Por Aquiles Izaguirre

En noviembre de este año se realizarán las elecciones municipales en Nicaragua.  Este nuevo proceso ha planteado un gran dilema para las fuerzas de oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega. Y es que, después haber anunciado a todos los vientos que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es un ente manipulado por el FSLN, las fuerzas “opositoras” discuten la participación de las autodenominadas fuerzas democráticas en las elecciones municipales.

Pasadas las elecciones nacionales, las fuerzas de la oposición han reiterado que las futuras elecciones municipales estarán comprometidas por la parcialidad del CSE. El jefe de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Luis Callejas, acusa: “no existe garantía que estas elecciones serán transparentes y neutrales”. Y denunciaba a Roberto Rivas, presidente del CSE: “quien ha parcializado todos los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, a favor del Frente Sandinista.” (La Prensa, 17/07/2012). Al inicio, dejaron entrever que lo mejor era posponer las elecciones; la esperanza residía en la amenaza de la no aprobación del waiver con los Estados Unidos.

Aunque acusan al gobierno de no brindar las condiciones mínimas para participar en las elecciones, la movilización no es una opción debido a que hay una contradicción entre la estabilidad macroeconómica, las negociaciones para la elección de funcionarios con período vencido, y la mala percepción que tiene la sociedad sobre los políticos en general. Una última encuesta nos indica cómo cree la población que se debe manejar la oposición: “debe organizarse para participar, dialogar y negociar con el gobierno y solo un 6.3% consideró que se debe organizar para enfrentarse y movilizarse en contra del gobierno.” (Nuevo Diario, 16/07/2012).

Por estas razones el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) a través de Víctor Hugo Tinoco anunció que no participaría en las elecciones: "Participar en las próximas elecciones edilicias sería hacerle el juego a Daniel Ortega; lo que pasará en noviembre es que Ortega a través del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, se asignará las alcaldías que se le antojen" (100% noticias el canal).

A pesar de que el MRS no participará en las elecciones municipales, sus principales aliados del Partido Liberal Independiente (PLI) anunciaron que si participaran, aún en las condiciones que tanto critican. Igual destino tiene el PLC de Arnoldo Alemán, que se muere por recuperar espacios políticos que ahora mendiga al FSLN.

El Waiver

Las esperanzas de las “fuerzas democráticas” para que el CSE se abriera estaban centradas en que el gobierno de Barack Obama presionase al gobierno de Daniel Ortega con la aprobación del waiver. Para desgracia de los partidos liberales la realidad no deja de ser compleja. El 25 de junio de este año la embajada de los Estados Unidos anunció la aprobación del waiver: “La dispensa, efectiva por un año hasta el 29 de julio de 2013, se fundamentó en el interés nacional de los Estados Unidos y en los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nicaragua para dar solución a los reclamos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses.” (El Nuevo Diario 25/07/12).

El panorama no es alentador para la oposición liberal, que no es capaz y no quiere movilizar en medio de las negociaciones que se avecinan para las elecciones de los cargos para los poderes del Estado que son ocupados inconstitucionalmente hasta la fecha.

Urge una reforma electoral democrática

No es extraño que los partidos liberales anuncien que participarán en las elecciones; su fuerza radica en el voto que logran arañar al FSLN, ya que con éstos negociaran cuotas de poder. Desde hace tiempo luchan por cambiar figuras, pero no hablan de lo excluyente que es la ley electoral, que fácilmente fue usada por liberales y sandinista para excluir y marginar a cualquier agrupación política. Dentro del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que los magistrados del CSE son la cara podrida de un sistema que solo sirve a los que ostenten el poder.

La ley electoral debe ser reformada y retornarle o dar personería jurídica a todos los partidos u organizaciones que quieran ser parte de la política del país. Debe ser el pueblo el que decida directamente quiénes son los magistrados que serán los encargados de supervisar las elecciones. Y garantizar igualdad de condiciones a toda organización política o persona que se quiera postular a un cargo público.