Por Aquiles Izaguirre.

A finales del año pasado e inicios del 2011, el gobierno anunció un incremento del 9% de incremento en la tarifa energética para el 2012. Hace tres meses, los expertos en la materia suponían que el alza sería menor al 9% proyectado para inicios del año, como producto de los avances en la sustitución de la matriz energética, que ahora es del 60% producido por derivados del petróleo. Por esto el gobierno ha avanzado en aprobar una reforma a la draconiana ley de antifraude energético que persigue recuperar más Capital para Gas Natural. Pero esto no queda ahí, las alzas en los precios internacionales presionan los precios internos de la energía, por lo que comienzan a sonar voces que advierten un nuevo incremento en los precios de la energía.

Nunca digas nunca

El mes de enero fue recibido por los titulares del gobierno con gran entusiasmo. A grandes voces el presidente del Consejo Directivo del INE, David Castillo pronosticaba: “Tenemos expectativas positivas con la entrada de proyectos renovables. Ya San Jacinto-Tizate está produciendo 36 megavatios y representará un ahorro US$420 millones en la factura petrolera. Hay 80 megavatios de producción eólica próximos a entrar que dejarán ahorros superiores a los US$40 millones” (El Nuevo Diario 06/01/2012)

Pero a la fecha las proyecciones han cambiado considerablemente por los constantes incrementos en los precios de los combustibles; el mismo David Castillo indica que: “La tarifa energética nacional está calculada con un barril de búnker en US$100, y si esta tendencia alcista se mantiene, obligatoriamente hay que hacer recálculos que podrían implicar incrementos. De ahí que se hace necesario buscar fuentes alternas de financiamiento para subsidiarla, que podrían ser las mismas que en otro momento han apoyado” (Ídem). Como vemos, lo más probable es que nuevamente este año los trabajadores paguemos un incremento en los precios de la energía.

Alza en los precios de la Canasta Básica

Pero el problema no queda en los incrementos en la energía. Estas alzas en los combustibles también afectan los precios de la canasta básica que afectan directamente a la población pobre del país. Marvin Pomares, dirigente del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, declaraba que en un monitoreo del comportamiento de la canasta básica: “La situación está saliéndose de control, y si el Gobierno o el Ministerio de Fomento Industria y Comercio, Mific, no ponen un alto a esta oleada de alzas, la economía de los hogares se deteriorará de forma significativa la otra semana” (El Nuevo Diario, 24/02/2012)

Un futuro poco prometedor

Pero lo peor es que, a pesar de que el gobierno ha avanzado en el cambio de matriz energética para no depender tanto de los precios del petróleo, la verdad es sombría para todos los que consumimos energía. La energía más barata, es decir la renovable, será la que pagará a largo plazo los incrementos en la energía que tenemos en este momento, lo que a largo plazo hará que la energía  nunca sea más barata, sino que mantenga los elevados precios que vivimos en este momento en Nicaragua: “El equipo técnico del INE analizó todas las alternativas planteadas, y se determinó aplicar un ajuste del 9% combinado con un subsidio, mediante un financiamiento en iguales condiciones que el año pasado, que permita retrasar este pago de tarifas y derivarlo hacia el futuro, cuando las inversiones con fuentes renovables comiencen a proyectar energía de menor costo, permitiendo que la misma tarifa repague estos financiamientos” (El Nuevo Diario 06/01/2012)

Seremos los trabajadores los que terminemos pagando estos incrementos, pero debemos decirle no a estas alzas en el precio de la energía. La producción de energía es un tema de vital importancia en el desarrollo del país y afecta directamente a todos los trabajadores nicaragüenses. Por tanto, el gobierno debería nacionalizar la generación y distribución de la energía, que actualmente están en manos de la empresa privada. Pero deben ser los trabajadores, consumidores, organizaciones de consumidores y el Estado quienes controlen las empresas energéticas para dar a la población un buen servicio a un precio accesible para todos y todas los trabajadores del país.

Por Diego Lynch

Hace más de un mes que se abrió la mesa de negociaciones para el incremento del salario mínimo en Nicaragua, el cual debió de estar aprobado a más tardar el día 16 de febrero. Sin embargo, a estas alturas aún no sale humo blanco de las chimeneas gubernamentales, ya que la empresa privada, las federaciones sindicales oficialistas y el gobierno a través del Ministerio del Trabajo (MITRAB) no han logrado llegar a un consenso.

