nueva feucr

Por Ramón Sibaja

A diferencia de las administraciones anteriores, el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica (FEUCR), Mariano Salas Naranjo, perteneciente al grupo Pogre, organización juvenil ligada al Frente Amplio (FA), ha promovido una investigación de las finanzas de la FEUCR, que dio como resultado el “primer Informe de la Comisión de Transparencia”.

La denuncia de Progre

Para el año 2010 el presupuesto de la FEUCR, resultado en parte de las aportaciones de los estudiantes y en parten de los fondos del Estado, fue de alrededor de ¢150 millones de colones. Para el año 2011, el presupuesto de la FEUCR se calcula en ¢181 millones de colones.

La directiva saliente, encabezada por Silvia Herrero, estaba en la obligación de presentar un informe financiero, rindiendo cuentas al estudiantado sobre los gastos realizados, pero no lo hizo. Progre aprovecho esta debilidad y ha pasado a la carga contra sus adversarios.

El precedente de auditar los fondos de una organización estudiantil, que fue gobernada en los últimos 6 años (2004-2010) por el grupo Gente U, ligada al Movimiento al Socialismo (MAS), sección oficial de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT) representa, por un lado, el intento de Progre de pasarle la factura política a los adversarios que derrotó en la pasada segunda vuelta electoral, realizada a finales de Enero del 2011, pero por otro lado, también obedece a la enorme presión de las bases estudiantiles y de la clase media que ha retomado la bandera de lucha contra la corrupción.

Recordemos que durante la última campaña electoral, el adversario de Progre, el grupo Iniciativa, formado por la alianza entre el MAS y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), denunciaron que la campaña de Progre estaba siendo financiada por la rectoría de la UCR.

En ese sentido, independientemente de los objetivos que se propone Progre, la investigación realizada, el informe presentado, representa un intento de coincidir con los permanentes reclamos presentados por los estudiantes, en torno a los manejos del presupuesto de la FEUCR. Mariano Salas Naranjo declaró recientemente al diario La Nación que los movimientos financieros están registrados, “el problema es que deben tener respaldos con facturas, y eso no aparece (…) Si hay faltante de comprobantes, que rindan cuentas de los gastos del año pasado; valoraremos hacer una demanda por la vía penal porque estamos hablando de recursos públicos, pero hasta estar seguros daremos este paso (…)  Hay una distribución establecida (porcentual), pero como nadie sabía el monto de ese presupuesto total, no sabían lo que les tocaba. Por ejemplo, al Tribunal Electoral Estudiantil le correspondían como ¢12 millones, pero solo le dieron ¢6 millones”. (La Nación, 04/02/2011)

El primer Informe de la Comisión de Transparencia

La investigación de fondos públicos, como es el caso del manejo supuestamente fraudulento del presupuesto de la FEUCR,  conforme las modernas normas de auditoria, deben garantizar el derecho a la defensa, comunicándole a los responsables el inicio de la investigación. No tenemos conocimiento que el grupo Progre haya garantizado ese principio tan elemental de la democracia burguesa contra la directiva saliente de Gente U.

Si bien es cierto que Gente U debió rendir su propio informe de rendición de cuentas, y no lo hizo, todo indica que estamos, pues, ante una investigación unilateral por parte de Progre, que no garantiza la transparencia del proceso de investigación. Es una investigación que arranca desde el inicio con los dados cargados.

En su primer Informe de la Comisión de Transparencia, formada solo por gente del Grupo Progre, se concluyó que: “Desde la toma de posesión por parte del nuevo Directorio en diciembre del año anterior, se inició una indagatoria sobre el manejo administrativo de los recursos en años anteriores. Esta indagatoria ha arrojado diversos resultados que deben ser conocidos y discutidos. (…) Al entrar en vigencia, desde el 1ro de diciembre de 2010, el nuevo Directorio de la Federación de Estudiantes encuentra que toda la documentación del periodo 2009-2010 (correspondencia, actas, registros contables, información digital) fue sustraída de las oficinas de la Federación.

(…) Así mismo, los discos duros de las computadoras ubicadas en las oficinas de la Federación de Estudiantes fueron formateados, afectando la integridad de los mismos. Esto no solo eliminó todo registro de documentación digital y proyectos en trámite del movimiento estudiantil, sino que a su vez impide que se pueda revisar y conocer que acciones tomó el Directorio anterior en nombre de todas las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

Según el artículo 176 del Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes, el Directorio puede disponer tan solo de un 30% de la totalidad del presupuesto del Movimiento Estudiantil. El 70% restante corresponde a los otros Órganos Federados. Sin embargo, el monto de los gastos del directorio anterior según sus informes financieros, supera los 150 millones de colones mientras que según datos de la Contraloría Estudiantil, las transferencias a otros órganos ascienden tan solo a los 85.456,413,74 colones

(…)De acuerdo a información suministrada por la Oficina de Administración Financiera de la Universidad, durante el 2010 Paolo Marcelo Nigro Herrero estuvo autorizado para acceder a la cuenta bancaria de la FEUCR. Esta autorización se mantuvo vigente durante el periodo 2009-2010 cuando dicha persona no formaba parte del Directorio. De esta manera dicha persona tuvo acceso a una cuanta en la que lo montos alcanzaron los 125 millones de colones, hasta que las firmas en el banco fueron cambiadas el 7 de diciembre de 2010 con la entrada de la nueva Federación.

Cabe destacar que según el artículo 10, del Reglamento General para la Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo, solo se puede autorizar a miembros del Directorio para manejar dichos fondos.

