Por Germán Aquino

La crisis del sistema económico también está alcanzando al sistema político salvadoreño. Existe una lucha entre grupos económicos emergentes y grupos económicos dominantes tradicionales. Los primeros  buscan capturar el timón del estado salvadoreño, para consolidarse como grupos económicos dominantes, mientras la clase dominante tradicional busca evitar que los grupos emergentes se consoliden.

La democratización del sistema político, una maniobra de la clase dominante

La derecha arenera, quien expresa y defiende los intereses de la clase dominante tradicional, perdió el control del poder ejecutivo, así como la hegemonía en la Asamblea Legislativa como resultado de la división interna que llevó a la conformación de GANA. Esto obligó a  la tradicional clase dominante a apoyarse en el órgano judicial, recurriendo para ello a una serie de maniobras como la lucha por la democratización del sistema político al permitir las candidaturas independientes,   desbloqueó de listas cerradas de candidatos a diputados, etc. Es de recalcar que estas solo fueron maniobras de la clase dominante en su lucha sobre todo en contra del FMLN y de sectores económicos emergentes. Los efectos de dichas reformas hoy se pueden constatar al haber permitido a la derecha arenera recuperar los espacios perdidos en la Asamblea Legislativa. 

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que  la democratización del sistema político salvadoreño era una tarea que el FMLN debió haber encabezado, pero desaprovechó la oportunidad. Hasta ahora dichas reformas electorales solo han beneficiado a la derecha tradicional de Arena y  GANA;  no así a la clase trabajadora, ya que impiden la participación política, por lo tanto le toca a los trabajadores, campesinos y pueblos originarios luchar  por una verdadera democratización del régimen político.

En las maniobras democratizadoras de la clase dominante tradicional los magistrados de Sala de lo Constitucional de la de la Corte Suprema de Justicia jugaron un papel protagónico  y desafiaron  a la legislatura 2009 -2012, razón por la cual se ganarían la hostilidad de los mismos.

Corte Suprema de Justicia contrataca 

A pesar del accionar y de la oposición  de la clase dominante tradicional,  la legislatura 2009 -2012 logró por segunda ocasión nombrar a Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, al  Fiscal General de la República y removieron de su cargo a  Belarmino Jaime. De estas tres acciones  actualmente solo dos han sido refutados por la clase dominante.

En este contexto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra atacó  declarando  inconstitucional las elecciones por parte de la Asamblea Legislativa de los magistrados en 2012 y va más allá declarando también inconstitucional las elecciones de magistrados del 2006, manifestando:  “1. Declárase inconstitucionales, de un modo general y obligatorio, los Decretos  Legislativos n° 1070, 1071, 1072, 1073 y 1074, todos de 2012, por medio de los cuales la  legislatura 2009-2012, eligió por segunda ocasión a Magistrados propietarios y suplentes de  la Corte Suprema de Justicia, por la violación a la regla derivada del art. 186 inc. 2°, en  relación con los arts. 83 y 85 de la Constitución, consistente en que una misma legislatura  no puede elegir en más de una ocasión una tercera parte de la CSJ. Con ello: (i) se impidió  a la siguiente legislatura ejercer sus competencias relacionadas con la elección de  Magistrados de la CSJ, con la consiguiente renovación de las más relevantes corrientes del  pensamiento jurídico, exigida por el art. 186 inc. 3º Cn.; y (ii) no se permitió a la legislatura  2012-2015, verificar que en los candidatos concurrieran los requisitos de moralidad y  competencia notorias exigidos por el art. 176 Cn. para su nombramiento.   En consecuencia, elíjase por la actual legislatura a los Magistrados propietarios y  suplentes de la CSJ para el período de nueve años, que deberá comenzar el 1-VII-2012.   2. Declárase inconstitucional, de un modo general y obligatorio, el D. L. n° 1074 de  2012, por medio del cual se desplaza de la Sala de lo Constitucional al Magistrado  Presidente de la misma –Doctor José Belarmino Jaime–, por la vulneración a la garantía de  inamovilidad judicial en la designación de Magistrados para integrar la referida Sala.  En consecuencia, el Magistrado Belarmino Jaime continúa integrando la Sala de lo  Constitucional hasta que concluya su período de nueve años, para los que fue electo y  designado.” (Sentencia de Inconstitucionalidad 19-2012).

