Por German Aquino

El transporte público  es un servicio  utilizado por casi toda  la población, el estado salvadoreño al igual como brinda los servicios de salud, educación, etc. debería ser el responsable directo de garantizarlo   ya que  las líneas y rutas son propiedad del estado, pero en lugar de ello  desde años atrás a recurrido a realizar  concesiones a empresarios para que sean estos los que brinden dicho servicio, a quienes tradicionalmente los gobiernos han venido favoreciéndoles a través de los subsidios, sin ni siquiera exigirle que brinden  el servicio en unidades de transporte que garanticen la seguridad de los usuarios,  que no contaminen el medio ambiente, así como un buen trato para el pasajero.

Bajo este sistema de concesiones el servicio del transporte deja grandes ganancias, provenientes del pago del pasaje y de los subsidios las que van  a quedar en manos privadas,  convirtiéndose   en una actividad comercial a la que cualquier empresario buscaría incursionar.

El pueblo paga el subsidio y el pasaje

El subsidio al Transporte Público se inició aproximadamente en 1974, bajo el gobierno del Presidente Coronel Armando Molina,  esta medida fue producto de la presión ejercida  por los trabajadores del transporte quienes exigían aumentos salariales, a la vez   bajar la presión de los empresarios del  transporte, quienes debido al  aumento de los precios del petróleo exigían que se les permitiera aumentar el pasaje. 

La clase trabajadora ha tenido que cargar  de forma directa o indirecta, con el  subsidio al transporte y con el pasaje mismo,  beneficiándose más al empresariado que a la población, lo que es entendible debido a que muchos empresarios han tenido o tienen injerencias en los gobiernos ya sea por sus  intereses económicos en el sector o en pago por favores realizados.

Empresarios del transporte buscan presionar al gobierno de Funes

Desde la implementación el subsidio  al transporte a tenido variadas formas y porcentajes, en momento de alza del combustible y de disminución de sus ganancias más aun en periodo preelectoral los empresarios han  presionado  a los  gobiernos de turno ya sea para mantener o elevar los montos del subsidio o para realizar aumentos al pasaje, peticiones a las cuales casi siempre han cedido los gobiernos.

El gobierno de Funes y del FMLN no ha sido la excepción a dichas medidas,  a finales del año 2012 los empresarios ante el anuncio de la disminución del subsidio paralizaron sus unidades; a inicios del 2013 habiendo aprobado la asamblea legislativa la reducción del subsidio, empresarios aglutinados en FECOANTRANS, AEAS Y ATP recurrieron a medidas de hecho para exigirle al gobierno el pago del subsidio atrasado y  que les autoricen aumentar al pasaje, el cual ya sin autorización habían realizado afectando la economía de la población.

Las medidas de presión estuvieron protagonizadas por los trabajadores del sector, ante lo cual el general Munguía Payes ministro de Seguridad y Justicia expreso   “Vamos a aplicar todo el rigor de la Ley a quienes se vean involucrados en actos vandálicos o de sabotaje al transporte público”,  en  cumplimiento a ello  la Policía Nacional Civil realizo varias detenciones que según medios informativos suman un total de 58.

En esta ocasión es evidente una división del empresariado del transporte, lo que le ha dado cierta capacidad de maniobra al gobierno de Funes y del FMLN.

El pueblo continuara pagando el subsidio

Después de casi tres días de paro el paro empresarial fue levantado por los luego  que se acordara el pago de la deuda lo que según el presidente Funes “…los acuerdos tomados entre el gobierno y los empresarios del transporte están siendo ventilados en el seno de la Mesa Nacional de Transporte vía negociación y no “bajo medidas de presión y… únicamente $19 millones los que se les debe y no $30 millones como lo maneja la derecha y las tres gremiales que suspendieron el servicio del transporte de forma parcial…para el  pago de los $19 millones, el Ejecutivo solicitará en los próximos días al Órgano Legislativo el uso de $10 millones del fondo precautorio aprobado en el 2012 para pagar a los inversionistas que cobrarían a mitad del plazo los bonos contraídos durante la administración del ex presidente Francisco Flores del partido ARENA” (http://www.diariocolatino.com). El estado no cuenta con los fondos para el pago de dicho subsidio por lo cual sacara dinero de otras áreas siendo el pueblo quien tiene que pagar.

