Por José René Tamariz
En Costa Rica existe, desde hace décadas, una democracia burguesa liberal basada en tres componentes: el político, el económico y el social. En el componente político se incluyen, entre otros, las elecciones periódicas cada cuatro años; existencia de amplias libertades individuales, garantías y de prensa formal controlada por grupos de grandes poderes económicos; separación de los poderes de la República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), una institucionalidad democrática con un sistema de frenos, pesos y contrapesos; el tipo de régimen político presidencialista; un sistema de partidos políticos multipartidista de origen más reciente, ya que hasta el año 2014 ese sistema estuvo dominado por el bipartidismo, un Estado de derecho, cada vez más en crisis, así como características.
El componente económico está conformado por el sistema capitalista con un supuesto “libre mercado” que, en realidad, es un mercado oligopólico muy poderoso que dominan el mercado en general, ya sean de mercancías como medicinas, alimentos y otros productos, así como los servicios de telecomunicaciones, transportes y otros servicios; un sistema financiero integrado de forma mixta (banco del Estado y público, bancos privados, cooperativas y otras instituciones financieras) y un modelo de economía dual (régimen definitivo y especial) en proceso de agotamiento desde hace varios años.
El componente social lo constituye el denominado Estado social, cada vez más en crisis y decadencia por la implementación de las políticas neoliberales de los gobiernos de turno. Ese Estado social garantiza, en términos generales, el acceso gratuito a la salud a la mayoría de población; el acceso gratuito y obligatoria a la educación preescolar, primaria y secundaria y el ingreso, a bajos precios, en las universidades públicas; un sistema público de jubilaciones con diferentes tipos de regímenes como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS0) que es mayoritario, así como el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) y de Reparto del Magisterio Nacional, el Régimen del Poder Judicial y otros menores; un sistema de ayudas sociales diversas mediante transferencias por parte del Estado hacia los sectores pobres y vulnerables.
La Constitución Política de 1949
El 7 de noviembre se cumplió y celebró el 75 aniversario de la Constitución Política promulgada el 7 de noviembre del año 1949. La Constitución Política redactada por una comisión nombrada por la Junta de Gobierno y convocada por el presidente de facto, José Figueres Ferrer, vencedor de la guerra civil del año 1948, fue rechazada por mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea adoptó como texto base la vieja Constitución del año 1871 para realizarle un conjunto de enmiendas y nuevos artículos. De ese modo, la actual Constitución Política, aprobada en aquella fecha, es heredera de la Constitución de 1871.
Una de las principales preocupaciones y cambios que realizaron los constituyentes de 1949 fue el relacionado con el poder Ejecutivo. Al respecto el constituyente, Mario Alberto Jiménez, escribió en una de sus obras que “En la colección de nuestras constituciones, es la que más realiza la preocupación de crear un mecanismo de frenos, pesos y contrapesos. El Ejecutivo, según la literatura constitucional ya no es el único que gobierna, a su lado se yerguen las instituciones autónomas y el Poder Legislativo puede también, si lo quiere, influir en el gobierno. A su vez dentro del Ejecutivo mismo, el presidente ya no puede decir, yo soy el ejecutivo. Hoy el Ejecutivo es el presidente y sus ministros. Las municipalidades se han liberado de la tutela del Ejecutivo y así se ha operado otra descentralización”. (Aguilar Bulgarelli, Oscar: La Constitución de 1949. Editorial de Costa Rica, 1981, página 140).
Un Presidencialismo “Enclenque” o No Dominante
Es importante destacar que, de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo fue el que, con la aprobación de la Constitución Política de 1949, el que más salió perdiendo poder. Según Bulgarelli “… este Ejecutivo no sólo fue debilitado, como ya se ha dicho, sino que en el transcurso de los años y desde la promulgación de la Constitución Política, se le negó el derecho de administrar una serie de servicios que, al ser creados, fueron entregados a instituciones autónomas…”. (Ídem). Otros cambios de importancia que le dieron más poder a la Asamblea Legislativa, al Judicial y, al recién creado poder Electoral, reduciendo los de poder Ejecutivo fueron, entre otros, los siguientes:
“Se redujeron los poderes legislativos del Ejecutivo. Se equipararon los períodos de las sesiones extraordinarias y ordinarias del congreso, pues se pasó de una estructura anual de nueve meses de sesiones extraordinarias bajo control del Ejecutivo y tres meses de ordinarias bajo control del Legislativo, a seis meses por igual. Además, se eliminó la potestad del Ejecutivo de convocar a una Comisión Permanente, compuesta por 5 personas diputadas, para la producción temporal de decretos de emergencia cuando el Congreso estuviese en receso”. (Estado de la Nación, 2023: 233).
