Por Leandro Espinoza

Este año es clave para el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Precisamente es clave, debido a que se ha iniciado con una embestida a los salarios de los trabajadores del Estado. Todo inició en el mes de Enero, en que el gobierno logró pasar un proyecto de Ley que interpretó la Ley de Incentivos médicos de forma desfavorable para el gremio galeno. Este triunfo parcial del gobierno de chinchilla ha dejado envalentonado al gobierno, que pretende, por medio de Ley o resolución de la Sala Cuarta, reducir significativamente los pluses salariales que terminan siendo el grueso de los salarios de los y las trabajadoras.

Nuevamente al ataque

En 1982, a partir de una gran huelga que duró 41 días, el gremio de los médicos consiguió arrebatarle al gobierno la Ley de Incentivos Médicos. Ésta no fue un regalo, sino una concesión que otorgó la burguesía por una lucha librada por los médicos por más de un mes. Es contradictorio que ahora que el gobierno les está arrebatando las conquistas otorgadas por dicha Ley, el gremio de los médicos se siente a negociar con el gobierno y confíen en la institucionalidad para que se les restablezcan los derechos conquistados en la lucha de clases. Al lograr este triunfo parcial el gobierno de la presidenta Chinchilla ha decidido tomar el sartén por el mango, e intenta golpear los incentivos y pluses que tienen los trabajadores del Estado.

Al parecer, no toda la clase obrera ha comprendido la implicancia de la victoria parcial que tuvo el gobierno contra los galenos. Este es el caso de Albino Vargas, que en cierto sentido continua siendo cola de carga del gobierno: “En el caso del artículo 12 (de la ley, que dice que cada aumento del Gobierno Central significará un porcentaje para el cuerpo médico), que es el que nos interesa que se modifique, ir constatando que el nivel de los aumentos salariales en el nivel central cada vez sigue bajando más. Ya estamos hablando de cifras del 1% (de aumento semestral). Nosotros creemos que, si ese desenganche no se da, la situación se va a volver más crónica” (La Nación, 14/2/2013). Pero que el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) no comprenda lo que implica la lucha contra los incentivos médicos, no significa que el resto de la clase obrera no lo entienda.

 En este caso, Beatriz Ferreto, presidenta de APSE parece estar más clara de lo que los trabajadores públicos se están jugando: “La Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para quitarnos nuestros derechos, como hicieron con los médicos, que les cambiaron el cálculo de los sobresueldos. La supresión de los pluses salariales está contemplada en el anteproyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público” (Extra, 14/2/2013).

Desde mediados de Febrero se han hecho públicas las intenciones del gobierno de establecer una norma que regule los salarios bases de los trabajadores públicos. El objetivo del gobierno de la presidenta Laura chinchilla es aplicar impuestos a los aguinaldos y el salario escolar, eliminar pluses salariales y reducir los años de cesantía. La Contraloría General de la Republica ha atacado estas conquistas, que Martha Acosta califica de un “odioso privilegio”. La contraloría ha atacado estos incentivos a través de recursos por inconstitucionalidad ante la sala IV.

Ante la embestida del gobierno se han ido aglutinando algunas organizaciones que se resisten a entregar por completo las conquistas laborales al gobierno. Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), declaraba: “Este sector sindical, consecuente con los principios y derechos de la clase trabajadora, no negociará absolutamente nada que signifique retroceder en materia salarial o laboral, como la eliminación de los pluses salariales, años de cesantía, condiciones de trabajo, impuestos al aguinaldo y salario escolar, y como bloque nos preparamos para movilizaciones y llamar a huelga general en caso de que la clase política no ceda en sus pretensiones y llevaremos a la OIT las denuncias que sean necesarias” (Extra, 12/2/2013). El 13 de febrero algunos trabajadores de las municipalidades de Limón, Santa Cruz, Nicoya, Orotina, Turrialba, Escazú, Goicoechea, Curridabat, Santa Ana, Moravia, San José, Tibás, Coronado, Montes de Oca, Alajuela, Heredia y Santa Bárbara se tomaron las inmediaciones de la Corte, donde se encuentra la Sala Constitucional protestando en contra de los ataques del gobierno a los salarios y sus pluses.