Modernización del transporte pero sin aumento del pasaje

En estos momentos de crisis del capitalismo el gobierno de Funes y del FMLN no puede continuar manteniendo los privilegiados subsidios al empresariado tradicional,  ni permitir un descarado aumento del pasaje, ya que  ello le impactaría de cara a la próxima coyuntura electoral.

Ante dichos factores el gobierno está obligado a diseñar un plan para que grupos económicos emergentes  incursionen  en el sector transporte a la vez que le permitan sobrellevar la falta de liquidez estatal y aumentar sutilmente el pasaje a manera que  la población no lo perciba como tal, pudiendo tomar como ejemplo la experiencia  realizada en Honduras en donde “…a finales del año 2011, con el argumento de modernizar y mejorar el transporte urbano se introdujeron buses nuevos que hacían recorridos nuevos, la innovación se dijo era para ofrecer un transporte cómodo y rápido a los usuarios, ese servicio tendría el valor de 10 lempiras (0.52 $), como era una opción para la población, nadie protestó y poco a poco la gente fue optando por usarlo. Luego, poco a poco fueron sustituyendo las viejas unidades por las nuevas, con la diferencia de que estas nuevas cobran la nueva tarifa, y el usuario huyendo de la delincuencia común y pretendiendo un traslado más rápido opta por usar este nuevo transporte. El aumento estaba hecho, ahora se ven más buses ejecutivos que buses normales…”  Pero  esta experiencia no es nada nueva en años atrás se implementó los buses preferenciales(rojos) que cobraban más pasaje y los ordinarios(azul) que cobraban menos con tiempo todos los buses fueron preferenciales y cobraban una mayor tarifa de pasaje.  

Existe la necesidad de modernizar el sistema de transporte público en donde como usuarios tengamos un buen trato, comodidad, seguridad, unidades de transporte adecuadas. etc. Pero ello en ningún momento debe implicar un aumento al pasaje, como población debemos luchar contra todos los  planes encubiertos de aumento del pasaje tal es el caso del servicio preferencial al cual el gobierno de Funes y del FMLN le autorizaría un aumento del pasaje.

Por la nacionalización del transporte

Contrario a los anteriores gobierno es tiempo que el gobierno de Funes y del FMLN asuma su responsabilidad  en materia de transporte, deben de terminar con el sistema de concesiones el cual ha permitido a la empresa privada quedarse con grandes ganancias, teniendo la población que sufrir las consecuencias  del elevado costo del pasaje, el maltrato y mal servicio brindado. Debe ser el estado quien brinde el servicio de transporte a la población.

A nivel del transporte existe una disputada de empresarios para quedarse con el sistema de concesiones, el gobierno debe terminar de una vez con dicho sistema de concesiones no se trata de cambiar al empresariado ya  que el problema a larga seria el mismo.

Que la ayuda venezolana llegue al pueblo

El aumento del precio de los combustibles lleva unido el aumento de los pasajes por lo tanto además de la nacionalización del transporte es urgente y necesario la nacionalización de  Alba Petróleos bajo control y administración de los trabajadores y no por la argolla de  empresarios privados ligada a Alba petróleos, no es posible que mientras el pueblo sufre las consecuencias de los elevados precios del petróleo una argolla se beneficie y este obteniendo grandes ganancias de las cuales solo le reparte migajas al pueblo. 

Por programa de lucha en beneficio de los trabajadores del  transporte

Los trabajadores del transporte (motoristas, cobradores. Etc) son los  generadores de  las riquezas para los empresarios del transporte, así mismo son ellos quienes   han  sufrido la escalada de una serie de asesinatos, pero en la actualidad no cuentan con las condiciones que les aseguren un nivel de vida digno.

En estas últimas acciones un sector del empresariado del transporte  logro desviar la fuerza de los trabajadores  dirigiéndola  en contra de trabajadores de su mismo sector que ejercían sus labores. Los trabajadores  deben analizar que la lucha que se libra es una  lucha de empresarios contra empresarios y contra el gobierno, quienes defienden sus intereses económicos, no los intereses  de la clase trabajadora.

