Por Diego Lynch

En Nicaragua, la práctica de la subcontratación o tercerización se implemento a partir de los años noventa, cuando los gobiernos de derecha y sus grandes empresarios crearon empresas de subcontratación, con el fin de que no existiera un vínculo directo entre los trabajadores y el verdadero empleador. El objetivo era que este no tuviera ningún tipo de responsabilidad sobre sus empleados. Año con año se volvió una costumbre y ha permitido que se le cercenen a los trabajadores un sinnúmero de derechos laborales contemplados dentro del Código del Trabajo.

Esta práctica de subcontratación es un flagelo a la clase obrera, diezma económicamente a los trabajadores ya que no brinda derechos laborales tales como la seguridad social, el treceavo mes, la libertad de organización sindical, no tienen una pensión digna, entre otros.

Gobierno de empresarios

El Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se autoproclama ser un “gobierno de los pobres” y defensor de los derechos laborales, y acusa a la derecha y sus 16 años de gobiernos de ser quienes implementaron esa práctica de subcontratación. Sin embargo, cuando ellos eran oposición no hicieron nada al respecto. Durante el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega (2007-2012), en la Asamblea Nacional se ha discutido un proyecto de Ley que regule la práctica de la tercerización en Nicaragua, pero en ese momento la bancada sandinista y el gobierno argumentaron que los Diputados Liberales eran quienes se oponían a aprobar la Ley, pero ahora que son mayoría parlamentaria y no necesitan de los votos de la derecha, esta importante ley sigue sin aprobarse.

En la actualidad, el gobierno y los diputados sandinistas alegan que esta Ley no ha sido aprobada porque tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) como el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) se han opuesto a la misma, porque vendría a imponer una serie de gastos adicionales, y causaría que muchas pymes salgan del negocio de la subcontratación.

Sin embargo, la realidad es otra. El gobierno del Frente Sandinista se ha convertido en un gobierno de empresarios. Son dueños de grandes empresas y llevan a cabo la subcontratación. Casi todas las grandes empresas privadas utilizan la subcontratación, especialmente las empresas que fueron privatizadas como el sector de telecomunicaciones y la energía eléctrica.

Durante el primer gobierno sandinista (2007-2012), como en este segundo que inicia, hemos visto un Frente Sandinista que defiende a la empresa privada y deja indefensos a los trabajadores. Esto lo podemos observar dentro de las mesas de negociación del salario mínimo, en la reticencia a aprobar la Ley Reguladora de la Tercerización, en las reformas que pretenden hacer a la Ley del Seguro Social, etc. En relación al INSS, pretenden incrementar el porcentaje de cotización del trabajador, así como los años y las semanas cotizadas para tener derecho a la jubilación. Son las mismas políticas derechistas de los gobiernos neoliberales, de ciega obediencia al FMI, políticas que ellos tanto criticaron como oposición.

Estas son solo algunas muestras de cómo el gobierno de Ortega ha venido actuando en pro de los empresarios y de los empleadores, torciendo el brazo a la masa obrera y trabajadora de nuestro país. Hacen falta dirigentes que sepan conducir una lucha sindical que venga a beneficiar a los trabajadores, quienes se han visto obligados a callar y continuar trabajando por salarios de miseria y medio mantenerse, para no perder sus trabajos.

Garantizar los derechos y conquistas laborales

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a toda la clase obrera y trabajadora de Nicaragua a que nos unamos y apoyemos en la lucha por nuestros derechos. Exijamos al gobierno de Daniel Ortega que los diputados del Frente Sandinista, que tienen la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, aprueben la Ley que vendría a regular esta práctica de Tercerización y subcontratación. La verdad es que esa ley debería prohibir tajantemente la subcontratación tal como se produce en la actualidad, o visto desde otro punto de vista, debe de garantizar todos y cada uno de los derechos laborales tales como el seguro social, el decimo tercer mes, vacaciones, libertad sindical, entre otros.

En dicha Ley también debe quedar claro quién es el empleador, de lo contrario que la responsabilidad a la hora de un accidente laboral sea compartida entre ambos empleadores. También se deberá de exigir que cualquier empresa que subcontrata responder para liquidar a los trabajadores a la hora de indemnizar o de una quiebra.

Que los empresarios no sigan violentando nuestros derechos laborales!!!

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