El día 26 de septiembre se efectúo el Consejo Nacional de la Central General de las y los Trabajadores (CGT), instancia democrática que se reúne de manera ordinaria cada seis meses, e incluye  a la Junta Directiva de la Central, junto a delegados y delegadas de las Juntas Directivas de los sindicatos de base. Este Consejo  fue de una importancia mayúscula por una serie de razones.

En primer lugar, porque nos permitió armarnos con un análisis y una orientación clara para enfrentar la más grande ofensiva que el Gobierno adelanta contra la clase trabajadora y la organización sindical en décadas, solo comparable a la represión patronal y gubernamental y al embate del solidarismo que llevó al desmantelamiento de los sindicatos bananeros en el primer lustro de los años ochenta; ofensiva aún más grave porque hoy se pretende el retroceso de los derechos laborales a la condición precaria de los años treinta.

En segundo lugar, porque contó con una nutrida asistencia y activa participación de compañeras y compañeros de organizaciones tales como el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Sindicato de Trabajadores-as de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA), Asociación de Funcionarias-os del Ministerio de Trabajo (AFUMITRA), Federación de Trabajadores-as de Puntarenas (FTP), Sindicato de Empleadas-os de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Sindicato de Trabajadores-as de la Universidad Nacional (SITUN), Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), y Sindicato de Empleados-as del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI).

Fue muy relevante  además la invitación y el destacado aporte de organizaciones amigas, con las cuáles hemos ido construyendo lazos de confianza, apoyo mutuo  y acción común; nos referimos al Sindicato de Trabajadoras-es del Instituto Nacional de Aprendizaje (SITRAINA), que fue representado por varios compañeros y compañeras; al Sindicato de Trabajadores Portuarios (SINTRAJAP), representado por el compañero José Luis Castillo, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), representada por el compañero Mariano Rodríguez y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), representada por el compañero Guillermo Murillo Castillo.

Desde la orientación de la CGT que ha asumido la defensa de la CCSS, como un eje fundamental de lucha, fue muy significativa la presencia como invitado del compañero Luis Chavarría Vega, secretario general de la Unión Nacional de Empleados-as de la Caja (UNDECA), quien externó importantes reflexiones y acordó suscribir el manifiesto que se presentó a discusión del Consejo.

Un elemento de calidad además fue la presencia de organizaciones populares, tales como el Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB), con sede en Guápiles y de la Federación de Lucha por Vivienda (FECAVI), delegación encabezada por el compañero Orlando Barrantes Cartín, que ha sido objeto de una inclemente persecución judicial que le cobra estar al frente de las luchas populares en el Atlántico, por lo cual el Consejo reafirmó darle absoluta solidaridad.

Uno de los aspectos más motivadores del Consejo fue la participación de cuatro compañeras y compañeros de la Junta Directiva  del  sindicato campesino, con sede en Palmar Sur: Asociación de Lucha por nuestras Tierras del Sur y del compañero abogado que ha sido apoyo constante para esa organización: Ricardo Araya. Esta organización se encuentra en conversaciones para afiliarse a la CGT.

Se recibió además el saludo de las y los compañeros que luchan por la tierra y han sido ilegalmente desalojados en Curubandé Liberia, Guanacaste, que ante el permanente hostigamiento policial y la situación precaria que sufren, no pudieron asistir al Consejo, en cuyo caso la CGT orienta a estrechar la solidaridad.

Fue muy emotivo recibir el saludo en cuerpo presente de una numerosa delegación de la Confederación de Trabajadores Universitarios de América Latina (CONTUA), compuesta por compañeras y compañeros de Brasil, Argentina, Panamá, Nicaragua. Guatemala y Puerto Rico, que realzaron los lazos de solidaridad internacional de la clase trabajadora.

Es necesario destacar y agradecer muy especialmente a la compañera Stella Chinchilla, quien cubrió el evento en materia audiovisual, por lo que próximamente se presentará  un video digital.

PREPARÁNDOSE PARA ENFRENTAR LA ARREMETIDA DEL GOBIERNO

Presidido el Consejo por el compañero secretario general de la CGT, Carlos Cabezas Mora, se definió la agenda, dedicando la mañana a la discusión sobre la ofensiva del Gobierno contra el movimiento obrero y popular y la respuesta frente a ello, luego se dedicó la tarde enteramente a la discusión de la lucha por la tierra en Palmar Sur.

