tremendo lo que él (Jaime Lindo) había hecho, el haber despedido a esta cantidad de compañeros, en la mayoría mujeres (30)…” (http://www.laprensagrafica.com).  
La verdadera razón de muchos de los despidos sigue siendo la minimización en las empresas, la maximización del recurso humano, así como la detestable flexibilidad laboral que al final viene a ser parte de los asocios públicos privados que se empiezan a aplicar en nuestro sufrido país. Esto deja más ganancias al explotador, pero limita a la clase trabajadora sus derechos y prestaciones laborales, las que han sido conquistadas con sudor y sangre.  Ante tan adversa situación de la clase trabajadora de la Alcaldía de Soyapango, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con su lucha y exigimos la reinstalación de todos los trabajadores despedidos; llamamos a los diputados de la fracción legislativa del FMLN a que verdaderamente trabaje por incorporación de todos los trabajadores despedidos.
Austeridad y jugosos aumentos
Recientemente las autoridades de los gobiernos municipales  de la derecha arenera se recetaron jugosos aumentos de salarios. Se pueden mencionar los casos de Mejicanos, donde los “concejales se recetaron “dietas” (remuneraciones por cada sesión de concejo a la que asisten) de $800 a $1,600. Asimismo, el salario de la jefa municipal aumentó de $1,900 a $4,000”; en Ilopango en donde el concejo también  “se recetó aumento en las dietas hasta $500 para suplentes y $1,000 para propietarios. (http://www.laprensagrafica.com). La dirigencia de arenera después de estar exigiendo austeridad, justifica los aumentos salariales de sus alcaldes.
Así  lo refleja lo manifestado por Donato Vaquerano, quien declaro que “Hay muchas formas de ejercer austeridad en el ejercicio público. Nosotros estamos obligados a procurar ahorro en los gastos. Nuestra propuesta (de austeridad) es para los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). No hemos abordado el tema de las alcaldías”. (http://www.laprensagrafica.com).
Desde el PSOCA llamamos a luchar en contra de la derecha arenera  y acelerar su derrumbe. Igualmente debemos combatir  las maniobras en contra de la clase trabajadora vengan de donde vengan, debemos exigir estabilidad de todos los trabajadores, aumento de salarios para todos los trabajadores y que los alcaldes y sus concejos ganen igual que un obrero calificado, no debemos permitir aumentos de los impuestos municipales.


Por Eugenio Recinos Belloso

Miembros del Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES) han realizado una serie de acciones que van desde movilizaciones hasta cierres parciales de las Instalaciones de la Universidad de El Salvador (UES), lo anterior como mecanismos  de presión para exigir a las autoridades de la UES mejoras salariales y una justa y equitativa distribución del refuerzo presupuestario asignado por el gobierno, lo cual debe ser todos los sectores de trabajadores de la UES.

Agentes fascistoides dirigen acciones contra organizaciones obreras

Acciones como el cierre de la UES por parte del SETUES, llevaron a que agentes fascistoides, explotaron las necesidades que el sector estudiantil siente de recibir su educación, lo que les permitió manipular a ciertos estudiantes para romper la acción de protesta del SETUES, abriendo violentamente los portones que se encontraban cerrados como parte de la medida de presión. En esta ocasión no fueron agentes de las fuerzas armadas o policiales uniformados los que actuaron para recuperar   las instalaciones de la UES sino que fueron agentes sin uniformes.

Es entendible  el hecho que los estudiantes reclamen ante estas acciones las cuales limitan el proceso educativo, pero como estudiantes deben entender que las demandas de aumento salarial  son legitimas y justas y por lo tanto no deben permitir que personas mercenarias manipulen dicha necesidad para promover acciones antisindicales, propias de las patronales.

Por la conformación de la autodefensas obreras

Esta acción promovida contra los trabajadores de la UES y el SETUES no debe pasar por desapercibida por las demás organizaciones obreras  y sociales, ya que podríamos estar ante el ensayo de nuevas tácticas y grupos que se implementaran en contra  de las organizaciones sindicales y sociales por parte de las patronales y el   Estado. Ante este accionar las organizaciones sociales y sindicales debemos estar alertas, pero desde ya se debe  iniciar  el proceso de conformación de brigadas de autodefensas que permitan repelar los ataques de estos agentes quienes manipulan para poder ganar apoyo a sus acciones.

Debemos  exigir a las autoridades de la UES se investiguen estos hechos promovidos en contra de los trabajadores y la misma infraestructura y que además se de a conocer públicamente los resultados de dicha investigación.

Trabajadores hospitalarios exigen sus derechos

A finales e inicio de octubre en el sistema hospitalario se han dado una serie de acciones por parte de las organizaciones sindicales, así en el Hospital Rosales miembros del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Sigesal), demandaron la  destitución del Dr. Mauricio Ventura   bvcvcdirector del hospital, denunciaron a la vez la constante saturación de pacientes en ciertas áreas y problemas de insumos médicos, medicinas, etc.

