Por Sebastián Chavarría Domínguez

A pesar de las tensiones, tal como estaba prevista, el pasado 25 de Julio la embajada de los Estados Unidos en Managua confirmo que el Departamento de Estado había concedió el waiver en temas de propiedad, al gobierno nicaragüense.

Con esta decisión, el gobierno de Daniel Ortega, puede respirar tranquilo por un año más, hasta que vuelva a ponerse a revisión el tema de las propiedades confiscadas a norteamericanos durante la revolución (1979-1990)

Romería de empresarios y políticos a Washington

Los tiempos han cambiado y también han cambiado los intereses de la cúpula actual del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El sandinismo se ha transformado en el sector hegemónico de la nueva clase capitalista que emergió de la derrota de la revolución. A pesar que conserva resabios revolucionarios en su discurso, ya no sostiene las posiciones antimperialistas de antaño.

En el discurso del 22 aniversario de la revolución, Daniel Ortega no dijo absolutamente nada que molestara a la administración de Barack Obama, siempre dentro de la estrategia de cumplir con los parámetros establecidos por el Departamento de Estado.

El FSLN ya no moviliza a las masas contra las presiones imperialistas, sino que recurre a sus aliados, los empresarios, quienes muy preocupados viajaron a Washington, a cabildear con congresistas, políticos y autoridades, explicando el desastre que ocurriría si no se otorgaba el waiver, y los organismos financieros internacionales comenzaban a bloquear los prestamos que tanto necesita Nicaragua.

A favor y en contra

Tanto dentro de Estados Unidos, como dentro de Nicaragua, existen sectores que estaban a favor del no otorgamiento del waiver al gobierno sandinista, ilusionados que esa medida iniciaría el derrocamiento de Daniel Ortega.

El ala dura de los congresistas republicanos la encabeza la representante cubana-americana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, quien presionó por cortar el waiver y expresó su decepción por “la decisión de la Administración de Obama para premiar al régimen de Managua, con la renuncia a la confiscación de propiedades (…) "Este gobierno no ha logrado utilizar esta disposición como una palanca para buscar concretas reformas electorales en Nicaragua, que ha sido plagado por un sistema corrupto que aplaca y favorece a Daniel Ortega” y denunció que con esa decisión la administración Obama “está ayudando a apuntalar un régimen autoritario que sigue socavando la sociedad civil nicaragüense”. (Informe Pastran, 27/07/2012)

Al interior de Nicaragua, existen sectores políticos y empresariales minoritarios que tienen como principal guía espiritual a la congresista Ros-Lehtinen, pero que no se atreven a expresar su pensamiento con franqueza, por el recorte de prestamos y financiamientos no es bien visto por la mayoría de la población, por las duras consecuencias que eso acarrearía a la vida cotidiana.

Los empresarios brincaron de alegría, al conocer la noticia. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), expresó que “es un buen día para el país porque se mantienen los programas con los organismos internacionales". La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) se sumó “al reconocimiento hecho público por la Embajada de los Estados Unidos al trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, que se ha traducido en acciones concretas que ha permitido dicha dispensa” (Informe Pastran, 26/07/2012)

Y la verdad es que en el último semestre, toda la estrategia del gobierno sandinista se concentró en un solo punto: obtener el waiver, a cualquier costo.

Abrupto viraje del PLI

A lo sumo, utilizaron las presiones imperialista en el tema del waiver para exigir a Daniel Ortega un dialogo y negociación interno. Eduardo Montealegre, coordinador de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), insistió que ciertos temas “tenemos que hacerlo los nicaragüenses y no debemos depender de ningún gobierno extranjero. Y el tema de la propiedad, para resolverlo, la llave está en manos de Daniel Ortega. El tema para resolver la ilegalidad, la ilegitimidad, el rompimiento del orden constitucional, la llave está en manos de Daniel Ortega (…) sino hay un orden institucional con respeto a la ley y no se interrumpan los procesos de elecciones”.(Informe Pastran 25/07/2012)

Al día siguiente del anuncio de otorgamiento del waiver, el PLI tuvo que abandonar su posición de no participar en las elecciones municipales, dejando solos al Movimiento de Renovación del Sandinismo (MRS).