Si bien al no pagarles el gobierno el subsidio a los empresarios afecta indirectamente, los trabajadores, estos  deberían de exigirle al gobierno de Funes y del FMLN que una de las condiciones de dicho pago sea la estabilidad laboral y el aumento de salarios para ellos como clase trabajadora.

Los trabajadores del transporte tienen que organizarse y buscar la unidad de todos los trabajadores del sector y  librar una lucha de trabajadores contra empresarios y levantar un programa de reivindicaciones que implique cuando mínimo  un aumento general para todos los trabajadores del sector transporte, pago de ISSS, AFP, pensión. Etc. Así mismo deben prepararse ante una posible supresión de puestos de trabajo como producto de la reducción de ganancias de los empresarios y de los planes de modernización del sector que dejarían a muchos sin trabajo;  ante esto deben exigirle al gobierno de Funes y del FMLN un programa de protección de sus puestos de trabajo.

 

Por German Aquino

La clase trabajadora salvadoreña del sector publico y privado para  tener atención médica hospitalaria en su mayoría recurre al  Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)  que es una institución autónoma del gobierno central, pero es el presidente quien impone a las autoridades de dicha institución, para su funcionamiento el ISSS depende principalmente  de  las contribuciones  económicas de la clase trabajadora.

Los servicios médicos hospitalarios brindados por el ISSS no satisfacen las expectativas de la clase trabajadora,  lo cual en gran medida es producto de la mala administración de las aportaciones dadas por los trabajadores y de los robos realizados a la institución en los gobiernos areneros, en caso de que fuese por falta de  recursos el ejecutivo debería aportar mas recursos financieros para asegurar la salud de los trabajadores salvadoreños y obligar a empleadores a pagar un mayor porcentaje. En la mayoría de casos las autoridades y jefaturas  del ISSS buscan culpar a los trabajadores de la institución por la deficiente atención cuando en realidad, son ellos como autoridades los responsables por no brindar el equipo, los insumos médicos correspondientes  y por  no contratar la cantidad necesaria de  personal medico, paramédico y de servicios generales para evitar la sobrecarga de trabajo.

El gobierno busca debilitar al STISSS

Los organismos financieros multinacionales quienes brindan los prestamos al gobierno, y que en la actualidad continúan brindándoselos  ven que el Estado salvadoreño todavía tienen formas de como pagar dichos prestamos y una de esas formas es ver a la salud de la clase trabajadora como bien o  mercancía que se  puede comercializar, para ello es necesario que el actual gobierno continuo los planes privatizadores de las instituciones del pueblo mediante la figura del  Asocio público privado, en donde las organizaciones sindicales representan un obstáculo, por lo cual el sistema capitalista esta recurriendo a todas sus artimañas para desarticularlas o neutralizarlas y el estado salvadoreño esta preparando toda un plataforma  para neutralizar y reprimir legalmente a los organizaciones y trabajadores que represente una amenaza parte de ello es la Ley de la Función Publica.

La división del STISSS debilita a los trabajadores

Los trabajadores del ISSS para la defensa de sus intereses y derechos históricamente se han organizado y aglutinado en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISS) lo que le permite negociar el Contrato Colectivo de trabajo, lo que favorece a todos los trabajadores del ISSS.

 Por mucho tiempo en el ISSS  existió un solo sindicato, posteriormente florecieron otras iniciativas organizativas sindicales surgidas a partir de diferentes motivaciones, hasta este año 2012 dichas iniciativas organizativas sindicales  surgidas por fuera del STISSS no han logrado superar la membresía con la que cuenta el STISSS, pero dicha supremacía organizativa que son la  fuerza  del STISSS y  de los trabajadores del ISSS esta en riesgo debido a la agudización de las contradicciones internas entre diferentes tendencias surgidas en el interior del STISSS, las cuales han sido bien aprovechas por el gobierno de Funes y del FMLN y de las autoridades del ISSS, iniciándose con las acusaciones de mal manejo de fondos realizadas por  Leonel Flores, director del ISSS, en contra de  Armida Franco, Secretaria General del STISSS,  lo que llevó a que la Secretaria General del STISSS le denunciara ante los juzgados por difamación, como parte de su defensa ante dichas acusaciones  el director argumento que sus declaraciones fueron con base a una información que le proporcionó  un grupo opositor al de Armida Franco y la misma comisión política del STISSS. Lo anterior llevo mutuas acusaciones entre autoridades del ISSS y los representantes sindicales, lo que condujo a realizar ciertas acciones de hecho.

