Por Leónidas Moreno

En este mes de mayo arribó a Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional. Esta visita y las declaraciones de su emisario Marcello Estevao deben hacernos reflexionar sobre las intenciones del FMI y las implicaciones que éstas tienen para todos y todas las trabajadoras nicaragüenses.

Desde hace unos meses se vienen escuchando voces en el país que alertan sobre la necesidad de hacer reformas a la seguridad social en Nicaragua. Según datos proporcionados por el Estado, la cantidad de personas afiliadas a la seguridad social rondan en  las siguientes cantidades: “en este país existen 600.000 empleados que cotizan al INSS y, de acuerdo con medios oficiales, 134.296 jubilados reciben sus pensiones de vejez.” (El Nuevo Diario 08/05/12) Estos datos muestran una tendencia al alza en el número de personas que cotizan a la seguridad social. Pero la realidad es que a pesar de esto, estamos lejos de lograr que siquiera la mitad de las personas en edad laboral sean parte del sistema de seguridad social: “la informalidad de su mercado laboral, que alcanza el 70 %, segmento que obtiene bajos salarios, no tiene acceso a la seguridad social y permanece bajo el umbral de la pobreza, según cifras oficiales.” (Ídem).

Según el funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Carlos Guadamuz, los datos reales son peores a los oficiales: “en 1982 el seguro obligatorio no alcanzaba ni siquiera el 10 por ciento de la población nicaragüense. Y actualmente solo el 12 por ciento de la población trabajadora cotiza al Seguro Social.”(La Prensa 09/03/12). Cualquiera de los dos datos es alarmante, ya que significan que ni siquiera el 30% de la población trabajadora cotiza y podrá ser beneficiada por el sistema de seguridad social, que tampoco es muy favorable a los trabajadores. Las estadísticas también nos dicen que la mayoría de empleadores no ingresan a sus trabajadores al sistema de seguridad social: “solo el 16 por ciento de todas las empresas existentes en el país están afiliadas al Seguro.” (…) Managua, Chinandega, León y Matagalpa agrupan el 70 por ciento de la población asegurada” (Ídem)

Misión del FMI quiere destrozar los derechos sociales

El arribo de la misión del Fondo es preocupante para los que estamos interesados en defender los derechos de las y los trabajadores. En sus declaraciones el emisario del FMI fue tajante, aprobó la gestión económica del gobierno pero: “El FMI ha propuesto aumentar de 60 a 65 años la edad de jubilación y duplicar de 750 a 1.500 las semanas de cotizaciones” (El Nuevo Diario 11/05/12).

El ala empresarial del gobierno y el presidente del Banco Central apuntan a promover, al menos en lo sustancial, la propuesta del FMI: “Hemos tratado el tema de la Seguridad Social (con una misión del FMI), y hemos visto variantes de qué hacer para ir mejorando, para dar sostenibilidad a la Seguridad Social a largo plazo.” (El Nuevo Diario 12/05/12). Luego explica las razones por las que hay que “mejorar” la seguridad social: “Fueron creados (los modelos de Seguro Social) hace 30, 40, 50 y 60 años, pues sencillamente están creados para una esperanza de vida distinta.” (Ídem). Pero la reforma planteada por el FMI es más nociva que solo alargar la edad de jubilación. Según la misma fuente, Manuel Israel Ruiz, experto en Seguridad Social: “Consideró preocupante el hecho de que el que se jubila después de laborar 30 años, puede obtener una pensión de entre el 64 y el 80% de su salario, pero con la propuesta de reforma solo obtendría el 21% del salario.” (Ídem)

Las reformas que intenta promover el FMI están en contra de los y las trabajadores nicaragüenses y atentan contra nuestro nivel de vida, ya carcomido por las constantes alzas en los precios de la canasta básica. Por eso toda la sociedad debe discutir el problema de la reforma a la seguridad social, los trabajadores, estudiantes, pensionados y empleados debemos estar atentos para defendernos de la embestida que el FMI quiere instituir en Nicaragua. Si hay que reformar la Ley de Seguridad Social debe ser en beneficio de los trabajadores, no para explotarlos mas. Así como para obligar a los empleadores a que ingresen a sus empleados en el sistema de seguridad social.