Por Manuel Sandoval

Desde mediados del 2023, Rocío Aguilar, desde la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), impulsó la idea de transformar las cuentas individuales del ROP en un esquema de inversiones que denominó Fondos Generacionales, en el cual el riesgo de las inversiones dependería de la edad del ahorrante. A mayor edad del cotizante, menor nivel de riesgo, para evitar que un descalabro financiero hiciera desaparecer completamente los ahorros y esfumara la pensión complementaria. Con la gente más joven las especulaciones financieras podían ser más arriesgadas y lograr mayor capitalización porque asumía que podían recuperarse en el largo plazo.

La medida vino acompañada por una campaña de prensa tendiente a difundir la idea (totalmente tramposa) de que los Fondos del ROP ya se habían recuperado de las pérdidas del 2021-2022 en Wall Street y estaban acumulando ganancias. Como el esquema de los Fondos Generacionales es para hacer inversiones especulativas con mayores niveles de capitalización, “adormecer” sobre el riesgo que se corre con este tipo de inversiones era necesario. Doña Rocío no esperó, sin embargo, a oficializar el nuevo esquema de carpetas de inversión por grupos de edad, para envolver a los jerarcas de las Operadoras de Pensiones y de los Fondos principales de Pensiones (RCC, IVM de la Caja, Fondo de Pensiones) en una política suicida de especular en Wall Street que provocaron pérdidas del 10% de los fondos del ROP y más en varias Operadoras en el 2021-2022. Aunque los fondos se recuperaron de estas pérdidas en el 2023,  doña Rocío ocultó cuidadosamente que NO HUBO GANANCIAS, que quedaron “tablas” gracias a que la inflación bajó.

La lectora y el lector tal vez recuerden, que la creación de los Fondos Generacionales se aprobó en firme en la CONASSIF en diciembre del 2023, después de un período de consulta pública abierto en setiembre y el nuevo esquema para los fondos del ROP tenía que entrar en vigencia ahora a finales de marzo. Durante el 2023 y el 24, prácticamente ninguna dirigencia sindical o popular se pronunció en contra de la medida, y menos que menos el Frente Amplio, que junto a las organizaciones de los educadores (SEC, APSE y ANDE), en el 2021 había impulsado el proyecto de los jerarcas de JUPEMA y Rocío Aguilar para abrir el RCC de los educadores a inversiones en Wall Street e incrementarlas  en el país (ley 10 078), con la única garantía de la SUPEN frente a las mafias financieras y empresariales que protegen “autoridades financieras” como Rocío Aguilar. 

Este año, sin embargo, desde la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular se comenzó a gestar oposición a la medida, contribuyendo a generar dudas en algunos jerarcas de la CONASSIF y el Banco Central sobre la preparación que han tenido las Operadoras de Pensiones para implementarla. Los descalabros financieros de Coopeservidores y Dessifyn, alentados por las políticas permisivas de Rocío Aguilar desde la SUGEF, donde se venía haciendo de la vista gorda (al igual que lo hizo frente a la estafa de ALDESA) ante prácticas riesgosas y fraudulentas en estas instituciones, generaron preocupación en parte de la cúpula que maneja el sistema financiero del país. Un descalabro del ROP bajo el nuevo esquema puede ser de consecuencias sociales explosivas y terminar hundiendo “la credibilidad del sistema financiero nacional”.

Aunque por avecinarse la coyuntura electoral es probable que se congele la discusión de los proyectos que hay para avanzar hacia una reforma integral del sistema de pensiones, para la burguesía costarricense imponer los Fondos Generacionales es clave para hacer depender la pensión del ahorro del trabajador. Una pensión mínima de cotización tripartita: patronos, Estado y trabajador, en el RCC, el IVM y el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y una pensión complementaria, garantizada por el trabajador, son el eje en torno al cual se articulan todos los cambios que se quieren introducir, con el resultado final de que la pensión complementaria constituiría ahora el monto principal, lo que obligaría a multiplicarla con inversiones muy rentables que sólo pueden salir de la especulación y las inversiones riesgosas.

Desde el 2022 venimos advirtiendo, por eso, que los Fondos Generacionales ¡VAN, SÍ O SÍ! a menos que el movimiento de masas pare en seco las reformas y sanee las finanzas de la Seguridad Social obligando a éste o al próximo gobierno a cumplir con los compromisos del Estado en el financiamiento de los regímenes de pensiones y de la Caja.

El jueves pasado, sin embargo, la implementación de la medida se dejó en suspenso por un año, situación que abre un espacio para organizar y ampliar la movilización contra el conjunto de las reformas que discute la burguesía.

Saludamos por eso que la ANEP, el SEC, la APSE y otras organizaciones convocaran a un piquete ese día. Este es el único camino para frenar los ataques contra la seguridad social y el derecho a una pensión que alcance para vivir con dignidad en la vejez, después de una vida de trabajo.

El problema que vemos, es que las dirigencias sindicales y populares tienen que plantearse abrir un debate sobre las inversiones que deben hacer los fondos de pensiones, para lograr una rentabilidad que garantice pensiones adecuadas, en medio de una política de la burguesía costarricense de salarios decrecientes y hacerse de la vista gorda con las obligaciones del Estado en el financiamiento de la Seguridad Social para mantener la evasión y el fraude fiscales de las grandes empresas. Estas dos políticas (que comparte el conjunto de la burguesía, por eso le aprueban los presupuestos nacionales recortados a Nogui Acosta) amenazan gravemente la estabilidad de los fondos.

