Por Leónidas Moreno

En este mes de mayo arribó a Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional. Esta visita y las declaraciones de su emisario Marcello Estevao deben hacernos reflexionar sobre las intenciones del FMI y las implicaciones que éstas tienen para todos y todas las trabajadoras nicaragüenses.

Desde hace unos meses se vienen escuchando voces en el país que alertan sobre la necesidad de hacer reformas a la seguridad social en Nicaragua. Según datos proporcionados por el Estado, la cantidad de personas afiliadas a la seguridad social rondan en  las siguientes cantidades: “en este país existen 600.000 empleados que cotizan al INSS y, de acuerdo con medios oficiales, 134.296 jubilados reciben sus pensiones de vejez.” (El Nuevo Diario 08/05/12) Estos datos muestran una tendencia al alza en el número de personas que cotizan a la seguridad social. Pero la realidad es que a pesar de esto, estamos lejos de lograr que siquiera la mitad de las personas en edad laboral sean parte del sistema de seguridad social: “la informalidad de su mercado laboral, que alcanza el 70 %, segmento que obtiene bajos salarios, no tiene acceso a la seguridad social y permanece bajo el umbral de la pobreza, según cifras oficiales.” (Ídem).

Según el funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Carlos Guadamuz, los datos reales son peores a los oficiales: “en 1982 el seguro obligatorio no alcanzaba ni siquiera el 10 por ciento de la población nicaragüense. Y actualmente solo el 12 por ciento de la población trabajadora cotiza al Seguro Social.”(La Prensa 09/03/12). Cualquiera de los dos datos es alarmante, ya que significan que ni siquiera el 30% de la población trabajadora cotiza y podrá ser beneficiada por el sistema de seguridad social, que tampoco es muy favorable a los trabajadores. Las estadísticas también nos dicen que la mayoría de empleadores no ingresan a sus trabajadores al sistema de seguridad social: “solo el 16 por ciento de todas las empresas existentes en el país están afiliadas al Seguro.” (…) Managua, Chinandega, León y Matagalpa agrupan el 70 por ciento de la población asegurada” (Ídem)

Misión del FMI quiere destrozar los derechos sociales

El arribo de la misión del Fondo es preocupante para los que estamos interesados en defender los derechos de las y los trabajadores. En sus declaraciones el emisario del FMI fue tajante, aprobó la gestión económica del gobierno pero: “El FMI ha propuesto aumentar de 60 a 65 años la edad de jubilación y duplicar de 750 a 1.500 las semanas de cotizaciones” (El Nuevo Diario 11/05/12).

El ala empresarial del gobierno y el presidente del Banco Central apuntan a promover, al menos en lo sustancial, la propuesta del FMI: “Hemos tratado el tema de la Seguridad Social (con una misión del FMI), y hemos visto variantes de qué hacer para ir mejorando, para dar sostenibilidad a la Seguridad Social a largo plazo.” (El Nuevo Diario 12/05/12). Luego explica las razones por las que hay que “mejorar” la seguridad social: “Fueron creados (los modelos de Seguro Social) hace 30, 40, 50 y 60 años, pues sencillamente están creados para una esperanza de vida distinta.” (Ídem). Pero la reforma planteada por el FMI es más nociva que solo alargar la edad de jubilación. Según la misma fuente, Manuel Israel Ruiz, experto en Seguridad Social: “Consideró preocupante el hecho de que el que se jubila después de laborar 30 años, puede obtener una pensión de entre el 64 y el 80% de su salario, pero con la propuesta de reforma solo obtendría el 21% del salario.” (Ídem)

Las reformas que intenta promover el FMI están en contra de los y las trabajadores nicaragüenses y atentan contra nuestro nivel de vida, ya carcomido por las constantes alzas en los precios de la canasta básica. Por eso toda la sociedad debe discutir el problema de la reforma a la seguridad social, los trabajadores, estudiantes, pensionados y empleados debemos estar atentos para defendernos de la embestida que el FMI quiere instituir en Nicaragua. Si hay que reformar la Ley de Seguridad Social debe ser en beneficio de los trabajadores, no para explotarlos mas. Así como para obligar a los empleadores a que ingresen a sus empleados en el sistema de seguridad social.