En el primer punto, se contó con una exposición del compañero Sebastián Coto, promotor de la escuela Sindical del SINDEU, sobre el proyecto de Ley de “Manejo eficiente de las finanzas públicas”, más conocido como Plan B. Posteriormente tocó el turno al compañero Franklin Benavides, de AFUMITRA y representante de la CGT ante la Comisión Negociadora de Salarios, que expuso los resultados de una investigación que realiza sobre la verdadera situación salarial y de empleo público, para confrontar las falsedades del Gobierno en la materia. En tercer término expuso la compañera Patricia Ramos, abogada laboralista y feminista, quien explicó de manera muy precisa los alcances del proyecto de ley de ordenamiento salarial del sector púbico, conocido como el Plan C, demostrando la severa arremetida que implica contra los más elementales derechos de las y los trabajadores del sector.

Luego del receso, se completó el panel de exposiciones, con la intervención de Mario Torres, del SINPAE, que abordó las orientaciones estratégicas, retos y tareas que la CGT plantea asumir en esta coyuntura decisiva, afirmando que la tarea fundamental para avanzar en la lucha es el reagrupamiento y la consolidación de un bloque clasista y combativo,  lo más amplio posible, que además de la CGT incorpore a los sectores luchadores con los que venimos coincidiendo, y que se expresaron con las organizaciones invitadas.  Finalmente el compañero David Morera, del SINDEU y secretario general adjunto de la CGT presentó el manifiesto que fue sometido a discusión y aprobación, y que con los aportes y enmiendas del caso, fue la resolución central del evento. Se adjunta para su estudio y divulgación.      

UNIFICAR LA LUCHA POPULAR Y REDOBLAR ESFUERZOS PARA RECONSTRUIR AL SINDICALISMO EN EL SECTOR PRIVADO 

Este Consejo fue enfático en que debemos combatir el enfoque estrechamente gremialista y sectorialista, que carcome a buena parte del sindicalismo confinado al sector público, lo que ha llevado a la dispersión y división del sindicalismo, pues cada organización sindical no ve más allá de su institución o centro de trabajo, de manera que eso facilita los embates de los gobiernos de turno. Los sindicatos del sector público, hoy amenazados con su desarticulación, deben asumir los esfuerzos de todo tipo para contribuir al desarrollo de la organización popular más amplia, en alianza con las comunidades usuarias de los servicios, y asimismo contribuir con recurso y apoyo  al despertar de la organización sindical en las plantaciones agrícolas y las fábricas del sector privado, para multiplicar las fuerzas de la lucha obrera y popular.

Por ello justamente fue motivo de mucho entusiasmo conocer de primera mano el proceso de organización sindical que se desarrolla en Palmar Sur, puesto que pone a los sectores más relegados y maltratados por los gobiernos de turno, en el camino de la organización sindical y la movilización independiente. La Asociación de lucha por nuestras Tierras del Sur, incluye además en su membresía tanto parceleros como obreros-as agrícolas. Las y los compañeros expusieron la magnitud de su lucha por el derecho a las tierras que fueron abandonadas por la compañía bananera, en los ochenta y que desde hace décadas cultivan. Explicaron como las transnacionales como Palmatica quieren desalojarlos para extender sus latifundios, en asocio con el Gobierno de Laura Chinchilla, que pretende construir el Aeropuerto Internacional del Sur, que además destruiría los ricos humedales con una gran potencial hidríco y  biodiversidad. El proyecto de Laura Chinchilla y los tagarotes que están detrás de ella, está también enmarcado en el imperialista Plan Puebla Panamá, por lo que se pretende desplazar de sus hogares y tierras a cientos de familias de campesinos y trabajadores agrícolas.

El Consejo de la CGT acordó respaldar plenamente a esta valiente organización, que combina la lucha por la tierra con la lucha ambientalista y por la soberanía alimentaria, para lo cual  se programan acciones inmediatas en ese sentido.

Luego de la extensa deliberación, culminamos el Consejo Nacional de CGT, cantando el himno internacional de la clase trabajadora, como una forma de honrar la tradición clasista y de lucha de la Central.  A continuación el manifiesto aprobado.