Todos los trabajadores a votar

El día 16 de Diciembre del presente año se realizaran las elecciones para determinar quienes serán los nuevos representantes de STISSS para ello compiten diferentes planillas o tendencias,  al respecto el Partido Socialista Centroamericano PSOCA llama todas las bases sindicales  del STISSS a ejercer su derecho al voto y  exigir un programa de lucha que contemple mejores condiciones y prestaciones de trabajo, la defensa del contrato colectivo de trabajo, aumento general de salarios, reversión del sistema de concesiones o de servicios privados en la institución, que las autoridades del ISSS sean nombradas por las todas las organizaciones de trabajadores.

Fortalecimiento de  la democracia obrera y unidad del STISS

Las bases del STISSS   deben trabajar y exigir el fortalecimiento de  la democracia obrera,  deben ser  informadas y consultadas, de igual manera debemos  luchar y exigir que se permita la participación de las diferentes tendencias en los órganos de gobierno, para ello se tiene que  terminar con el sistema de planillas cerradas; cada tendencia o fracción surgida en el interior del sindicato tiene que participar proporcionalmente en el gobierno. No debemos permitir ninguna táctica  divisionista en el interior del STISSS.


Por Fernando Ama

En octubre de 2009 la derecha arenera sufrió el primer abandono de sus filas por parte de cierto número de  sus diputados quienes pasaron a conformar la Gran Alianza Nacionalista (GANA). Este mes de noviembre del 2012 sufre otra ruptura en el contexto de aprobación del  presupuesto general 2013, en donde diputados de la derecha arenera desafiando las ordenes del COENA votaron a favor dicho presupuesto entre dichos diputados están Sigifredo Ochoa Pérez, Rigoberto Soto,  Jesús Grande y Santos Adelmo Rivas. Meses atrás el COENA  ya  percibía un  nuevo rompimiento tomando como medida el obligar a los diputados de su partido la firma de un pagaré. 

Los motivos secretos

Para la derecha arenera el que estos diputados hayan votado a favor del presupuesto 2013 es una “traición” y  “compra de voluntades, Donato Vaquerano jefe de la fracción arenera considera que los diputados que votaron el que estos diputados hayan votado por el presupuesto “…Es traición al país, traición al pueblo salvadoreño, a los votantes…”

Por su parte Jesús Grande manifestó que “votó pues recordó que este lleva componentes para programas sociales, como los que impulsará la cartera de Educación…y  de no aprobarse  el presupuesto “no le estamos haciendo daño al Gobierno, sino a los padres de familia”. (LPG. 09/11/2012). Ochoa Pérez expresó que voto por el presupuesto debido a que “…El país tiene necesidad de un presupuesto para seguridad y pagar salarios…”

Los cuatro diputados provenientes de la derecha arenera que votaron por el presupuesto ahora buscaran aparentar que están con el pueblo, pero al  igual que toda la bancada legislativa arenera se opusieron a ratificar las reformas constitucionales aprobadas en la anterior legislatura las cuales beneficiaban al pueblo, el que ahora busquen presentarse como los buenos y que lo hicieron sin ningún interés habría que cuestionarlo, ya que la practica en la Asamblea legislativa a sido la compra de voluntades, lo cual fue una practica de la derecha arenera cuando gobernó en el ejecutivo  y querían que se aprobaron como ejemplo el aumento del IVA, elecciones de funcionarios etc. en donde diputados del FMLN votaron  a favor de las  propuestas de ARENA traicionando a los lineamientos del cúpula del FMLN y los intereses del pueblo.

El peligroso fortalecimiento de la derecha de GANA

Los diputados   disidentes y expulsados  del FMLN  en su momento  no pudieron consolidar su proyecto político social demócrata, aunque en la actualidad un grupo de ellos esta aglutinado en el Partido Nuevo País, el cual busca competir en las elecciones presidenciales.