Nuestra legislación establece que de no llegar a un acuerdo, será el Gobierno Central a través del MITRAB el que tomará la decisión de cuánto será el porcentaje de aumento en los sueldos. Sin embargo, el gobierno del Frente Sandinista no ha querido tomar la decisión porque no quiere quemarse ante su base y demostrar la implementación de sus políticas burguesas y capitalistas.

Es por esta razón que Jeaneth Chávez, ministra del trabajo, aseguró que el gobierno lo que busca es el consenso y el acuerdo tripartito. Esto muestra claramente la claudicación a la empresa privada y el poco interés hacia la clase obrera y trabajadora del país de parte de los sandinistas, ya que la misma ministra aseguro que no se aplicará el incremento de manera retroactiva, a pesar de que  en un principio el gobierno así lo había dicho, habiendo asegurado incluso que de no cumplirse se multaría a los empleadores.

Ante esta negativa por parte de los integrantes de la mesa de negociación, el único que se ha visto perjudicado es el pueblo nicaragüense y sus trabajadores, quienes día a día ven incrementar el precio de los alimentos y el costo de la vida, esto en detrimento de su nivel de vida, el cual cada vez es más bajo.

Sindicatos Sin Consenso

Mientras la clase obrera y trabajadora sufre la crisis económica y la deficiente labor sindical y del Estado, las federaciones sindicales que dicen representarlos no logran ponerse de acuerdo, lo que favorece a los empresarios, quienes sí han consensuado una postura y han hecho una propuesta.

Luis Barbosa, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores “José Benito Escobar”, expresó que el alza del pago mínimo debe de estar acorde con el comportamiento de la inflación y el desempeño económico del país, por lo que sostiene una exigencia de un 16 por ciento en general para los sectores económicos, y un 30 por ciento para el campo. (Declaraciones de Luis Barbosa al diario La Prensa. 2 de marzo del 2012).

Contrariamente a los planteamientos y exigencias hechas por Barbosa, Gustavo Porras, del Frente Nacional de Trabajadores (F.N.T), plantea un incremento de un 16 por ciento para el campo y de un 15 por ciento para el resto de sectores económicos. Esta propuesta se acerca más a lo planteado por los representantes de la empresa privada, quienes solicitan un incremento de 13 por ciento para el campo y de un 12 por ciento para los trabajadores de las demás actividades económicas.

Estas posiciones son una clara claudicación del Gobierno de Daniel Ortega y los empresarios, quienes a cambio de mantener la explotación laboral sobre los trabajadores le han venido dando su apoyo y visto bueno en la implementación de sus políticas capitalistas.

Una vez más

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exige las federaciones sindicales oficialistas que dejen a un lado el juego que mantienen en las mesas de negociaciones y no sigan manipulando a la clase trabajadora del país. Es hora de exigir al gobierno de Daniel Ortega que incremente un aumento salarial justo y digno para la vida de los nicaragüenses.

Si los empresarios no aceptan los planteamientos, es hora de que el acuerdo se tome de manera bipartita, exijamos un salario mínimo de trescientos dólares, el cual deberá ser revisado gradualmente según la carestía de vida y el deslizamiento de la moneda. De igual forma es de obligatorio el cumplimiento del pago retroactivo y brindar un ambiente laboral sano y con las condiciones de vida necesarias y dignas.

Hacemos un llamado a todos nuestros compañeros obreros y trabajadores a suspender sus labores y convocar a una huelga general de 24 horas hasta que se nos de una respuesta positiva a nuestras exigencia laborales y salariales, las cuales son el mínimo para poder vivir dignamente como ser humano.

 

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Una de las grandes justificaciones de la oligarquía libero-conservadora nicaragüense para romper la Republica Federal, en 1838, fue que como Estado Unitario Nicaragua podía ser una gran nación con la construcción del canal interoceánico por el rio San Juan. Fue el mito de la construcción del canal lo que permitió construir la nacionalidad nicaragüense, que no existía.

El derrocamiento de Zelaya

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, todos los gobiernos soñaron construir el canal. Todas las guerras, revoluciones y hasta la invasión de los filibusteros de William Walker estaba relacionado con el mítico canal y el rio San Juan.

El dictador liberal José Santos Zelaya (1893-1909) soñó construir el canal interoceánico con el apoyo de los Estados Unidos, pero cuando estos se decidieron a construirlo en Panamá, después de arrancar ese territorio a Colombia en el 1903, Zelaya ofreció el proyecto canalero a Alemania y Japón, potencias imperialistas que se estaban armando para desatar la primera guerra mundial. El enojo de Zelaya terminó con su derrocamiento en 1909, producto de una rebelión libero-conservadora financiada por Estados Unidos.