 MANIFIESTO DEL SINDICALISMO CONSECUENTE

Ante la declaratoria de guerra del Gobierno que atenta contra los derechos del pueblo, los servicios públicos y el patrimonio nacional:

 LLAMAMOS A LA LUCHA MÁS FIRME Y UNITARIA   

 

El Consejo Nacional de la Central General de las y los Trabajadores (CGT), realizado el día 26 de septiembre del año en curso en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, contó con la participación de delegados y delegadas de las Juntas Directivas de organizaciones afiliadas y amigas, entre ellas, el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS), Sindicato de Trabajadores-as de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA), Asociación de Funcionarios-as del Ministerio de Trabajo (AFUMITRA), Federación de Trabajadores-as de Puntarenas (FTP), Sindicato de Empleados-as de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Sindicato de Trabajadores-as de la Universidad Nacional (SITUN),  Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE) Sindicato de Trabajadores-as del Instituto Nacional de Aprendizaje (SITRAINA), Sindicato de Trabajadores-as Portuarios (SINTRAJAP), Asociación de Profesores-as de Segunda Enseñanza (APSE), Asociación de Lucha por nuestras Tierras del Sur, Unión Nacional de Empleados-as de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA) y Unión Nacional de Trabajadores (UNT). En este encuentro, hemos hecho una análisis exhaustivo de la ofensiva brutal que despliega el Gobierno, en asocio con la cúpula político empresarial y las corporaciones transnacionales, para desmantelar los derechos laborales y lo servicios públicos, el sistema de salud y la seguridad social, el patrimonio portuario, en fin para continuar y profundizar el saqueo de  los recursos del Estado y así favorecer sus grandes negocios.

 Por lo tanto hemos resuelto hacer el siguiente llamado a  todo el pueblo; 

CONSIDERANDO QUE:

1.       El déficit fiscal lo han engendrado los mismos gobiernos de turno, al conceder a manos llenas exenciones y privilegios fiscales para las grandes empresas y transnacionales, y hacerse la vista gorda frente a  la alta evasión y morosidad patronal en materia de impuestos y cuotas del seguro social; pero una vez más pretenden descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.

2.       Ante el fracaso del paquetazo tributario que impulsó Laura Chinchilla en mancuerna con Ottón Solís, el Gobierno impulsa ahora en la corriente legislativa lo que se ha dado en llamar su “plan B”, con dos proyectos de Ley: el de manejo eficiente de las finanzas públicas y el de ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base.

3.       El primer proyecto mencionado pretende liquidar lo que queda de autonomía de instituciones como las Universidades, sometiéndolas al control absoluto de la Autoridad Presupuestaria y el Ejecutivo, además de  succionar los superávits y utilidades de empresas públicas rentables, para engordar  la caja chica del  Estado, manejada a discreción por el Gobierno; a la vez impone que las instituciones públicas se “autofinancien” con la venta de servicios, dañando sobre todo  aquellas que atienden población vulnerable y descargando el costo de la operación en los bolsillos de las y los usuarios.

4.       Por otro lado, el proyecto de “ordenamiento salarial del sector público” tiene como objetivo  “nivelar” hacia abajo los salarios de las y los funcionarios públicos, eliminado todas las conquistas laborales y derechos salariales; pero manteniendo intactos los enormes salarios de los jerarcas y el festín de las consultorías que hacen al amparo del Estado, como se ha evidenciado con salariazos multimillonarios que devengan personajes como Fernando Naranjo, presidente ejecutivo del Banco Nacional. Asimismo, este proyecto termina de enterrar la libertad sindical y hace del Código de Trabajo  “letra muerta”,  al liquidar el derecho a la negociación colectiva. Al destruir la negociación colectiva y las conquistas laborales, su objetivo de fondo, no confeso, es la destrucción de la organización sindical en sus últimos bastiones del sector público

5.       Al mismo tiempo se han dejado en la completa impunidad las jugosas consultorías con el BCIE orquestadas por Rodrigo Arias, el caso ICE-ALCATEL que evadió Figueres, los vergonzosos casos de evasión fiscal del ex ministro Herrero, los fraudes e ilícitos cometidos por el tráfico de influencias que involucran al vicepresidente Liberman y al ministro de Educación Garnier, relacionados en la contratación de asesorías a la consultora Procesos, propiedad de Flor Isabel Rodríguez, esposa de Herrero, que han sido legitimados por Presidenta Laura Chinchilla y por si fuera poco, el monumental escándalo de corrupción evidenciado con la construcción de la trocha fronteriza.