Otro de los hospitales en donde se registraron protestas ha sido el  hospital nacional general Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez, de Soyapango en donde miembros del Sindicato General de Trabajadores del Ministerio de Salud (SITRAMISAL) exigió la  destitución de la doctora Karina Juárez, recientemente nombrada como subdirectora, al respecto María Isabel Rodríguez ministra de salud considera que “no existe ninguna ley que nos obligue a que los sindicatos participen en el nombramiento de directores de hospitales, y que por lo tanto le parece absurdo el comportamiento de los sindicalistas del hospital general de Soyapango"  (EDH. 02/10/2012). 

Debemos exigir que sean los trabajadores quienes elijamos a las autoridades de los centros hospitalarios, lo cual debe ser así para todas las instituciones del estado y además las sean los mismos trabajadores quienes revoquen los nombramientos de estas autoridades.

Resultado de las acciones de protesta, las organizaciones sindicales de los hospitales han logrado resultado parciales pero todavía las demandas principales no han sido resueltas, como es el caso de aumento salarial, contratación de mas personal, desabastecimiento de medicamentos e insumos hospitalarios, por lo tanto las acciones deben de continuarse en los diferentes centros hospitalarios, pero además de ello es necesaria una coordinación de todas las organizaciones sindicales para realizar acciones conjuntas.


Por Cuautemoc Tit

El 12 de octubre es celebrado bajo la ideología burguesa  como el día de la raza,  o del descubrimiento de América. Pero en realidad   dicho evento marca el inicio de la desgracia de los pueblos originarios de América, la destrucción del medio ambiente  se convierte en el antecedente  del atraso  económico por el cual pasan las actuales sociedades al haberse  impuesto  el saqueo colonial por parte del imperio español y continuado por otros imperios como lo es el imperialismo yanqui 

Invasión, colonialismo y capitalismo

El capitalismo se incuba en las entrañas del feudalismo; con el surgimiento del capitalismo en Europa los feudos medievales son superados por el mercado mundial. Las necesidades del comercio plantearon  el reto  de descubrir nuevas rutas hacia los mercados orientales; en este marco los  Reyes Católicos le dan el apoyo a Cristóbal Colón  facilitándole los medios para que éste se embarcara en su empresa, la cual no solo fue con fines exploratorios sino también con fines de negocios.

Años después  de la llegada de Cristóbal Colón a los territorios ocupados por los pueblos originarios de América, advino la invasión por parte del imperio español con la cual se implementó un sistema económico social basado en la explotación de las personas humanas  y en la destrucción del medio ambiente. Fue impuesto un sistema de producción que buscaba  el fortalecimiento  del mercado capitalista europeo, vendiéndoles  a las metrópolis imperialistas productos a bajísimos precios, lo que fue  posible dado el nivel de súper explotación de las personas pertenecientes a los pueblos originarios, cuyas consecuencias se viven todavía.

Los trabajadores  somos herederos de los pueblos originarios

Producto de la invasión española a las civilizaciones  originarias que habitaban en el actual territorio salvadoreño, se da un sometimiento parcial de los pueblos originarios en aspectos como el militar, económico, y el ideológico cultural. Así mismo por diversos motivos se dio un cruce entre personas invasoras con personas pertenecientes a los pueblos originarios, lo que ha llevado a que en la actualidad muchos desconozcan sus orígenes. A pesar de ello existen poblaciones que a fuerza y sacrificio históricamente han mantenido  su identidad, y otras que han iniciado un proceso por aceptar su identidad como pueblos originarios.

Por el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios

Desde los tiempos de la invasión la política del invasor fue el aniquilamiento de la identidad de  los pueblos originarios. Esto ha sido continuado por  los gobiernos areneros  quienes hasta  han negado la existencia de los pueblos originarios en El Salvador. En la actualidad se sigue impulsando dichas políticas, negándose a ratificar las reformas constitucionales realizadas por la anterior legislatura, las cuales reconocen constitucionalmente la existencia de pueblos originarios en El Salvador. Esta situación ha sido aceptada sin mayor oposición por el gobierno de Funes y del FMLN, y pareciera no importarles, porque de serlo, a lo mejor ya se hubiesen sentado a negociar con la derecha arenera, como lo han hecho para ponerse de acuerdo en otros temas. Por lo tanto debemos exigirle al gobierno de Funes y del FMLN que la temática de los pueblos originarios pase a ser un punto fundamental en los planes de gobierno y no sea meramente una cuestión folclórica más para sus planes de la industria turística.

Respecto a la situación de los pueblos  originarios, una lideresa de los pueblos originarios de El Salvador manifiesta que: “Los pueblos originarios venimos viviendo desde el exterminio físico realizado por los invasores, continuado por el genocida de Maximiliano Hernández Martínez,  pasando por  la negación realizada por los gobiernos areneros y la humillación y engaño del actual gobierno”. Ella que considera que el actual gobierno hasta la fecha no ha cumplido nada de lo prometido a los pueblos originarios.

Unidos como clase contra el mismo enemigo

Los efectos de la invasión española, han llegado hasta nuestros días, por lo tanto trabajadores, campesinos y pueblos originarios y demás sectores populares  no tenemos nada que celebrar este doce de octubre, contrario a ello debemos protestar.

El reconocimiento de los pueblos originarios en El Salvador es una tarea pendiente, por lo cual debemos exigir a la derecha arenera la ratificación de dichas reformas constitucionales, así mismo debemos exigir la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente que reconozca con carácter de ley los derechos de los pueblos originarios.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo