Por Ximena Ayala

Cada 8 de marzo a nivel Internacional  se conmemora el día internacional de la Mujer, el cual fue declarado como tal por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977.

Esta fecha histórica representa un martirio y lucha para muchas mujeres de la clase trabajadora con lo cual han logrado arrancar a los patronos una serie de de Derechos y que reconocimiento de Derechos por parte del Estado. Pero la burguesía le había venido restando dicho valor histórico que  representa en la lucha de clases contra los explotadores.

Vale recordar las luchas de  todas las  mujeres trabajadoras y el sacrifio realizado para exigir mejores condiciones y prestaciones laborales, las cuales en muchos casos en terminado en hechos fatídicos. En reconocimiento a lo anterior en 1910, la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhae, Dinamarca, decidio conmemorar el 8 de marzo como Día de la Mujer y Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como se puede observar han sido las representantas de la clase trabajadora quienes por si mismo lo declaron sin necesidad que lo hiciera algún estado. Es de señalar que posteriormente las  Naciones Unidas lo declararon como tal.

Las mujeres salvadoreñas se movilizaron nuevamente este 8 de marzo del 2025, exponiendo sus demandas en diferentes afiches, pintas, carteles, mantas. Etc.

Crisis financiera y grave deterioro de las libertades democráticas

Este 2025 en El Salvador la conmemoración del día internacional de la mujer, se en momentos marcados por una crisis de financiamiento del gobierno de Bukele, quien tiene en lugar de cargar la crisis a los grandes empresarios  ha  recurrido a préstamos de organismos financieros internacionales y someterse a los lineamientos de los mismos lo que ha implicado recortes en muchas instituciones del estado, programas de asistencia social, despidos de trabajadores públicos, reducción del presupuesto de salud y educación.

En función de los intereses de los grupos económicos emergentes que administran el estado salvadoreño se están implementando proyectos económicos (turísticos, mineros, infraestructura, Etc. ) que afectan  al pueblos salvadoreño y muchos impactan directamente de forma negativa en las mujeres. Este 8 de marzo dichas demandas se hicieron sentir.

Demandas especificas de las mujeres

Las mujeres durante la movilización y la concentración denunciaron la supresión de programas de salud propios para las mujeres señalando que:  “…el Estado está fallando en garantizar nuestros derechos básicos El desmantelamiento del sistema público de salud, el cierre de los ECOS Familiares y la falta de atención especializada nos están dejando en una situación de vulnerabilidad extrema”. (LPG. 8/03/2025).

El tema del aborto es siempre a generado controversias en los diferentes gobiernos y ha sido una demanda de los últimos años, nuevamente  las mujeres visibilizaron dicha demanda  hacia el estado y el gobierno de Bukele señalando que todavía existe la penalización absoluta del aborto  y exigieron “…exigieron la despenalización del aborto en al menos cuatro causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto, violación e incesto…” (LPG. 8/03/2025).

No a la violencia hacia  las mujeres

También se pronunciaron contra los feminicidios, violencia sexual, aumento de  las desapariciones de mujeres. En lo que van del régimen de excepción muchas mujeres y sobre todo menores de edad han sido víctimas de violencia  por parte de miembros de la fuerza armada, en donde los responsables de dichas instituciones  los minimizan como “caso aislado”.  

Aunque  la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos  (PDDH) en el informe de labores 2022 y 2023 señala “…al menos diez casos de acoso o abuso sexual cometidos recientemente por agentes del Estado…”  En muchas casos las victimas y las familias deben callar antes los hechos, por las amenazas de los agresores y el mismo régimen de excepción por el temor a que el agresor como represalia los señale como mareros o pandilleros.

Existen casos emblemáticos de violaciones a menores de edad, en donde las víctimas y sus familiares han desafiado al sistema y han denunciado.

Defensa de los derechos obreros y de los territorios

Son muchas las demandas en estos temas pero la resalta el rechazo a la minería y la defensa del agua, al respecto manifestaron: "Exigimos que esta ley (de Minería) se derogue, exigimos que cada proyecto minero no se desarrolle. Aproximadamente, lo que gastaría la mina El Dorado en un día es lo equivalente para dar agua a 9,000 personas, y esto no llega a las comunidades. ¿Cómo es posible que se le garantice agua a las mineras, mientras las personas en las comunidades seguimos sin agua?” (LPG. 8/03/2025).

Otras de las denuncias han sido las violaciones a los derechos laborales y sindicales por parte de las mujeres trabajadoras y sindicales, las cuales han sido despedidas de diferentes instituciones del Estado en el gobierno de Bukele.

Por Valentina Castro

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es una Institución “autónoma” del estado salvadoreño que tiene entre sus funciones el garantizar la salud y una atención médica hospitalaria a la clase trabajadora salvadoreña, que son quienes verdaderamente sostienen dicha institución con sus aportaciones. Recientemente han sido públicas denuncias relacionadas acerca de la falta de medicamentos, retraso en las citas con especialistas. Etc. Por su parte  el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) continúa realizando su función de señalar las deficiencias en dicha institución con finalidad de garantizar la salud de los cotizantes.

De cómo se perdió la autonomía del ISSS

El ISSS  se gobierna mediante una tripartita conformada por representantes de los trabajadores, gobierno y empresarios. La forma histórica que venía funcionando hasta cierta medida garantizaba la “autonomía”, lo cual era una piedra en el zapato para los gobiernos quienes en el 2012 modifican la parte relacionada a la elección de la representación patronal. Para el 2024 la Asamblea aprobó una reforma a la Ley del ISSS, entre sus cambios sustanciales están  la salida del Colegio Médico de la Junta Directiva,  cambiar el número de representantes a 12 personas; asimismo, la presidencia  del Consejo le corresponde  a la directora de la autónoma y ya no corresponderá al Ministerio de Trabajo, quien además ya no designará a los representantes de los sindicatos, los cuales serán  elegidos  por la junta directiva del ISSS y ratificados por el consejo de ministros. En los hechos la autonomía y toda oposición en el Consejo Directivo del ISSS está pérdida, siendo necesario que los trabajadores la recuperen.

Préstamo histórico al ISSS

En marzo del 2020 en el  marco de la pandemia por el Covid-19 el gobierno de Bukele tomo prestado de  los fondos del ISSS (dinero de los trabajadores)  $25 millones, los cuales utilizaría  el Ministerio de Salud para equipamiento, instrumental y transporte de Hospital de El Salvador.  Lo anterior  trajo consigo un desbalance en las finanzas de dicha institución.

Retardadas consultas con especialistas responsabilidad de las autoridades del ISSS

Los cotizantes del ISSS y sus beneficiarios, cuando requieren consultas con médicos en especialistas tienen que esperar largos tiempos, esta situación se ha agravado mas, la explicación a ello es que las autoridades del ISSS no han contratado los suficientes y la fuga de los mismo. Según Rafael Aguirre Secretario General el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) ( “…desde diciembre de 2023 a la fecha, más de 250 médicos especialistas y subespecialistas han renunciado a la institución, llegando a un 90 %... Realmente hemos perdido una masa laboral muy importante. La formación para un especialista son seis años: tres años de especialidad médica, tres años de cirugía, otros tres o cuatro años más para una subespecialidad” (LPG. 17/02/2025).

La según el SIMETRISSS los renuncias de los especialistas “No es por falta de dinero. Estamos hablando de personas que tenían llena su clínica privada y además trabajaban en la institución. Son cuestiones de ambiente laboral que terminando empujando (a los médicos) a retirarse. La sobrecarga de la agenda”. (LPG. 17/02/2025). 

Existen quienes culparan a los especialistas pero en realidad el problema es de las autoridades que están al frente de la institución, las cuales son impuestas por el Presidene Bukeles. Los cotizantes tiene la necesidad  que las citas con los especialistas  sean en corto tiempo, pero no sobrecargando a los pocos que existen que se resolverá el problema. El ISSS debe contratar más especialistas y mejorar el pago.

Falta de medicamentos e insumos

Otro de las deficiencias del ISSS según denuncias de los usuarios es la falta de medicamentos en diferentes centros de atención. El SIMETRISSS a partir e reportes confirma  se ha agudizado la escasez de medicamento en el ISSS expresando “Así es, existe una crisis de medicamentos en el Seguro Social. Lastimosamente ya no dan los listados de las medicinas que hacen falta, pero los pacientes nos cuentan qué hace falta y también los compañeros” (LPG. 25/02/2025).

Trato humanizado por parte de las autoridades del ISSS hacia los pacientes

El usuario del ISSS tiene el derecho a tener un trato humanizado por parte del personal de salud que esta a nivel operativo y administrativo, pero también las altas autoridades del ISSS, como el Consejo Directivo está en la obligación de darle un trato y una atención  humanizada  a los pacientes   como parte de dicha atención es deber garantizar que la persona sea atendida de forma pronto por especialistas, que le garantice sus medicamentos. Etc.

Por Salvador Belloso 

Recientemente ha ocurrido algo que, en otras circunstancias habría producido cobertura ingente a nivel mediático, sin embargo, debido a la normalización del imperio del arbitrio en El Salvador, esto es presentando como otro evento canónico más dentro de la trama del bukelato; la mano poderosa del lord supremo sacudiéndose de todo aquello que le genera molestias.

Desde que se arraigó el régimen de excepción, como conducto a su vez del fortalecimiento del régimen un bonapartista, sucedieron cambios en la composición orgánica de la institucionalidad estatal, todo ha quedado supeditado a la voluntad unipersonal de Nayib Bukele,  todas las funciones de Estado se encuentran articuladas en función de su interés, es de esta manera como la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al igual que todo el Ministerio Público en su conjunto, funcionan por mandato  directo de Casa presidencial (CAPRES).

El vacío dejado por la PDDH ha sido retomado por oficinas jurídicas del tipo humanitario, quienes dan seguimiento a las víctimas del régimen de excepción. Estas oficinas jurídicas en un principio fueron toleradas, pero todo ha cambiado.  

Capturas y procesos por diferentes causas          

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), es una de las oficinas tipo socorro humanitario que atienden denuncias de abusos tanto de detenciones arbitrarias, como de presos torturados en las cárceles del régimen de excepción.     

El lunes 24 de febrero fue allanada la casa de la abogada de UNIDEHC, Ivania Cruz, quien al momento se encontraba fuera del país, según ella afirmó mediante las redes sociales, le fue decomisada una caja fuerte. El 13 de febrero José Alberto Pérez Ramírez y María Margarita Flamenco, directivos comunitarios de la Hacienda La Floresta, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la PDDH en contra de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES), por coacción, amenazas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

El martes 25 de febrero ambos directivos junto a Fidel Zavala presentaron una denuncia por vulneraciones cometidas en las capturas de dos directivos el día 9 de febrero, posteriormente, es decir, el mismo día los tres fueron capturados, los directivos por las mismas causas de los otros directivos capturados con anterioridad (venta ilegal de terrenos y parcelas), mientras que Fidel Zavala por agrupaciones ilícitas y usurpación de la profesión.  

De la posición política a intereses sobresalientes       

Es necesario revisar con cuidado las causas penales que se les imputa a cada uno de los detenidos, todos disidentes del régimen del bukelato, razón por la que resaltan dudas de si, detrás de esto, en realidad existen motivaciones políticas del régimen para escindir el acopio que parte de la oposición está teniendo dentro de las comunidades pobres, la minería y el desalojo de comunidades crea condiciones favorables para el desarrollo de grupos de resistencia y defensa dentro de las comunidades.

A simple vista no tendría porqué golpearse a dirigentes opositores por la vía judicial, al contrario, ante tan menguada fuerza parlamentaria, siendo únicamente tres diputados opositores, dar un poco de maquillaje a la democracia no estaría mal y, por ende, tolerar a la disidencia seria ahora mismo más conveniente que mostrar tanta intolerancia.

Si lo vemos a profundidad, en realidad se están cortando cabezas, se está dejando a las comunidades organizadas sin dirigentes, a demás de golpearles la moral a través del terror de Estado, en el nuevo tiempo esto se efectúa mediante judicializaciones. Todo sucede para que los proyectos de minería y desalojos se realicen sin resistencia activa y organizada.

La persecución judicial continuará

En la audiencia realizada del día 26 de febrero contra Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas de la comunidad La Floresta, el juzgado de paz de San Juan Opico, desestimó el delito de resistencia y determinó medidas sustitutivas a la detención respecto al delito, pero se sabe que la FGR presentó la acusación por dos delitos más. La judicialización de lideres comunitarios es un mecanismo de neutralización del régimen para evitar el crecimiento de la organización popular en sí. Se requiere de coordinación de las comunidades organizadas, por cierto, tampoco puede seguir siendo instrumentalizada la lucha legitima de las comunidades por la oposición.