  1. El Gobierno y las autoridades de la  CCSS viene sistemáticamente deteriorando los servicios de salud y seguridad social, conquista fundamental del pueblo costarricense que data de la reforma social de los años cuarenta del siglo XX; además, como ha quedado al desnudo en el Hospital de Grecia y otros centros de salud, se atenta, día a día, contra los presupuestos de los hospitales, con lo que se pretende favorecer el desarrollo de la medicina privada, mientras se acusa, falazmente, a las y los trabajadores de la Institución por la crisis que la jerarquía provoca y, simultáneamente, se fragua el deterioro de los regímenes de pensiones.

7.       El Gobierno además continúa en marcha la concesión del megapuerto en Limón para la transnacional APM Terminals, otorgándole el monopolio en el manejo de contenedores, lo que implica la asfixia paulatina de JAPDEVA y la pérdida de la soberanía, perdidas de miles de empleos y del patrimonio portuario.

8.       Que a diferencia de la actitud colaboracionista que algunas dirigencias sindicales han tenido, por ejemplo, al pactar la reforma procesal laboral, renunciando a exigir la eliminación de los arreglos directos y los comités permanentes que cercenan la libertad sindical en el sector privado,  o al aceptar el congelamiento salarial que viene imponiendo el Gobierno en las “negociaciones”, se requiere por el contrario, más que nunca, una dirección sindical, con total independencia de los patrones, sus partidos y los jerarcas de Gobierno, que actúe con claridad y firmeza frente a esta embestida, y que organice desde abajo la lucha, promoviendo la más amplia movilización, unidad popular y democracia sindical.

RESOLVEMOS:  

1.       Alertar a la clase trabajadora y al pueblo en general que estamos ante la más grande embestida antipopular, que de imponerse, nos llevará de regreso a las condiciones precarias en materia de derechos sociales como ocurría en los años treinta de siglo pasado, antes de la conquista del Código de Trabajo y las Garantías Sociales, por lo que se exige preparar una gran movilización en las calles para torcerle el  brazo al Gobierno y sus socios.

2.       Llamar a fortalecer la unidad y el trabajo conjunto del sindicalismo consecuente, independiente  y de lucha, estableciendo para el efecto  reuniones periódicas de las organizaciones suscritas.

3.       Proponer al conjunto del movimiento sindical adoptar un pliego de demandas con tres ejes fundamentales: A) Abajo el “Plan B y C” del Gobierno, B) Defensa de la CCSS, C) Contra la concesión del megapuerto a APM Terminals y el re-establecimiento de la soberanía portuaria en Puntarenas.

4.       Preparar un plan escalonado de acciones de lucha de cara al Encuentro Nacional Sindical, a realizarse  el 3 de octubre en las instalaciones de ANDE.

5.       Exigir cárcel para los corruptos y no a la impunidad contra los asaltantes de los bienes del pueblo.

6.       Llamamos a todos los beneficiarios de la Caja Costarricense del Seguro Social a demandar el pago de las deudas de los patronos y del Estado, así como la defensa de sus programas y filosofía.

7.       Censuramos el trato discriminatorio del Gobierno de la República por su protección al Movimiento Solidarista a través del Proyecto de Ordenamiento de  las retribuciones adicionales al salario base del sector público, mientras ataca y pretende destruir las conquistas del movimiento sindical. 

¡¡¡LA UNIDAD Y LA LUCHA ES ELCAMINO DE LA VICTORIA!!!

Firma responsable: Adrián Jaén España, promotor CGT

Por Carlos J. Cabezas Mora

Secretario General

Central General de Trabajadores (CGT), Costa Rica

En un “país tan feliz” como el nuestro escuchar a los voceros gubernamentales lo que  causa es risa, pues usan la desinformación, o mejor dicho en tico el “engaño” para intentar difamar las verdaderas causas de la huelga y romper la relación entre el pueblo limonense y su sindicato.

El primer argumento es que en el gobierno hay “conciencia y voluntad de modernizar” el puerto de Limón. Han transcurrido 30 años esperando  la adquisición de una grúa portica entre otras “pequeñas necesidades”, desde luego este gobierno responsable por dos años, Liberación Nacional y los otros partidos en el poder muchas décadas.