(…) Pese a que se encontraba en la obligación de presentar el cierre contable del fondo de trabajo de la FEUCR el 30 de noviembre del 2010, el directorio anterior no ha hecho hasta la fecha el cierre contable. Inclusive hubo momentos en los que faltaban por justificar hasta 60 millones en gastos del Movimiento Estudiantil.  Este atraso de más de dos meses representa una obstaculización a la transparencia y la rendición de cuentas efectiva  tanto del manejo de fondos públicos como a lo interno del movimiento estudiantil”.

La justificación de Gente U

Todavía no conocemos la posición oficial de Gente U. Isaac Naranjo, ex secretario de Administración Planificación y Presupuesto de la FEUCR para los años 2009-2010, firmó un comunicado de repuesta a las acusaciones del grupo Progre.

En ese comunicado sin fecha, naranjo aclara que las “acusaciones proceden de un mismo error de compresión y conocimiento sobre el funcionamiento presupuestario de la FEUCR , ya que en dicho informe no se considera que la FEUCR cuenta con dos formas de financiamiento (cuota de bienestar estudiantil y cuota por alquiler de sodas y fotocopiadoras) con mecanismos de distribución diferenciados”.

Con esta aclaración, Naranjo justifica los negocios de la FEUCR, fuera del control del estudiantado, pero manejados discrecionalmente por las directivas de las asociaciones estudiantiles, creando una burocracia estudiantil.

Naranjo afirma que “(…) el dinero correspondiente al ingreso por arrendamiento de locales de sodas y fotocopiadoras es un poco más complejo. (…)”. Naranjo afirma que el Acuerdo No 4390-05 del Consejo Universitario, año 1998, permite que los “…los ingresos recaudados en las unidades académicas donde se brinde el servicio de fotocopiadoras, se deberán girar a las asociaciones estudiantiles de la unidad correspondiente…”. El error entonces en el que cae el directorio, consiste en tomar como base de cálculo para la distribución presupuestaria establecida en el estatuto ambas fuentes de financiamiento: la cuota de bienestar estudiantil y la de alquiler por sodas y fotocopiadoras. Cuando dicha distribución solo se ha utilizado para el financiamiento proveniente de la cuota de bienestar estudiantil”.

El comunicado firmado por Naranjo confirma la existencia de dos presupuestos: uno que aportan los estudiantes, y otro que proviene de los alquileres en manos de la FEUCR, el cual es muy “complejo” de controlar.

En relación a la obligación de rendir cuentas, Naranjo justifica que “ (…) en ningún lugar está estipulado que el directorio debe presentar un arqueo del fondo de trabajo al finalizar su gestión (el arqueo del fondo de trabajo es lo que solicitó la administración y suponemos que a ello se refieren con cierre contable), tanto es así, que esto no fue solicitado por la administración de la UCR en el cambio de directorio pasado, y en este caso no fue solicitado sino hasta enero del presente año”.

Y sobre la acusación de haber desaparecido la información, Naranjo, al mejor estilo de Poncio Pilatos, se lava las manos y confirma que “tampoco sería descabellado pensar que tras estos mismos meses, de grandes remodelaciones en el edificio de la FEUCR, dicha documentación haya resultado extraviada y hasta valorar cuándo se han percatado de la falta de estos documentos: si antes o después de dicha remodelación máxime que estas remodelaciones iniciaron inmediatamente ustedes ingresaron al directorio, donde botaron grandes cantidades de papeles”.

Estas afirmaciones constituyen una burla al movimiento estudiantil, puesto que estaban en la obligación de rendir cuentas.

El deslinde del PST

El PST formó parte de la alianza Iniciativa, que fue derrotada en las pasadas elecciones por el grupo Progre. El escándalo financiero de la FEUCR salpica de lodo al PST, a pesar de que ellos realmente no formaron parte de los 6 años de gobierno de Gente U, ligada al MAS.

En un comunicado del 6 de febrero, firmado por la Juventud Socialista, el PST recomienda que “

de tener pruebas concretas sobre malversación de fondos por parte del anterior directorio, lo pertinente sería que a la par de una denuncia pública se abra un proceso de investigación política en las instancias del movimiento estudiantil, por ejemplo el Consejo Superior Estudiantil –órgano legislativo del movimiento estudiantil de la UCR”.

El PST en tono autocritico insiste que “el MAS está en la obligación de pronunciarse oficialmente y por escrito sobre esta acusación en el menor tiempo posible”. Y a continuación pasa a criticar a su antiguo aliado: “(…) Durante los seis años en que el MAS estuvo al frente de la FEUCR, la misma se convirtió en un simple instrumento para garantizar su construcción partidaria, aunque esto fuera en detrimento de la organización política del movimiento estudiantil (…) Lo anterior da cuentas de la profunda despolitización del movimiento estudiantil que generó la conducción del MAS (…) Desde la Juventud Socialista denunciamos en reiteradas ocasiones este comportamiento burocrático y anti-democrático por parte del MAS. De hecho, no creemos equivocarnos al afirmar que de todas las organizaciones políticas del movimiento estudiantil, fuimos la que de manera más consecuente debatió frontalmente contra las desviaciones burocráticas que durante años impuso el MAS a través del directorio federativo, lo cual se puede constatar por medio de nuestras publicaciones”.

Efectivamente, el PST cometió un grave error político por haber formado una alianza electoral, bajo el pretexto de detener a la derecha, confundiendo su perfil propio con el MAS, quien ahora está siendo acusado de malos manejos de los fondos de la FEUCR.