Satisfacción del imperialismo

Phillips Powers, embajadora de Estados Unidos en Managua, quien anteriormente había emitido duras declaraciones, también dio un viraje: “hemos trabajado juntos durante el año y han resuelto muchos casos y vamos a seguir trabajando para resolver más (…) Si podemos terminar con todos los casos y terminar con las tomas de tierra, creo que sí, pero hay que trabajar y vamos a trabajar con el gobierno sobre esto” (Informe Pastran, 27/07/2012)

Detrás del otorgamiento del waiver hay una gran discusión pendiente: ¿Como es que vamos a ser libres e independientes, si al final de cuentas el gobierno sandinista aplica los lineamientos que bajan de Washington?

Por Aquiles Izaguirre

En noviembre de este año se realizarán las elecciones municipales en Nicaragua.  Este nuevo proceso ha planteado un gran dilema para las fuerzas de oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega. Y es que, después haber anunciado a todos los vientos que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es un ente manipulado por el FSLN, las fuerzas “opositoras” discuten la participación de las autodenominadas fuerzas democráticas en las elecciones municipales.

Pasadas las elecciones nacionales, las fuerzas de la oposición han reiterado que las futuras elecciones municipales estarán comprometidas por la parcialidad del CSE. El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Luis Callejas, acusa: “no existe garantía que estas elecciones serán transparentes y neutrales”. Y denunciaba a Roberto Rivas, presidente del CSE: “quien ha parcializado todos los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, a favor del Frente Sandinista.” (La Prensa, 17/07/2012). Al inicio, dejaron entrever que lo mejor era posponer las elecciones; la esperanza residía en la amenaza de la no aprobación del waiver con los Estados Unidos.

Aunque acusan al gobierno de no brindar las condiciones mínimas para participar en las elecciones, la movilización no es una opción debido a que hay una contradicción entre la estabilidad macroeconómica, las negociaciones para la elección de funcionarios con período vencido, y la mala percepción que tiene la sociedad sobre los políticos en general. Una última encuesta nos indica cómo cree la población que se debe manejar la oposición: “debe organizarse para participar, dialogar y negociar con el gobierno y solo un 6.3% consideró que se debe organizar para enfrentarse y movilizarse en contra del gobierno.” (Nuevo Diario, 16/07/2012).

Por estas razones el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) a través de Víctor Hugo Tinoco anunció que no participaría en las elecciones: "Participar en las próximas elecciones edilicias sería hacerle el juego a Daniel Ortega; lo que pasará en noviembre es que Ortega a través del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, se asignará las alcaldías que se le antojen" (100% noticias el canal).

A pesar de que el MRS no participará en las elecciones municipales, sus principales aliados del Partido Liberal Independiente (PLI) anunciaron que si participaran, aún en las condiciones que tanto critican. Igual destino tiene el PLC de Arnoldo Alemán, que se muere por recuperar espacios políticos que ahora mendiga al FSLN.

El Waiver

Las esperanzas de las “fuerzas democráticas” para que el CSE se abriera estaban centradas en que el gobierno de Barack Obama presionase al gobierno de Daniel Ortega con la aprobación del waiver. Para desgracia de los partidos liberales la realidad no deja de ser compleja. El 25 de junio de este año la embajada de los Estados Unidos anunció la aprobación del waiver: “La dispensa, efectiva por un año hasta el 29 de julio de 2013, se fundamentó en el interés nacional de los Estados Unidos y en los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nicaragua para dar solución a los reclamos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses.” (El Nuevo Diario 25/07/12).

El panorama no es alentador para la oposición liberal, que no es capaz y no quiere movilizar en medio de las negociaciones que se avecinan para las elecciones de los cargos para los poderes del Estado que son ocupados inconstitucionalmente hasta la fecha.

Urge una reforma electoral democrática

No es extraño que los partidos liberales anuncien que participarán en las elecciones; su fuerza radica en el voto que logran arañar al FSLN, ya que con éstos negociaran cuotas de poder. Desde hace tiempo luchan por cambiar figuras, pero no hablan de lo excluyente que es la ley electoral, que fácilmente fue usada por liberales y sandinista para excluir y marginar a cualquier agrupación política. Dentro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que los magistrados del CSE son la cara podrida de un sistema que solo sirve a los que ostenten el poder.