Hemos escuchado a los Presidentes Ejecutivos de la Junta de Administración Porturaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlantica (JAPDEVA) para dar múltiples excusas para justificar la falta de recursos económicos o limitaciones legales para endeudar a la institución, lo cual claramente se contradice con los 30 mil millones despilfarrados en la trocha fronteriza que insulta el nombre de los héroes de 1856, ahí si hubo dinero para engordar los bolsillos de los parásitos del Estado.

Los medios han hecho su parte, diciendo que Sintrajap se opone a la concesión. Desmienten los dirigentes del heroico sindicato, pues  no se oponen a que se construya un puerto más, sino a la de EXCLUSIVIDAD a APM Terminal que el Gobierno otorga en el manejo de mercadería a través de contenedores. La razón de la resistencia es simple: la gran mayoría de la carga viene actualmente en este tipo de transporte y en futuro se prevé que aumente esta tendencia. Entregarlo a la empresa holandesa-danesa como monopolio aparte de ser inconstitucional pues se lesiona la libertad de empresa relativa a la libre competencia (¡increíble que nos toque a los sindicatos esta tarea!) significará la quiebra en el corto plazo de Japdeva.

La concesión privada traerá miles de puestos de trabajo para Limón. Aunque se crearían nuevos empleos (cosa que ponemos en duda) con esa empresa sus  ganancias serán PRIVADAS  e irán a parar a otras latitudes no se invertirá un solo colon para el desarrollo de la provincia, como si lo hace Japdeva y lo  demuestran los miles de millones invertidos por institución en carreteras, estadio nuevo, escuelas y otras muchísimas obras más con las que se han beneficiado los limonenses todo gracias a los fondos públicos. A nuestro juicio esta promesa de gobierno se nos parece demasiado a las del TLC con EEUU que no se cumplen todavía.

El Gobierno habla de crisis fiscal pero quiere perder los ingresos que genera Japdeva, prefiere recortar la inversión social la cual impacta directamente los servicios públicos abriendo el mercado para los negocios monopólicos privados. Adicionalmente pretenden ahorrar en “gastos” disminuyendo los derechos que han obtenido las y los trabajadores públicos, los cuales son una utopía en la empresa privada gracias a la actitud “democrática” de los empresarios, porque ahí no hay sindicatos  y por lo tanto tampoco existen convenciones colectivas ni forma alguna de otorgamiento de derechos.

Para negociar el gobierno pretende que se levante el movimiento de protesta como condición para negociar sin embargo excluye otros temas que no sean relativos a los puertos. El emperador Julio Cesar utilizó muy bien el “divide y vencerás”,  ahora que se creó una alianza sindical y popular para impulsar derechos de nuestro pueblo se les quiere excluir de las justas luchas que responden a reales necesidades de comunidades y sectores. El gobierno parece que hace su gestión representando no al pueblo sino a un grupo muy pequeños de empresarios trasnacionales.

Los diálogos con el gobierno son monólogos sin compromisos concretos (o diálogo de sordos) más les importa la redacción de acuerdos para publicitar una falsa imagen de benevolentes,  no le interesa llevar algo concreto a la práctica. De esto hay pruebas de sobra.

No nos extrañó que la “voluntad de diálogo” del gobierno quedo demostrada pasada la media noche, con el ingreso de las fuerzas policiales y no nos extrañará tampoco que se vean “obligados” a traer a los rompehuelgas panameños u de otros países. Irónicamente y de manera contradictoria estas acciones servirán para abrir grandes posibilidades de la entrada sin control de drogas, armas, productos químicos o radioactivos etc. Ser trabajador aduanero implica conocimiento y estudio que la policía y los posibles esquiroles no poseen, generará muchos más perdidas esta “cabezonada” gubernamental que les impide modernizar los puertos, a lo que tienen derecho los limonenses.

Japdeva no es de los trabajadores. Nos dice Carlos Ricardo Benavides Ministro de la Presidencia, pero le recordamos que tampoco esa institución es del Poder Ejecutivo, es una institución que le pertenece a nuestro PUEBLO y si ustedes son incapaces de defenderla y desarrollarla, ese pueblo la defenderá con uñas y dientes.

