Por Diego Lynch

La comunidad universitaria en Nicaragua se ha caracterizado por permanecer constantemente en las calles; siempre en pie de lucha y protestando en contra de las arbitrariedades e incrementos que realizan tanto las autoridades administrativas como el gobierno central y que afectan la economía de la población y de los mismos estudiantes.

Por Victoriano Sánchez

En los últimos 3 años, los trabajadores ancianos que no lograron obtener una pensión de jubilación, se han movilizado de manera persistente reclamando el otorgamiento de una pensión reducida, conforme el articulo 49 de la Ley de Seguridad Social (Decreto No 974-1982) promulgada en el periodo de la revolución (1979-1990) bajo el primer gobierno sandinista, y firmada por Daniel Ortega.

En un país como Nicaragua, con enorme desempleo y fluctuaciones laborales, se calcula en 25,000 trabajadores ancianos que no han obtenido una pensión de jubilación, precisamente por no haber cotizado las 750 semanas.

Pequeñas concesiones

Esta movilización de los trabajadores ancianos se ha transformado en un serio problema político para el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al grado que el gobierno ha tenido que hacer concesiones materiales, como paquetes alimentarios (Arroz-Frijoles-Azúcar) y pequeños subsidios.

Sin embargo, las concesiones parciales del gobierno, no han desmovilizado a los trabajadores ancianos, sino que han fortalecido su moral, ya que han demostrado la justeza de sus peticiones, dándole al conjunto de la clase trabajadora una enorme lección sobre como deben defenderse los derechos y conquistas sociales.

La Ley contempla la pensión reducida

La actual Ley de Seguridad Social  El artículo 49 de esta Ley contemplaba una pensión de jubilación reducida, no menor del 40% del salario prescrito, para aquellos asegurados que no hubiesen contemplado la cantidad de 750 semanas (15 años), pero que al menos hubiesen cotizado 250 semanas (5 años).

Después de la derrota de la revolución en 1990, la Sra. Violeta Chamorro derogó  en 1994 el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social, que establecía. “En el caso de que el asegurado no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado como mínimo un tercio de dicho período, tendrá derecho a una pensión equivalente a dos tercios del salario mínimo vigente en la actividad respectiva, más las asignaciones correspondientes”.

Con ello, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) creyeron zafarse de una gran responsabilidad, argumentando que el INSS estaba en quiebra. El problema es que derogaron el artículo 56 del Reglamento, una norma inferior a la Ley, pero dejaron vigente el artículo 49 de la Ley, que otorgaba un derecho adquirido.

La presión social ejercida por los trabajadores de la tercera edad, reclamando sus derechos, ha sido utilizada para las actuales autoridades del INSS para plantear el problema de la crisis del sistema de seguridad y la necesidad de reformarlo. Mientras tanto, los ancianos trabajadores que no lograron completar las 750 semanas de cotización, mueren antes de cumplir los 60 años, precisamente por falta de medicinas y alimentación adecuada.

Sobre recaudación y reticencia

Gustavo Porras, sempiterno secretario general de FETSALUD y diputado sandinista, se caracterizó por impulsar movilizaciones bajo el periodo de los 16 años de gobiernos neoliberales (1990-2006), pero ahora como diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, adopta una posición muy cautelosa, pidiendo tiempo para resolver el problema, argumentando que se requieren 12. 8 millones de dólares y que el INSS no tiene capacidad.

No obstante, el gobierno recientemente reconoció que producto de su política de austeridad y de ampliación de la base tributaria, en lo que va del año tiene una sobre recaudación de 3,000 millones de córdobas (130 millones de dólares). Esta tendencia al alza en la recaudación fiscal ha sido una constante en los últimos años, lo que implica que el gobierno cuenta con mayores recursos líquidos para atender los problemas sociales, aunque sigue mostrando la misma reticencia de los gobiernos anteriores.

La derecha se adelanta

La situación es tan calamitosa para la oposición burguesa que, en un afán desesperado por recuperar la iniciativa política, ha querido aparecer ante la nación como abanderada de las luchas sociales, en este caso de la lucha de los trabajadores ancianos. De manera oportunista, la Bancada Democrática, compuesta por los diputados de la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), introdujeron un proyecto de Ley que utilizaría la sobre recaudación fiscal para otorgar la pensión reducida a los trabajadores ancianos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denunciamos esta maniobra parlamentaria, pero al mismo tiempo exigimos al gobierno sandinista que cumpla con el artículo 49 de la Ley de Seguridad Social que fue aprobada en 1982, por el primer gobierno sandinista. Entre mas se tarde en cumplir, mas campo le abre al PLI para aprovecharse de la situación.