La ley electoral debe ser reformada y retornarle o dar personería jurídica a todos los partidos u organizaciones que quieran ser parte de la política del país. Debe ser el pueblo el que decida directamente quiénes son los magistrados que serán los encargados de supervisar las elecciones. Y garantizar igualdad de condiciones a toda organización política o persona que se quiera postular a un cargo público.

Por Melchor Benavente

La entrada triunfal de las columnas guerrilleras a Managua el 19 de Julio de 1979, las masas trabajadoras no solo derribaron a la forma particularmente genocida del gobierno burgués, desmantelaron la estructura del Estado burgués que los marines yanquis habían instalado a raíz del asesinato del General Augusto César Sandino y del aplastamiento de las guerrillas nacionalistas y antimperialistas en 1934.

Una situación revolucionaria en Centroamérica

La situación revolucionaria que existía en Nicaragua en ese momento, y que condujo al derrocamiento de la dictadura somocista, se extendió y generalizó a toda el área centroamericana, aunque con ritmos desiguales y contradictorios en cada país.

El desarrollo de la intensa guerra civil (1977-1979) y el posterior triunfo de la insurrección popular sobre el somocismo, colocó al descubierto los profundos nexos económicos, políticos, militares, culturales, raciales, etc., que existen entre los diferentes países centroamericanos. El triunfo de los obreros y campesinos de Nicaragua estimuló el ascenso revolucionario de las grandes masas oprimidas de Centroamérica, introduciendo una honda crisis en los gobiernos burgueses pro imperialistas del área.

A pocas semanas de la victoria revolucionarla del 19 de Julio de 1979 cayó la dictadura cipaya del General Romero, en El Salvador, producto del poderoso ascenso obrero y popular, siendo sustituida por el igualmente frágil y efímero gobierno “cívico militar” del Coronel Majano. La heroica guerrilla de Guatemala aumentó sus operativos militares contra la dictadura del General Romeo Lucas. Por todos lados los trabajadores y estudiantes centroamericanos intentaron seguir el ejemplo de la revolución triunfante en Nicaragua.

Cinco países, una sola nacionalidad

Esta vigorosa influencia de la revolución reabrió una vieja discusión, sobre si es cierto o no que los cinco países centroamericanos constituyen, en realidad, una nacionalidad, artificialmente dividida en pequeñas “republiquetas” por el naciente imperialismo norteamericano y el colonialismo inglés en el año 1840, fecha en que fue disuelta la República Federada Centroamericana. Desde entonces la historia registró la incapacidad de las clases dominantes de la época, oligarcas y burgueses, para realizar la tarea democrática más elemental: autodeterminarse como nación ante la voracidad del imperialismo norteamericano e inglés.

La revolución nicaragüense abrió nuevamente las condiciones objetivas, para luchar por la reunificación de la nación centroamericana. Lo que la burguesía no podía realizar, por sus ligámenes con el imperialismo, lo iniciaron objetivamente las masas nicaragüenses en 1979, al destruir el aparato militar más importante del imperialismo norteamericano en la región, colocando a la orden del día el combate por la reunificación socialista de la nación centroamericana.

Organismos de poder de los trabajadores.

Ya en el período de agonía de la dictadura somocista y como un mecanismo de autodefensa ante el terror genocida, las masas obreras y populares - especialmente los destacamentos de vanguardia de la juventud-- ¬crearon sus propios organismos de lucha antisomocista: las milicias populares.

Bajo la conducción política y militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y teniendo como base de su creación la experiencia insurreccional de Monimbó y Subtiava (1978), las masas desarrollaron y multiplicaron las milicias populares en los barrios, fábricas y centros de estudio. El ejército guerrillero del FSLN se nutrió de estos combatientes populares, llegando a controlar, centralizar e incorporar estas milicias populares  bajo su disciplina militar.