Debemos concluir que en nuestra opinión diciéndole a aquellos que les molesta la interrupción del trabajo mediante las huelgas justas, que esta es la herramienta que usamos cuando todo falló, han sido muchos años de engaño y burla al pueblo de Limón, lo que obliga a tomar acciones que impacten y presionen a la patronal-Gobierno para que atienda las demandas, sin presión estos politiquillos no darán hay ninguna solución.


Las organizaciones firmantes  llamamos a salir a las calles el martes 26 de junio, para realizar una primera JORNADA NACIONAL DE PROTESTA, para enfrentar los ataques del gobierno contra el pueblo y la corrupción que corroe las entrañas del poder político.

Ha quedado en evidencia que el Gobierno engañó en la “negociación salarial”, no solo porque impuso el ajuste miserable de 5000 colones  a las trabajadoras y trabajadores del sector público, sino que mete ahora por “por la ventana” su embestida contra los derechos laborales, mientras se destapa la más escandalosa corrupción, como ha quedado al desnudo ahora con los negocios oscuros e irregularidades denunciados en  la construcción de la trocha fronteriza

En ese sentido nuestra convocatoria se sustenta en la siguiente plataforma de lucha:

1.- ABAJO EL PLAN “B” DEL GOBIERNO, EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y LOS DERECHOS LABORALES

Con el engañoso nombre de Ley de Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, se ataca seriamente la sostenibilidad de los presupuestos de  muchas instituciones, incluidas las universidades públicas (cuya autonomía se convertiría así en “letra muerta”), pues los superávit deben trasladarse a la caja única del Gobierno. Se liquida la posibilidad de negociar reajustes salariales, incentivos económicos y mejorar las condiciones  laborales. Se abre el portillo para el cobro generalizado de servicios en las instituciones públicas sin distinción del tipo de servicio, y se afecta severamente a instituciones rentables  como el INS y el ICE, para dejarlas como “burro amarrado contra tigre suelto” frente a la desigual competencia de  las transnacionales que se facilita en todo sentido con el TLC con EEUU.

Además, rechazamos categóricamente el Proyecto de Ley Procesal Laboral, que un sector sindical impulsa junto con las cámaras empresariales, que mantienen intactos los “comités permanentes”(aunque omita mencionarlos), que, bajo el alero del solidarismo, han servido, sirven y servirán para liquidar lo que queda del derecho a la organización sindical independiente y a la huelga.

2. ANTE EL ALZA EN  EL COSTO DE LA VIDA: SALARIOS JUSTOS Y CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE CONSUMO BÁSICO Y TARIFASDE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

Además de los recortes y desmantelamiento de los presupuestos de los servicios públicos, por otro lado, el Gobierno impulsa un deterioro salarial sistemático y un  incremento galopante en los precios de los artículos de consumo básico y la gasolina, así como las  tarifas de los servicios públicos El pueblo debe movilizarse para exigir salarios justos y que se detenga la oleada de alzas que encarece de manera alarmante el costo de la vida

3. DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Desde hace muchos años los Gobiernos de turno vienen deteriorando los servicios de salud y seguridad social. La CCCS ha sido saqueada para usarla como “caja chica” del Gobierno Central, mientras la deuda del Estado con la Institución ha sido burlada, así como cunde la evasión y la morosidad patronal de las cuotas. Este ataque a la seguridad social  se ha agudizado al máximo con este Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS a cargo de Ileana Balmaceda. El recorte de los presupuestos de Hospitales, Clínicas y Áreas de Salud, está generando grave afectación a las comunidades usuarias de los servicios de salud, al mismo tiempo que se abre el mercado para las empresas privadas de seguros, en detrimento del INS. Es necesario recuperar la Caja y el INS para un servicio de calidad para el pueblo.

4. LOS MUELLES NO SE VENDEN: LOS MUELLES SE DEFIENDEN

La oligarquía en asocio con las transnacionales desde hace años impuso la privatización de los muelles de Caldera, y ha realizado una ofensiva permanente para subastar al mejor postor los muelles del Caribe. A pesar de la resistencia digna y valiente de las y los trabajadores muelleros limonenses agrupados en SINTRAJAP, el Gobierno y sus socios extranjeros, imponen ahora la concesión del megapuerto a la transnacional holandesa APM, con la perspectiva de asfixiar y convertir en chatarra los muelles públicos, a la vez que se impide invertir para modernizar a JAPDEVA.