Por su parte la disidencia de la derecha arenera aglutinada en GANA si ha podido consolidarse prueba de ello fueron los resultados obtenidos en las anteriores elecciones legislativas en donde logro posicionarse en el tercer lugar, restándole votos y diputados a los demás partidos políticos.

De incorporarse un porcentaje de estos diputados a  GANA este  se fortalece  lo que le permita tener mas recursos y márgenes de maniobra en la Asamblea Legislativa y de negociaciones con la cúpula del FMLN de cara a tener mas presencia en las instituciones del estado,  este fortalecimiento de GANA podría significar una amenaza para el FMLN de cara a las elecciones presidenciales.

GANA es un partido de derecha y representa los intereses de sectores dominantes tradicionales y sectores burgueses emergentes que buscan consolidarse, pudiendo llegar ser la opción de derecha para sectores que hoy están con arena y el mismo imperialismo.

Por un presupuesto que resuelva las necesidades del pueblo

La derecha arenera ningún momento proponía mayor asignación de recursos al presupuesto solo argumenta no haber  votado  por el presupuesto debido a que este estaba desfinanciado,  al no contar con ese presupuesto el gobierno de Funes y del FMLN se hubiese visto afectado.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que  este presupuesto aprobado no tiene asignado los recursos financieros necesarios  para los rubros fundaménteles de salud, educación, etc, por la tanto el FMLN debe obligar a los ricos a a pagar  mas impuestos, como una medida para llevar mas recursos al estado,  no podemos permitir que el gobierno obtenga recursos a partir de la venta de los pocos bienes públicos mediante la implementación de los asocios públicos privados.

La clase trabajadora, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares debemos aprovechar la crisis de la derecha arenera para hacer que esta caiga, no debemos permitir que opciones políticas de derecha se fortalezcan, debemos de trabajar en le fortalecimiento de las organizaciones políticas revolucionarias de izquierda.