La desaparición de la Guardia Nacional posibilitó el proceso de organización de los obreros y campesinos pobres. Por todos lados nacieron como hongos después de la refrescante lluvia, los sindicatos, los Comités de Defensa Civil  -después convertidos en CDS -, los comités campesinos y las milicias populares que llegaron a controlar todo el armamento recuperado a la dictadura somocista.

Al inicio, estos organismos ejercieron funciones de poder obrero y popular. Las propiedades de los funcionarios somocistas y de muchos otros capitalistas y terratenientes, fueron confiscadas por los trabajadores antes que la Junta de Gobierno emitiera el decreto No. 3. Las fábricas y haciendas abandonadas fueron puestas a funcionar bajo el control directo de los nuevos sindicatos. Los trabajadores nombraron nuevas autoridades y expulsaron o encarcelaron a todos los elementos antiobreros.

Las milicias populares por su parte, se encargaron de ajusticiar a los esbirros y colaboradores del somocismo que habían sobrevivido a la insurrección, así como garantizar el orden revolucionario. Los comités campesinos se posesionaron de las haciendas y del ganado. En pocos días las masas trabajadoras terminaron de destruir el viejo orden burgués, creando, a partir de estos embrionarios organismos de poder obrero, toda una estructura que, aunque dispersa, era una alternativa real de gobierno y de Estado.

Las masas estaban en las calles, posesionadas de las fábricas, haciendas y vehículos de la burguesía, armados hasta los dientes y en constante movilización. Los trabajadores abrieron la posibilidad de instaurar un gobierno de los obreros y campesinos en vías al socialismo, cuya base de sustentación eran o hubieran sido los embrionarios organismos de poder.

La dinámica anticapitalista de la revolución

Un proceso revolucionario no se puede analizar por el carácter de clase de la dirección partidaria que la encabeza, en nuestro caso el FSLN, sino por el carácter de clase de las principales fuerzas sociales que la hicieron posible. Detrás de la bandera roja y negra del sandinismo se movilizaron y combatieron miles de obreros y campesinos, hasta destruir a la dictadura. Y en la medida en que la movilización revolucionaria de las masas fue creciendo, estas dirigieron todo su odio hacia los enemigos naturales: los capitalistas y los terratenientes.

Las movilizaciones de masas, la lucha armada insurreccional, son clásicos métodos de la revolución obrera y popular. En Nicaragua, en 1979, no hubo un simple cambio de gobierno o de régimen político, sino la destrucción del aparato del Estado burgués, que bajo la forma dictatorial y dinástica del somocismo, reprimió brutalmente a los trabajadores. Una vez destruido el somocismo, la movilización de las masas cuestionó la propiedad privada sobre los medios de producción, a partir de la acción desarrollada por los embrionarios organismos de poder obrero y popular.

El principal obstáculo.

Sin embargo, a pesar de la dinámica anticapitalista de la revolución, el FSLN instauró un gobierno de Unidad Nacional con la burguesía. La necesaria unidad de acción con los burgueses que entraron en contradicción con la dictadura somocista, dejó de ser para el FSLN una táctica coyuntural para convertirse en la estrategia política permanente, al formar un gobierno de coalición con la burguesía.

A la destrucción del Estado y gobierno burgués no le sucedió, pues, un gobierno de los combatientes sandinistas, teniendo como base de apoyo los embrionarios organismos de poder obrero y popular, si no un gobierno de Unidad Nacional con la burguesía.

Enarbolando los principios de la “economía mixta, el pluralismo político y el no alineamiento”, la Junta de Gobierno encabezó la lucha por el respeto a la propiedad privada de los capitalistas “no somocistas”. Como contrapartida, todas las instituciones y organismos de la burguesía, el COSEP, la Iglesia Católica, etc, todos sin excepción alguna, brindaron su pleno apoyo político al gobierno de Unidad Nacional.

No obstante, la instauración del débil e inestable gobierno burgués de Unidad Nacional, entró en abierta contradicción con la dinámica anticapitalista de las masas trabajadoras, las que continuaron con la toma de fábricas y haciendas, cuestionando en la práctica la política de colaboración de clases aplicada por el FSLN. Las masas no diferenciaban quienes eran somocistas o no, simplemente diferenciaron quien tenía propiedades o no, quien los había explotado bajo la protección del somocismo.