Por Adrián Laurel

Hace aproximadamente un mes el FMI estremeció al mundo financiero con una noticia estrepitosa para la clase trabajadora mundial. Este organismo les propuso a los gobiernos mundiales  que se aumenten los años de jubilación y se recorten las prestaciones sociales a los pensionados. Según ellos, bajo esta política se logrará  reactivar la economía en crisis, permitiéndoles a los gobiernos ahorrar dinero a costo de los obreros, para enfrentar con más fuerza, si es el caso, otra crisis financiera creada por los capitalistas alrededor del mundo. Siendo los burgueses los que gastan y despilfarran el dinero y nosotros la clase trabajadora los que debemos de pagar las deudas.

Un plan negociado desde antes por la burguesía sandinista

Acá en Nicaragua el gobierno sandinista ha insistido en la necesidad de aumentar los años para la jubilación justificándolo en los problemas económicos del INSS y la incapacidad del estado en asumir esta carga. La reforma del seguro social en este país, se encuentra muy próxima y solo es cuestión de tiempo para que entre en vigencia. Sin embargo, el gobierno burgués de Ortega barajaba esta posibilidad desde el año pasado, como antesala a su triunfo electoral anticipado, ya que hace un año el INSS presentó los puntos que contiene el programa de reforma al seguro social.

Estos puntos son: I. Aumentar la edad de jubilación, de 60 a 65 años; II. Duplicar las semanas de cotización, de 750 a 1,500; III. Doblar la cotización de los trabajadores, del 6.25 por ciento al 12 por ciento IV. Calcular la pensión según toda la vida laboral y no de los últimos 5 años. V. Que la pensión máxima sea equivalente a 1,500 dólares mensuales y la mínima al salario mínimo industrial, que actualmente es de 2,925 córdobas con 51 centavos,  menos de 130 dólares mensuales. (www.laprensa.com.ni/2012/05/04)

 ¿Acaso son los obreros afiliados al INSS los que deben de pagar por los problemas económicos que atraviesa o puede, irremediablemente, llegar a presentar el país? La respuesta es NO. Es este gobierno que esconde sus intereses en cínica demagogia  y proyectos sociales abanderados por el clientelismo político el que debe pagar, con los petrodólares de Chávez, los daños causados al INSS. Esta institución que debe beneficiar a los trabajadores se encuentra en bancarrota por la corrupción y abuso de poder de los funcionarios sandinistas, que se han apropiado completamente de las instituciones del estado, que ya no trabajan para servirles a los ciudadanos nicaragüenses, sino para aumentar las riquezas personales de los altos funcionarios del partido y sus allegados.

Que paguen los ricos

Es el gobierno de Ortega el que tiene la deuda con el INSS y no los trabajadores afiliados al organismo, ni los ancianos que han trabajado y deben ver reducidas sus prestaciones sociales. Tampoco es deber de los actuales estudiantes, que pasarán toda la vida trabajando para obtener una mísera pensión, en condiciones alienantes bajo el yugo del gobierno sandinista neoliberal. Todo esto es producto del robo indiscriminado de los fondos del seguro social. La presidencia presidida por los sandinistas refleja solamente los intereses de la clase dominante y en cada decisión gubernamental que toman, amparada por las leyes, tratan de confiscar los derechos de los ciudadanos que dignamente trabajan para ganarse la vida y sostener a sus familias.