Las inversiones se deben diversificar para que no se realicen sólo en la compra de bonos de Hacienda y las instituciones estatales. Para facilitar la especulación en Wall Street, Rocío Aguilar creó la idea de que el mercado financiero costarricense es muy pequeño para absorber los fondos -y es cierto a medias. Porque es falso –tremendamente falso- es que el dinero de los fondos no se pueda invertir en CR con vehículos financieros adecuados y garantías que blinden los fondos contra las mafias financieras y empresariales del país. 

Los recursos técnicos de JUPEMA, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de las organizaciones sindicales deberían promover esta discusión, a fin de definir una política de inversiones seguras y rentables en el país PARA TODOS LOS FONDOS DE PENSIONES. No podemos permitir que nuestra plata, CON O SIN FONDOS GENERACIONALES, alimente la especulación bursátil en Wall Street y que nuevamente haya un descalabro, esta vez peor que el del 2021-2022.

Los fondos del ROP acumulan ¢12,33 billones de colones, que mucho le ayudaría al país, si se invierten con garantías adecuadas en el financiamiento de proyectos de inversión para darle respuesta a las necesidades de los trabajadores, las comunidades y los sectores populares.

 

Por José René Tamariz

De acuerdo con el cronograma electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para las elecciones nacionales de febrero del 2026 las “reuniones u otras actividades proselitistas en vías públicas, plazas, parque u otros sitios públicos” se iniciarán el 1 de octubre de 2025. Sin embargo, debemos afirmar de forma categórica que, el presidente de la República y activista político, Rodrigo Chaves, en conjunto con ministros del gobierno, presidentes de instituciones autónomas, exministros y otros activistas chavistas, rompieron los fuegos electorales con la realización de la marcha del 18 de marzo. Es decir, adelantaron de facto el inicio de la campaña política-electoral. La solicitud de esa marcha de pedir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, fue el pretexto y mampara, pero el objetivo de fondo era, por parte de Chaves y su movimiento, hacer una “demostración de fuerzas” en las calles de cara al proceso electoral del 2026. Con esa movilización, Rodrigo Chaves, aplicó el dicho que dice “el que pega primero, pega dos veces”, tratando de tener una ventaja y adelantarse de sus competidores que contemplan de forma pasiva los movimientos políticos del chavismo.     

Balance de la Marcha Chavista

Con base en lo observado y lo que dicen, ya sean los participantes, sectores de oposición, analistas políticos y medios de información se pueden plantear algunos elementos de balance del significado y resultados de la marcha gubernamental del 18 de marzo de 2025. Veamos.

Cantidad de Manifestantes. Las opiniones e imágenes sobre la cantidad de manifestantes participantes de la marcha del 18 de marzo son diversas. El presidente de la República y activista político beligerante, Rodrigo Chaves, en su circo político del miércoles 19 de marzo sostuvo que participaron 15 mil personas en dicha manifestación. Imágenes captadas por drones del periódico Extra permiten observar que había, en el clímax de la concentración, unas dos tres cuadras más o menos llenas de marchistas. Ese mismo medio de comunicación sostiene que “Se calcula que al menos 2 mil personas acudieron a las afueras de la Fiscalía”. (Diario Extra, 18 de marzo de 2025. Hora: 11:06). Por su parte, el periódico “La República”, señala, sin mencionar cantidad específica, que “Rodeado de miles de personas y su gabinete, el presidente Rodrigo Chaves lideró este martes una marcha histórica para exigir la renuncia de Carlo Díaz como fiscal general”. (La República, 18 de marzo de 2025). 

Es una verdad reconocida que los impulsores de una marcha siempre exageran la cantidad de participantes en ella para demostrar su capacidad de fuerza y convocatoria en las calles. Sin embargo, debemos decir que esa manifestación progubernamental fue tuvo entre una baja a mediana participación. Las cantidades mostradas por las imágenes de drones del diario Extra de esa concentrada indican que pudo participar entre unas 2 a 3 mil personas máximo. Por otra parte, se contabilizaron que llegaron a esa marcha 34 buses y si en cada bus caben unas 54 personas, eso da un resultado de 1.836 personas, más las que se sumaron de San José o de lugares cercano que fueron pocas, da un resultado aproximado al que calculamos.  Para ser una marcha promovida y convocada por todo el gobierno y el movimiento chavista en general, podemos sostener que fue una manifestación modesta. No fue una gran marcha nacional. El movimiento chavista no tiene, por tanto, una gran capacidad de movilización. Sin embargo, existen claras diferencias entre movilizar grandes cantidades de gente y obtener grandes cantidades de votos en unas elecciones. No hay una relación directa que la primera determine la segunda. Son independientes ambas.

Sectores Sociales Participantes. Según el diario Extra en esa marcha “hubo participación de pescadores, indígenas, motociclistas, adultos mayores y otros grupos afines a Casa Presidencial… La mayoría de ellos provenían de zonas alejadas, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM)”. (Ídem). La anterior composición social de los manifestantes, coinciden con lo que señalan las diferentes encuestas que ha realizado el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) que Rodrigo Chaves cuenta con mayor apoyo en las zonas costeras, rurales y del interior del país y menos apoyo en los sectores urbanos y de la GAM. Por otro lado, fue notorio que, dentro de los participantes de marcha, hubo una mayoría de participación de la población de adultos mayores, lo cual podría reflejar que el gobierno les esté brindado ayuda social a esos sectores.   