También se eliminaron las elecciones de medio período de la Asamblea Legislativa “… por medio de las cuales se renovaba la mitad de los integrantes del Poder Legislativo. Estas elecciones, que se habían conservado ya casi como una tradición en las anteriores constituciones, fueron eliminadas al declararse que los diputados duraban en funciones cuatro años sin posibilidad de reelección en forma sucesiva”. (Bulgarelli, 1981: 148). Evidentemente, la eliminación de las elecciones de medio período para renovar la mitad de los diputados, le eliminó la posibilidad al Ejecutivo que tiene minoría parlamentaria de aumentar la cantidad de sus diputados y, de esa forma, facilitar la aprobación de sus proyectos y planes.
“Se eliminaron los poderes electorales del Ejecutivo tales como la organización de elecciones, la potestad de conformar la lista de electores, de nombrar los funcionarios electorales y efectuar el escrutinio de votos”. (Estado de la Nación, 2023: 233). Esas funciones quedaron a cargo del nuevo poder creado en esa Constitución, el Electoral o Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Se abolió el ejército, lo que eliminó un factor de inestabilidad política y, a la vez, un recurso empleado con frecuencia por los Poderes Ejecutivo para cerrar o subordinar otros poderes. Adicionalmente, se distribuyeron las fuerzas de seguridad entre distintas instituciones y poderes del Estado, de manera que el presidente de la República no tiene control pleno de estas fuerzas”. (Estado de la Nación, 2023: 233). Por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que una policía especializada se encuentra bajo el control del poder Judicial.
Debido a la eliminación de muchas atribuciones o poderes que tenía el poder Ejecutivo con la aprobación de la Constitución Política del año 1949, es que el líder del PLN, Daniel Oduber, planteó que esa situación “… ha traído la aparición de una serie de gobiernos con un Ejecutivo enclenque, que para poder realizar alguna labor, o bien para poder materializar algunos de sus planes, han tratado a cada momento y a escondidas, de violar la Constitución”. (Bulgarelli, 1981: 139). Esas violaciones a la Carta Magna se han producido en diferentes gobiernos, tanto en los del PLN, PUSC, PAC y, más recientemente, por parte de Rodrigo Chaves.
Debilitamiento de las Clases Media y Democracia
El planteamiento teórico del marxismo, basado en la experiencia de la lucha de clases y en los diferentes procesos revolucionarios, de que la democracia burguesa es más fuerte y solida como régimen político cuando tiene el apoyo de las clases intermedias o pequeña burguesía, se ha venido a confirmar de forma empírica, en cierto modo, también en Costa Rica. El informe del Estado de la Nación del año 2023 realiza una correlación entre la desigualdad salarial de los estratos medios y su retirada en la participación electoral. De acuerdo con ese informe “La información evidencia una “retirada” de los estratos medios de las urnas en las últimas décadas. En otras palabras, no solo la curva de la probabilidad de votar según niveles de ingreso se ha desplazado negativamente con cada nueva convocatoria a las urnas, sino que ese desplazamiento es más pronunciado entre los electores de ingresos medios en comparación con los registrados por lo de ingresos bajos”. (Estado de la Nación, 2023: 240).
Más adelante, ese informe sostiene que “Este efecto más pronunciado en los niveles intermedios, antes no conocido, puede implicar un serio problema para la democracia electoral costarricense en el largo plazo. Esta ha sido históricamente reconocida por ser una democracia de “capas medias”, considerando el tamaño de estas capas en la sociedad, fuertemente conectadas con la política y con un alto nivel de participación y apego a los valores democráticos como el apoyo al sistema político y la tolerancia… Si los hábitos de votar de estos segmentos del electorado están variando y su alta afluencia a las urnas disminuye aún más que en el pasado reciente, habría un debilitamiento de una de las fortalezas del sistema político”. (Ídem).
Al respecto de la relación entre democracia y apoyo de las clases medias, León Trotsky, plantea que “… La democracia, régimen político, es más inquebrantable, más acabada, más firme cuanto la masa pequeñoburguesa de las ciudades y los campos, insuficientemente diferenciada desde el punto de vista de clase, ocupa más espacio en la vida social…”. (Trotsky, León: Terrorismo y Comunismo. Fundación Federico Engels. España, 2005, página 43). Y más adelante insiste en que “… La democracia burguesa consigue realizar tanto mejor su obra cuanto más apoyada está por una capa más profunda de la pequeña burguesía, cuanto mayor es la importancia de esta última en la vida económica del país y más bajo, por consiguiente, el nivel del antagonismo de clase…”. (Ídem)
De acuerdo con la investigación del Estado de la Nación citado, la base social del régimen democrático burgués costarricense se ha debilitado. Entonces, la importancia y espacios de la pequeña burguesía en la vida económica y social en Costa Rica es, cada vez, menor. Su rol de colchón de amortiguamiento del régimen democrático ha disminuido sensiblemente. Las clases medias consideradas tanto por sus ingresos como por ser dueñas de pequeñas y medianas empresas, las cuales cada año se reducen, han realizado un proceso de “retirada” en el apoyo de la democracia, así como una ruptura acelerada de las ilusiones democrático burguesa con la democracia.
