Por Diego Lynch

El dos de Febrero del año en curso se abrió la mesa tripartita de negociaciones para el aumento al salario mínimo. Dicha mesa de negociación se encuentra conformada por delegados del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),  el Ministerio del Trabajo (MITRAB) en representación del Estado y las centrales sindicales en supuesta representación de los trabajadores.

Una semana después, el día nueve de febrero se cerró la segunda reunión de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, la cual concluyo sin ningún acuerdo y sin ningún avance al respecto.

Según Nino Salazar, dirigente de la Central Permanente de Trabajadores (CPT) expresó: “Esto fue una plática nada mas, yo no le veo nada serio (la reunión), aquí no vimos propuestas en la parte del COSEP, ni del gobierno”. (El Nuevo Diario, 10/02/2012).

Gobierno amenaza pero no cumple

La legislación nicaragüense establece que una vez vencido el plazo de las mesas de negociación y no exista un acuerdo entre las partes, será el Gobierno mediante el Ministerio del Trabajo el que decidirá el porcentaje de aumento salarial.

Presionando un poco para obtener resultados, José León Arguello, Secretario General del MITRAB, amenazó que si no se lograban un consenso en el tiempo estipulado por la Ley, el reajuste salarial tendrá que ser retroactivo, lo que sería de obligatorio cumplimiento para la empresa privada. De no cumplir con las resoluciones del MITRAB, los empresarios serían multados.

Equiparando por donde les conviene

Por su parte, José Adán Aguerrí, Presidente del COSEP reiteró que si la negociación lleva un proceso largo y no se pueda llegar a un acuerdo antes de 30 o 60 días, el sector privado no va a aceptar ninguna retroactividad en el incremento salarial, “y eso queremos dejarlo claro para que no se vayan a crear expectativas que sean incorrectas ante esa situación”.

 Aguerrí se adelantó a las centrales obreras y planteó que es necesario realizar una revisión al costo actual de la canasta básica, pero sin equipararla a los demás países centroamericanos, ya que la nicaragüense tiene mas productos incluidos y por ello el costo es más elevado. Esta afirmación temeraria es una clara expresión de la política burguesa, quienes buscan mantener en la miseria a los trabajadores y continuar enriqueciéndose ellos a costilla de la mano de obra que gana los salarios mas bajos de la región centroamericana.

Los empresarios quieren equiparar el costo de la canasta básica en relación a otros países vecinos, que tienen precios mas bajos, pero se resisten a  equiparar el salario mínimo en relación a los países que tienen mejor niveles de vida como Costa Rica y Panamá..

Propuestas por separado

La Asociación de los Trabajadores del Campo (ATC) propone un ajuste salarial del 30% ya que consideran no solo tomar en cuenta el costo de la canasta básica, sino también el incremento en la tarifa energética. La Confederación de Unificación Sindical (CUS) y la Central Permanente de Trabajadores (CPT) solicitaron un incremento del 33%. Las centrales obreras fueron incapaces de formular una propuesta conjunta. En cambio, los diferentes sectores de la empresa privada se unieron en un solo punto: proponen un raquítico aumento entre el 8 y el 10 por ciento. La posición del gobierno aun no se ha dado a conocer, aunque casi siempre cede ante la voracidad de los empresarios

El salario mínimo debe estar acorde al costo de la vida

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores y centrales sindicales, que se encuentran en la mesa de negociación, a iniciar la movilización de los trabajadores. Una negociación no puedo estar a expensas de la tranquilidad de los empresarios. Si no se demuestra fuerza y unidad, no se obtienen resultados.

Debemos luchar por que el salario mínimo en Nicaragua sea similar al de Costa Rica o Panamá, lo que implica, en las condiciones actuales, luchar por un salario mínimo industrial equivalente a 300 dólares, y que este sea revisado de conformidad a la inflación y todos los incrementos que afectan la canasta básica y los servicios públicos.

Exijamos a los dirigentes sindicales que representen de verdad los intereses de la clase trabajadora y no sus intereses personales. Las negociaciones se han convertido en una manipulación que termina anteponiendo intereses personales sobre los del colectivo que siempre queda desprotegido.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El Informe Final de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), con fecha 23 de enero del corriente año, sobre lo ocurrido en las pasadas elecciones de noviembre del 2011, ha vuelto a desatar una polémica y ha servido de argumento a Hilary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, para iniciar una arremetida contra el gobierno sandinista.

