Por Enrique Villalobos Ulate

Desde hace décadas, en Costa Rica, los gobiernos de turno mantienen la estrategia de negociar de manera separada los salarios del sector privado, y aparte los salarios del sector público, dividiendo a la clase trabajadora. Los trabajadores del sector privado, en su amplia mayoría, no están organizado en sindicatos, sino en organizaciones “solidaristas”, muy influenciadas por la patronal.

Nueva metodología de cálculo

En el sector privado, los míseros aumentos salariales se otorgan en base al aumento del producto interno bruto de los últimos cinco años, las metas inflacionarias y la productividad promedio  del obrero o empleado.  Este enredado sistema de calculo es un truco del gobierno y los empresarios para reducir el nivel de vida, hasta hace pocos años relativamente confortable, de algunos sectores de la clase trabajadora costarricense.

Los resultados ya se hacen sentir. El año pasado se publicó un estudio que demostraba que el 26,3% de los trabajadores del sector privado de Costa Rica ganaban menos que el salario mínimo establecido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El estudio señaló que el incumplimiento sube hasta el 32,5% cuando se toman en cuenta los salarios mínimos para cada ocupación.

Chinchilla rompió los acuerdos de 2007

Debido a las tradicionales políticas de restricción salarial, por un lado, y a la lucha de los sindicatos del sector público, por el otro, se produjo una densa y compleja estratificación salarial, en la que los pluses (incentivos) superan y rebasan muchas veces al salario base.

Desde el año 2007, hubo un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos del sector público, en el sentido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior seria la base de la negociación salarial. Pero la crisis económica, que se manifiesta en el enorme déficit fiscal que ahoga las finanzas del Estado, hizo que el gobierno de Laura Chinchilla rompiera el acuerdo del año 2007, y decidiera  unilateralmente, como ha ocurrido en los últimos tres semestres, un aumento de salarios miserables, nada mas que en esta última ocasión el aumento fue decidido no en base al IPC sino una cantidad fija de ¢5.000 (10 dólares) para todos los trabajadores del sector publico.

Decretazo cambió las reglas

Debido a la resistencia de los sindicatos del sector publico en las negociaciones previas, el gobierno de Chinchilla decidió, por la vía del Decreto Ejecutivo de Noviembre del 2011, disolver en los hechos la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP) creada un año antes, donde participan casi todas las centrales obreras y sindicatos magisteriales (CTRN, CMTC, CGT, CSJM, CUT, CCTD, APSE Y ANDE, además de la poderosa FIT-ICE, SIPROCIMECA,  trasladando la competencia a la Autoridad Presupuestaria (AP) para que decidiera el aumento miserable de ¢5.000.

Fluctuación en las marchas

El pasado 13 de Diciembre, bajo un aguacero, se produjo una exitosa marcha de 2000 trabajadores contra el Plan Fiscal, que impulsa Laura Chinchilla y que ahora tiene el apoyo de Otton Solís y los diputados del Partido de Acción Ciudadana (PAC). La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha, integrada, entre otros,  por la Central General de Trabajadores (CGT), la combativa Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), las Federaciones Estudiantiles de la UNA y UCR, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), el Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), y organizaciones de izquierda.

Pero en la lucha contra el decretazo salarial de Chinchilla, el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) organizó en solitario un mitin de protesta ante el MTSS que reunió muy pocas personas. Posteriormente, APSE, CUSIMA, CGT,  Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Central Social Juanito Mora (CSJM), Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) convocaron a una marcha para el 25 de Enero, que también reunió muy pocas personas.

Unidad y Paro Nacional de 24 horas

Evidentemente, el Frente reaccionario formado por el gobierno de Chinchilla, Otton Solís y el PAC, al que ahora se han sumado los obispos de la Iglesia Católica, están por la aprobación del Plan Fiscal que en los hechos es la reducción salarial.

Este Frente reaccionario presiona a las dirigencias sindicales, incitando a la división y desmovilización de los trabajadores del sector publico. Desde el Partido socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la mas amplia unidad de acción entre las centrales sindicales y la izquierda, para que se cumpla el acuerdo del año 2007, y se reinicie la negociación del salario mínimo, rechazando los ¢5.000. Esto será posible si los sindicatos convocan a un paro nacional de 24 horas, contra la política salarial de Laura Chinchilla, que no es otra cosa que la aplicación del Plan Fiscal en los hechos, antes que sea aprobado por la Asamblea Legislativa

Por Rafael Cuevas Molina/ Presidente AUNA-Costa Rica

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La última de las grandes crisis que se han vivido en el año 2011 en Costa Rica es la de la Caja del Seguro Social, y el sistema de pensiones también ha visto cuestionada su sustentabilidad a largo plazo. Son solo dos ejemplos del deterioro que sufre la institucionalidad de la “Suiza centroamericana”.