Como fue posible, entonces, la consolidación de la Junta de Gobierno como gobierno de Unidad Nacional? La profunda credibilidad política de las masas en el FSLN, la organización que dirigió exitosamente la lucha contra la dictadura, fue el factor subjetivo y objetivo que posibilitó la consolidación relativa de la Junta de Gobierno. Como las masas confiaban en el FSLN y miraban en el gobierno a quienes habían estado encabezando la lucha contra el somocismo, terminaron por aceptar la “legitimidad” del gobierno de Unidad Nacional.

La represión a los partidos de izquierda y la disolución de los organismos embrionarios de poder.

La contradicción existente entre el gobierno de Unidad Nacional, por un lado, y el desarrollo de los embrionarios organismos de poder de las masas, por el otro, provocaron grandes conflictos en los barrios y fábricas. Para imponer su proyecto de colaboración de clases, el FSLN procedió al desarme de las milicias populares, suscitando una fuerte resistencia entre los milicianos, quienes se negaban a entregar sus armas.

La represión del gobierno se centró sobre las Milicias Populares Antisomocistas (MILPAS), dirigidas por el Movimiento de Acción Popular (MAP-ML) y el diario El Pueblo, así como contra la Liga Marxista Revolucionaria (LMR)  -organización que dio origen al PRT, y posteriormente se fusionó en el PSOCA- y los combatientes internacionalistas de la Brigada Simón Bolívar, los que fueron expulsados del país el 16 de agosto de 1979.

Uno de los principales argumentos utilizados por el FSLN para materializar el desarme, fue la urgente necesidad de crear un ejército y una policía centralizados que le hicieran frente a los inminentes ataques de la contrarrevolución. Muchos milicianos populares entregaron sus armas, o se transformaron en soldados y oficiales de la nueva Policía Sandinista (PS) o del Ejercito Popular Sandinista (EPS), porque confiaban políticamente en el FSLN. Miles de milicianos populares no percibieron este cambio, la disolución de sus organismos y la creación de otros nuevos. Fue un fenómeno imperceptible para las masas, estas seguían llamando “milicianos” a los nuevos policías. Algunos llegaron, incluso, a observar ciertas ventajas en la nueva institución llamada Policía, porque les garantizaba uniformes, armas, botas y hasta “salario”.

Pero entre las milicias populares y la Policía había una diferencia cualitativa. Las primeras surgieron del enfrentamiento directo de las masas contra la dictadura, representaban la voluntad de lucha, democráticamente organizada, a través de la elección de sus responsables. La segunda, la Policía, era una institución al servicio del gobierno burgués de Unidad Nacional, para garantizar la colaboración de clases y la propiedad privada de los capitalistas y terrateniente, con una estructura de mando burocrática, de arriba hacia abajo, en donde no existe la capacidad de elegir democráticamente a sus responsables. En fin, un organismo que, a como la experiencia lo ha demostrado, su tendencia inevitable era separarse del pueblo, de donde había surgido.

El mismo fenómeno ocurrió con la creación del EPS. El FSLN disolvió las columnas guerrilleras para dar paso a la formación de un ejército regular. Esta era, efectivamente, una necesidad militar de la revolución. El problema era cómo organizarlo: a partir de las concepciones burguesas o, por el contrario, dotarlo de un profundo contenido obrero y popular, con estructura democrática. La formación del EPS tuvo la misma evolución que la PS: la creación de una casta de oficiales, estructuras de mando burocráticas, negando el derecho de los soldados a elegir democráticamente a sus responsables, como había sucedido en el período de la insurrección.

La disolución de las milicias populares, embrionarios organismos de poder de las masas, y la creación de la Policía y el Ejército regular, dos clásicas instituciones del estado burgués, al servicio del gobierno burgués de Unidad Nacional, fue posible por la combinación de dos factores: por un lado, la represión a las corrientes revolucionarias que se opusieron al desarme y, por el otro, la enorme credibilidad política de las mases en el FSLN. Todo ello debilitó a los organismos de poder de los obreros y campesinos, e inició la desaparición de los mismos, sentando las bases para la ulterior derrota de la revolución, producto de la combinación de la agresión imperialista y de los propios errores de la dirección sandinista.