¿Pero que dice el Informe Final?

Contrario a lo que pueda creer, el Informe Final contradice las denuncias de fraude, confirmando que existían fiscales de la oposición en las JRV: “En el 94% de las Juntas observadas estuvieron presentes fiscales del FSLN, en el 81% del PLC, en 85% del PLI, en el 69% de la ALN, y en el 56% de APRE”.

En resumen, el Informe Final no cuestionó el sistema político antidemocrático, mas bien confirmó el triunfo de Daniel Ortega y concluyó con recomendaciones técnicas: Reformar la Ley Electoral, reglamentar la participación de los fiscales de partido en todos los ámbitos de la estructura electoral, reformar del criterio para la composición de las JRV, depuración del padrón electoral, cedulación y saneamiento del registro civil a nivel nacional, rediseñar la estructura administrativa del CSE a nivel central y territorial, etc.

Las presiones de Clinton

En conferencia de prensa, Hilary Clinton declaró las pasadas elecciones en Nicaragua “no se desarrollaron de manera transparente e imparcial, y desde su inicio el proceso se vio empañado por significativas irregularidades.  Las elecciones marcan un retroceso en la democracia en Nicaragua y socavan la habilidad de los nicaragüenses de exigir la rendición de cuentas a su gobierno (…) Trabajaremos con nuestros socios de las Américas y del resto del mundo para llevar a cabo dicha evaluación, a fin que el Gobierno de Nicaragua asuma el cumplimiento oportuno de las recomendaciones del informe (…) Estados Unidos continuará ejerciendo un análisis exhaustivo de los fondos de proyectos brindados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y se opondrá a cualquier propuesta de préstamos que incumplan los altos estándares establecidos por ambas instituciones (…) Estados Unidos insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los procesos democráticos y proteja los derechos humanos universales (…)”.

Las presiones de Estados Unidos están envueltas en un lenguaje suave, diplomático. Estados Unidos aceptó a regañadientes el triunfo de Daniel Ortega, pero no se conforma con los resultados, y desde su influyente posición en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) persigue golpear en el talón de Aquiles: el raquítico presupuesto de Nicaragua. Con ello pretende torcer el rumbo tomado por el gobierno sandinista, y quitarle las aristas más peligrosas al régimen bonapartista de Daniel Ortega.

Pero sobre todo, pretende influir en la conformación del nuevo gobierno, que todavía no se ha dado a conocer, y en la elección de los 35 altos funcionarios que se realizara en las próximas semanas

Vitaminas para  de la oposición

Aunque parezcan circunstancias extrañas, el Informe Final se dio a conocer cuando al interior de Nicaragua comenzaba a producirse un distensionamiento entre la alicaída bancada del Partido Liberal Independiente (PLI) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) dentro de la Asamblea Nacional.

Por ello, el diputado y líder del PLI, Eduardo Montealegre, se apresuró a declarar que “es una advertencia seria, que no debería el orteguismo tratarla a la ligera (…) debemos elegir en todos los poderes del estado a hombres y mujeres independientes que despoliticen cada poder (…)“no separarse de programas con el FMI que garanticen la estabilidad macroeconómica (…) hacer una transformación profunda del sistema electoral para dar confianza a cada nicaragüense (..)” (Informe Pastrán 26/01/2012)

Empresarios al rescate

La repuesta de la Cancillería nicaragüense fue muy moderada. Cada vez que hay presiones imperialistas, el FSLN cede en el filo de la navaja. Si recrudecen las presiones, el FSLN deberá apoyarse en las masas o en los empresarios. Estos ya comenzaron a hacerlo.

Yalí Molina, Presidente de AMCHAM, en el mismo sentido declaró “tampoco queremos que quien pague los platos rotos sea el pueblo trabajador y por ello no descansaremos de exigir y demandar un verdadero diálogo nacional y encontrar una solución integral a los problemas que todos conocemos; el diálogo es la solución, como lo han sugerido los Obispos” (Informe Pastrán 27/01/2012)

Ver para creer.