La propuesta, hecha casi ley en este país, de la reforma al seguro social, ha sido rechazada por los sindicatos de trabajadores que este lunes 7 de mayo dieron a conocer su desacuerdo con las condiciones de vida que el gobierno en colaboración con el FMI quiere imponer a las familias nicaragüenses (ver: www.estrategiaynegocios.net/2012/05/08/). Este hecho nos dice que somos gobernados por un sector de la clase burguesa nacional de estructura política corroída, que le ha claudicado cuantas veces puede  a los organismos capitalistas internacionales con el único propósito de defender y proteger su patrimonio económico, aunque estén de por medio los derechos humanos y sociales de los ciudadanos. Los trabajadores son quienes tienen la última palabra. Hacemos un llamado a las bases y dirigencias sindicales a la unidad de acción para que inicien acciones de protesta contra este ataque frontal contra nuestros derechos.

Por Diego Lynch

Desde el mes de Abril, se aprobó en la Asamblea Nacional un dictamen sobre el Proyecto del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; el cual no fue del agrado del Concejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Ni cortos ni perezosos los empresarios del COSEP le hicieron saber al gobierno de Daniel Ortega su inconformidad.

Para el presidente del COSEP José Adán Aguerrí había elementos inaceptables para los empresarios en el proyecto: “representan un cambio radical de las reglas del juego para la empresa privada  que opera en el país, y a su vez, una señal de alerta para la inversión extranjera que pretende entrar a Nicaragua”. (El Nuevo Diario 16/04/12).

Los puntos a los que se refiere Aguerrí son: 1) La implementación de un sistema jurídico laboral, en donde se corre el riesgo de operar bajo las amenazas de un gran número de demandas por parte de los trabajadores; 2) La figura de un interventor judicial cuando existan disputas laborales, es decir que cada vez que existan conflictos entre los socios y/o accionistas, se podrá nombrar un interventor que garantice los derechos laborales de los trabajadores; 3) La retención migratoria en los casos de disputas laborales; 4) Establecer una Ley de Tercerización; 5) Las costas gravosas, lo que significa que si un empresario pierde una demanda laboral este deberá de pagar los honorarios del abogado del demandante, y por último, 6) Los plazos a la hora de contestar las demandas. El Proyecto contempla 15 días para que el empleador conteste la demanda, sin embargo los empresarios piden sea de 30 días.

Gobierno cede ante empresarios

Ante las inconformidades planteadas por los empresarios, el gobierno de Daniel Ortega accedió a crear una comisión para discutir sus inquietudes y buscar un consenso entre el gobierno, los sindicatos y la empresa privada. Los argumentos planteados por los empresarios son el incremento del desempleo producto de una menor inversión causada por estas políticas que afectan los bolsillos de los inversionistas, así como un recorte de personal causado por un incremento en los gastos de los empleadores. El gobierno intenta crear un corporativismo en el que integra a los empresarios a las decisiones de su gestión.

Los acuerdos a los que se llegó no fueron nada satisfactorios para los trabajadores; una vez más el FSLN cedió a los intereses de los empresarios, acordando que no habrá intervención judicial contra las empresas; no habrá retención migratoria para los empresarios cuando existan conflictos laborales; no se pagarán los honorarios de los abogados de los demandantes y se acordó que en vez de los 15 días para contestar las demandas estos serian 20 y no 30 como pedían los empresarios. Cabe señalar que estos días son hábiles y no calendarios, por lo que en realidad hablamos de 24 días.

Ley de Tercerización

En relación a la Ley de Tercerización aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, el gobierno se ha visto complaciente a las políticas burguesas y del FMI, algo que no es raro si tomamos en cuenta que el gobierno posee grandes empresas pertenecientes tanto a la familia Ortega Murillo, como a sus más fieles allegados.

La tercerización es nefasta para los intereses de los trabajadores, ya que significa que las empresas grandes subcontratan a otras empresas para no cumplir con las responsabilidades laborales que tendrían si fuesen empleadores directos. No podemos aceptar la tercerización que solo beneficia a las grandes empresas, si existe una ley debe prohibir la tercerización, o en el peor de los casos, se debe normar que las empresas que utilicen esta figura deben responder completamente por el incumplimiento de las empresas contratadas cuando se vulneren los derechos de los trabajadores.

