Por Sebastián Chavarría Domínguez

Cada año, el gobierno de Nicaragua es examinado minuciosamente por el gobierno de Estados Unidos, quien otorga el “waiver” para poder tener acceso a los préstamos internacionales.

Origen del “waiver” de la propiedad

Desde 1993, cada año el gobierno de los Estados Unidos ejerce una supervisión sobre los actos del gobierno nicaragüense, relacionado con el candente tema de la propiedad, en base a la sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores aprobada por el Congreso en el periodo 1994-1995

Mediante esa Ley, el gobierno de los Estados Unidos se reserva el derecho a bloquear fondos a cualquier país que violente los derechos de propiedad de ciudadanos norteamericanos.

En el periodo revolucionario (1979-1990) muchos ciudadanos norteamericanos fueron confiscados, pero el grueso de las confiscaciones recayó en burgueses y terratenientes nicaragüenses que posteriormente, en el exilio, se convirtieron en ciudadanos norteamericanos. Para el gobierno de Estados Unidos no importa el periodo de naturalización de estos “gringos caitudos”, todos entran en la categoría de ciudadanos y de esta manera una parte de la burguesía nicaragüense ha logrado recuperar  parte de sus propiedades o recibir jugosas indemnizaciones en dólares.

De esta forma, el famoso “waiver” o dispensa ha sido un poderoso mecanismo de presión sobre los diferentes gobiernos del llamado periodo neoliberal (1990-2006), incluso sobre el sandinismo que en ese momento se encontraba en la oposición, pero con importantes cuotas de poder en las instituciones del Estado.

Esta situación de medir las costillas al gobierno nicaragüense, no cambió  con el segundo periodo presidencial de Daniel Ortega (2007-2011) y se mantiene durante este tercer gobierno sandinista. El ultimo “waiver” fue concedido el año pasado, y por el periodo de un año que vence el día 29 de julio de 2012, quedando pendientes 366 casos de reclamos de propiedades.

“Waiver” de Transparencia Fiscal

En el último periodo, se ha añadido un nuevo condicionamiento al gobierno nicaragüense En el año 2008, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la

Ley de Asignaciones para las Operaciones en el Extranjero y  Programas de Asistencia Relacionados,  que prohíbe a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y al Departamento de Estado autorizar asistencia económica bilateral a cualquier gobierno  “no publique su presupuesto nacional anual, incluyendo ingresos y egresos”, utilizando como parámetros los manuales de los organismos financieros internacionales.

Los castigos los aplica discrecionalmente el Departamento de Estado, girando instrucciones a sus delegados en el Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) que no autoricen desembolsos a los gobiernos que incumplan con los parámetros imperiales.

Este aspecto parece una nimiedad, pero en el caso de Nicaragua reviste una singular importancia por el manejo discrecional de los 500 millones de dólares en efectivo que producen el convenio de PETROCARIBE y la ayuda de Venezuela a partir del tratado del ALBA. Una de las grandes banderas de la oposición burguesa ha sido que la ayuda venezolana se incluya en el presupuesto general de la Republica, donde los diputados de la oposición pueden tener algún grado de incidencia, y dejar al gobierno sandinista sin los fondos para aplicar sus programas de asistencia social a los más pobres.

Empresarios gritan al cielo

Bajo las políticas neoliberales, mezcladas con programas de asistencia social, aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega, la economía nicaragüense ha dado muestras de cierto crecimiento, lo que mantiene felices y contentos a los empresarios.

Ante el anuncio de la secretaria  de Estado, Hilary Clinton, en el sentido que revisarían con mucho cuidado la aprobación de prestamos internacionales a favor de Nicaragua, y si ésta cumple con los estándares fijados por el gobierno de los Estados Unidos, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dio la voz de alarma: “Nicaragua no se puede dar el lujo de perder estos “waiver”, no se puede dar el lujo de arriesgar la cooperación que hoy recibimos de parte de los organismos multilaterales”. (El Nuevo Diario, 11/03/2012)