Tratado Chamorro-Bryan y su abrogación

Para garantizarse que ninguna otra potencia le hiciera competencia al Canal de Panamá, Estados Unidos firmaron el tratado Chamorro-Bryan en 1914, que le daba la concesión exclusivamente a Estados Unidos, quien mantenía en ese momento tropas de ocupación en nuestro territorio.

 El canal por Nicaragua fue tirado al olvido. Bajo circunstancias desconocidas, el dictador Somoza Debayle logró la abrogación del tratado Chamorro–Bryan en 1970. La sola posibilidad de construir otro canal por Nicaragua era un chantaje contra los militares nacionalistas panameños, quienes con Omar Torrijos a la cabeza se preparaban para negociar con Estados Unidos la devolución del canal de Panamá. Esta fue una de las causas del apoyo militar panameño a la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para que derrocara a Somoza Debayle.

Buscando el sueño perdido

Nicaragua se encontraba en 1990, sin rumbo cierto, devastada económicamente por la agresión imperialista y la guerra civil. Por ello, ante las penurias económicas y sin recursos, los gobiernos del periodo neoliberal debieron recrear un sueño de grandeza para engañar a la población: la construcción del canal interoceánico.

En marzo de 1998, el entonces presidente Arnoldo Alemán mediante Acuerdo Presidencial No 68-98 creo una comisión especial para estudiar la posibilidad de construir un canal seco, es decir, crear una línea de ferrocarril que uniera puertos del atlántico con puertos del pacifico.

El proyecto del canal seco nació muerto. Dos empresas de oscura procedencia se disputaron la concesión. Ninguna consiguió atraer a los famosos inversionistas. No obstante, bajo las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, los funcionarios no dejaron de cobrar las coimas, lo que encareció aun más el proyecto.

Canal Interoceánico (CINN) contemplaba unir por ferrocarril, el puerto de Monkey Point, en la costa Caribe,   con el futuro puerto de Pie de Gigante, en el istmo de Rivas. Sit Global contemplaba unir el puerto de Monkey Point con el puerto de Corinto, el más importante en la costa del Pacífico. CINN y Sit-Global, estimaron un monto total para la construcción del canal seco de US$2,600 y US$1,300 millones, respectivamente.

Posteriormente, a mediados de diciembre de 1999, mediante el Acuerdo Presidencial No. 436-99, Arnoldo Alemán creó la Comisión de Trabajo para el gran canal interoceánico de Nicaragua

El proyecto de Enrique Bolaños

Con el Acuerdo Presidencial 160-2002, el entonces presidente Enrique Bolaños, modificó la composición de la Comisión creada por Arnoldo Alemán, cambiando a los funcionarios, incorporando a Dionisio Marenco, del círculo cercano a Daniel Ortega

Enrique Bolaños presentó el 2 de octubre del 2006, al finalizar su mandato, ante la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, el proyecto para la construcción de un canal interoceánico de 280 kilómetros de largo para barcos de 250,000 toneladas métricas, a un costo de 18,000 millones de dólares. El soñado canal interoceánico tardaría 12 años en construirse.

Estos anuncios de la administración Bolaños se hicieron en los precisos momentos en que Panamá se preparaba para realizar el referendo sobre la ampliación del Canal de Panamá, el cual se realizó el 22 de Octubre de ese mismo año. Actualmente las obras de ampliación del Canal de Panamá cuestan unos 5,000 millones de dólares y se estima que estaría terminado en 7 años.

Daniel Ortega retoma el proyecto canalero

Apenas había retomado Daniel Ortega el gobierno, cuando en abril del 2007, el primer vicepresidente del Parlamento de Rusia, Sergei Babúrin, visitó Nicaragua para discutir varios proyectos de inversión, entre ellos estaba “la posible cooperación en la realización del proyecto del canal interoceánico en lo que Rusia tiene gran experiencia". (END 25/04/2007)

El tema pareció relegado al olvido, pero en Diciembre de 2008, en una visita de Daniel Ortega a Moscú, el canciller Samuel Santos, confirmó que a Rusia le interesa “la posibilidad del canal interoceánico por Nicaragua para los grandes barcos” y construir centrales hidroeléctricas en el centro de Nicaragua(END 18/12/2008)