Por Edmundo Dantés

Hace un par de años los bienes producidos por Nicaragua se vieron favorecidos por la bonanza de los altos precios internacionales.  El año pasado, por ejemplo, el país logró batir récord en la entrada de divisas, pero no en el volumen exportado. En 2011 las ventas al exterior ascendieron a 2,346 millones de dólares (23.38 por ciento más con relación a 2010), pero se dejó de exportar 22 mil toneladas (1.38 por ciento menos que en 2010), según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).

Actualmente lo que vemos es la bajada de esos precios acompañada de la ascendente preocupación de los productores.

Hace unos tres meses el presidente de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), Onel Pérez, admitió los riesgos de una reducción de precios de los alimentos, pero expresó que el de la carne se mantendría estable. En estos momentos el sector está recibiendo $9 menos por la carne industrial. Se dice que por la aparición del caso de “Vaca Loca”. Pero el problema no es que Nicaragua tenga o no la “Vaca Loca”, sino que el consumidor norteamericano, por miedo, reduce su compra. El precio (de la carne) en Estados Unidos bajó en un 6%, la proyección es que caiga un 10%.

Ahora bien, el precio del café se ha desplomado. El 12 de enero el quintal de café a futuro se cotizaba en 233.90 dólares, pero el 16 de febrero cayó a 199.30 dólares. El director ejecutivo del Cetrex, Jorge Molina no cree que la crisis Europea afecte las proyecciones de exportación de Nicaragua para este año, porque el país apenas envía a esos mercados menos del 30 por ciento de sus productos. Aquí se equivoca Molina; 20% representa una clientela importante. La crisis de la UE, de gravarse, por supuesto que impactaría negativamente.

El panorama es precisamente el contrario al anterior, en que el gobierno de turno pudo jactarse de hacer marchar la economía, presumía por la subida de las exportaciones y la mejora de la balanza comercial de Nicaragua. La bonanza terminó y ante el ocaso de los precios altos se asoma el amanecer de la rigidez.

El panorama se torna, pues, mucho más desolador. Los exportadores y productores ya temen una caída en el precio de los productos. “Siempre somos dependientes del vaivén de los precios internacionales. No hemos prosperado en la productividad ni siquiera de nuestros dos productos claves”, reconoce Azucena Castillo, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) (La Prensa, mayo 27 2012). 

¿Por qué es tan significativa una caída de los precios internacionales para Nicaragua? La razón es que Nicaragua no produce ni exporta el volumen necesario de bienes. Esto impide que su participación en el mercado de los diferentes productos sea relevante por lo cual nuestro país en un tomador de precios. Entonces, ¿por qué Nicaragua no produce lo suficiente? Nicaragua posee una herencia natural privilegiada de factores básicos para la producción, el problema es que sufre importantes debilidades en los agentes avanzados requeridos para la agricultura moderna. El problema no son las lluvias, las lluvias son abundantes pero la irrigación es pobre

A pesar de ser un país donde predominan las actividades agropecuarias sobre las demás  actividades económicas, el sector primario es uno de los más desprotegidos de la nación. Hay suficientes tierras fértiles planas y extensas, pero no hay caminos de penetración, tenemos el potencial de producir todo el año, pero predomina la agricultura de un ciclo. En resumen, Nicaragua tiene alta dependencia de los precios externos debido a su baja productividad.

De continuar esta tendencia, pronto veremos al gobierno “cristiano, socialista y solidario” castigar al pueblo con sus recortes y políticas de austeridad al mejor estilo de sus antecesores gobiernos neoliberales. De continuar esta tendencia, probablemente se terminarán los bonos y los beneficios que el FSLN estaba acostumbrado a repartir, y tendrá que apretar el cinturón a toda la sociedad. Es casi un hecho consumado que los recursos provenientes del extranjero disminuirán en el periodo inmediato, no solo por la caída de los precios, sino por la situación de crisis económica generalizada que atraviesan las potencias imperialistas, situación de crisis que se hará sentir en Nicaragua y el resto del istmo centroamericano.