Por German Aquino

El modelo económico neoliberal que plantea una menor intervención  del estado y mayor participación a la empresa privada, se empezó a implementar en El Salvador en el gobierno arenero de Cristiani  en donde muchas empresas estatales  pasaron a manos privadas, lo que llevo al despido de cientos de trabajadores públicos  y ataques a los sindicatos. Los gobiernos del FMLN en sus 10 años contrario a lo que se pensaba continuaron implementando dicho modelo, implementando el intervencionismo sindical, poniendo direcciones sindicales fieles a ese partido y atacando a quienes no se sometían.

Durante ese periodo buscaron aprobar Leyes como la de la Función Pública, desarrollar los Asocios Públicos Privados, implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEDE), siguieron fielmente las recomendaciones de los organismos financieros Etc. para palear los efectos de sus políticas implementaron una serie de programas de asistencia social. En el 2019 proveniente del mismo FMLN llega Bukele bajo las reglas del Juego de la democracia burguesa, las cuales poco fue cambiando, haciendo los mismo que hacia el FMLN respecto a los trabajadores públicos, quitando pero poniendo a su gente, por la otra parte Rolando Castro desde el Ministerio de Trabajo también imponía direcciones sindicales a su conveniencia. La clase trabajadora y los sindicatos de El Salvador atraviesan por una nueva etapa la cual es necesario describir.

Estancamiento y Pírrico salario mínimo

El último incremento al salario mínimo en El Salvador fue en el 2021, el cual en la realidad no logra cubrir la canasta básica. Según el último incremento los salarios mínimos en El Salvador van entre  $243.46 (sector agropecuario, pesca y otras actividades) y los $365 (sector de comercio, servicios, industria, ingenios azucareros y otras actividades agroindustriales). La canasta básica a incrementado por lo cual es necesario exigir un incremento al salario mínimo de $600 para todos los trabajadores públicos y privados.

Ofensiva gubernamental contra los sindicatos independientes

En su primer gobierno Bukele  identifico  los sindicatos aliados a su gobierno y los sindicatos independientes. Una vez aseguro su segundo periodo Bukele a través de sus altos funcionarios   incremento su ofensiva contra los sindicatos independientes. Representantes de la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) han denunciado al estado salvadoreño ”…por la violación al fuero sindical, al despedir a 455 dirigentes sindicales en el aparato público.”

Para el caso de los sindicatos que de alguna u otras manera han declarado o demostrado su apoyo al gobierno, en este segundo periodo no les ha tocado más que quedar como espectadores y callar.  Estas direcciones sindicales deben recordar que Bukele solo tienen aliados y que ya media vez no le sirvan terminaran siendo golpeados, por lo tanto las bases de trabajar en una amplia unidad y superar las contradicciones por que serán ellas mismas que sufrirán las consecuencias de las políticas del gobierno.

Falta de negociaciones de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT): estancamiento de las prestaciones económicas y laborales

Según un estudio realizado de febrero a Abril de 2019 existía un total de 158 contratos colectivos inscritos de los cuales  21 correspondían a Instituciones Autónomas,  12 a  Instituciones Públicas,  5 a  Municipalidades y  120 Empresas Privadas incluyendo el sector Construcción. Teniéndose un total de 81,487 trabajadores que tenían dicho beneficio.  De estos 29,773 corresponden a sindicatos de instituciones autónomas, 15,749 a sindicatos de instituciones públicas y 35,965 a sindicatos privados concentrándose en los sindicatos de la Construcción con 22,650 trabajadores. 

 A nivel de las prestaciones económicas y labores la mayoría de trabajadores públicos, municipales y de las instituciones “autónomas” sufren un estancamiento económico ya que el gobierno en cumplimiento de los dictados de organismos económicos internacionales se niega a negociar Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) y en caso de negociarlos los incumple.  Al final son los altos funcionarios del gobierno quienes a su voluntad deciden que dar y que no dar, esta realidad le ha tocado afrontar aun a los sindicatos afines al gobierno, a quienes les ha sido imposible negociar mejoras salariales y para amortiguar el golpe se ven obligados a realizar actividades sociales, u otras actividades.

En síntesis en El Salvador  las direcciones de  sindicatos públicos independientes, que buscan defender a los trabajadores  viven una situación de ofensiva antisindical por parte del gobierno de Bukele, en donde no existe Ley que les ampare, viviendo en el irrespeto de los Derechos y libertades sindicales. Mientras tanto existe el otro sector de dirigentes sindicales  que mantienen un silencio ante las arremetidas del gobierno  ya sea por temor o conveniencia, el cual tildan de ser aliados del gobierno por dicha comportamiento, aunque seguramente muchos lo hacen para sobrevivir las arremetidas.