Una Comisión Independiente

Las acusaciones formuladas por Progre son sumamente graves y deben ser aclaradas. La forma en como se ha desarrollado la investigación dejan muchas dudas, pero una vez que se ha destapado la tapa de la cloaca, es necesario ir hasta el fondo.

No compartimos el criterio formalista y legal del PST de trasladar la investigación al Consejo Superior Estudiantil. Se requiere una revolución en las estructuras estudiantiles, se requiere la participación democrática de los estudiantes, para que sepan e investiguen el manejo de sus fondos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a conformar una Comisión Investigadora, que sea verdaderamente independiente, conformada por 2 representes de cada asociación, electos en asamblea general de cada facultad o escuela, y que sea esta Comisión Investigadora la que se encargue de realizar la indagación. De esta forma se lograría garantizar el derecho a la defensa de Gente U, se lograría una mayor participación estudiantil, y se evitaría que el actual proceso se asfixiado por las enquistadas estructuras burocráticas de la FEUCR, y que algo tan delicado sea controlado por Progre y se convierta en una pasada de factura para sus adversarios.

no me representa

El día miércoles 2 de Febrero, vía Facebook y medios digitales, el actual Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, difundió un informe (por parte de una Comisión de Transparencia) en el que se exponen supuestas acusaciones de mal manejo de las finanzas por parte del directorio 2010.

Por medio de este documento y las pruebas contenidas en él demostramos la falsedad de dichas acusaciones y corregimos las informaciones contenidas en dicho informe. El informe de la comisión consta de dos tipos de acusaciones: 1) las referentes a la distribución presupuestaria del año 2010 y 2) otras relacionadas a cuestiones administrativas del directorio de la FEUCR.

A continuación presentamos las argumentaciones que refutan ambos tipos de acusaciones.

Con respecto a la distribución del presupuesto se nos hacen tres acusaciones:

1. El directorio gastó más de lo que le correspondía y por ende se gastó dinero de otros órganos.

2. Se asignaba el presupuesto a las asociaciones estudiantiles de forma arbitraria.

3. Se le entregó al TEEU menos dinero del que le correspondía.

Creemos que estas tres acusaciones proceden de un mismo error de compresión y conocimiento sobre el funcionamiento presupuestario de la FEUCR , ya que en dicho informe no se considera que la FEUCR cuenta con dos formas de financiamiento (cuota de bienestar estudiantil y cuota por alquiler de sodas y fotocopiadoras) con mecanismos de distribución diferenciados.

A continuación procedemos a explicar para cada caso:

La FEUCR para el gasto ordinario de sus órganos y asociaciones cuenta con un financiamiento correspondiente al 55% de la recaudación de la Cuota de Bienestar estudiantil. Este acuerdo data desde el año de 1989, aprobado en sesión 3545-03 del Consejo Universitario, y fue retomado en el año 2003 en sesión 4823-09 del Consejo Universitario. La distribución de la Cuota de Bienestar Estudiantil a lo interno de la FEUCR está regulada por el artículo 176 del Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (EOFEUCR).

Por otro lado, el dinero correspondiente al ingreso por arrendamiento de locales de sodas y fotocopiadoras es un poco más complejo. En un inicio las Asociaciones Estudiantiles se encargaban de vender alimentos y prestar el servicio de fotocopiado. Conforme la Universidad fue creciendo resultó ineficiente para las asociaciones administrar estos negocios y se habilitó la posibilidad de arrendar los espacios y el encargado de administrar estos arrendamientos sería la administración de la Universidad. Por medio de este concepto las asociaciones estudiantiles reciben un 85% del total del arrendamiento y el 15% restante se destina al pago de gastos de mantenimiento y gastos administrativos. Esto está reglamentado por varios acuerdos del Consejo Universitario, entre ellos los siguientes: 2756-19 de 1981 (REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA),3352-13 de 1987 (NORMAS GENERALES PARA REGULAR EL MANEJO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES ESTUDIANTILES),3669-12 de 1990, 4390-05 de 1998.

Es importante señalar que este último acuerdo de 1998 es el que ha sido base para que el concepto de arrendamiento de cada local se distribuya entre las asociaciones de la facultad donde se encuentra ubicado el local, ya que estipula que: “…los ingresos recaudados en las unidades académicas donde se brinde el servicio de fotocopiadoras, se deberán girar a las asociaciones estudiantiles de la unidad correspondiente…”

El error entonces en el que cae el directorio, consiste en tomar como base de cálculo para la distribución presupuestaria establecida en el estatuto ambas fuentes de financiamiento: la cuota de bienestar estudiantil y la de alquiler por sodas y fotocopiadoras. Cuando dicha distribución solo se ha utilizado para el financiamiento proveniente de la cuota de bienestar estudiantil.

Lo anterior desmiente con toda claridad la acusación de que la distribución del presupuesto era arbitraria, más aún cuando esta distribución para el año 2010 fue llevada a inicios de dicho año al Consejo Superior Estudiantil. El caso particular de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales, al igual que algunas otras que recibieron más dinero que el correspondiente al del presupuesto ordinario se debe a que dicha asociación durante el año 2009 ejecutó menos dinero del total presupuestado, generando un excedente, el cual fue utilizado por esta asociación durante el 2010. Sobre las asociaciones que no se les giró fue centralmente porque no estaban al día con sus obligaciones con la Contraloría Estudiantil o porque no se presentaron a retirar los cheques. La acusación que nos hace el directorio actual de haber gastado más del 30% correspondiente al directorio es falsa porque 1) no gastamos 150 millones en 2010 como se argumenta sino ?39.456.637,62. De hecho el total del presupuesto ordinario para toda la FEUCR en el 2010 era de ?150.496.603,46 lo que significa que si el directorio hubiera gastado ese monto nadie más hubiera recibido dinero. 2) Además con base en un cálculo correcto de la distribución presupuestaria, se puede demostrar que al directorio le correspondía un total de ?39.833.752,52; de los cuales ?25.158.756,48 corresponderían a la cuota de bienestar estudiantil y el restante ?14.674.996,04 correspondería al concepto de cuota de sodas y fotocopiadoras. El monto presupuestado como parte de la cuota de bienestar estudiantil efectivamente representa el 30% del total de la cuota de bienestar estudiantil de la FEUCR en 2010 que fue ?83.862.521,60. Además a este presupuesto se debe sumar los otros ingresos del directorio que fueron en total ?663.598.