Beligerancia Política de Rodrigo Chaves y del Consejo de Gobierno. El presidente de la República y activista político, Rodrigo Chaves, convocó públicamente desde su circo político de todos los miércoles a la marcha política del 18 de marzo, siendo además el principal orador de los ataques contra los poderes Legislativo y Judicial, el fiscal general y la denominada institucionalidad democrática. Se notó también una participación activa de varios ministros del gobierno y de instituciones autónomas como el ICE. Asimismo, es notorio y evidente que, desde hace mucho tiempo, Rodrigo Chaves, hace llamados constantes a la población para que, en las próximas elecciones, elija a 38 candidatos a diputados afines a su persona para poder hacer reformas a la Constitución Política y, de esa manera, poder controlar los demás poderes del Estado y toda la llamada institucionalidad del país.

Entonces, es obvio que Rodrigo Chaves y su Consejo de Gobierno actúan cuasi como un partido político y, por ende, vienen ejerciendo, desde hace tiempo, una actividad de beligerancia política activa, lo cual es prohibido tanto por el artículo 102 inciso 5 de la Constitución Política como del artículo 146 del Código Electoral. La marcha y concentración del 18 de marzo convocada por Rodrigo Chaves, así como su discurso pronunciado en la concentración atacando de forma virulenta a personajes de los demás poderes del Estado y de otras instituciones públicas son la máxima muestra y evidencia de esa beligerancia política.

Profundización del Conflicto entre Poderes y Sectores Burgueses. El presidente de la República y activista político, Rodrigo Chaves, es el representante de un grupo económico emergente y de un grupo político emergente que tiene, de forma evidente y notoria, la posición y política de desbancar del control de todo el aparato del Estado (Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Contraloría de la República, Tribunal Supremo Electoral) a los viejos partidos tradicionales y otros (PLN, PUSC y PAC). Sin duda alguna, los miembros del Poder Judicial y los jerarcas de otras instituciones son elegidos y puestos en esos cargos por esos viejos partidos políticos. Por otro lado, recientemente, atacó virulentamente a miembros de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) por su vinculación muy estrecha con el PLN.

Entonces, Rodrigo Chaves, desde la presidencia de la República, trabaja intensamente tanto de forma política como económica, utilizando los mecanismos y ventajas que le otorga el control del poder Ejecutivo para desarrollar y fortalecer su grupo económico y político. Con ese objetivo ha reclutado para sus fines a todos los ministros, viceministros, altos funcionarios de instituciones como el ICE, la CCSS y otras. Es evidente que el grupo político chavista ha crecido. Rodrigo Chaves ha logrado constituir a un buen grupo de posibles sucesores políticos para diversos cargos en los distintos poderes: presidencia de la República, vicepresidentes, diputados y otros cargos públicos.

Promoción d los Candidatos Chavistas. La marcha y concentración del movimiento chavistas en contra del fiscal general, pretexto para hacer campaña electoral, tenía el objetivo, entre otros, de promocionar las candidaturas a diversos puestos de exfuncionarios del gobierno que renunciaron a sus puestos el 31 de enero del presente año para lanzarse como candidatos a las elecciones del 2026. Por ejemplo, los participantes en la marcha del 18 de marzo corearon, de forma repetida, “!Presidenta¡”, “!Presidenta¡”, “!Presidenta¡” hacia la exministra de planificación, Laura Fernández.  Al parecer, esta mujer que es una servil y fiel alfil de Rodrigo Chaves se baraja, dada su incondicionalidad hacia Chaves, como posible sucesora a la presidencia de la República. Ahí en esa marcha también andaban promocionándose y dándose a conocer, Mauricio Batalla, exministro de transporte, como eventual candidato a la vicepresidencia de la República; Anna Katharina Müller, exministra de educación, de la cual no se sabe que candidatura tendrá; Francisco Gamboa, exministro de economía, del cual tampoco se sabe que candidatura tendría y Osvaldo Artavia Carballo, expresidente del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). En todo caso, la marcha sirvió para que los marchistas los conocieran y, eventualmente, como candidatos voten por ellos.

¿Es Posible la Continuidad del Chavismo en el Poder?

Si hipotéticamente, Rodrigo Chaves, fuera nuevamente candidato a la presidencia de la República, probablemente, dado su alta popularidad, podría ganar las elecciones de febrero del 2026. Sin embargo, debido a que, en Costa Rica, no existe en la Constitución Política la reelección consecutiva, por tanto, eso no es viable. Entonces, la pregunta es ¿la popularidad de Chaves se puede heredar o transmitir a otra/otro candidato para ganar la presidencia de la República? La respuesta a esa pregunta es incierta, ya que un eventual triunfo de ese candidato chavista dependerá también de su desempeño y habilidades durante la campaña electoral: debates, carisma, discursos. empatía con el electorado y otros factores en juego en el momento. También podría influir la confrontación política de esa candidata/o oficialista con otros candidatos competidores que sean más hábiles que ella/él. El movimiento de Rodrigo Chaves también tiene un elemento a su favor. A nivel internacional, Chaves, constituye parte del movimiento de derecha, anti woke, conservador y autoritario, al estilo de Bukele, Milei y Trump, el cual goza de cierta popularidad entre amplios sectores del movimiento de masas. 