Jacinto Suarez, diputado sandinista, reforzó el argumento para calmar a los panameños: “la ampliación del canal de Panamá tiene un problema: por más grande que lo hagás, no hay más agua para llenarlo. Ellos van a ampliarlo, pero con esa ampliación no van a llenar los requerimientos del comercio internacional. Ellos lo saben (…) Ahora, que un país con plata como los rusos decidan hacer un estudio, es porque la cosa es factible (…) Los rusos vinieron en tiempos de (Enrique) Bolaños. Los rusos y los chinos también vinieron en tiempos de (Arnoldo) Alemán” (END 23/12/2008)

Ese mismo año 2009, el príncipe Zayed Al Nahyan, ministro de relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, de visita en Managua, anuncio: "Estoy aquí con un equipo que ha sido bien seleccionado y que representa al gobierno y al sector privado, muchos de ellos son de firmas muy importantes del país (...) yo creo que ellos van a estar muy interesados en revisar esta propuesta del canal interoceánico” (END 6/10/2009)

Conflicto fronterizo por el dragado del rio San Juan

La crisis del sistema capitalista ahuyentó a los inversionistas, y el proyecto volvió a entrar en un letargo, que fue interrumpido a finales del año 2010 con la crisis entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, por el repentino dragado del rio San Juan, que fue llevado hasta la Corte Internacional de Justicia de La haya.

El rio San Juan ha sido la eterna manzana de la discordia entre las burguesías costarricense y nicaragüense. El Conflicto ha vuelto a recobrar notoriedad por la sorpresiva decisión de la presidenta Laura Chinchilla de construir una carretera en la orilla del rio San Juan, argumentando inicialmente que se trataba de una vía de comunicación para un canal seco. La decisión apresurada del gobierno costarricense muestra la decisión de competir con el proyecto del canal interoceánico por el rio San Juan, a cualquier costo.

Buscando dinero para su construcción

En la XI Cumbre de Presidentes de países del ALBA, realizada en Caracas, Daniel Ortega volvió a plantear la necesidad construir el canal interoceánico: "Tenemos estudios que queremos presentar al ALBA (...) porque consideramos que existe la viabilidad del canal por Nicaragua (…) nos gustaría contar con el respaldo y la participación, en primer lugar, de los países latinoamericanos y caribeños, de los países del ALBA, y por ahí, hay que buscar también inversión de países como China o Brasil".(END 06/02/2012)

En el acto político en memoria del general Augusto C. Sandino, el presidente Daniel Ortega avanzó un paso más en el proyecto canalero, al anunciar el inicio de los estudios previos a su construcción: “estamos empeñados en lograr la construcción del canal (interoceánico). Le hemos dado la misión de coordinar el equipo al vicecanciller Manuel Coronel y a (el ex guerrillero) Edén (Pastora), quienes conocen bien el río, su curso, sus afluentes y su profundidad". (END 21/02/2012)

De la misma manera que un trabajador desempleado ansía sacarse el premio mayor de la lotería, el gobierno de Daniel Ortega ha resucitado el sueño de la construcción del canal interoceánico, y busca desesperadamente financiamiento en momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea presionan a su gobierno, restringiendo préstamos y donaciones.

Los anuncios de Daniel Ortega ya causaron airadas repuestas del canciller de Costa Rica, enrique Castillo, quien declaró que "Nicaragua no puede construir un canal sin el consentimiento de Costa Rica porque la ribera derecha del río es territorio costarricense" (END 24/02/2012)

Cualquier intento de construir el Canal interoceánico se topara inmediatamente con la oposición del imperialismo norteamericano, el que tradicionalmente se ha opuesto a que otras potencias imperialistas intervengan en su patrio trasero. ¿Hasta donde esta dispuesto a llegar el gobierno Sandinista? Si de verdad Daniel Ortega quiere construir el canal, y no se trata de una maniobra propagandística o de negociación, deberá apoyarse en el movimiento de masas no solo en Nicaragua, sino en el conjunto de Centroamérica, incluido está, por supuesto, las masas trabajadoras costarricenses.

Por Melchor Benavente

Tal como se había previsto, el Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la UE en Nicaragua, presentado en Managua, el pasado 22 de Febrero, por el eurodiputado español Luis Yáñez, tiene un tono mucho más crítico que el Informe Final de la Misión de Observación de la OEA.