En lo que respecta a la acusación sobre un financiamiento inferior al correspondiente del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario queda fácilmente desmentida con la explicación anterior. Efectivamente como señala el actual Directorio, según el artículo 176 del EOFEUCR, corresponde al TEEU el 8% del presupuesto. Como se explicó anteriormente esto se aplicó sólo a la Cuota de Bienestar Estudiantil, lo que representaba ?6.709.001,73. Como se puede constatar en los informes económicos al TEEU se le giró un total de ?6.709.000,00 lo que corresponde con lo presupuestado.

La acusación de que el Directorio sí tenía presupuesto para financiar al TEEU una vez que este se quedó sin presupuesto para la segunda ronda claramente denota la falta de seriedad con que trabaja esta comisión de transparencia y la falta de seriedad con que fue elaborado dicho informe.

Ya que por un lado critica al directorio por supuestamente gastar más dinero del que le correspondía (156 millones) y por el otro lo acusa de tener presupuesto de sobra (a las alturas de noviembre) para financiar al TEEU y asevera que no existía una falta de fondos. Esta clara contradicción es prueba de que dicha comisión o no sabe lo que está haciendo o deliberadamente miente para engañar al estudiantado. Cabe señalar que el hecho de que la FEUCR tenga dinero en la cuenta que maneja el Directorio, no significa que todo este dinero corresponda a este órgano.

El actual Directorio acusa al directorio saliente de no haber presentado el cierre contable del fondo de trabajo el 30 de noviembre del año pasado día en que finalizó sus labores. En primer lugar, el directorio continuó trabajando y ejecutando dinero hasta el mismo 30 de noviembre, razón por la que es imposible el mismo 30 entregar un informe económico (que de hecho fue presentado a inicios de enero), mucho menos un cierre contable del fondo de trabajo.

En segundo lugar, en ningún lugar está estipulado que el directorio debe presentar un arqueo del fondo de trabajo al finalizar su gestión (el arqueo del fondo de trabajo es lo que solicitó la administración y suponemos que a ello se refieren con cierre contable), tanto es así, que esto no fue solicitado por la administración de la UCR en el cambio de directorio pasado, y en este caso no fue solicitado sino hasta enero del presente año. En tercer lugar el arqueo de un fondo de trabajo fraccionado es una tarea bastante compleja, y tomando en cuenta que el fondo de trabajo de la FEUCR es el único fraccionado que existe en la Universidad, era de esperarse la demora. Cabe señalar que el arqueo solicitado era al lunes 31 de enero, sin embargo el actual directorio alegando falta de tinta se negaba a facilitar el estado de cuenta bancario, información fundamental para realizar el arqueo y que no fue proporcionada hasta el día lunes 31 de enero en la noche.

Existen otras acusaciones, centralmente de carácter administrativo que a continuación clarificaremos en este apartado. En primer lugar se nos acusa de “sustraer” información del directorio de la FEUCR tales como: “actas, registros contables y correspondencia”; esta acusación es totalmente falsa ya que nosotros dejamos toda esa documentación en las oficinas del directorio ya que allí se registra todo nuestro trabajo en la FEUCR. De todas maneras no nos explicamos porque, si ustedes dan fe de la existencia de dichos faltantes, se han esperado 2 meses para hacérnoslo saber e inclusive denunciarlo. Creemos que tampoco sería descabellado pensar que tras estos mismos meses, de grandes remodelaciones en el edificio de la FEUCR, dicha documentación haya resultado extraviada y hasta valorar cuándo se han percatado de la falta de estos documentos: si antes o después de dicha remodelación máxime que estas remodelaciones iniciaron inmediatamente ustedes ingresaron al directorio, donde botaron grandes cantidades de papeles.

En lo que concierne a la acusación de que el compañero Paolo Nigroh podía firmar cheques, es importante señalar que nunca pudo haber sustraído dinero de la cuenta por su propia voluntad, ya que solo se puede sustraer de forma mancomunada, es decir con el aval de la presidencia o secretaría de administración planificación y presupuesto del Directorio de la FEUCR. El compañero Paolo fue designado como tercer firmante en la chequera mancomunada de la FEUCR, y su designación fue aprobada de forma democrática mediante una Asamblea de Directorio y el compañero mantuvo dichas credenciales con el beneplácito de la administración universitaria.