5. CASTIGO A LOS EVASORES, DEFRAUDADORES AL FISCO Y JERARCAS CORRUPTOS QUE SE ENRIQUECEN CON LOS RECURSOS DEL ESTADO. BASTA DE IMPUNIAD CON LA TROCHA FRONTERIZA

La corrupción campea en todas las esferas de la gestión pública, desde el Poder Ejecutivo y sus  Ministerios, el Poder Judicial y el Legislativo. La impunidad es indignante, por ejemplo con el festín de  las consultorías del BCIE perpetradas por Rodrigo Arias ola prescripción del caso del ex presidente José María Figueres en el juicio ICE-ALCATEL

El Gobierno, que continua dilapidando en consultorías, concesiones y otros mecanismos, desde los fondos públicos para pagar el sistema clientelar sobre el que han cultivado su hegemonía, utiliza un doble rasero, pues tolera y promueve  a los grandes evasores y más bien los favorece, como se ha demostrado en el caso del ex Ministro de Hacienda: Fernando Herrero y su esposa Flor Isabel Rodríguez, el “pago de favores” y compadrazgos que se ha destapado ha promovido el actual Ministro de Educación: Leonardo Garnier y el vicepresidente Liberman, así como el reciente destape de negocios turbios que llevó a la destitución del ex Ministro de Obras Públicas y Transportes: Francisco Jiménez. A los corruptos y evasores del fisco y de la seguridad social, se les debe enjuiciar y castigar sin tapujo, para enfrentar la alarmante impunidad que corroe las entrañas del Estado.

 

En los últimos días se ha destapado el despilfarro y la absoluta falta de control en la construcción de la trocha fronteriza, construida apresuradamente con el pretexto del conflicto fronterizo por el río San Juan, corruptela de la que es directamente responsable el poder ejecutivo. Exigimos una investigación exhaustiva del Ministerio Público, para empezar de la propia Presidenta Laura Chinchilla y los jerarcas del MOPT, por semejante atentado contra las finanzas públicas.

Llego el momento de retomar la iniciativa de lucha. POR ESTAS RAZONES EL LLAMAMOS A MOVILIZARNOS ESTE MARTES 26 DE JUNIO EN LA GRAN JORNADA NACIONAL DE PROTESTA. Hagamos realidad la consigna: ¡El Pueblo Unido: Jamás será Vencido!

 

COORDINADORA NACIONAL DE LUCHA

APSE – SINTRAJAP- CGT- MAGISTERIO EN ACCIÓN – UNT- SINDEU – SISSS – SITRASAL - FEUCR – FEUNA - FEUTN

Por Enrique Villalobos

Cuando las cosas parecían mejorar para el maltrecho gobierno de Laura Chinchilla, el reciente “salacuartazo” (Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia), cayó como un rayo en cielo sereno, echando por la borda todo lo que había avanzado.

El creciente poder de la Sala IV

La Sala IV fue creada por medio de la Ley No 7128, del 18 de agosto de 1989, que reformó los artículos 10, 48, 105 y 128 de Constitución Política, estableciendo la Sala Constitucional como mecanismo de control constitucional, mejor conocida como Sala IV, por el orden de su creación.

Leer más…COSTA RICA.- El derrumbe del Plan Fiscal y el rol de la Sala IV

Por Ramón Sibaja

Después de varios meses de impasse en la Asamblea Legislativa, donde se discutieron mas de 3,000 mociones, finalmente con 31 diputados a favor y solo 19 en contra, el gobierno de Laura Chinchilla logró uno de sus objetivos estratégicos: la aprobación en primer debate del Plan Fiscal.

Inicialmente, Chinchilla había concebido recaudar el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, pero por la resistencia de algunas bancadas opositoras, al final el gobierno tuvo que limitarse a recaudar el 1,5% del PIB (cerca ¢350.000 millones) con la nueva versión del Plan Fiscal aprobado.

Los votos del Partido de Acción Ciudadana (PAC), que volvió al redil liberacionista, fueron decisivos para la aprobación en primer debate del Plan Fiscal. Otton Solís justificó su apoyó al plan fiscal del gobierno, argumentando que “el único sector que va a salir perjudicado con el pago del impuesto del IVA es el 20% más rico de la población. Solo los que ganen más de ¢4 millones son los que van a pagar este impuesto; los que ganen menos, pagan lo que se paga actualmente” (La Nación, 15/03/2012) Pero la realidad es que todos pagaremos, especialmente la clase media.