Los costarricenses, preciándose de ser diferentes del resto de Centroamérica, han autocalificado a su país como la Suiza centroamericana. Aducen para ello la existencia de una sociedad sin las abruptas desigualdades sociales que caracterizan a sus “países hermanos”; sin los enfrentamientos bélicos que han asolado a las repúblicas vecinas; amante de la paz hasta el extremo de haber abolido el ejército; con indicadores sociales que la colocan entre los países con mayor desarrollo humano de América Latina.

A través de los años, han ensayado distintas explicaciones que den cuenta del porqué de esta condición. La mayoría hace hincapié en razones históricas que, potenciadas a mediados del siglo XX, permitieron construir la especificidad costarricense.

El historiador Carlos Monge Alfaro (1909-1979), por ejemplo, basó su explicación en el hecho que, siendo Costa Rica la provincia “más pobre y alejada” de la Capitanía General de Guatemala en el período colonial, la pobreza niveló a todos y no permitió la estructuración de una sociedad estamentaria en la que los grupos dominantes necesitaran de la fuerza para mantenerse en el poder. Se habría conformado así, según esta visión, un país de pequeños propietarios en el que la resolución de los conflictos se habría dado más por la vía legal entre iguales.

Estudios posteriores, especialmente a partir de los años 80, han desvelado lo mucho que de idílica tiene esta explicación, pero sí es cierto que las raíces de la diferencia costarricense provienen, incluso, desde el período colonial. Esa base primigenia habría sido reforzada y profundizada en la década de 1940, cuando una alianza entre un gobierno socialcristiano, comunistas y la Iglesia Católica, llevó adelante una serie de reformas sociales que pusieron la base de lo que, después, se conocería como Estado de Bienestar.

Más tarde, a partir de los años 50, fuerzas socialdemócratas no solo respetarían esas reformas sino las ampliarían, haciendo cada vez mayor la brecha entre Costa Rica y el resto de Centroamérica.

Pero este ritmo ascendente de reformas sociales se vio frenado en la década de 1980 cuando, al igual que en el resto de América Latina, se hizo presente el modelo neoliberal de desarrollo. Paradójicamente, el partido político que había jugado el papel de artífice central en la construcción del Estado de Bienestar o Social, el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), fue también el que inició la implementación del llamado ajuste estructural en el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), mismo que fue siendo paulatinamente profundizado en otros gobiernos tanto socialcristianos como socialdemócratas en los años siguientes.

La identificación de los costarricenses con el Estado de Bienestar, y la conciencia del papel que este jugó en el perfilamiento de la diferencia costarricense, llevó a que el proceso de reformas neoliberales no transitara un camino fácil. La oposición al destramamiento del sistema de pensiones, del nacional sistema de electricidad y telecomunicaciones, del seguro social, etcétera, “retrasó” el proceso que en otros países de América Latina conoció mayores ímpetus.

Pero, utilizando subterfugios, los grupos neoliberales lograron ir haciendo prevalecer el neoliberalismo. La estocada más fuerte que lograron en este sentido fue la aprobación por medio de referéndum del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (TLC). Fue este un subterfugio porque el TLC llevó implícitas una serie de medidas que iban mucho más allá de un simple tratado comercial. Se trato, ni más ni menos, que de la legitimación ideológica y del marco legal que ha permito la profundización del neoliberalismo en el país.

Las consecuencias de la aplicación de estas reformas empiezan a pasarle la factura al país, y sus logros políticos y sociales, ya bastante deteriorados, están en riesgo de desaparecer. La última de las grandes crisis que se han vivido en el año 2011 es la de la Caja del Seguro Social, y el sistema de pensiones también ha visto cuestionada su sustentabilidad a largo plazo. Son solo dos ejemplos del deterioro que sufre la institucionalidad de la “Suiza centroamericana” que, de seguir por el camino que lleva, corre grave de riesgo de echar al tacho de la basura el esfuerzo de varias generaciones.

Es decir, el riesgo de pasar de ser la Suiza centroamericana a ser la Grecia de esta región. Triste destino.