Ya para finalizar este descargo queremos resumir las razones por las cuales creemos que este documento de la Comisión de Transparencia de la FEUCR, lejos de contribuir al crecimiento del movimiento estudiantil, apenas roza el nivel de libelo de redes sociales. En primer lugar no se adjunta ningún tipo de prueba documental sobre dichas acusaciones, mucho menos plantea medidas con las cuales ser consecuente con la magnitud de las mismas; en segundo lugar demuestra una escandalosa ignorancia respecto a las normas de distribución presupuestaria del movimiento estudiantil y de ahí sus errores de cálculo. Y en tercer lugar, echa por tierra todo el slogan de FEUCR del diálogo, puesto que es claro como todas estas malas interpretaciones podrían haber sido corregidas en una reunión con del directorio saliente, reunión que dicho sea de paso se negaron a tener. Es evidente que la única razón por la cual han publicado este documento a estas alturas es para propagar una cortina de humo sobre la actual discusión del Consejo Superior Estudiantil, donde se está discutiendo el mecanismo de funcionamiento que el actual Directorio pretendía imponer, el cual cercena la independencia política y financiera de las Asociaciones Estudiantiles y Órganos de la FEUCR.

Responsable

Isaac Naranjo

Exsecretario de Administración Planificación y Presupuesto de la FEUCR 2009-2010

corruptos

Fiel a su compromiso de transparencia y rendición de cuentas, en enero de 2011 el Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica establece la Comisión de Transparencia. Luego de que se detectan ciertas irregularidades en el manejo de los recursos por parte de administraciones anteriores, a la Comisión se le asigna la labor de velar por la debida rendición de cuentas del Directorio de la Federación.

Desde la toma de posesión por parte del nuevo Directorio en diciembre del año anterior, se inició una indagatoria sobre el manejo administrativo de los recursos en años anteriores. Esta indagatoria ha arrojado diversos resultados que deben ser conocidos y discutidos. Las consecuencias de esto, sigue afectando la dinámica del movimiento estudiantil y toda su estructura formal. Por eso es importante que los Órganos Federados correspondientes den curso a las investigaciones del caso sobre estas situaciones:

Eliminación por parte del Directorio del año 2010 de documentos, correspondencia e información del movimiento estudiantil.

Al entrar en vigencia, desde el 1ro de diciembre de 2010, el nuevo Directorio de la Federación de Estudiantes encuentra que toda la documentación del periodo 2009-2010 (correspondencia, actas, registros contables, información digital) fue sustraída de las oficinas de la Federación. Esta medida va en contra del principio constitucional de rendición de cuentas en la administración pública y representa un intento por ocultar al movimiento estudiantil información de carácter e interés público.

Así mismo, los discos duros de las computadoras ubicadas en las oficinas de la Federación de Estudiantes fueron formateados, afectando la integridad de los mismos. Esto no solo eliminó todo registro de documentación digital y proyectos en trámite del movimiento estudiantil, sino que a su vez impide que se pueda revisar y conocer que acciones tomó el Directorio anterior en nombre de todas las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

Irrespeto de la distribución presupuestaria establecida en el Estatuto Orgánico por parte del Directorio anterior, el cual se asignó recursos de otros órganos federados.

Según el artículo 176 del Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes, el Directorio puede disponer tan solo de un 30% de la totalidad del presupuesto del Movimiento Estudiantil. El 70% restante corresponde a los otros Órganos Federados. Sin embargo, el monto de los gastos del directorio anterior según sus informes financieros, supera los 150 millones de colones mientras que según datos de la Contraloría Estudiantil, las transferencias a otros órganos ascienden tan solo a los 85 456 413 begin_of_the_skype_highlighting            85 456 413      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting            85 456 413      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting            85 456 413      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting            85 456 413      end_of_the_skype_highlighting, 74 colones (ochenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos trece millones con setenta y cuatro céntimos).

Lo anterior evidencia un atropello a las demás instancias oficiales del movimiento estudiantil como el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, la Contraloría Estudiantil, la Defensoría Estudiantil, el Consejo Superior Estudiantil y las Asociaciones de Estudiantes. Para el 2010 a todos los Órganos Federados se les burló en cuanto a su asignación correspondiente del presupuesto total a excepción de pocos ejemplos.

Asignación ARBITRARIA del presupuesto de la Federación de Estudiantes a las asociaciones.

Según lo establecido desde el Directorio en años anteriores, los dineros correspondientes a las Asociaciones de Estudiantes debían ser entregados en diferentes tractos. Sin embargo como es de conocimiento de la comunidad estudiantil, pese a estar al día con la presentación de los informes económicos, a muchas Asociaciones de Estudiantes no se les hizo entrega de todos los tractos correspondientes. Lo anterior representa una negación arbitraria al acceso al presupuesto que por normativa corresponde a cada Órgano.

Así mismo, varias asociaciones recibieron montos superiores a lo que les correspondía bajo el pretexto de una asignación desigual por concepto de sodas y fotocopiadoras. El caso más notable es de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales que recibió cerca de 15 millones de colones.

Incumplimiento de financiamiento al Tribunal Electoral Estudiantil Universitario.

De acuerdo a lo que establece el artículo 176 el Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes el Tribunal Electoral Estudiantil Universitario (TEEU) tiene que tener a su disposición el 8% del presupuesto del Movimiento Estudiantil. El año pasado según datos de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), el presupuesto ordinario del movimiento Estudiantil ascendió a los 165 744 334 (ciento sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro) colones y el superávit acumulado de años anteriores a los 342 158 576,7 (trecientos cuarenta y dos millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos setenta y seis colones con siete céntimos) colones. Sin embargo según datos de la Contraloría Estudiantil, el TEEU recibió tan solo 6 709 000 (seis millones setecientos nueve mil) colones, monto muy inferior al que por estatuto le corresponde.

