Por Diego Lynch

Desde el mes de Abril, se aprobó en la Asamblea Nacional un dictamen sobre el Proyecto del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; el cual no fue del agrado del Concejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Ni cortos ni perezosos los empresarios del COSEP le hicieron saber al gobierno de Daniel Ortega su inconformidad.

Para el presidente del COSEP José Adán Aguerrí había elementos inaceptables para los empresarios en el proyecto: “representan un cambio radical de las reglas del juego para la empresa privada  que opera en el país, y a su vez, una señal de alerta para la inversión extranjera que pretende entrar a Nicaragua”. (El Nuevo Diario 16/04/12).

Los puntos a los que se refiere Aguerrí son: 1) La implementación de un sistema jurídico laboral, en donde se corre el riesgo de operar bajo las amenazas de un gran número de demandas por parte de los trabajadores; 2) La figura de un interventor judicial cuando existan disputas laborales, es decir que cada vez que existan conflictos entre los socios y/o accionistas, se podrá nombrar un interventor que garantice los derechos laborales de los trabajadores; 3) La retención migratoria en los casos de disputas laborales; 4) Establecer una Ley de Tercerización; 5) Las costas gravosas, lo que significa que si un empresario pierde una demanda laboral este deberá de pagar los honorarios del abogado del demandante, y por último, 6) Los plazos a la hora de contestar las demandas. El Proyecto contempla 15 días para que el empleador conteste la demanda, sin embargo los empresarios piden sea de 30 días.

Gobierno cede ante empresarios

Ante las inconformidades planteadas por los empresarios, el gobierno de Daniel Ortega accedió a crear una comisión para discutir sus inquietudes y buscar un consenso entre el gobierno, los sindicatos y la empresa privada. Los argumentos planteados por los empresarios son el incremento del desempleo producto de una menor inversión causada por estas políticas que afectan los bolsillos de los inversionistas, así como un recorte de personal causado por un incremento en los gastos de los empleadores. El gobierno intenta crear un corporativismo en el que integra a los empresarios a las decisiones de su gestión.

Los acuerdos a los que se llegó no fueron nada satisfactorios para los trabajadores; una vez más el FSLN cedió a los intereses de los empresarios, acordando que no habrá intervención judicial contra las empresas; no habrá retención migratoria para los empresarios cuando existan conflictos laborales; no se pagarán los honorarios de los abogados de los demandantes y se acordó que en vez de los 15 días para contestar las demandas estos serian 20 y no 30 como pedían los empresarios. Cabe señalar que estos días son hábiles y no calendarios, por lo que en realidad hablamos de 24 días.

Ley de Tercerización

En relación a la Ley de Tercerización aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, el gobierno se ha visto complaciente a las políticas burguesas y del FMI, algo que no es raro si tomamos en cuenta que el gobierno posee grandes empresas pertenecientes tanto a la familia Ortega Murillo, como a sus más fieles allegados.

La tercerización es nefasta para los intereses de los trabajadores, ya que significa que las empresas grandes subcontratan a otras empresas para no cumplir con las responsabilidades laborales que tendrían si fuesen empleadores directos. No podemos aceptar la tercerización que solo beneficia a las grandes empresas, si existe una ley debe prohibir la tercerización, o en el peor de los casos, se debe normar que las empresas que utilicen esta figura deben responder completamente por el incumplimiento de las empresas contratadas cuando se vulneren los derechos de los trabajadores.

Nuevamente el gobierno le está jugando piernas a los trabajadores, ilusionándonos con un proyecto de código procesal laboral que otorgaba mayores derechos a los trabajadores para después ceder a los intereses de los empresarios que pagan los salarios mas bajos de Centroamérica. Como trabajadores debemos movilizarnos sin distinción de color político para presionar al gobierno y que este no siga entregando nuestros derechos.