 

Por Manuel Sandoval

Las imágenes de muchachos venezolanos que supuestamente pertenecen a la banda del tren de Aragua y fueron deportados por Trump a la mega-prisión de Bukele en El Salvador, son absolutamente chocantes. Aunque fueran los peores criminales del mundo –y se está ya denunciando que muchos ni siquiera tienen antecedentes delictivos-,  ningún ser humano merece ser tratado así. Es parte de la desvalorización de la vida humana que hace el nazi-sionismo en Palestina, con la complicidad de los imperialismos yanqui y europeos, masacrando a la población civil de Gaza. Hasta ayer, retomando la política de limpieza étnica, Ios bombardeos israelíes se habían tomado la vida de 450 civiles, la mayor parte ancianos, mujeres y niños. Su crimen: aferrarse a su tierra, lo que para Netanyahou significa que son “terroristas” y deben ser eliminados.

En una manifestación en Caracas contra la deportación a El Salvador de estos venezolanos, aparecen varias madres que identificaron a sus hijos bajando esposados de aviones gringos y alegan (y no dudamos de que sea verdad) que sus hijos no son criminales. La mayoría de los deportados probablemente no pertenece al Tren de Aragua y seguramente no han cometido tampoco crímenes y delitos en los Estados Unidos. Bajo el racismo que priva en el gobierno yanqui y la asimilación de los trabajadores migrantes a criminales que está haciendo la Administración Trump, realmente no importa si pertenecen o no al Tren de Aragua.

Hay un antecedente terrible de este irrespeto a los derechos humanos. En el caso de los supuestos terroristas encarcelados en Guantánamo después de la invasión yanqui a Afganistán, el delito de la mayoría era resistir a la invasión. Tal vez la lectora y el lector han tenido oportunidad de darse cuenta de que al cine han llegado casos en que ni siquiera podría acusárseles de esto,  que de todas maneras bajo el derecho internacional no constituye un delito. Cínicamente, como Washington no suscribe la mayoría de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, bajo Bush hijo se promovió la tortura y los asesinatos selectivos, con drones y miles de víctimas colaterales, en Afganistán, Pakistán, Yemen y otros lugares. Se justificaba con la ideología de “la guerra contra el terrorismo”, que satanizaba cualquier oposición o resistencia a la política guerrerista que comenzaban a implementar republicanos y demócratas para tratar de mantener la hegemonía norteamericana internacionalmente, en medio de un deterioro histórico cada vez mayor de la potencia yanqui. 

Hacemos la referencia, porque después del atentado de Bin-Laden contra las torres gemelas en Nueva York en el 2001, de la ideología islamofóbica que se impulsó en Estados Unidos y Europa para justificar las agresiones a Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, asimilando la cultura árabe y musulmana al terrorismo, se ha pasado ahora a una ideología, que se expresa con fuerza en Trump, asimilando a los trabajadores migrantes a la criminalidad y el terrorismo.

En las últimas décadas, mezclado con este elemento de islamofobia, las burguesías imperialistas de Estados Unidos, Europa y Japón fomentaron la xenofobia y racismo contra los trabajadores migrantes, para mantener a una gran parte en situación de ilegalidad y bajar así su costo como fuerza de trabajo. 

En esta campaña reaccionaria contra los trabajadores migrantes y refugiados (particularmente grave en países como Estados Unidos y Alemania por el peso de este componente de la clase obrera), la bandera de la deportación masiva ha sido levantada por los sectores más reaccionarios de las burguesías imperialistas, que hacen demagogia populista culpando a los inmigrantes de todos los males de la descomposición y decadencia del capitalismo. Los gobiernos demócratas de Obama y Biden no llegaron a tanto, pero cada una de estas Administraciones superó el número de deportaciones de la primera Administración Trump y parece que ahora Trump sí va a meter el acelerador por la presión de la base evangélica y ultraconservadora que lo sostiene. Aunque una de las grandes contradicciones dentro de las fracciones y grupos en el gobierno de Trump es hasta donde pueden llegar con las deportaciones – y la guerra comercial que lanzó Trump elevando los aranceles a las importaciones-  sin hacerle daño a la economía yanqui.

Por ahora, en torno a la colaboración en las deportaciones, Washington aseguró “el patio casero”: México, Centroamérica y el Caribe. Todas las burguesías cipayas de la región se cuadraron detrás de Trump, aceptando instalar campos de concentración en sus territorios para los deportados hacia Suramérica, Asia y África. La burguesía mexicana, la más fuerte, trata de salvar las apariencias por el golpe que representa el alza de aranceles, pero se plegó desde hace rato a la militarización de la frontera y la represión a los migrantes para obstaculizarles el paso hacia el Norte.

Los gobiernos cipayos de la región contribuyen a un drama humano gigantesco por las condiciones inhumanas en que comienzan a hacinar los deportados que han aceptado recibir en sus países, no siendo nacionales de los mismos, que en muchos casos (especialmente en el de la gente del Medio Oriente) no van a poder volver a sus países porque huyeron de los mismos por ser perseguidos políticos. Los gobiernos de Chávez y Mulino en Panamá, ¿tendrán que darles asilo y forzarlos a quedarse en nuestros países incluso en contra de su deseo? ¿En qué condiciones? ¿Seguirá Trump pagando la factura? ¿Hasta cuándo, si más bien cree que estos países deberían compensar a los Estados Unidos por toda la ayuda y los beneficios que han recibido?