Por Adrián Laurel

El Partido Liberal Independiente (PLI),  estandarte de la mal lograda oposición política en Nicaragua, desde los pasados comicios electorales, donde el FSLN obtuvo una amplia y abultada victoria, se ha encargado de abanderar la “lucha por la democracia”. Tomándose las calles, convocando a manifestaciones, denunciando ante la comunidad nacional e internacional las arbitrariedades del Frente  Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de gobierno. Sin embargo, a pesar de la alharaca,  en las últimas semanas ha salido a  luz cuáles son los verdaderos intereses del PLI en el marco político nacional.

Junta Directiva hija del “pactito”

Como si de una oferta de puestos laborales se tratara, tanto el gobernante FSLN y el opositor PLI, discutieron sobre la necesidad de instaurar una Junta Directiva plural y proporcional, pero terminó imponiéndose la voluntad del partido de gobierno.

Transgrediendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que en anteriores ocasiones ordenó que se cumpliera con la proporcionalidad de los cargos en la Junta Directiva, el FSLN y sus dos lacayos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) negociaron y se repartieron los cargos dentro de la Junta Directiva. Fue un premio de consolación por los servicios prestados en los años anteriores.

Inicialmente, el PLI amenazó con no aceptar las curules, en protesta por el fraude electoral, pero rápidamente abandonó el discurso de denuncia y entró a la pelea por ocupar tres cargos dentro de la Junta Directiva. No obstante, fue el FSLN quien con aires de bonapartismo definió en soledad los cargos en disputa.

El Combo de 35 funcionarios

Bajo el discurso conciliador de lograr la “unanimidad” y el “consenso” por el supuesto bien de la población, la Bancada Democrática Nicaragüense, integrada por diputados del PLI, sin el menor rubor ha dado muestra de querer llegar a un acuerdo con el FSLN sobre la elección de los 35 funcionarios públicos de los distintos poderes del estado.

Dejando atrás por un momento las anteriores acusaciones sobre la “dictadura sandinista”, los diputados del PLI camuflan su aceptación de los resultados electorales, bajo el argumento que se debe consultar a los diferentes sectores de la sociedad civil, procurando hacer mas atractiva la elección de los 35 funcionarios ante sus propias bases y la población en general.

Eliseo Núñez Morales, uno de los principales dirigentes del PLI, declaró que se debe proceder a “una elección integradora de los funcionarios para trabajar más de cerca con el pueblo.  El PLI espera que la operación se efectué a mas tardar finales de febrero o marzo; para hacer valer la frase que expresó Ortega en su teátrica toma presidencial: “debemos trabajar juntos por Nicaragua”. (Canal 15.com)

El pueblo y los trabajadores no fueron invitados

Está por verse si el FSLN, con más de 60 diputados, quiere llegar a un “consenso” con el PLI. Sin embargo, ambas fracciones han pasado por alto sus discursos demagógicos y no han incluido a la población nicaragüense, ni a los trabajadores en la consulta de la elección de los funcionarios. La BDN, mantuvo ciertas reuniones con la sociedad civil, pero no podemos identificar a esta “organismos no gubernamentales” como entidades que representen y velen por los intereses reales e inmediatos de los trabajadores y del pueblo pobre.

Este hecho en particular refleja la dinámica y postura de los dirigentes políticos en Nicaragua, y lo que se viene en este periodo presidencial: Repartición de funcionarios y de miembros de un partido a otro,  antes era el PLC  ahora quiere ser el PLI. Decisiones arbitrarias, tomadas por unos pocos,  que tienen efectos avasalladores sobre muchos, el enriquecimiento desmesurado de los que hacen carrera personal con la política, etc.

La situación en si misma nos deja una idea clara de lo que podemos esperar del PLI, que ahora parece tomar el lugar del PLC en una nueva edición del pacto, esperando sus dirigentes obtener alguna infeliz migaja del gobierno “revolucionario” de Ortega, y no quedarse con las manos vacías ante el poder hegemónico de la nueva burguesía sandinista .

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Consummatum est. No hay nada que hacer. Daniel Ortega asumió por tercera ocasión la Presidencia de Nicaragua, en pasado 10 de Enero, después de ganar las elecciones presidenciales con el 62% de los votos, y bajo acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición burguesa.

Después de algún forcejeo, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) terminaron reconociendo discretamente el triunfo de Ortega, y enviaron una delegación de bajo nivel a la toma de posesión.