Por Francisco Sánchez
El capitalismo está lanzando a cientos de personas  a las calles quienes ven en el comercio informal   una alternativa mediante la cual pueden ganarse el sustento diario para ellos y  sus familias. Medios de comunicación refieren que  “Según las estadísticas oficiales más recientes, el 49.26% de la población con edad y condiciones óptimas para trabajar obtiene sus ingresos del sector informal. De hecho, el comercio es prácticamente la única opción que tienen estas personas que no encuentran un empleo formal” (http://www.laprensagrafica.com).
Pero la  noche del 26 de octubre,  cientos de vendedores del sector no formal vieron venirse a tierra dicha oportunidad debido al accionar del   gobierno municipal arenero de Norman Quijano, quien haciendo  uso de unidades elites del cuerpo de agentes metropolitanos (CAM)  y con el apoyo disuasivo  de la unidad de mantenimiento del orden (UMO) de la Policía Nacional  Civil procedieron a desalojar a cientos de vendedores. Esta parece ser una constante en el área centroamericana a medida que la crisis del sistema capitalista se agudiza y los ricos ven cada vez  más reducida sus ganancias.
Quijano rechazó llamado al dialogo
El sector de vendedores consciente de la realidad de un ordenamiento pero no del desalojo esperaban  el dialogo por parte de las autoridades municipales, así lo   expresaron representantes de la Asociación de Vendedores Independientes  “Monseñor Romero”  entre otras. Al  respecto Vicky de Corea  miembro de la  Asociación de vendedores Estacionarios en Pequeño (AVEP) días antes  señalo que “Necesitamos esa mesa de diálogo para ver qué alternativas tiene él (el alcalde), porque no nos puede dejar sin el sustento diario de nuestros hijos… Somos miles de vendedores los que vamos a quedar sin un lugar donde vender. Y día a día se añaden más vendedores, porque las empresas están despidiendo gente. Se añaden al sector informal porque necesitan ganar el sustento de sus hijos… Estamos pidiendo al señor Quijano que abra esa mesa de diálogo, esa mesa de negociación que teníamos, para ver qué alternativas nos va a dar…” (http://www.elsalvadornoticias.net).
Es bien claro el clamor al dialogo realizado por los vendedores en función de que se le permita continuar en dicho lugares, pero la respuesta del gobierno municipal arenero de Norman Quijano  fue la negativa al dialogo y recurrir a la fuerza, sin darles una alternativa viable a los cientos de vendedores.
Gobierno de Funes y del FMLN se lava las manos
El gobierno de Funes y del FMLN está consciente de lo condenable de las acciones realizadas por el gobierno arenero de Norman Quijano en contra de los sectores populares,  es por ello que ahora el presidente Funes sale lavándose las manos por  haber brindado apoyo a estas acciones señalando  “Quiero aclarar que quienes intervinieron el día de ayer, quienes entraron en confrontación con algunos vendedores no fueron los agentes de la Policía Nacional Civil… Yo le di la colaboración como Presidente de la República y le aclaré (al alcalde Norman Quijano) que la Policía no iba a intervenir en el desalojo y de hecho él me dijo que tenía más de mil agentes del CAM destinados para ese fin…según el presidente Funes… la PNC únicamente montó un control de seguridad periférica y de disuasión, con la instrucción de que si se llegaban a dar desórdenes  o si se ponía en riesgo la integridad física de un vendedor, de un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) o de algún miembro del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, entonces, la Policía tenía la obligación de intervenir para evitar que se diera un daño”( http://www.transparenciaactiva.gob.sv).
Al accionar de la UMO, el presidente Funes le llama control de seguridad periférica y de disuasión con el cual quiere darle una mentira mas al pueblo salvadoreño queriéndole hacer ver que era para salvaguardar la seguridad física de los vendedores, cuando en realidad lo que busca era detener el accionar de las vendedores quienes heroicamente buscaban  defender sus fuentes de trabajo, pero que debido a la intervención de la UMO no fue posible.
Las mujeres principales víctimas de la violencia del gobierno municipal
Una de las representantes de la  Asociación de Vendedores Independientes  “Monseñor Romero”  ha manifestado que las principales afectadas con los desalojos han sido las mujeres ya que un aproximado del 80 de personas que se dedican al comercio  informal son mujeres, al respecto manifestó  “…nosotras como organización luchamos por la defensa de todas las personas que se dedican a las ventas informales,  luchamos por la señora que viene en la mañana con su canasto a vender sus productos al centro y en la tarde regresa a su casa con el sustento para su familia…”. Con el accionar de las  unidades elites del cuerpo de agentes metropolitanos (CAM) que se encargaron del desalojo lo cual ya era del conocimiento del Presidente Funes, quienes sufrieron el impacto de la violencia  en su mayoría fueron mujeres, entonces cabe preguntarse si el Presidente Funes alega que la PNC estaba para proteger la integridad física de un vendedor..., porque no actuaron en defensa de la mujeres que eran golpeadas por los agentes del CAM, es obvio que la UMO no estaba para ese fin aunque el presidente Funes quiera lavarse las manos.