Nuevamente el gobierno le está jugando piernas a los trabajadores, ilusionándonos con un proyecto de código procesal laboral que otorgaba mayores derechos a los trabajadores para después ceder a los intereses de los empresarios que pagan los salarios mas bajos de Centroamérica. Como trabajadores debemos movilizarnos sin distinción de color político para presionar al gobierno y que este no siga entregando nuestros derechos.

Por Melchor Benavente

A diferencia de los últimos  4 años (2008, 2009, 2010 y 2011), en que la conmemoración de la fecha del 1 de Mayo se realizaba unos días antes, en este año 2012 las centrales sindicales  convocaron a última hora a celebrar el 1 de Mayo, en la fecha original.

El oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que agrupa a los sindicatos controlados e influenciados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), convocó a realizar diferentes marchas desde los barrios para concentrarse en la sede del Centro de Promoción, Investigación y Desarrollo Rural (CIPRES), frente a la Universidad Centroamericana (UCA)

El medico Gustavo Porras, sempiterno dirigente del FNT, anunció que marcharían para protestar por las intenciones del FMI de aumentar la edad de jubilación a 65 años y aumentar el número de semanas cotizadas de 750 a 1500; que se respete el dictamen original del proyecto de Código Procesal Laboral (que por cierto ya fue negociado con el COSEP).

Marcha fúnebre

La marcha del FNT no llegó a realizarse porque el fallecimiento del comandante Tomas Borge Martínez, uno de los fundadores del FSLN, hizo que las marchas se desviaran al Palacio de la Cultura, frente a la Plaza de la Revolución, y se convirtieran en una marcha fúnebre.

No se pudo distinguir la marcha por reivindicaciones de los trabajadores, una celebración propiamente obrera, con el dolor de la militancia sandinista que había perdido a uno de sus comandantes, y que acongojados desfilaban ante el féretro de Tomas Borge que se encontraba en capilla ardiente.

La marcha de la Tenderí

Las debilitadas centrales sindicales de la derecha, agrupadas en el Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), convocaron a su propia marcha, reuniendo a pocas centenas de afiliados, que salió del semáforo de la Colonia Tenderí hasta el parque de la Colonia Salvadorita, recorriendo un trecho de unos 2 kilómetros, en Managua.

Programas similares, excepto los salarios

El programa de reivindicaciones que levantaron las centrales del CPT es similar al del FNT, quizá la única gran diferencia es la cuestión salarial.

Luis Barbosa, dirigente del FNT en el sector de la construcción, alabó las políticas del gobierno sandinista: pasaje urbano en Managua a 2, 50 córdobas (10 centavos de dólar), tarifa eléctrica subsidiada a familias pobres que consumen de 150 KW al mes, el Bono Solidario de 700 córdobas (30 dólares) a trabajadores que ganan menos de 5,000 córdobas (215 dólares) y la oposición al aumento de la edad de jubilación.

La gran diferencia entre el CPT y el FNT es el aumento salarial. Mientras el CPT demanda aumento de salarios acordes a la canasta básica, el FNT diluye el problema argumentando que cuando Daniel Ortega asumió el gobierno en el año 2007, el salario mínimo era de 1400 córdobas (60 dólares)  y ahora es en promedio de 3000 córdobas (130 dólares) en la industria manufacturera. Si bien es cierto se ha producido un aumento nominal, los precios han devorado estos pequeños incrementos salariales.

La gran ausente: trabajadoras de las maquilas

La clase obrera industrial que se originó con el Mercado Común Centroamericano (MCCA) ya no existe, lo que ha debilitado a las centrales obreras. Esta fue sustituida por una nueva y joven clase obrera de las maquilas, que tienen un bajo nivel de organización, que agrupa a 105,000 trabajadores, siendo un 80% mujeres.

El gran desafío de los socialistas centroamericanos en Nicaragua es contribuir a la elevación del nivel de organización y de conciencia de esta nueva clase trabajadora de las maquilas.