El extremo más abyecto es, no obstante, el oligarca salvadoreño. Hasta podría decirse literalmente, que le vendió espacios a Trump en la mega cárcel donde encerraba a los supuestos sicarios de las maras. El régimen de tortura y exterminio  (en muchos aspectos peor que el de Guantánamo) que Trump no puede establecer en Estados Unidos, Bukele se lo sirvió en bandeja a Trump en una operación ilegal porque los deportados no han cometido delitos en El Salvador.

Con este servilismo, Bukele espera probablemente que Trump no deporte en masa a los salvadoreños, porque después del descalabro con el bitcoin (esperable), Bukele no tiene ninguna salida económica viable para El Salvador (la minería a cielo abierto va a ser otro fracaso), y lo ha hecho más dependiente que nunca de las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos y del endeudamiento con el FMI.

Duterte, el Bukele filipino tuvo que dejar el poder en las elecciones del 2022 y terminó detenido y extraditado a La Haya la semana pasada, a la espera de un juicio por crímenes de lesa Humanidad en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Su guerra contra las drogas terminó siendo una persecución contra la gente pobre y opositores políticos, con miles de asesinatos dentro y fuera de las cárceles. En una ocurrencia” a lo Milei había privatizado las cárceles y dado la espalda a cualquier crimen que cometieran las bandas internas a las que otorgó la administración.

Si los vientos cambian en Washington, por la crisis económica que puede precipitar el tándem Trump-Musk con las expulsiones masivas de inmigrantes, la guerra comercial de aranceles y el desmantelamiento del aparato estatal federal yanqui, los títeres como Bukele y el locoide de la Argentina pueden quedar con el culo al viento y expuestos al odio popular que están provocando.

A Rodrigo Cháves, ya le tenemos vaticinado que si no sale del país apenas entregue la banda presidencial el 8 de mayo del año entrante, la oposición burguesa, con el fiscal actual u otro que venga, lo va a meter a la cholpa. Con la tremenda manifestación de fuerza que hizo el pasado 18 de marzo, es claro que no tiene fuerza para impedirlo. Va camino de un descalabro electoral. A tres años de gobierno, con todo el aparato del Estado volcado a movilizar, que sólo juntara entre 1 000 y 1 500 personas, habla mejor que cualquier encuesta.

Signo del descontento que germina en el país y que si no se vuelca a las calles (por ausencia de dirigencias sindicales y populares que convoquen a la lucha) terminará expresándose electoralmente; ayer miércoles, el día en que Cháves acostumbra realizar su show mediático en Casa Presidencial, madres de familia de las redes de cuido protestaron en las afueras contra el recorte de recursos y becas para las niñas y niños que asisten a los centros.

 

Por Manuel Sandoval

En Costa Rica se aceptaba como algo “normal” que por los tamales de diciembre el costo de algunos alimentos se disparara y volviera al nivel anterior en los primeros meses del año. En esta ocasión, en medio de las lluvias y las inundaciones de noviembre y diciembre, el costo de las hortalizas se disparó a las nubes como nunca antes, y más lo grave de la situación es que a estas alturas de marzo no parece que vayan a regresar a los niveles anteriores. “Hay que comer carne porque ya no se pueden comer verduras”, “A la Feria del Agricultor ya no se puede entrar, los precios dan miedo”… Algunas frutas importadas están más baratas que las nacionales. ¿Se atreverá alguien a negar que el costo de la vida está subiendo en el país, mientras los salarios y las pensiones están congelados, y esto nos hace más pobres a los trabajadores y los sectores populares? ¿Puede alguien negarlo?

Pues bien, aunque parezca increíble, según los tecnócratas de los organismos oficiales que miden la inflación (INEC, Hacienda, Banco Central) seguimos teniendo una de las inflaciones más bajas de la OCDE (el club de los países “desarrollados”): +1,25% de inflación interanual (de febrero del 2024 para acá) y lo más sorprendente: -0,01% de rebaja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero. Los “técnicos” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) “procesan” la información de los precios de bienes y servicios de tal forma, que bajo los parámetros del mundo burgués para juzgar si un país es exitoso -entre ellos una inflación baja- Costa Rica lo es. Eso es importante (en la lógica que priva en las cúpulas del gobierno) para atraer inversiones.

No tenemos duda de que los precios van a seguir altos, pues no han bajado significativamente a estas alturas de marzo. La razón principal de esto es que el gobierno “mantiene abandonado” (sin apoyo crediticio y técnico) al sector campesino que produce para el mercado interno. Aunque para ser justos con el Mandamás de Zapote, es una política que iniciaron las últimas administraciones del PAC y del PLN. En CR hay costos de producción muy altos en el campo por la utilización excesiva de insumos importados: fertilizantes, pesticidas y otros implementos agrícolas; y frente a esto Chaves no tiene ninguna política para hacer más eficiente y barata la producción del sector.

Chaves es un tecnócrata neoliberal que en tiempos de calentamiento global (con los problemas que se pueden generar en los mercados internacionales por sequías o inundaciones en los países que producen más granos y alimentos), se aferra a la idea de importar los principales productos de la dieta del costarricense porque supuestamente sería más barato; un esquema falso y peligroso, como lo demostró la Ruta del arroz. Disminuyó los aranceles a la importación que permitían subsidiar precios más bajos para la producción nacional (beneficiando a sus amigos importadores con un regalo fiscal de ¢7 000 millones), y no sólo logró arruinar al sector (la producción local disminuyó un 58%) sino que también el precio al consumidor aumentó en un 11%.