 Ahora cabe la interrogante en donde cabe la campaña en la cual el gobierno de Funes y del FMLN dice estar en contra de la violencia hacia la mujer, o es que a caso el estado se reserva el derecho de la violencia en contra de la mujer. Por lo anterior todas las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y de los Derechos de las Mujeres  debemos exigir que se castigue a los responsables intelectuales y materiales de la violencia ejercida en contra de las mujeres, cuyo principal responsable es el gobierno municipal arenero de Norman Quijano.  Además de lo anterior también se tienen como resultado del accionar del gobierno municipal arenero  cientos de personas sin trabajo, muertos y heridos.
A que responden los desalojos
El desempleo ha llevado a que  muchas personas  se dediquen  a la actividad comercial no formal  la cual es realizada en las principales calles y avenidas del gran San Salvador y demás áreas urbanas de los demás departamentos y municipios  ya sea de manera estacionaria o ambulatoria, para algunos  lo anterior se  ha convertido en un problema de cara a sus intereses económicos  y utilizando  como argumentos  el  tener ciudades limpias y ordenas realizan una serie de desalojos, pero en realidad dichos desalojos forman  parte de una política mediante la cual se busca recuperar los espacios urbanos de cara a proyectos económicos y turísticos  de las burguesías y oligarquías nacionales  e internacionales los cuales les permitirán obtener grandes ganancias de las que el pueblo salvadoreño no será participe. Lo anterior queda claro en las declaraciones dadas por René Ayala, gerente de Desarrollo Municipal de la alcaldía quien manifestara: “Desde agosto la zona fue declarada sujeta a ordenamiento, queremos recuperar en esa zona la seguridad y reactivar el turismo” (http://elmundo.com.sv).
Las acciones en contra del sector informal también son parte de la recomendaciones y condicionantes dadas por los organismos financieros internacionales al gobierno central y a los gobiernos municipales, las cuales buscan  los mecanismos que le permitan al gobierno central llevar fondos mediante la carga de  impuestos al sector del comercio no formal, así también   los grandes comerciantes buscan eliminar en cierta medida a la  competencia y obligar al sector comercial no formal a mantener la maquinaria burocrática del estado burgués, la cual enfrenta problemas financieros.
Las propuestas de reubicación no responden a los intereses de los vendedores
Los comerciantes informales están conscientes de la necesidad de un reordenamiento, pero de un reordenamiento en función de garantizar sus intereses como son la comercialización de sus productos que les permitan obtener los recursos para poder sobrevivir ellos y sus familias, así mismo un ambiente seguro, pero las propuestas de reubicación dadas por el gobierno municipal no les garantizan sus intereses, lo cual es reconocido por el mismo encargado  del ordenamiento del centro de San Salvador, Irving Rodríguez quien manifestó que  "Hay vendedores que pueden alquilar un local en el centro de San Salvador pero prefieren estarse asoleando en las calles debido a que la gente no acude a los mercados y compra en las calles"( http://www.lapagina.com.sv). Por su parte los vendedores rechazan las propuestas de reubicación dado que los lugares propuestos por la municipalidad “son insalubres y no generan comercio… de igual forma...La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) también sentó posición y ha señalado que estos sitios no son dignos para los comerciantes”.
Abajo el gobierno municipal arenero de Norman Quijano
El gobierno municipal arenero encabezado por Norman Quijano  y por  ahora candidato a la presidencia de la republica de El Salvador, nuevamente  demuestra  el verdadero carácter de su partido, quien gobierna en función de los intereses del gran capital en detrimento de los sectores populares que buscan ganarse la vida honradamente.  
Ante el accionar del gobierno municipal de la derecha arenera, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantiles, etc,  a solidarizarse con los vendedores -- que son trabajadores que el desempleo los obligó a buscar una forma de sobrevivencia-- a exigir  que los planes de reordenamiento sean en función de un equilibrio entre los intereses de los vendedores y de los compradores. Así  mismo llama a la organización, unidad y a la movilización de todos los vendedores del sector informal para exigir el respeto y garantía de  los Derechos Humanos que les corresponden.
Por una coordinadora de luchas obreras, campesinas y populares
Los  vendedores y  sus organizaciones no tienen que caer en las tácticas desmovilizadoras y divisionistas,   los desalojos sin alternativa son una realidad y amenazan  con continuar en San Salvador y en las principales ciudades de El Salvador, a medida que la crisis del capitalismo se profundiza se implementaron medidas en contra de los trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares  por lo cual  el PSOCA llama a las organizaciones de vendedores y demás organizaciones obreras, campesinas y populares  a crear un Frente de Resistencia Popular Urbano para dar la lucha organizada mediante los métodos populares de lucha en contra las acciones realizadas por  los gobiernos.
Que el gobierno de Funes y del FMLN no apoye los planes de desalojos
Debemos exigirle al gobierno de Funes y del FMLN  que no de ningún tipo de apoyo a las acciones realizadas por los gobiernos municipales en contra de las personas que se dedican al comercio informal, y debemos pronunciarnos en contra del apoyo disuasivo brindado  por la PNC en los desalojos realizado por el gobierno municipal de Norman Quijano, ya que dicho apoyo le fue de gran ayuda para que los agentes del CAM realizaran su represivo accionar. Debemos exigirle al gobierno de Funes y del FMLN  que  garantice el empleo y salario digno para todas aquellas personas que han  sido desalojadas.