Por Edgar Miguel Kan

Durante años, una de las instituciones públicas más consolidadas y fuertes en Costa Rica, ha sido la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS), más conocida como la “Caja”, institución que ha velado por la gratuidad de sus servicios y la asistencia social irrestricta a la población costarricense, en la cual se fundamenta uno de los pilares sociales más importantes dentro de la solidaridad social y el bienestar del pueblo costarricense, como lo es el derecho a la Salud.

Éste durante años ha funcionado con una política solidaria de atención a la población en general, que incluso ha apoyado a miles de familias en la obtención de servicios dignos y de calidad. Pero se encuentra hoy frente a una de las problemáticas más grandes que ha tenido en su historia: la amenaza neoliberal y la acomodación burocrática de los grupos de interés, tanto de la estructura partidaria tradicional, como de la campante doble moral de funcionarios corruptos, que escudados en la burocratización institucional, optan por saquear una institución social, producto de las luchas históricas del pueblo de Costa Rica.

Por Ramón Sibaja

Durante décadas, sobre todo después de la revolución de 1948, el régimen político inaugurado por el Partido Liberación Nacional (PLN) se enorgullecía de dos grandes conquistas democráticas: la educación y la seguridad social. Pero con la agudización crisis económica del sistema capitalista, estas conquistas están llegando a su fin.

Así lo demuestran el reciente recorte del presupuesto a la educación universitaria, el intento del gobierno de Chinchilla por imponer la trimestralización en los colegios de secundaria, y ahora la bancarrota de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Estalla la huelga del sector salud

La huelga de los trabajadores de la salud, iniciada el pasado 19 de Julio, y que duro tres días, fue convocada por una alianza de 11 sindicatos, entre los cuales podemos citar a la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas y Afines (Siprocimeca), la Unión Médica Nacional (UMN), la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Sindicato de Asistentes del Sector Salud (Sinass), el Sindicato de la Salud y de la Seguridad Social (Sisss), el Sindicato Nacional de Trabajadores en Farmacia (Sintaf) y la Federación de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social (Focass).

La huelga fue abarcando paulatinamente los principales centros hospitalarios: Hospital San Carlos, México, San Juan de Dios, Calderón Guardia y de Niños, Blanco Cervantes, Nacional Psiquiátrico, además de los Equipos Básicos de Atención en Salud (Ebais) y los principales hospitales en las provincias. La huelga fue mucho más intensa en los centros hospitalarios de la costa caribe

En su descaro, el gobierno se atrevió a decir que solamente el 9% de los 48,000 trabajadores hospitalarios estaban en paro, cuando en realidad el paro abarcó a la mayoría de centros hospitalarios, aunque no la totalidad de los mismos, y la repuesta de los trabajadores fue desigual en cada centro de trabajo. No obstante, los sindicatos informaron que abarco un 80% del personal

Dentro de los hospitales, el cuerpo de enfermería fue el que más entusiastamente apoyó la huelga, así como los empleados de vigilancia, aseo y nutrición. Según el diario La Nación, un huelguista no identificado declaró: "Estamos defendiendo nuestros derechos y seguridad social para que el gobierno responda ante la Caja por el dinero que le debe". (20/09/2011)

Intentona de declaratoria de ilegalidad de la huelga

Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, amparándose en los artículos 373 y 377 del Código de Trabajo que prohíben la huelga de empleados públicos, promovió la declaratoria de ilegalidad de la huelga ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, pero la maniobra legal fracasó porque en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia existe una acción de inconstitucionalidad pendiente sobre el mismo tema.

Principales demandas

La huelga de los trabajadores de la salud fue convocada por dos reivindicaciones centrales. La primera, que tiene ver directamente con las conquistas obtenidas tras años de lucha, está relacionada con la medida recientemente adoptada por las autoridades de la CCSS, en base a una Resolución de la Procuraduría General de la Republica, que ordena quitar tiempo de las incapacidades para contabilizar o calcular el aguinaldo, los salarios escolares y la cesantía. Esta decisión de la CCSS arranca de tajo una conquista plasmada en el convenio colectivo.

Las autoridades de la CCSS argumentan que, según un informe de la OPS, “los disparadores del gasto institucional son las incapacidades, la compra de medicamentos especiales, el pago del tiempo extraordinario y el aumento de las plazas, además de aspectos relacionados con la gestión”.