El alza del costo de la vida que se experimenta en el país es tan grave, que hasta las nicas, que se las ingenian para vender barato en las calles de San José enchiladas, palmeadas, tacos y quesillos, le están pasando la factura a los clientes.

Es una fiebre que puede terminar matando los pequeños negocios de los nacionales que viven de la actividad turística, porque vuelve prohibitivo el país para los extranjeros de recursos limitados. Regionalmente, en las zonas donde se concentra la actividad turística, el alza en el costo de la vida es incluso peor que en el Centro del país, por el fenómeno de la “gentrificación”. En Guanacaste y otros lugares se ha disparado la compra de propiedades por extranjeros, no para vivir, sino como una inversión para rentabilizar en la actividad turística, con la consecuencia de que la población local pierde acceso a la propiedad, se le despoja de recursos como el agua y está siendo desplazada al dispararse el costo de la vida. El año pasado se hizo viral un tik tok de una maestra que tenía que viajar todos los días desde Liberia a Nosara, porque no encontraba una habitación barata para quedarse durante la semana laboral. La pobre estaba al borde del colapso físico y nervioso.

Hay sitios con hoteles, restaurantes y condominios tan caros, que son inaccesibles hasta para los nacionales de ingreso medio alto. Un estudio modesto con una habitación, sin piscina o gimnasio en el condominio, se alquila en US$ 2000 en Santa Teresa.

El hecho lo están registrando los youtubers que viven de los videítos que hacen a su paso por sitios turísticos de moda. Ubican a CR entre los lugares más caros del mundo. No por nada, el turismo tico de clase media se endeuda para ir de vacaciones a Cancún o a Medellín. Con el dólar barato porque los bancos están llenos con billetes verdes del narco, los colones se multiplican fuera del país al transmutarse en dólares y otras monedas.

Bueno, pero si me extiendo en esta situación es porque los organismos oficiales mantienen la inflación cercana a cero. Cada vez que el Presidente Chaves habla de las maravillas de su gobierno -y hay que reconocerle que generalmente lo hace sin inspiración etílica-, pareciera que las estadísticas oficiales son de otro país. Es surrealista que en medio de este escenario de alto costo de la vida, con sueldos y pensiones estancados, se afirme que la pobreza está disminuyendo (habría caído del 21,8% de los hogares a un 18% en esta Administración).

Esto se explica porque la línea de ingreso por debajo de la cual se establece que una familia está en la pobreza, es muy baja con relación al costo de la vida: ¢127.324/US$225 para la zona urbana y ¢98.673/US$200 para la zona rural.

En realidad, grupos familiares cuyos ingresos no llegan a los US$ 1000 o US$ 1200 están al límite de la verdadera línea de pobreza.

Así, mientras Chaves nos asegura que estamos ya a la altura de Dubai, un tercio de la población la pasa muy mal y crece la miseria extrema. Lo que hay que entender, sin embargo, es que el entusiasmo del Presidente Chaves por los logros de su gobierno tienen algo de real, no responden sólo a los excesos etílicos en que cae, cada vez con más frecuencia, durante sus mítines de campaña.

Efectivamente, a las gentes que viven en Monterán, Guachipelín de Escazú, las torres de Nunciatura y otros lugares selectos, les está yendo bien con este gobierno. Son los grandes empresarios nacionales y extranjeros que evaden el pago de impuestos y estafan al fisco. Los “consentidos” de Nogui Acosta.

Por supuesto que podemos creerle a Chaves y aceptar que “la economía crece a lo loco”. (En el contexto de “crecimiento modesto” de las economías latinoamericanas, CR no anda tan mal). Esto, por sí sólo, sin embargo, no resuelve nada. Con salarios bajos de por medio y sobreexplotación de los trabajadores inmigrantes en el agro, esto sólo concentra riqueza en menos del gran capital nacional y extranjero. El punto es que la contraparte de este crecimiento económico es un empobrecimiento progresivo de los sectores populares, que lleva a muchos organismos internacionales a señalar que CR es uno de los países más desiguales de América Latina. Lo que para el buen entendedor significa que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Recuerdo que Carazo, en el 82, en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR sobre los problemas que generaba la oleada de refugiados nicaragüenses que estaban llegando al país por la guerra de Reagan y la Contra, enemigos de los sandinistas, dijo que el problema que tenía que discutirse no era la llegada de refugiados, sino más bien cómo iban a salir los costarricenses a trabajar en el exterior si se comenzaba a implementar con Monge un modelo económico de apertura comercial que iba a empobrecer a los sectores populares y no iba a crear muchas oportunidades de empleo.

El proceso ha sido más lento que lo que vislumbraba Carazo, pero es en la era de Trump (persiguiendo a los inmigrantes latinoamericanos en USA) no hay otra salida que asumir la lucha contra las políticas neoliberales de éste y el próximo gobierno (del partido burgués que sea), pues aunque se pinte con piel de oveja para ganar las elecciones, le dará continuidad a este modelo de desarrollo económico a favor de las grandes transnacionales, el capital financiero internacional y los capitalistas nacionales.