Por Aquiles Izaguirre.

El novelista inglés Aldous Huxley solía decir: “Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”. Por desgracia eso es lo que suele suceder en la triste historia de Nicaragua. Nuevamente están por dar una estocada a los bolsillos de los nicaragüenses. Infaliblemente en este mes de junio el gobierno discutirá un nuevo incremento en la tarifa energética y las perspectivas son, un nuevo subsidio o el aumento de la tarifa energética. Pero, ¿cómo es posible que suba la tarifa energética si los precios de los combustibles han bajado? La realidad es compleja y esconde los intereses económicos de algunos sectores burgueses de nuestro país.

Altos costos de la energía

Desde finales del gobierno de don Enrique Bolaños, el país sufre una embestida titánica. Los combustibles sufrieron el tsunami de la guerra y la especulación. Los precios de los hidrocarburos despuntaron a tal grado que las alzas en los precios de la energía no pararon de subir desde aquellos años hasta la fecha. Para rematar al pueblo, no solo los precios de los combustibles eran altísimos, sino que el crecimiento económico aumentó la demanda energética y los “ingeniosos” gobiernos neoliberales no impulsaron políticas para aumentar la producción de las generadoras de energía, eso sumado a que su “inigualable visión a futuro” hizo que el 80% de la energía se produjese por medio de petróleo.

El colapso estaba a la vuelta de la esquina. Así llegó el nuevo gobierno del FSLN que “trajo la luz” y terminó con los apagones. Pero la luz llegó a un altísimo costo, que actualmente estamos pagando. El país comenzó a producir energía con derivados del petróleo producto de la ayuda venezolana, a tal grado que las facturas de energía se han incrementado en más del 300% en los últimos 6 años.

Energía renovable

Pero en honor a la verdad, no podemos decir que todo el trabajo del gobierno sandinista es malo en lo que respecta a todas sus políticas energéticas. Desde que asumieron el control del Estado, tomaron las riendas de la producción de energía y planificaron la forma en que el país deje de depender de la producción de energía basada en los derivados de los combustibles.

El gobierno asumió la tarea de cambiar la matriz energética del país. Por ejemplo, el vicepresidente de la república Omar Hallesleven declaraba que Nicaragua: "estará generando a finales de este año el 60% de generación de energía con elementos renovables" (El nuevo Diario 08/06/12). Los éxitos son innegables, del 80% de matriz energética que se producía a través de derivados del combustible, al día de hoy por lo menos el 50% de la energía que se produce en el país es limpia.

Entonces, si ya no dependemos enteramente de la matriz energética de hidrocarburos ¿Por qué se anuncia un nuevo incremento? “En enero pasado, la tarifa de energía experimentó un alza del 9%, pero a la par de ese incremento, el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, también anunció que el gobierno aprobó un subsidio de US$26.1 millones para los primeros seis meses del año, equivalente al 11%, porque se requería aumentar en 20% la factura.” (En Nuevo Diario 19/06/12). Los recursos para el subsidio vienen de Caruna, empresa privada de capital sandinista.

Nacionalización de la industria eléctrica

La triste historia de Nicaragua es que, aunque el país llegue a producir el 80% de energía limpia, esta energía tardará en ser barata, porque el país continuará pagando el subsidio dado por Caruna en estos dos años. El subsidio no será gratis, los trabajadores nicaragüenses seguirán pagando en estos años a Caruna. Y al mismo tiempo, a pesar de la demagogia del gobierno, la inversión para la construcción de las generadoras limpias viene de financiamientos nacional e internacional privados, con una gran cantidad de intereses. La mayoría de estas nuevas generadoras son de capital privado y de intereses de la burguesía sandinista emergente.

La generación de energía no debe estar en manos privadas. Pero al decir esto rechazamos a la vez la demagogia de la derecha del país, la cual si estuviese en el gobierno coparía las empresas energéticas con su capital. Las productoras deben ser propiedad del pueblo, supervisadas y manejadas por sus trabajadores de la industria, con la fiscalización del Estado y las sociedades de derechos de los consumidores como contra peso a cualquier gobierno.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Cada año, el gobierno de Nicaragua es examinado minuciosamente por el gobierno de Estados Unidos, quien otorga el “waiver” para poder tener acceso a los préstamos internacionales.