No obstante, ambos Informes coinciden en señalar las múltiples irregularidades del proceso electoral del pasado 8 de Noviembre del 2011. Las presiones imperialistas se acrecientan contra el gobierno de Daniel Ortega, para obligarlo a retroceder en su proyecto hegemónico, hacer concesiones “democráticas” que permitan desmontar el régimen bonapartista.

CSE monocolor

El Informe Final de la UE, critica aspectos esenciales del sistema político en Nicaragua. Sus dardos los dirigen al corazón del sistema: el Consejo Supremo Electoral (CSE), tal y como esta organizado en la actualidad.

Sin tapujos diplomáticos, estableció que las pasadas elecciones suponen “un retroceso en la calidad democrática de los procesos electorales nicaragüenses por la escasa transparencia y neutralidad con que han sido administradas por el CSE. A lo largo del proceso, un CSE prácticamente monocolor en todos sus niveles ha dado muestras de escasa independencia respecto al oficialismo y generado condiciones de competición desfavorables y obstrusivas para la oposición, que se ha visto desplazada de cualquier representación efectiva en la administración electoral”.

Bipartidismo restrictivo

Paralelamente, el Informe Final de la UE criticó el sistema de creación y organización de partidos políticos: “Los requisitos para la creación y supervivencia jurídica de los partidos políticos establecidos en una ley electoral que fomenta decididamente el bipartidismo y promueve las alianzas son, en muchos casos, extraordinariamente restrictivos y su incumplimiento, no siempre fácil de verificar, conlleva la pérdida de la personería jurídica del partido”.

Desde la aplicación del Pacto Alemán-Ortega en el año 2000, el resultado ha sido la reimplantación del bipartidismo, y el debilitamiento del pluralismo político, ya que los partidos minoritarios no pueden sostenerse con los obstáculos de la Constitución y la Ley Electoral

La candidatura de Daniel Ortega

En esta parte, el Informe de la UE retoma casi completamente los argumentos que la oposición burguesa esgrimió sobre la inconstitucionalidad de la candidatura de Daniel Ortega, antes, durante y después de la campaña electoral

La candidatura a la reelección del Presidente Daniel Ortega fue declarada constitucional, en un proceso no exento de defectos procesales, por la sala de lo constitucional del CSJ, que consideró que el principio de igualdad debía imponerse a la prohibición expresa de reelección consecutiva del Presidente contenida en el artículo 147 de la Constitución. Como en anteriores declaraciones, la misión considera, sin entrar a valorar el fallo, que el único cauce apropiado para eludir la aplicación un artículo esencial de la Constitución, anclado en fuertes razones históricas comunes a muchos países de la región, no debe ser otro que su reforma previa por la Asamblea Nacional a través de los mecanismos establecidos en la propia Constitución

Las 24 recomendaciones

Por falta de espacio nos referiremos a las recomendaciones más importantes. Al igual que los Estados Unidos, la UE no tiene como política central el derrocamiento del gobierno de Daniel Ortega, sino la reforma del régimen político bonapartista. Por ello en sus recomendaciones plantearon que debe aprobarse, “preferiblemente de manera consensuada entre la mayoría legislativa y la oposición” una nueva Ley Electoral

La UE “consideraría positivo” la elección de nuevos magistrados del CSE con “de acreditado prestigio profesional y perfil independiente y neutral”. De igual manera, planteo que “la composición y funcionamiento de los niveles más bajos de la autoridad electoral (CED, CER, CEM y JRV)” se hiciera bajo el principio del pluralismo político.

Incluso, cuestionó severamente el mecanismo de asignación de los diputados: “La actual atribución de escaños a la Asamblea Nacional por departamentos y regiones no respeta suficientemente el principio de igualdad del voto y debería ser revisada para que refleje los datos de población oficiales más recientes”. La crítica se generaliza a todos el sistema electoral, punto por punto.

Ya para finalizar, la UE recomendó “a la nueva Asamblea Nacional la aprobación de una ley de partidos políticos que refuerce su autonomía y limite al máximo la injerencia del CSJ y de la propia CSE en su vida interna”.

Este es el programa democrático que el imperialismo europeo y norteamericano han levantado para reformar al régimen bonapartista de Daniel Ortega. Los trabajadores y la izquierda debemos exigir una democratización real de la sociedad, pero sin presiones ni injerencias imperialistas.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La concentración de poder en la familia Ortega-Murillo ha traído un contra fenómeno al interior del FSLN: la lucha desesperada de las corrientes que se resisten a morir. Continúa funcionando el gobierno anterior, es decir, siguen al frente de las instituciones los mismos funcionarios del periodo 2007-2012.