Hasta ahora “los compañeros” del gobierno sandinista no habían enfrentado una situación que implicara importantes cambios en la política económica neoliberal con asistencialismo social. Los trabajadores tenemos que estar pendientes de estos virajes que afectarán directamente nuestro deteriorado nivel de vida.

Por: L. C. de Willmore

Los impuestos o tributos obligatorios destinados a cubrir el gasto público no generan beneficio directo e inmediato para las personas que los pagan. En muchos países del mundo, los ciudadanos cancelan sus impuestos y como contrapartida, el gobierno los administra de manera que la educación y salud sean gratuitas o muy baratas, el transporte eficiente, y la calidad de vida lo suficientemente alta. Así está concebida, al menos en términos teóricos, el funcionamiento de la sociedad burguesa.

En el caso de Nicaragua, esos beneficios no parecen reflejarse en los servicios públicos, de salud, transporte, educación, etc. Lo que es inconcebible es que más del 80% de los impuestos salen directamente de la clase media y la clase trabajadora, o de los consumidores menos pudientes. Las grandes transnacionales y empresas extranjeras, como las zonas francas, son liberadas de toda obligación tributaria, y son precisamente éstos los que perciben mayores rentas.

Según los mismos funcionarios gubernamentales, el principal problema que tiene el sistema tributario de Nicaragua es que se encuentra concentrado en pocas personas y además de eso, tiene una gran base exenta. Esto convierte al sistema nacional tributario en un sistema impositivo regresivo, es decir que la mayor parte de las recaudaciones la constituyen los importes de los impuestos indirectos (IVA, ISC) por sobre las recaudaciones correspondientes al impuesto sobre la renta (IR).

Esto significa que los impuestos son iguales para todos, sin importar los ingresos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo de Consumo  (ISC) son el sostén del Estado, por encima del Impuesto sobre la Renta (IR), que se supone grava a cada quien según sus posibilidades.

Una característica que ha prevalecido por muchos años es la existencia de un amplio sistema de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales a grandes y medianos productores o importadores, que erosiona la base tributaria e impide avanzar tendencialmente a un sistema de base amplia y tasas bajas. Dada la orientación económica del gobierno sandinista, difícilmente avanzará en desmantelar estas amplias exoneraciones.

Tampoco es conveniente el desmantelamiento total de las mismas, debido a su negativo impacto en la base de pequeños productores urbanos y rurales. Debido a la crisis económica, de carácter permanente, se justifican exenciones y exoneraciones vinculadas con la canasta básica, salud y educación, algunas del sector exportador de pequeños y medianos productores.

A pesar de que la Ley de Equidad Fiscal de 2003 estableció en teoría un sistema basado en la generalidad y neutralidad de los tributos, la influencia de los grupos económicos de presión no permitió alcanzar ese objetivo.

La crisis económica que vive el mundo entero se refleja en la mayoría de indicadores económicos y los niveles de recaudación tributaria no son una excepción. El segundo semestre de este año estará marcado por reformas fiscales y del seguro social, revisión a la tarifa eléctrica, así como negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la suscripción de un nuevo programa económico financiero. Al menos fue lo que se fijó durante una reunión que sostuvo la Comisión de Seguimiento conformada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Gobierno, representado por el asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño.

El gobierno se esta quedando sin recursos, con el agua llegándole al cuello. Por ello, el gobierno sandinista se está jugando el todo por el todo con las reformas para recaudar fondos que le permitan hacer funcionar la política fiscal, única herramienta que el gobierno puede emplear, ya que al mantener el tipo de cambio fijo (con deslizamiento o devaluación gradual preanunciada del 5% anual) no puede emplear la política monetaria para interferir en la economía.

 El balance del gobierno central, formado por los ingresos (en su mayoría impuestos) menos los gastos, al primer semestre del 2009, muestra un déficit de -718.3 millones de córdobas después de donaciones y -1.841.70 millones de córdobas antes de donaciones. El recorte de la cooperación externa y los efectos de la crisis económica han provocado dicho déficit.

Dado que ya tenemos una de las cargas tributarias más altas de América Latina, cualquier reforma impositiva debería tener como objetivo primordial hacer que quienes tienen mas ingresos paguen mas impuestos. Ese debe ser el objetivo central de los trabajadores: evitar que sigamos cargando sobre nuestras espaldas el pesado fardo de las ineficientes finanzas públicas, las que deberían ser controladas por los sindicatos y organismos de la sociedad civil.