 

Por René Tamariz

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) viene enfrentando, desde hace muchos años, un conjunto de problemas, tales como: la gigantesca y billonaria deuda del Estado con la institución; la millonaria lista de espera de atención médica en diferentes ramos de la salud, como especialidades, diagnóstico, cirugía y otros rubros; la fuga de cientos de especialistas por problemas con los bajo salarios; la ineficiencia por parte de la plataforma denominada Expediente Digital Único de Salud (EDUS) para que los pacientes puedan sacar una cita médica, miles de personas no logran obtener una cita porque siempre están agotadas y otros graves problemas; receta de medicamentos no actualizados y modernos para diversas enfermedades; falta de inversiones para la construcción de hospitales y clínicas y así sucesivamente, podríamos continuar enumerando más situaciones problemáticas. En el presente artículos abordamos algunos de los problemas mencionados. Veamos.

Deuda del Estado con la CCSS

De acuerdo con datos oficiales, el Estado tenía a noviembre del año 2024 una ₡4.041 billones de colones. De ese gran monto adeudado ₡3.352 billones correspondían al Seguro de Salud de Enfermedad y Maternidad (SEM) y ₡690 mil millones al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, esa deuda es como una bola de nieve que aumenta de forma constante cada mes y año. Por ejemplo, actualmente la deuda del gobierno con el IVM aumentó a ₡722 mil millones. El gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, declaró recientemente que “… esa cifra es el indicador más reciente del monto total adeudado por el Estado. Añadió que no se ha recibido ningún pago por dicha suma, aunque se avanzó en un abono de ₡68.000 millones correspondiente a una resolución de la Sala Constitucional del 2020”. (La Nación,17 de febrero de 2025). Prácticamente, en cuatro años, del 2020 al 2024, esa deuda se duplicó, pasando de ₡363 mil millones a ₡722 mil millones. 

En los hechos, esa gigantesca estatal con la CCSS se está convirtiendo en impagable, pero es necesario y urgente buscar una solución para que la Caja pueda resolver una serie de problemas que enfrenta para poder solucionar graves situaciones de salud que enfrenta la población en general. La falta de pago de esa deuda con el IVM ha tenido serias consecuencias en las finanzas de ese régimen. Por ejemplo, ese régimen de pensiones ha tenido que recurrir constantemente al uso de sus reservas para cubrir el faltante para poder pagar a sus pensionados las pensiones. El año 2024 la CCSS tuvo que tomar la totalidad de esas reservas de IVM para las pensiones.

Por otra parte, como el gobierno no transfiere el dinero para el Régimen No Contributivo (RNC) se corre el grave riesgo de que la CCSS no pueda pagar el aguinaldo a los 151.000 beneficiarios de ese régimen. De acuerdo con “… la Gerencia de pensiones de la CCSS, se requieren ₡10.500 millones para solventar el déficit del monto asignado inicialmente. De lo contrario, se podría afectar el pago del decimotercer mes de las personas al cierre del año”. (La Nación, 17 de febrero de 2025).

El problema de la deuda del gobierno con la CCSS es tan grande y grave que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su declaración del 28 de febrero de la visita oficial a Costa Rica le dedicaron un apartado. En dicha declaración se plantea que “Se necesita una solución comprehensiva para resolver el conflicto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda (MH) sobre los reclamos de la seguridad social… la CCSS y el MH deben aclarar el alcance de los servicios de salud y las pensiones que actualmente cubre el presupuesto, mientras que se identifican las fuentes de financiamiento  adicionales necesarias  para garantizar la solidez actuarial de los sistemas de salud y pensiones…”. (Costa Rica: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2025). El gobierno de Rodrigo Chaves citó en su función de circo el miércoles 5 de marco dicha declaración de la misión técnica del FMI, pero en aquellas partes que les servía y no hizo ninguna mención a esta parte de la declaración,

Pero aún más. Por ningún lado, los funcionarios del FMI sostienen, a como lo hace Chaves, que la CCSS esté quebrada o cerca de la quiebra, tampoco señalaron que la “corrupción en la Caja es más grande que ella” como sostuvo Chaves, aunque es una verdad que la corrupción existe, en la jornada circense. En esa declaración, como se puede observar, el FMI plantea que se “necesita una solución” para “resolver el conflicto” entre la CCSS y el MH “sobre los reclamos de la seguridad social”. El gobierno de Chaves, en las personas del ministro de Hacienda, lejos de hacer lo le recomienda el FMI, abandonó la mesa de diálogo para fortalecer el sistema de pensiones promovida por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

Lista de Espera y Fuga de Especialistas

La gigantesca y millonaria lista de espera que existe en la CCSS y que viene aumentando constantemente es un grave problema de salud pública que está directamente vinculado a la falta y fuga de especialista y la grandísima deuda del Estado con esa institución de salud. A su vez, la fuga de especialistas está asociada a la implementación de la denominada “Ley de Empleo Público” aprobada por la actual Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo como producto del acuerdo que negoció el gobierno de Carlos Alvarado con el FMI. Resulta que esa “ley” es un adefesio o un Frankenstein que hizo, entre otros, un absurdo: pagar un “salario global” mayor a los nuevos médicos especialistas por encima de los viejos especialistas, lo cual ha conducido que cientos de ellos renuncien, ya sea para ser recontratados con salarios globales o bien se vayan a trabajar al sector privado o al Instituto Nacional de Seguros (INS) que pagan mejores salarios que en el público. Además, del problema salarial existen otros como las jornadas de trabajo extensas y otras situaciones.