Origen del “waiver” de la propiedad

Desde 1993, cada año el gobierno de los Estados Unidos ejerce una supervisión sobre los actos del gobierno nicaragüense, relacionado con el candente tema de la propiedad, en base a la sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores aprobada por el Congreso en el periodo 1994-1995

Mediante esa Ley, el gobierno de los Estados Unidos se reserva el derecho a bloquear fondos a cualquier país que violente los derechos de propiedad de ciudadanos norteamericanos.

En el periodo revolucionario (1979-1990) muchos ciudadanos norteamericanos fueron confiscados, pero el grueso de las confiscaciones recayó en burgueses y terratenientes nicaragüenses que posteriormente, en el exilio, se convirtieron en ciudadanos norteamericanos. Para el gobierno de Estados Unidos no importa el periodo de naturalización de estos “gringos caitudos”, todos entran en la categoría de ciudadanos y de esta manera una parte de la burguesía nicaragüense ha logrado recuperar  parte de sus propiedades o recibir jugosas indemnizaciones en dólares.

De esta forma, el famoso “waiver” o dispensa ha sido un poderoso mecanismo de presión sobre los diferentes gobiernos del llamado periodo neoliberal (1990-2006), incluso sobre el sandinismo que en ese momento se encontraba en la oposición, pero con importantes cuotas de poder en las instituciones del Estado.

Esta situación de medir las costillas al gobierno nicaragüense, no cambió  con el segundo periodo presidencial de Daniel Ortega (2007-2011) y se mantiene durante este tercer gobierno sandinista. El ultimo “waiver” fue concedido el año pasado, y por el periodo de un año que vence el día 29 de julio de 2012, quedando pendientes 366 casos de reclamos de propiedades.

“Waiver” de Transparencia Fiscal

En el último periodo, se ha añadido un nuevo condicionamiento al gobierno nicaragüense En el año 2008, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la

Ley de Asignaciones para las Operaciones en el Extranjero y  Programas de Asistencia Relacionados,  que prohíbe a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y al Departamento de Estado autorizar asistencia económica bilateral a cualquier gobierno  “no publique su presupuesto nacional anual, incluyendo ingresos y egresos”, utilizando como parámetros los manuales de los organismos financieros internacionales.

Los castigos los aplica discrecionalmente el Departamento de Estado, girando instrucciones a sus delegados en el Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) que no autoricen desembolsos a los gobiernos que incumplan con los parámetros imperiales.

Este aspecto parece una nimiedad, pero en el caso de Nicaragua reviste una singular importancia por el manejo discrecional de los 500 millones de dólares en efectivo que producen el convenio de PETROCARIBE y la ayuda de Venezuela a partir del tratado del ALBA. Una de las grandes banderas de la oposición burguesa ha sido que la ayuda venezolana se incluya en el presupuesto general de la Republica, donde los diputados de la oposición pueden tener algún grado de incidencia, y dejar al gobierno sandinista sin los fondos para aplicar sus programas de asistencia social a los más pobres.

Empresarios gritan al cielo

Bajo las políticas neoliberales, mezcladas con programas de asistencia social, aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega, la economía nicaragüense ha dado muestras de cierto crecimiento, lo que mantiene felices y contentos a los empresarios.

Ante el anuncio de la secretaria  de Estado, Hilary Clinton, en el sentido que revisarían con mucho cuidado la aprobación de prestamos internacionales a favor de Nicaragua, y si ésta cumple con los estándares fijados por el gobierno de los Estados Unidos, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dio la voz de alarma: “Nicaragua no se puede dar el lujo de perder estos “waiver”, no se puede dar el lujo de arriesgar la cooperación que hoy recibimos de parte de los organismos multilaterales”. (El Nuevo Diario, 11/03/2012)

