Nuevamente el gobierno de Laura Chinchilla arremete contra los derechos laborales
 

Por Aquiles Izaguirre

La crisis del capitalismo nos ha traído un sinnúmero de cambios en la mentalidad de la burguesía y de la misma clase trabajadora. La burguesía, apelando siempre a la estabilidad, ha venido reformando las instituciones del Estado y las mismas leyes que representaban conquistas de los trabajadores. Así es que poco a poco la burguesía va configurando nuevas normativas que le permitan optimizar aún más la explotación de los y las trabajadoras. De modo que la presidenta Laura Chinchilla planea una nueva embestida contra la clase trabajadora, ya no solo proponiendo la reducción de los salarios, sino que intentando establecer un marco jurídico para prohibir y penalizar las protestas y huelgas de los trabajadores.

Ya en octubre del año pasado la presidenta Laura Chinchilla había hecho una primera intentona para atacar el derecho más elemental de los trabajadores, es decir, el arma más eficaz para defender sus derechos, el derecho a la huelga. En esta ocasión, asegura el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides: “El Ejecutivo retiró las razones inconstitucionales del veto; no obstante, mantiene “las razones de oportunidad y conveniencia” (La Nación, 23/5/2013). En esta reforma al Código de Procedimiento Laboral se plantea la prohibición a las huelgas en: “servicios básicos esenciales como salud y seguridad, así como los suministros de agua potable y electricidad” (Ídem). Asimismo, se penaliza la huelga en los suministros de agua potable y electricidad. Esto no es fortuito, ya que no podemos descartar que el objetivo de la burguesía vinculada a la presidenta Chinchilla busque como privatizar y hacerse dueña de los grandes negocios que son los servicios básicos, que hasta el día de hoy no han logrado quitar al pueblo trabajador.

Pero la herramienta jurídica que pretende aprobar la burguesía no solo se limita a prohibir las huelgas en los servicios básicos, sino que también: “Estos incluyen transporte público, servicios bancarios y financieros, y las empresas dedicadas al expendio de combustibles, entre otras funciones del sector público” (Ídem). Es decir, que al fin y al cabo, este nuevo proyecto de ley significaría forjar las cadenas con las cuales la presidente Laura Chinchilla pretende amarar a los trabajadores. Este escabroso proyecto de ley debe ser rechazado por todos los trabajadores costarricenses, no debe quedar duda de que los trabajadores no permitirán que se violenten sus derechos fundamentales.

El derecho a huelga no puede permanecer bajo la jurisdicción de ningún poder del Estado, en eso debemos ser enfáticos. Por ende, no consideramos que la prohibición parcial sea de ninguna forma aceptable. Ante la propuesta, el secretario adjunto de la ANEP, Wálter Quesada, enfatizó que la huelga es un derecho humano y no puede prohibirse: “Nunca nos negamos a que en ciertos servicios que son esenciales no se pueda dar la huelga, lo que planteamos es que deben generarse otros mecanismos de negociación” (Ídem). Por su parte el congresista del Frente Amplio, José María Villalta, manifestó: “Hay temas en los que el Poder Ejecutivo mantiene prohibiciones excesivas al derecho de huelga, pero en término generales es un avance” (Ídem).

Para los trabajadores no es de ninguna manera un avance que el Estado regule un derecho que años de lucha de los obreros han conseguido. La regulación y prohibición del derecho a huelga de un sector social específico, es una punta de lanza que luego puede ser utilizada en contra de cualquier sector de la clase trabajadora.

No nos dejemos chantajear por las palabras de Carlos Ricardo Benavides: “Se generaría un gran daño si los trabajadores de un hospital, de la Policía, o de quienes dependa el servicio eléctrico pudieran irse a huelga, abandonando su puesto; esto no se puede permitir” (La Nación, 23/5/2013). La tarea es comenzar a formar mesas de discusión y análisis de las implicancias del proyecto de ley enviado por la presidenta Chinchilla. El fin es que estos espacios ayuden a los trabajadores a organizar la defensa de su derecho más elemental, el derecho a la huelga. El objetivo es claro, la unión de los trabajadores para movilizarse en contra de este nefasto proyecto de ley.