Por Mario Carranza
El Acuerdo de Paz firmado en El salvador  por el gobierno arenero de Alfredo Cristiani y la comandancia de la guerrilla del FMLN el 16 de enero de 1992, trajo como resultado la desmovilización de millares de personas que combatieron en uno y otro bando. Para realizar esta desmovilización fueron erogados  millones  de colones obtenidos mediante préstamos y donaciones que al final están siendo pagados por la clase trabajadora y pueblo en general.
El pueblo sufrió los efectos negativos de la guerra y a la hora del reparto no vio mayor beneficio, le ha tocado sobrellevar las consecuencias de la postguerra y de las políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos de la derecha arenera. En el primer quinquenio luego del Acuerdo de paz lo que menos hizo falta fue dinero, el gran problema fue que no cayó en las manos adecuadas, ya que  solo  se benefició parcialmente a una parte de los desmovilizados y lisiados de ambos bandos.
El sistema económico-político que defendieron no les cumplió
A inicios de octubre veteranos de guerra de las Fuerzas Armadas se movilizaron para exigirle al gobierno de Funes y del FMLN una indemnización de $10,000, una pensión digna y  programas sociales para lisiados de guerra y las madres y padres de los caídos en el conflicto. Israel Polanco, miembro de la Asociación de Veteranos de Guerra Excombatientes de la Fuerza Armada manifestó  "Nosotros sabemos que vino una gran cantidad de ayuda para este sector, y no es posible que solo estén ayudando a los excombatientes que fueron guerrilleros" (http://www.elsalvador.com).
Por otra parte,  Julio Aguilar  manifestó: “No nos han otorgado esa indemnización. Venimos a exigirla. Nuestra gente está hostigada, ya no soporta otro engaño más, como pasó con los gobiernos de la derecha, que nunca se preocuparon por beneficiar al sector de veteranos (de la FAES). Además manifestó “… que después de la guerra, los soldados desmovilizados nunca recibieron atención psicológica ni obtuvieron retribuciones por haber defendido la soberanía nacional” ( http://www.laprensagrafica.com).
Los desmovilizados del Ejército no deben caer nuevamente en el juego confrontativo mediante el cual se les quiere hacer creer que a los excombatientes de la guerrilla se les está ayudando mas que a ellos. Si éstos han logrado un mínimo de beneficio es gracias a la lucha que han realizado. Analizando el punto vista del líder Julio Aguilar, las condiciones  de este sector son de abandono, las cuales vienen desde  los gobierno de la derecha arenera y  continúan en el actual gobierno. En la práctica los desmovilizados de la fuerzas armadas pueden observar lo inviable que es  el sistema económico-político que en su momento defendieron y contra el cual el pueblo salvadoreño luchó. Hoy les toca a ellos luchar como pueblo, como explotados y oprimidos para que se les garanticen los derechos que como humanos les corresponden y que fueron negados por los gobiernos areneros.
Lisiados exigen pago de pensión
En la primera quincena de octubre  los lisiados de guerra aglutinados en la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) también se manifestaron para  exigir el  pago de la pensión de septiembre. Al respecto Olga Serrano manifestó que “No es justo que el Gobierno no entregue el bono porque eso ya está presupuestado; además, es una pequeñez lo que nos entregan…manifestó que una persona parapléjica está recibiendo $260 y un “mutilado” $105 mensualmente” (http://elmundo.com.sv).
Además considera que “…su reclamo tiene base jurídica ya que con el impago, el Gobierno está violentando el artículo 26 de la Ley de Protección de Lisiados y Discapacitados de la Guerra, en el cual el Estado se compromete resarcir a las personas afectadas físicamente en el conflicto armado. Sostiene que la deuda asciende a $2 millones, la cual es distribuida entre los 16 mil miembros”
Todos a luchar por nuestros derechos
El  Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), considera que  la actual situación derivada del sistema capitalista afecta negativamente a la clase  trabajadora, campesinos,  indígenas  y pueblo en general; por lo tanto todos los desmovilizados como pueblo deben luchar junto a las demás organizaciones para exigir sus respectivos derechos que legítimamente les corresponden y que el actual gobierno al igual que los anteriores se niega a cumplir.  Los veteranos de guerra independientemente del bando no deben caer en el juego de las burocracias partidarias electoreras y no deben caer en las estrategias divisionistas y desmovilizadoras que el gobierno realiza mediante las mesas de diálogo. Las bases de estas organizaciones deben exigir a sus dirigentes un informe de todo lo hablado o negociado.

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