Casi simultáneamente, la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM) en un breve comunicado expresó que “es necesario que Nicaragua no sea afectada con la no aprobación de  los “waiver”, ni con el retiro de la ayuda económica que otros países nos brindan, por lo que consideramos de singular importancia que el gobierno de Estados Unidos otorgue la dispensa requerida por ministerio de ley, para lo que invitamos al gobierno de Nicaragua a que agilice el proceso de transparencia fiscal requerida en materia de gobernabilidad, así como el de solucionar de forma expedita la mayor cantidad de reclamos por propiedad confiscadas”. (El Nuevo Diario, 16/03/2012)

Quienes mas abogan ante el gobierno de Estados Unidos, para que aprueben los “waiver”, son los empresarios, ya no el propio gobierno perjudicado.

Agresivas declaraciones de la embajadora Powers

Uno de los primeros discursos públicos de Phyllis Powers, la nueva embajadora de Estados Unidos en Managua, fue el siguiente: “Debo ser honesta con ustedes, la persistente falta de transparencia fiscal, la incapacidad del gobierno de Nicaragua de tomar acciones concretas para resolver las invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses y especialmente las graves irregularidades del proceso electoral del año pasado; y la ausencia de medidas que indiquen que se están mejorando las condiciones para este año hacen que la decisión para el otorgamiento de las dispensas sea muy difícil”. (El Nuevo Diario, 11/05/2012)

Normalmente, las declaraciones de los embajadores reflejan la política oficial del Departamento de Estado, en este caso confirman las presiones norteamericanas sobre el gobierno de Daniel Ortega, para que modifique el rumbo.

La dependencia económica del gobierno sandinista

A diferencia de los años anteriores, la repuesta del gobierno sandinista ha sido el silencio mediático. No hay declaraciones de altos funcionarios sobre el tema, pero si una silenciosa pero febril actividad de todas las instituciones del Estado por resolver, al menos 53 casos de propiedades de ciudadanos norteamericanos (el promedio de resolución de casos en los últimos años que el waiver ha sido otorgado), que deben ser devueltas o indemnizadas.

Pero estas pequeñas cantidades ocultan la magnitud del problema para Nicaragua, un país empobrecido por la guerra civil y la agresión imperialista. Desde 1990 hasta la fecha, Nicaragua ha tenido que pagar 1,279 millones de dólares en indemnizaciones, un 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2011.

Si Estados Unidos niega el waiver de la propiedad, Nicaragua no obtendría la aprobación de Estados Unidos en los organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Para muestra un botón. Según el informe de cooperación oficial externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), “los fondos del BID, BM y FMI sumaron alrededor de 300 millones de dólares, siendo el BID el principal pilar. Este monto representa un poco más de la mitad de la cooperación de Venezuela en 2011, que fue de 564.1 millones de dólares”.(La Prensa, 04/06/2012)

La oposición burguesa quiere pescar en rio revuelto

Este año 2012 las presiones norteamericanas han contado con interlocutor títere: la oposición burguesa, que trata de sacar provecho de la situación. Lo que no han podido lograr con presiones internas, la democratización del régimen político, lo quieren obtener sumándose a la estrategia del Departamento de Estado.

Por ello, Eduardo Montealegre, líder del Partido Liberal Independiente (PLI) declar´p recientemente que “el waiver no se soluciona en Washington ni por muchos ‘lobby’ que alguien crea que pueda hacer. El waiver se consigue aquí en Nicaragua con cambios concretos y efectivos en el Consejo Supremo Electoral y en los otros Poderes del Estado, además de resolver los casos de propiedad de ciudadanos americanos”. (El Nuevo Diario, 7/06/2012)

La oposición burguesa no puede ser consecuente con su planteamiento de chantaje, debido a que como empresarios necesitan la ayuda norteamericana, les da horror un descalabro económico. En última instancia, terminaran siendo más aliados o intermediadores que enemigos del otorgamiento del waiver.

Esta es la triste historia de un país que en 1979 hizo una grandiosa revolución, dirigida por los comandantes guerrilleros sandinistas, que costa decenas de miles de vidas, que al final fue estrangulada por los enemigos externos e internos, pero que hoy se encuentra postrado, pidiendo limosnas para medio subsistir.

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