Pareciera que existe un statu quo inamovible en la sociedad, pero eso no es cierto: la lucha política se ha trasladado ahora al interior del FSLN y se expresa en protestas callejeras.

Desplazando a la “vieja guardia”

En sus 50 años de historia, desde la guerrilla hasta la toma del poder, el FSLN se ha caracterizado por ser un partido muy disciplinado y extremadamente centralizado. Aunque siempre han existido corrientes en su interior, muy pocas veces los sandinistas discuten en público, muchos menos ante sus enemigos.

Desde mucho antes de la última victoria electoral de Daniel Ortega, se conocía del malestar de la “vieja guardia”, compuesta por algunos de aquellos militantes que vienen de la guerrilla, o que combatieron a la contra, o que se mantuvieron fieles en los 16 años del periodo neoliberal, por la irrupción de una nueva generación de militantes, con mayor preparación académica, y que ocupan mejores posiciones en el aparato del Estado.

La lucha de poder entre la “vieja guardia”, cuyos máximos exponentes son el  Comandante de la revolución, Bayardo Arce Castaño, y el coronel en retiro, Lenin Cerna Juárez, y la nueva generación de militantes sandinistas, que constituyen la base de apoyo interno de la corriente emergente de Rosario Murillo, comienza a rebasar las estrictas fronteras del partido FSLN.

Rosario Murillo ha sido la jefa de campaña de las últimas dos elecciones presidenciales (2006 y 2011), en las que ha salido vencedor Daniel Ortega, superando el estigma de 16 años de derrotas continuas. La autoridad y el prestigio  de la “compañera Rosario” han aumentado en las filas sandinistas, en detrimento de las otras corrientes que han sido acorraladas y desplazadas.

Bayardo Arce, por ejemplo, no ocupa ningún cargo gubernamental, solo el honorífico cargo de “asesor económico” del Presidente Ortega. Su corriente interna, el llamado Movimiento de la “Generación de los 80”, terminó siendo desarticulado. El coronel Cerna, que ocupó durante mucho tiempo el vital cargo de secretario de organización, ya no tiene vida pública. Tomás Borge ocupa el cargo de embajador en Perú, sin mayor incidencia en la vida partidaria.

La mayoría de los actuales diputados dentro de la Asamblea Nacional pertenecen o son proclives a la corriente emergente que lidera la poderosa “compañera Rosario Murillo”.

Forcejeo por la elección de candidatos

Aprovechando el reciente y aplastante triunfo electoral, la corriente de Rosario Murillo ha iniciado una maratón para depurar el aparato electoral del FSLN, desalojando los últimos escondites donde se habían refugiado las otras corrientes: las alcaldías municipales. Recientemente Rosario Murillo anunció que, para la campaña electoral municipal del año 2012, el FSLN tiene la meta de obtener 150 alcaldías, es decir, el 80% de las mismas. Es una meta muy ambiciosa.

El FSLN quiere aprovechar la estabilidad macroeconómica y el ambiente de relativa calma social, para consolidar aun más su hegemonía. No obstante, en las últimas semanas se han producido pequeñas manifestaciones callejeras de sandinistas en contra de la imposición de candidatos en los departamentos de Masaya, Ocotal, Matagalpa, y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), entre las más importantes.

Lo más relevante de esta rebelión interna fue la marcha de protesta de militantes sandinistas ante la propia secretaría general del FSLN, el pasado 7 de febrero. En sus pancartas, estos militantes simpatizantes sandinistas reclamaban la intervención de Daniel Ortega en el proceso de escogencia de candidatos a alcaldes.

El imperialismo aprieta la tuerca

Este conflicto interno, que ha dejado de ser un rumor, para adquirir la forma de mítines y marchas de protesta, se produce en el marco de una creciente presión de Estados Unidos y la Unión Europea contra Nicaragua, en sentido de obligar al gobierno de Daniel Ortega a aprobar una reforma electoral y tratar de incidir en la elección del combo de 35 altos funcionarios, cuyos cargos están vencidos.

El apriete de tuercas se manifiesta en el retiro del “apoyo presupuestario” por parte de los donantes europeos, y por la reciente amenaza de Estados Unidos de revisar con lupa los préstamos a Nicaragua. Todo ello es la antesala de una negociación, cuyos resultados no podemos prever.

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