El Ineficiente Expediente Digital Único de Salud (EDUS)

El sistema o plataforma denominado Expediente Digital Único de Salud (EDUS) se inició a desarrollar en el año 2010 y su implementación fue a partir del año 2010, para completarse en el 2018.  Es decir, que ese sistema tiene unos 8 años de estarse aplicando. El objetivo de esa plataforma era digitalizar en un organizador único toda la información médica, de seguridad social y de todos los afiliados a todos los servicios de la CCSS. Este sistema lo utilizan los médicos cuando atienden a todos sus pacientes para introducir en él las enfermedades que tienen las personas, los nombres de las medicinas que les recetan, los resultados de los diagnósticos médicos realizados y otras situaciones propias de los galenos.

En cuanto a los usuarios o pacientes, el EDUS, se anunció con bombos y platillos, que era para eliminar las grandes filas que se hacían todos los días en las clínicas (EBAIS) y hospitales para sacar una cita y recibir atención médica. Sin embargo, para los usuarios o pacientes lograr una cita médica mediante la plataforma EDUS se ha convertido en un peor dolor de cabeza que cuando se realizaba filas para logar obtener la cita médica y ser atendido por un doctor. Miles de usuarios, forma infructuosa, intentan todos los días y a temprana hora conseguir una cita médica en el sistema EDUS y es imposible, ya que se encuentran con la grave noticia de que no hay citas. Muchas personas tardan tres o cuatro meses para poder lograr obtener una cita médica. El grave problema es que existen muchas, sino miles de personas, que están enfermas y necesitan la cita y atención médica para el mismo día que la buscan. Y ¿cuál es el resultado? No logran obtener una cita para ser atendido y tienen que continuar trabajando estando enfermos. Ahora, si la enfermedad es grave podrían morirse sin ser atendidos. Esa es una grave situación en cuanto a los usuarios.

Pero el problema también es grave en cuanto al uso y eficacia para el uso de los médicos. La Unión Médica Nacional (UMN), recientemente, denunció un conjunto de problemas que enfrentan cuando utilizan esa plataforma. Entre esas denuncias están las siguientes. Por ejemplo “El llenado de los espacios que se piden en el EDUS ocupan la mayor parte de la consulta (…) Cuando usted se tarda ocho o nueve minutos en llenar la plataforma, es muy difícil dar la atención que se merece el paciente… Nosotros somos médicos, no digitadores”. (La Nación, 23 de enero de 2025). Las recetas para medicamentos psicotrópicos no están digitalizadas; los datos de los pacientes no están resguardado; no existen las firmas digitales para los médicos, sólo pueden usar contraseñas; muchas veces, el sistema se desconecta por minutos u horas, no existiendo un sistema de contingencia cuando hay fallas eléctricas; sucede, muchas veces, que los médicos llegan a las 7 de la mañana a trabajar y la plataforma está desconectada, durando treinta minutos o hasta tres horas para reestablecerse; si se va el sistema el EDUS, por diferentes razones, los médicos no pueden acceder a los resultados de laboratorios de los pacientes y, así, sucesivamente.

Frente a esta grave problemática de la seguridad social y de las pensiones en Costa Rica planteamos luchar por las siguientes propuestas medidas:

1. Que el Gobierno de Rodrigo Chaves y el Ministerio de Hacienda (MH) pague de forma urgente y de inmediato el dinero que le adeuda al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). Lo anterior con el objetivo de que el IVM no siga utilizando sus reservas en el pago de las pensiones y para que los beneficiarios del RNC puedan recibir tanto sus pensiones como, al final de año, sus aguinaldos.

2. Exigir mediante la movilización el pago de la billonaria deuda del Estado con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Los sindicatos que representan al sector de salud deben realizar la más amplia unidad de acción con los demás sindicatos a nivel nacional para obligar al gobierno de Rodrigo Chaves y al Ministerio de Hacienda que honre la deuda con dicho seguro. El pago de semejante deuda puede, mediante la negociación de los sindicatos, CCSS y el MH, establecerse en varios tractos hasta su cancelación definitiva. El financiamiento extraordinarios de esa deuda puede obtenerse del dinero obtenido del lavado, ya sea mediante la venta de activos del narcotráfico como de los dineros decomisados; la imposición de un impuesto las empresas del régimen especial, mejor conocido como zonas francas; establecer un impuesto extraordinario para la salud a la producción y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y comidas rápidas, muchas de ellos responsables de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y otras.

3. Pagar de forma inmediata el “salario global” a los viejos médicos especialistas para que sus sueldos sean equiparados a los de los nuevos.

4. Establecer un plan de acción para eliminar las listas de pacientes en los diferentes servicios médicos. Ese plan podría contemplar, entre otras medidas, la implementación de diferentes turnos de trabajos; establecer unas alianzas estratégicas con la UCR y otras universidades que brindan las carreras de medicinas para que sus estudiantes atiendan a miles de pacientes como parte de sus trabajos comunitarios.

5. Actualizar y mejorar el EDUS. Que ningún usuario se quede sin ser atendido en las clínicas. Exigir la atención médica a todos los pacientes que la necesiten. Si hay usuarios que no obtuvieron cita digital que sean atendidos de forma presencial en los distintos EBAIS, presentando el comprobante de la plataforma de que no pudieron obtener la cita médica.

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