En parte el objetivo era hacer presencia, pero el plantón también presentó documentación en la Corte Suprema. Walter Quesada, secretario adjunto de la ANEP, como muchos sindicalistas, han presentado su confianza en que la Corte puede dar soluciones: “Lo entregamos a la recepción (el documento) para hacerlo llegar a los magistrados. Vamos a esperar unos días para ver si hay una respuesta; si no, vamos a hacer otros movimientos de presión y mucho más fuertes” (La Nación, 13/2/2013).

Pequeños golpes del gobierno

El gobierno parece tener claro que tiene que presionar. Los primeros en ser presionados son los médicos, a quienes en una circular se les señala que: “conforme a la jurisprudencia reciente de la Procuraduría General de la República contienen vicios de ilegalidad (los acuerdos anulados), toda vez que conceder permisos con goce de salario para que funcionarios institucionales acudan a sesiones de órganos colegiados no pertenecientes a la Caja implicaría afectar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público y el desvío de fondos públicos a fines distintos para lo que están creados” (Extra, 13/2/2013). Es decir que la directiva de la CCSS determinó terminar con la política que mantenía de pagar a los trabajadores que vayan a sesiones propias del colegiado que integran.

Una de las decisiones que llama poderosamente la atención es el despido del sindicalista Rojas Vílchez, a quien el gobierno despidió teniendo fuero sindical y sin mediar siquiera ninguna notificación de su despido. El mismo Rojas declaraba sobre su despido: “No me han notificado nada, siquiera el traslado de cargos que deberían haber hecho para comenzar cualquier proceso. (…) ¡Qué extraño! Pareciera que me están cobrando ser dirigente sindical y ser quien ha redactado las últimas demandas contra el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Extra, 13/2/2013). Al día siguiente, el mismo ministro del trabajo se mostraría sorprendido por el despido y dos días después el ministro del MEP dijo que investigaría el despido que el mismo firmó, justificando que no sabía siquiera qué estaba firmando.

Se requiere la unidad de acción sindical

La supresión de los pluses salariales está contemplada en el anteproyecto de Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público. Ante este ataque las organizaciones sindicales convocaron a una marcha el pasado jueves 21 de febrero: “la APSE está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ir en unidad con las demás organizaciones sindicales porque todos somos trabajadores de un mismo patrón y todos saldremos perjudicados con las políticas antidemocráticas del Gobierno” (El País, 15/2/2013).

Ferreto López explica que con esta ley se pretende: “La Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para quitarnos nuestros derechos, como hicieron con los médicos, que les cambiaron el cálculo de los sobresueldos” (Ídem). El ataque a los salarios se intenta justificar por los problemas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero la verdad es que el problema viene por la evasión fiscal, la alta morosidad de los patronos y el gobierno, los elevados sueldos de los altos funcionarios.

La tregua fortalece al gobierno

El jueves pasado se realizó la marcha hasta el ministerio del trabajo. El gobierno y los sindicalistas llegaron a un acuerdo en el que se establecen 15 días de pacto de no agresión en los que no se realizará ninguna marcha ni movilizaciones. En esos 15 días el gobierno se ha comprometido a no mandar el proyecto de ley al poder legislativo. Algunos dirigentes justificaron el acuerdo: “Ellos se dieron cuenta que están caminando en tierras movedizas porque se pueden hundir en una huelga general que paralizaría en país” (Extra, 22/2/2013).

El tiempo que se le está dando al gobierno es un error garrafal, pero Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) la defiende asegurando: “Queremos discutir una nueva propuesta salarial que defina un nuevo marco para los ajustes salariales” (Ídem). El tiempo sigue corriendo y el gobierno no lo perderá más, buscará la manera de atacar los salarios mientras pueda. A pesar de la tregua, este tiempo puede ser valioso para los trabajadores e iniciar una campaña de concientización en los sindicatos, preparando futuras movilizaciones que defiendan los derechos laborales que se han conquistado con años de luchas sociales. La tarea inmediata es convocar asambleas informativas en todos los sindicatos preparando las condiciones para una futura lucha en defensa de un salario digno para todos y todas las trabajadoras.