Casi simultáneamente, la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM) en un breve comunicado expresó que “es necesario que Nicaragua no sea afectada con la no aprobación de  los “waiver”, ni con el retiro de la ayuda económica que otros países nos brindan, por lo que consideramos de singular importancia que el gobierno de Estados Unidos otorgue la dispensa requerida por ministerio de ley, para lo que invitamos al gobierno de Nicaragua a que agilice el proceso de transparencia fiscal requerida en materia de gobernabilidad, así como el de solucionar de forma expedita la mayor cantidad de reclamos por propiedad confiscadas”. (El Nuevo Diario, 16/03/2012)

Quienes mas abogan ante el gobierno de Estados Unidos, para que aprueben los “waiver”, son los empresarios, ya no el propio gobierno perjudicado.

Agresivas declaraciones de la embajadora Powers

Uno de los primeros discursos públicos de Phyllis Powers, la nueva embajadora de Estados Unidos en Managua, fue el siguiente: “Debo ser honesta con ustedes, la persistente falta de transparencia fiscal, la incapacidad del gobierno de Nicaragua de tomar acciones concretas para resolver las invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses y especialmente las graves irregularidades del proceso electoral del año pasado; y la ausencia de medidas que indiquen que se están mejorando las condiciones para este año hacen que la decisión para el otorgamiento de las dispensas sea muy difícil”. (El Nuevo Diario, 11/05/2012)

Normalmente, las declaraciones de los embajadores reflejan la política oficial del Departamento de Estado, en este caso confirman las presiones norteamericanas sobre el gobierno de Daniel Ortega, para que modifique el rumbo.

La dependencia económica del gobierno sandinista

A diferencia de los años anteriores, la repuesta del gobierno sandinista ha sido el silencio mediático. No hay declaraciones de altos funcionarios sobre el tema, pero si una silenciosa pero febril actividad de todas las instituciones del Estado por resolver, al menos 53 casos de propiedades de ciudadanos norteamericanos (el promedio de resolución de casos en los últimos años que el waiver ha sido otorgado), que deben ser devueltas o indemnizadas.

Pero estas pequeñas cantidades ocultan la magnitud del problema para Nicaragua, un país empobrecido por la guerra civil y la agresión imperialista. Desde 1990 hasta la fecha, Nicaragua ha tenido que pagar 1,279 millones de dólares en indemnizaciones, un 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2011.

Si Estados Unidos niega el waiver de la propiedad, Nicaragua no obtendría la aprobación de Estados Unidos en los organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Para muestra un botón. Según el informe de cooperación oficial externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), “los fondos del BID, BM y FMI sumaron alrededor de 300 millones de dólares, siendo el BID el principal pilar. Este monto representa un poco más de la mitad de la cooperación de Venezuela en 2011, que fue de 564.1 millones de dólares”.(La Prensa, 04/06/2012)

La oposición burguesa quiere pescar en rio revuelto

Este año 2012 las presiones norteamericanas han contado con interlocutor títere: la oposición burguesa, que trata de sacar provecho de la situación. Lo que no han podido lograr con presiones internas, la democratización del régimen político, lo quieren obtener sumándose a la estrategia del Departamento de Estado.

Por ello, Eduardo Montealegre, líder del Partido Liberal Independiente (PLI) declar´p recientemente que “el waiver no se soluciona en Washington ni por muchos ‘lobby’ que alguien crea que pueda hacer. El waiver se consigue aquí en Nicaragua con cambios concretos y efectivos en el Consejo Supremo Electoral y en los otros Poderes del Estado, además de resolver los casos de propiedad de ciudadanos americanos”. (El Nuevo Diario, 7/06/2012)

La oposición burguesa no puede ser consecuente con su planteamiento de chantaje, debido a que como empresarios necesitan la ayuda norteamericana, les da horror un descalabro económico. En última instancia, terminaran siendo más aliados o intermediadores que enemigos del otorgamiento del waiver.

Esta es la triste historia de un país que en 1979 hizo una grandiosa revolución, dirigida por los comandantes guerrilleros sandinistas, que costa decenas de miles de vidas, que al final fue estrangulada por los enemigos externos e internos, pero que hoy se encuentra postrado, pidiendo limosnas para medio subsistir.