Adicionalmente ante la solicitud del TEEU de dinero extra para la segunda ronda electoral, el directorio anterior respondió con una negativa argumentando falta de fondos. Sin embargo durante el período electoral el directorio tenía a su disposición más de 100 millones de colones en presupuesto y los estados de cuenta revelan que en todo momento el directorio tuvo en su cuenta cantidades superiores a los 7 millones de colones. De manera que se comprueba que el argumento de la falta de presupuesto es falso.

Autorización de una persona ajena al directorio para acceder a la cuenta de la Federación.

De acuerdo a información suministrada por la Oficina de Administración Financiera de la Universidad, durante el 2010 Paolo Marcelo Nigro Herrero estuvo autorizado para acceder a la cuenta bancaria de la FEUCR. Esta autorización se mantuvo vigente durante el periodo 2009-2010 cuando dicha persona no formaba parte del Directorio. De esta manera dicha persona tuvo acceso a una cuanta en la que se montos que alcanzaron los 125 millones de colones hasta que las firmas en el banco fueron cambiadas el 7 de diciembre de 2010 con la entrada de la nueva Federación.

Cabe destacar que según el artículo 10, del Reglamento General para la Administración y Fiscalización de Fondos de Trabajo, solo se puede autorizar a miembros del Directorio para manejar dichos fondos.

A  dos meses del traspaso de poderes el directorio anterior y la controlaría no han realizado el cierre contable del fondo de trabajo.

Pese a que se encontraba en la obligación de presentar el cierre contable del fondo de trabajo de la FEUCR el 30 de noviembre del 2010, el directorio anterior no ha hecho hasta la fecha el cierre contable. Inclusive hubo momentos en los que faltaban por justificar hasta 60 millones en gastos del Movimiento Estudiantil.  Este atraso de más de dos meses representa una obstaculización a la transparencia y la rendición de cuentas efectiva  tanto del manejo de fondos públicos como a lo interno del movimiento estudiantil.

Consideramos que las situaciones anteriormente expuestas son sumamente graves pues representan un atentado directo a la integridad del movimiento estudiantil, así como un irrespeto a todos los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y al Estatuto Orgánico de la Federación de Estudiantes. Es por ello que serán presentadas ante los órganos correspondientes del movimiento estudiantil para que se inicien las investigaciones que sean necesarias.

 

reforma fiscal

Por Indalecio Trejos

Desde hace algunos años, el déficit fiscal de Costa Rica es motivo de preocupación de los empresarios y de los sucesivos gobiernos. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, al final de la administración de Oscar Arias, durante el primer trimestre del año 2010 el déficit fiscal alcanzó los 493,2 millones de dólares (equivalente al 1,6 del PIB), lo que representó un incremento del 146,3% frente a los 200,2 millones del mismo periodo del año 2009.

Costa Rica cerró el año 2009 con un déficit fiscal de 893 millones de dólares, equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que para 2010 el déficit del Gobierno  terminó el año pasado en un monto equivalente al 5,3% del PIB: ¢983.000 millones de colones, el más alto desde 1994 y el mayor de América Latina en la actualidad. Para el año 2011 el déficit se calcula en 5,8% del PIB

Esta tendencia al mayor endeudamiento se mantiene  y profundiza, por ello el gobierno de Laura Chinchilla ha iniciado una feroz campaña por imponer la llamada “reforma fiscal”, que no es otra cosa que un violento ataque contra el nivel de vida de la clase media y de los trabajadores

La “reforma fiscal”

En cuatro ocasiones, la presidencia de la república ha retrasado el envío del proyecto de reforma fiscal a la Asamblea Legislativa. La oposición burguesa se ha mostrado reticente a aprobar a ciegas este plan de austeridad, tomando en consideración la realización de elecciones municipales, en  Diciembre del año 2010, pero las elecciones ya pasaron el debate  en torno a la reforma fiscal ha dominado la agenda legislativa.

Inicialmente, el gobierno pretendió aumentar el Impuesto al Valor (IVA) del 13 al 15%. Bajo el pretexto de combatir la evasión fiscal, que casi siempre es realizada por las grandes empresas, el gobierno quiere gravar también los servicios públicos, productos y pequeños negocios que por el momento no pagan. O aumentar el monto de los ya gravados: cines, peluquerías, servicios profesionales, universidades, etc. La realidad es que la reforma fiscal pretende ampliar la base tributaria, haciendo que la mayoría del pueblo pague más impuestos.

En relación al impuesto sobre la renta, los ahorrantes deberán pagar un 15% por los intereses que generan sus ahorros. Las pequeñas y medianas empresas tendrían un trato diferenciado, pagarían entre un 10%, un 20% o un 25%, según una nueva clasificación establecida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Las grandes empresas pagarán un 30%, pero también un 15% de renta sobre dividendos.

El proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria

La presidenta Chinchilla, a la caza de votos para su proyecto de reforma fiscal, ha mantenido conversaciones de alto nivel con los jefes de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC),Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional, entre otros. Producto de estas negociaciones, el gobierno aceptó reducir su propuesta del 15% al 14%, es decir, aumentar solo un punto, pero a cambio de castigar a la clase media, subiendo los impuestos a la compra de vehículos en 10 puntos, al traspaso de bienes inmuebles de 1,5 a 3% e impuesto a la educación privada en un 10%, aplicable solo se aplica a carreras acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). Para las carreras no acreditadas el tributo sería del 14%.

El proyecto inicialmente consensuado de reforma fiscal fue presentado finalmente el pasado 17 de Enero a la Asamblea Legislativa, bajo la forma del proyecto de ley de “Solidaridad Tributaria”. Con la reforma fiscal, el gobierno pretende aumentar los ingresos al 2,5% del PIB, unos ¢500.000 millones de colones.