A ese acto asistieron el príncipe heredero de la corona española, Felipe de Borbón; el Presidente Hugo Chávez de Venezuela; Mahmud Ahmadinejad, presidente de Irán; Desi Bouterse, presidente de Surinam; Michel Martelly, presiden de Haití.

Sin justificar sus ausencias, no participaron los presidentes de los países del ALBA, ni los otros presidentes del Cono sur. Por la región centroamericana asistieron Álvaro Colom presidente saliente de Guatemala, junto al general Otto Pérez Molina, presidente electo; Mauricio Funes, presidente de El Salvador, y Porfirio Lobo, presidente de Honduras. No asistieron Laura Chinchilla presidenta de Costa Rica y Ricardo Martinelli presidente de Panamá, quien a ultima hora se excusó.

Mientras algunos gobiernos guardaban silencio o una prudente distancia, los dirigentes de las cámaras empresariales del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se arremolinaron en la Plaza de la Revolución, en primera fila, para celebrar el triunfo de Daniel Ortega.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, justificó la asistencia: “No es que estemos o no reconociendo a Ortega. La realidad es que ese es el Gobierno que vamos a tener y tenemos que encontrar respuestas en ese Gobierno. ¿Qué le vamos a hacer?” (La Prensa, 10/01/2012). También estuvieron presentes Ramiro Ortiz, presidente del BANPRO y

Carlos Pellas del Grupo Pellas, más otros representantes de las empresas transnacionales que operan en Nicaragua.

El multimillonario Piero Cohen, lavándose las manos declaró: “a mí de lo que me compete hablar es de la economía, y que la economía siga a como está y que se nos den las oportunidades para seguir invirtiendo y creyendo en Nicaragua y aquí estamos” (Informe Pastran 12/01/2012)

César Zamora, representante del sector burgués emergente dentro de la industria eléctrica, declaró que “Nosotros apostamos cien por ciento por la estabilidad de Nicaragua y a continuar y fortalecer un diálogo de respeto con las autoridades del gobierno” (Ibíd.)

Pero las ambiciones de los empresarios y del COSEP no se limitan a lo económico, quieren ser parte del régimen político, lo que inyecta un tinte corporativista al régimen bonapartista de Daniel Ortega.

El COSEP anunció que presentaría “ternas” para la elección de 31 cargos de magistrados en los Poderes del Estado, con la clara intención de ayudarle a Daniel Ortega a sortear el problema de la credibilidad y legitimidad democrática.

Mientras los empresarios abrazan y besan al sandinismo, éste abandona aceleradamente sus tradiciones revolucionarias. A diferencia de otros actos importantes, en éste no estuvieron presentes, ni fueron mencionadas, las delegaciones de las organizaciones sindicales o de izquierda de Centroamérica, ya no digamos del resto de América Latina.

El acto de toma de posesión, lejos de ser solemne, pareció más bien una fiesta privada, en donde fue mencionando los nombres y las trayectorias de los altos dignatarios presentes.

Pero lo más significativo fue el discurso de Ortega: analizó la situación mundial, la crisis del capitalismo, el peligro de guerra con Irán, llamó a la negociación política, pero no hubo una sola mención o condena al imperialismo norteamericano, se refirió a los Estados Unidos siempre con lenguaje evasivo, como no queriendo entrar en conflictos.

El derechista diario La Prensa se quejó, con algo de razón, que Ortega habló de todas las regiones del planeta, menos de la situación en Nicaragua. Ni siquiera mencionó el alcance de los programas sociales de su gobierno anterior, ni las metas en la lucha por la reducción de la pobreza para el próximo periodo.

Como si estuviese en una pasarela, Ortega se deshizo en elogios políticos al mencionar a Porfirio Lobo: “El llegó (al poder) en condiciones difíciles, inmediatamente tomamos contacto y lo invitamos a venir a Managua y allí descubría que el presidente Lobo había estudiado en la URSS y hemos encontrado en él a un hermano centroamericano de pensamiento abierto, constructivo, lidiando en condiciones difíciles. Honduras es otra víctima del narcotráfico” (El Nuevo Diario, 11/01/2012)

Atrás quedaron las condenas al golpe de Estado. Ahora Lobo es presentado ante las masas nicaragüenses y centroamericanas como un verdadero héroe de la democracia, cuando es el principal artífice de la remodelación del sistema bipartidista en ese país,

Por la víspera se saca el día.