La segunda demanda, y probablemente la más importante, es que el gobierno y los empresarios privados deben a la CCSS la bicoca de 728.000 millones de colones (845 millones de dólares), lo que tiene a la seguridad social en estado de bancarrota. Solo para este año 2011, la CCSS cerrará con un déficit de 180 millones de dólares. Para el año 2015 el déficit llegaría a los 313.909 millones de colones.

Juan Carlos Durán, presidente de la Federación de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social (Focass), manifestó el gobierno y “las autoridades de la CCSS están ocultando la razón real de la huelga. Lo que exigimos es que el gobierno le pague a la CCSS, pero prefieren escudarse en el tema de las incapacidades, a fin de engañar a la población”. (La Nación, 20/07/2011)

En 2007, el gobierno se comprometió a transferir ¢31.200 millones en bonos y pagar ¢7.800 millones cada año, en el periodo comprendido entre 2012 a 2016. El gobierno de Laura Chinchilla ha respondido que pagará pero no con dinero en efectivo sino en títulos valores, es decir, en bonos o papeles que deben cotizarse en el mercado financiero, y que dada el actual déficit fiscal del Estado, estos bonos no resultan atractivos para ningún inversionista o especulador financiero

Los empresarios preocupados

La huelga de los trabajadores de la salud ha colocado el tema de la bancarrota de la CCSS en el debate nacional. Por ello, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), el Movimiento Solidarista y el Consejo Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) organizaron una mesa de diálogo permanente sobre la crisis de la CCSS, pero los medios de comunicación no se refieren a las deudas de los empresarios que no pagan a tiempo las cotizaciones a la CCSS.

Comisión Especial sin sindicatos

Después de 3 días de huelga, marchas, bloqueo de calles, etc, ante la presión ejercida por los trabajadores en huelga, las autoridades de la CCSS anunciaron la creación de una Comisión Especial conformada por los economistas Pablo Sauma y Fernando Naranjo, la socióloga Juliana Martínez y el empresario Rafael Carrillo, con el objetivo de “concretar el impacto de las medidas a tomar y harán las recomendaciones a la junta directiva, a fin de enmendar los defectos estructurales y sugerirán las medidas financieras correspondientes. (…). Se requieren acciones en el corto, mediano y largo plazos, pues la situación no se arreglará de la noche a la mañana. La institución está tomando acciones y verá si debe cambiar de medidas (…) Es para avanzar lo más rápido posible en un tema que nos ocupa y que es urgente necesidad”. (La Nación, 21/07/2011)

Se requiere un balance de la lucha

Evidentemente que esta media unilateral pretendió evitar la participación de los sindicatos en cualquier comisión investigadora, antes de sentarse a negociar con ellos. Finalmente, la CCSS y los sindicatos de salud iniciaron negociaciones el día 21 de Julio en la sede central del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El Acta de Acuerdos firmado el día 23 refleja la dureza de la lucha, ya que los sindicatos no lograron revertir el tema de las incapacidades ni lograron un compromiso de pago real por parte del gobierno. No obstante, a pesar que a los trabajadores les descontarán los días no trabajados, la lucha no fue derrotada.

Lo más importante ha sido que, ante la bancarrota de la CCSS, los trabajadores han comenzado a luchar y movilizarse. El problema de la seguridad social no será resuelto solamente por los trabajadores del sector salud, sino por la movilización de todos los trabajadores de Costa Rica en defensa de una de sus más preciadas conquistas.

La principal enseñanza que podemos sacar de esta lucha, es que los trabajadores han levantado la cabeza y no dejaran que el gobierno y los empresarios destruyan la CCSS, y que la próxima jornada de lucha debe involucrar a todos los sindicatos del país, como se hizo con la marcha del 10 de marzo contra el Plan de Reforma Fiscal, o como lo hicieron los maestros durante la marcha del pasado 28 de Junio.

Por un paro nacional de 24 horas

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos las centrales obreras, y sindicatos de empleados públicos, a desarrollar la más amplia y combativa unidad de acción por la defensa de la CCSS. Esta tarea no la pueden llevar a cabo solo los trabajadores de la salud, se requiere una acción conjunta de todos los trabajadores.

Este ha sido apenas el primer round de la pelea. En el futuro, las autoridades de la CCSS querrán aplicar más recortes a las conquistas laborales, incluso una revisión del actual sistema de pensiones, que golpeara a todos los trabajadores por igual. Por ello se debe organizar un paro nacional de 24 horas que tenga como consigna central la defensa de la seguridad social y la gestión y control de los trabajadores sobre la administración de la CSSS.