No obstante, ante el revuelo causado en algunos sectores burgueses que se oponen a la reforma fiscal, como es el caso del ahora minoritario Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Chinchilla se ha mostrado conciliadora en aras de obtener el consenso necesario para imponer el nuevo plan de reforma fiscal: “Tenemos que hacer, en consecuencia, un esfuerzo colectivo por procurar recursos para mantener una serie de programas sociales. (…) Lo que hacemos es un llamado a las diferentes fracciones legislativas después de muchas reuniones que se sostuvieron y estamos en la mejor disposición de escuchar sus propuestas, estamos en la mejor disposición de ajustar algún contenido de la reforma fiscal”. (Extra, 20/01/2011)

La tatica de negociación adoptada por el gobierno consiste en presentar un plan extremadamente duro para ir devanándolo en el camino, guardando los aspectos esenciales del mismo.

Empresarios no quieren pagar impuestos

El panorama es complicado para el gobierno. Manuel Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) resumió las reticencias de los empresarios en torno a la reforma fiscal: "Un estudio de la Contraloría de la República indicó que la evasión en comparación con el Producto Interno Bruto representa un promedio del 3.6% (…) la disminución en la recaudación fiscal que ha experimentado el país, producto de la desaceleración económica, nos obliga a ser más eficientes en el gasto público, el cual debe orientarse a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico tales como educación e infraestructura entre otros. Reducir el gasto, fortalecer los programas de gestión y fiscalización; consolidar el proyecto de tributación digital con el fin de que haya claridad sobre las responsabilidades tributarias y facilidad para realizar el pago”. (Informático, 18/01/2011)

En pocas palabras, la UCCAEP quiere que se claven más impuestos al sector informal, a los asalariados y los pequeños negocios, pero no a las grandes y medianas empresas. En lo único que coincide con el gobierno de Chinchilla es en reducir el gasto público, lo que en la práctica se traduce a menos salud pública, menos educación y peores condiciones de vida para el pueblo.

Represión y austeridad

Como era de esperarse, ante los dudas de los empresarios y de la oposición burguesa, la presidente Chinchilla ha salido en defensa de su reforma fiscal, que no es otra cosa que el plan de salvación del capitalismo costarricense, amenazado por un quiebra de las finanzas del Estado.

Chinchilla grita a los cuatro vientos que el 60% de la nueva recaudación recaerá, no en los pobres, sino en el 20% de la población más rica, y enseño su puño de hierro: “Hay que llamar las cosas por su nombre: los que evaden impuestos son unos delincuentes”. (La Nación, 20/01/2011). Esta declaración augura represión contra los pequeños y medianos negocios que se resistan a pagar los nuevos impuestos.

La otra cara de la moneda de la reforma fiscal es el riguroso plan de austeridad en contra de los trabajadores del sector público, los que más han peleado en los últimos años, especialmente del como del ICE hasta la fecha.

Chinchilla ha anunciado que el aumento de salarios para los 175,000 empleados del sector público no pasará del miserable 2,14%, mientras el conjunto de los asalariados pagaran más por el IVA y el IR

Tibia reacción de los sindicatos

La ministra del Trabajo, Sandra Piszk, justificó la congelación salarial: “No se puede ir más allá, estamos en una situación fiscal muy complicada y tenemos que hacer fijaciones salariales totalmente acordes al país”. (La Nación, 20/01/2011)

Édgar Morales, secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lamentó que “se use el timo de que hay déficit fiscal para mantener salarios bajos y deteriorar la capacidad de compra de los trabajadores”. (La Nación, 20/01/2011)

La posición de las centrales sindicales ha sido tibia, los diferentes dirigentes sindicales muestran su descontento, pero no organizan acciones contra el mayor ataque contra el nivel de vida de los trabajadores costarricenses en los últimos años.

Reacomodos de la oposición burguesa

La reforma fiscal no es agradable para las masas costarricenses. Por ello, en la Asamblea Legislativa se han producido los reacomodos más extraños, entre las diferentes bancadas

Como siempre ocurre, los partidos burgueses en el parlamento tratan de sacar ventajas de los apuros del gobierno de Chinchilla. En un momento coinciden parcialmente con el gobierno, y en y otro momento, dependiendo del grado de rechazo de la opinión pública, aumentan sus críticas al proyecto de Ley No 17959. A finales de enero, 31 de los 57 diputados manifestaron algún grado de oposición al proyecto de reforma fiscal, pero esta oposición no es más que una manifestación distorsionada de la enorme presión popular en contra de ese plan de austeridad.

Las bancadas del PUSC y  PAC, PASE del Frente Amplio (FA) se oponen los aspectos más duros de la reforma fiscal, al igual que el ultraderechista Movimiento Libertario, pero ninguno se opone de tajo a que los pobres, la clase media y los pequeños negocios paguen la quiebra evidente del “estado benefactor” que el mismo Partido Liberación Nacional (PLN) impuso como modelo después del triunfo de la revolución de 1948.

No se puede confiar en los diputados ni en los partidos burgueses, porque ellos tratan de pescar en rio revuelto.