Maniobras del gobierno

Mientras los sindicatos negociaban con Chinchilla, estos le dejaron el campo libre en la asamblea legislativa, por eso fue aprobado el Plan Fiscal.

En un contexto social, marcado por la crisis del capitalismo y el ascenso de la luchas de los trabajadores, no hubo grandes movilizaciones contra el Plan Fiscal, salvo una pequeña pero simbólica movilización de la minoritaria Central General de los Trabajadores (CGT) y del SINDEU,  el sindicato de trabajadores de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Uno de los baluartes para derrotar la política del gobierno ha sido la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cuya principal dirigente, Beatriz Ferrero, criticó las maniobras del gobierno: “Creemos que si no hay apertura, el agua está para chocolate. La gente está muy molesta y los sectores daremos respuesta a los problemas. El problema fundamental es que el trabajador se siente inseguro ante la política tendiente a la eliminación de los derechos laborales y ningún derecho ha sido dado por beneplácito del patrono o gobierno sino que todo ha sido una lucha”. (Extra, 16/03/2012)

El lunes 19 de Marzo se realizó la tercera reunión de los sindicatos con el gobierno de Laura Chinchilla. El resultado de esta negociación hizo desaparecer todo el esfuerzo de lucha unitaria de los meses anteriores.

Los sindicatos entraron planteando el rechazo al aumento salarial de los ¢5 mil  y solicitaron se les reconozca a los empleados públicos un incremento de 1,90%. Si el aumento fuese otorgado en el segundo semestre del año, deberían pagarse de manera retroactiva al 1° de enero del 2012. Que se restablecieran las potestades de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNS).

Acuerdos con el gobierno

El lunes 19 de Marzo se realizó la tercera reunión de los sindicatos con el gobierno de Laura Chinchilla. Después de mas de 12 horas de intensas negociaciones, la mayoría de los dirigentes sindicales cayeron en la trampa, hábilmente tejida, para aceptar las tres propuestas del gobierno. Laura Chinchilla se anotó un triunfo rotundo cuando la mayor parte de la dirigencia aceptó que en este primer semestre de 2012 el aumento se mantendría en los 5000 colones decretados unilateralmente por el gobierno.

En primer lugar, los dirigentes aceptaron el miserable aumento de 1% para quienes tengan ingresos de ¢268.000 en adelante, es decir, solos cubre la categoría de técnicos, dejando por fuera a más de 30.000 empleados. Además,  será aplicable durante el segundo semestre del 2012, el cual se cancelaría hasta el mes de octubre, lo que la da un amplio respiro financiero al gobierno.

En segundo lugar, Para contentar a la dirigencia sindical, Laura Chinchilla ofreció a cambio derogar el inconstitucional decreto ejecutivo No 36.857, con la promesa de asignar facultades regulatorias del empleo público a una nueva autoridad, pero sin especificar todavía la composición de este organismo. Esta derogación es un triunfo de la movilización popular, pero éste se diluyó en la medida en que la dirigencia sindical aceptó que otra instancia etérea, sin forma definida, ocupara su lugar, disolviendo también la CNS.

En tercer lugar, Chinchilla se comprometió a consensuar la Ley de Empleo Publico con la CNS, en un plazo no mayor de seis meses. Esta propuesta legislativa es el golpe estratégico e inmediato que el gobierno pretende asestar a los trabajadores y sus organizaciones, después del triunfo obtenido con la reciente aprobación del Plan Fiscal.

A dos puyas

Después de la aprobación del Plan Fiscal, el proyecto de Ley de Empleo Publico es el principal ataque contra los trabajadores. Actualmente existen 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa (15290, 17623 y 17628), que persiguen disminuir o eliminar las conquistas laborales, la más peligrosa es la Ley de Empleo Publico que pretende eliminar los pluses salariales, estableciendo categorías salariales únicas, donde no habrían incentivos o sobresueldos, reducción de aguinaldos, reducción de vacaciones en el sector magisterial, elimina pago de horas extras, prohíbe el salario en especie, flexibiliza los traslados, etc.

Los trabajadores debemos realizar asambleas en los centros de trabajo para luchar contra el inminente peligro del Plan Fiscal y la Ley de Empleo Publico.

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