A pesar de dicha resolución, la Corte se mantiene callada respecto al nombramiento del nuevo  Fiscal General de la República.

Asamblea Legislativa se escuda en justicia regional

El accionar de la  Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha sido bien visto por parte de los diferentes partidos que conforman la Asamblea Legislativa, con excepción de la derecha arenera. Es así como la Asamblea Legislativa aprobó un acuerdo para interponer una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en contra de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Teniendo como peticiones ante dicho organismo regional l: “1. Declarar con lugar la demanda entablada por el Órgano Legislativo del Estado de El Salvador en contra del Órgano Judicial…2. Que la Corte Centroamericana de Justicia dicte la medida cautelar anteriormente enunciada en el romano XII, consistente en suspender los efectos de las referidas sentencias…3. Que se declare que se ha violentado el Derecho Público y el Estado de Derecho en El Salvador al emitir la Sala de lo Constitucional las dos sentencias a que nos hemos referido, …4. Que se declare que tales actos lesionan negativamente el sistema de pesos y contrapeso inherente al Sistema Democrático de Gobierno y afectan disposiciones fundamentales de la Constitución de El Salvador… 5. Que se declare que tales actos de la Sala de lo Constitucional, al violentar lo establecido en el Derecho Público y en el Derecho Comunitario que goza de primacía y aplicación directa e inmediata, son jurídicamente inaplicables y su ejecución haría incurrir en responsabilidad”. (http://www.asamblea.gob.sv).

CCJ acepta demanda

 Respecto a las peticiones, dos de las primeras ya fueron aceptadas, ahora solo quedan la resolución de dicho organismo regional; al respecto fuentes anónimas de los  medios de comunicación señalaron que la Corte aceptó el recurso. Por su parte Presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes manifestó: “… si se confirma la noticia periodística se estaría viendo el principio del fin de una crisis jurídico-política que lamentablemente personas que abusaron de la ley, abusaron de la Constitución, han provocado, con el daño a nuestro país… si a la Asamblea se le está dando la razón, en principio esto es también una señal de fortalecimiento del Estado de Derecho en El Salvador, de recuperación de la institucionalidad democrática de nuestro país, que vuelve a prevalecer la Constitución de la República, que se supera una situación donde una entidad de nuestro Estado, una Sala de lo Constitucional de una Corte Suprema de Justicia, estaría provocando esta desestabilización y llevando al país al borde del caos…” (http://www.asamblea.gob.sv).

Por su parte  Roberto Lorenzana, del FMLN, manifestó "quiere decir que los magistrados electos en 2006 siguen en sus funciones como que no ha pasado nada y los magistrados electos en abril de este año pueden iniciar sus funciones a partir del 1 de julio” (http://www.laprensagrafica.com).

¿Qué posición adoptar?

La pugna interinstitucional entre el órgano legislativo y el judicial en síntesis encierra la lucha entre la tradicional clase dominante quienes por años han hegemonizado el poder estatal, y sectores económicos emergentes que buscan tomarse parte del poder estatal para consolidarse como sectores económicos dominantes y ven al FMLN como un aliado o instrumento. La lucha entre dichos órganos en ningún momento es en defensa o garantía de los derechos de la clase trabajadora, el campesino, los pueblos originarios y demás sectores populares. Pero a pesar de ello la clase dominante muy astutamente en ocasiones ha logrado arrastrar a ciertas organizaciones a su lucha, de igual manera lo hacen los sectores económicos emergentes.

Poco o nada se cuestiona la elección de Fiscal General de la República, pero existe  confusión acerca de que si legal o ilegal  el accionar de la legislatura 2009-2012 respecto al nombramiento de los nuevos magistrados de la CSJ y la remoción de Belarmino Jaime de su anterior cargo. La Asamblea Legislativa dice tener la razón, mientras las CSJ dice que no. Algo que está claro  es que en el  sistema político y jurídico y el mismo estado democrático de derecho se reflejan y  prevalecen los intereses de la clase dominante.

Es evidente que  existe una crisis del sistema político salvadoreño, la cual debemos aprovechar las organizaciones obreras, campesinas, de pueblos originarios y populares y exigir que los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia surjan de una elección directa, así como se elige a los Diputados. Ante el podrido sistema político burgués salvadoreño y la reaccionaria Constitución debemos exigir la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.