Los sindicatos deben luchar contra la reforma fiscal

Estamos ante el más fuerte y brutal ataque del gobierno contra los trabajadores y la clase media. Es necesario desarrollar la más amplia unidad de acción de las centrales obreras, sindicatos del sector público, entre los que podemos mencionar al ICE, al magisterio y ANEP, para frenar el plan de robo de nuestro salario.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a estas centrales obreras y sindicatos a convocar a un Encuentro Nacional, unitario y democrático, para desarrollar un plan de lucha que contemple al menos un aspecto esencial: que el déficit fiscal lo paguen las grandes empresas y que no se reduzca el gasto público en salud, educación, para poder otorgar un justo aumentos de salarios para los empleados públicos y demás trabajadores, acorde con la carestía de la vida

 

tension

Por Enrique Villalobos Ulate

El conflicto fronterizo con Nicaragua, por el control y navegación sobre el rio San Juan, está siendo hábilmente utilizado por el gobierno de Laura Chinchilla para lograr reconstruir una de las instituciones abolida con la revolución de 1948: el Ejército. Es cierto que desde que Pepe Figueres abolió el ejército, Costa Rica no tiene un ejército regular como los otros países de Centroamérica, pero si tiene una fuerza policial que juega el mismo papel de un ejército.

Fortaleciendo la Guardia Civil

En su discurso de toma de posesión como presidenta de Costa Rica, dijo que “Trabajaremos en equipo por una Costa Rica más segura y más tranquila, con mayor y mejor presencia policial”. Y es que la reconstrucción del ejército será producto de una seria de fases o etapas que pasan todas por el fortalecimiento y agrandamiento de la Guardia Civil, o por la creación de cuerpos especializados de esta.

La Guardia Civil de Costa Rica juega ese doble papel de represora de los trabajadores a lo interno y de guardiana de las fronteras nacionales hacia afuera. En la actual crisis con el gobierno de Nicaragua se ha visto tropas de la Guardia Civil con un alto grado de capacidad militar y en zafarrancho de combate. El problema es que la burguesía costarricense no se conforma con esta situación y ha aprovechado la coyuntura para avanzar un paso más en la perspectiva de reconstruir su ejército, disuelto en el año 1948. Hasta el momento ha sido el nivel de conciencia democrático de las masas costarricenses lo que ha impedido la reconstrucción del ejército.

No obstante, el gobierno de Laura Chinchilla parece tener una misión especial que cumplir. Desde su campaña electoral, la candidata Chinchilla colocó el tema de la seguridad como uno de los ejes de su futura administración. Chinchilla tiene un largo currículo en materia de seguridad: fue viceministra y ministra  de Seguridad Pública, miembro de comisiones especiales  sobre inteligencia y lucha contra el narcotráfico. Tiene el perfil indicado para cumplir ese magna tarea de fortalecer la capacidad militar de Costa Rica. Y ha dado pasos agigantados en este tema, manipulando la queja de la ciudadanía que siente que los índices de criminalidad han aumentado en un país tradicionalmente pacifico.

El Partido  Socialista Centroamericano (PSOCA) ha sido la única fuerza política que ha denunciado el convenio de asesoramiento, entrenamiento y fortalecimiento de la Guardia Civil, por parte de la policía colombiana, que fue firmado por Laura Chinchilla en Cartagena, Colombia.

Creando nuevos cuerpos policiales

Con el pretexto de la supuesta invasión nicaragüense en isla Calero, el gobierno de Chinchilla acaba de anunciar la creación de la Policía de Fronteras y de un sistema de defensa con helipuertos incluidos. Esta unidad se inaugurará con 165 efectivos y comenzará a operar en el mes de Marzo en la frontera norte con Nicaragua, en la zona de Guanacaste, con el primer objetivo de detener la constante migración nicaragüense que viene a Costa Rica en búsqueda de trabajo, mientras foguean a sus tropas en el terreno.

Las declaraciones del canciller René Castro durante su estancia en Europa crearon una polémica en torno a la reconstrucción de las fuerzas armadas de Costa Rica. Castro dijo sin ambages: “Calculamos aproximadamente tres años necesarios para contar con los recursos suficientes y proceder a la creación de un cuerpo semejante (…) El ser pacifistas está en el alma costarricense, pero fuerzas externas nos están obligando a considerar posturas históricas nuestras (...) Tenemos que invertir seriamente; lo que implica recursos extrasustanciales. Hicimos un estudio de lo que invierte toda América Latina y en actividades similares invierte entre el 2% y el 4% del PIB en las fuerzas que hacen este tipo de tareas. Una gran cantidad de dinero. Es lo que nuestro país invierte en universidades públicas. Tendremos que hacer lo mismo para actualizar nuestras fuerzas y tener equipo moderno”. (La Nación, 14/01/2011)

Jose María Tijerino, ministro de seguridad, coincidió con las declaraciones de Castro. “No debemos confundir civilismo con indefensión. Y no debe verse como una provocación. Cada quien en su casa y Dios en la de todos. Eso es como debería ser. Nicaragua nos obliga a adquirir helicópteros y armas. Habrá que comprar municiones. Habríamos querido ahorrarnos esto, pero hay que considerarlo como una inversión. Habíamos sido muy confiados, pero se nos descompuso el vecindario”. (La Nación, 14/01/2011)

Ese mismo día, Laura Chinchilla reforzó la posición del canciller Castro: “Tal y como ha manifestado el señor Canciller, no podemos llevar nuestra tradición pacifista a un extremo tal que nos neguemos la necesidad de proteger nuestra soberanía e integridad territorial”. (La Nación, 14/01/2011).

El escándalo político, y la presión de la opinión pública que se resiste a la militarización de la sociedad, obligo a estos funcionarios a relativizar sus declaraciones, pero las intenciones están claras, muy claras: Costa Rica se prepara para reconstruir su ejército, y con ello retroceden las tradiciones democráticas. Los trabajadores debemos estar alertas porque esos fusiles serán utilizados en nuestra contra.

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