El Derrumbe de los Partidos Políticos Tradicionales y la Crisis de Representatividad
En un artículo anterior sosteníamos que existe un derrumbe de los partidos tradicionales y emergentes debido a diferentes elementos, entre los cuales, se encuentran la derrota en las elecciones de 2022 de todos los partidos políticos a manos de un partido recién creado y por un candidato advenedizo como lo era Rodrigo Chaves; la derrota continua, elección tras elección, de los partidos políticos tradicionales y porque “… existen una serie de datos de encuestas que reflejan la crisis del sistema de los partidos políticos: 8 de cada 10 ciudadano no tienen simpatía por ningún partido político; el PLN pasó de tener el apoyo de entre un 40% y 30% a un raquítico 4,3%; el PUSC sólo tienen unas preferencias de apenas el 3%; Nueva República, apenas llega a una simpatía del 0,5%; el PLP tiene unas simpatías tan solo del 1% y el FA llega, igual que NR, al 0,5% de simpatías del electorado. El PPSD, partido con el que llegó al poder Rodrigo Chaves, puntúa el porcentaje más alto de apoyo del electorado con el 5,4%, aunque es conocido que Chaves rompió con ese partido político…”.
Es importante destacar que los partidos políticos son organizaciones que representa a las clases sociales o sectores de clases que luchan por el poder político. El PLN, el PUSC y el PLP representan a sectores burgueses del capitalismo costarricense. El PNR representa a ciertos sectores de clases medias y populares evangélicas, mientras que el FA representa también a ciertos sectores de clases intermedias de universidades públicas, empleados públicos y otros. Si algunos partidos políticos como el PLN y el PUSC, que controlaron y alternaron el poder por décadas, no toman el poder por la vía electoral su crisis se profundiza en cada derrota electoral y peligra su existencia. Varios dirigentes políticos del PLN han declarado que “Este partido cambia o desaparece”. En algún momento a esos partidos les puede pasar lo mismo que al Movimiento Libertario (ML) o el Partido Acción Ciudadana (PAC) que han desaparecido o fueron expulsado de la política por no sacar el mínimo de votación para seguir existiendo.
El Informe del Estado de la Nación ha venido planteado que existe una “crisis de representación” en la democracia costarricense debido a que “… las personas no creen que los partidos políticos y los gobiernos electos interpretan sus necesidades, intereses, demandas y aspiraciones y, por su parte, los partidos políticos y gobiernos electos tampoco tienen la capacidad o el interés de forjar vínculos sólidos con segmentos estables del electorado”. (Estado de la Nación, 2023: 235). Según ese Informe “Una crisis de representación política no es sinónimo de una crisis de la democracia en general…”, ya que “… la institucionalidad del Estado puede seguir cumpliendo sus funciones razonablemente pese a los problemas de representatividad de partidos y gobernantes”. (Ídem). Si bien es cierto que la “crisis de representatividad” no implica automáticamente la “crisis de la democracia”, sin embargo, se deben analizar otros componentes de la democracia liberal que también se encuentran en decadencia y crisis para entrelazarlos y determinar si hay o no crisis de la democracia.
El Agotamiento del Modelo Económico
Desde hace varios años el Informe del Estado de la Nación ha venido sosteniendo e insistiendo que el modelo económico actual basado en la promoción de las exportaciones está “agotado”. Al respecto, en el 18 Informe del Estado de la Nación se planteó que “En el 2011 se evidenció un agotamiento -señalado desde hace varios años- de las políticas de promoción de las exportaciones basadas en exoneraciones y subsidios como estrategia general para el desarrollo del país. Continuar con esta como única apuesta alcanza para generar crecimiento económico y crear enclaves de modernidad en sectores y territorios específicos. No alcanza, sin embargo, para resolver los problemas estratégicos que enfrenta Costa Rica, cuya naturaleza y complejidad desbordan las posibilidades de las políticas de apertura”. (Resumen del 18 Informe del Estado de la Nación. 2011).
Como se sabe la economía nacional constituye una dualidad entre la “vieja economía” o régimen definitivo y la “economía nueva” o régimen especial. Para el año 2022 el régimen definitivo representó el 87% del PIB total, mientras que el régimen especial lo hizo con el 13%. A su vez, el régimen definitivo garantiza el 89% de las personas ocupadas y el especial solamente el 11%. Como se puede observar, esos porcentajes de aporte al PIB y al empleo por parte del régimen especial es muy bajo en la esfera de la economía nacional. En realidad, si a los crecimientos económicos anuales de país, se le resta el alto crecimiento del régimen especial, el crecimiento real sería mucho más bajo. Veamos un ejemplo con el crecimiento económico del año 2022 “… Según el índice mensual de actividad económica (IMAE), el crecimiento mensual promedio del país durante el 2022 fue de 4,7%... En ese año, el régimen especial logró una expansión de 11,9%, mientras que el definitivo este indicador fue de 3,4%, tres veces menor. Esto evidencia como el impulso que se observa desde el régimen especial, principalmente de las zonas francas, corresponde al principal motor de crecimiento del país”. (Estado de la Nación, 2023: 123).
Es necesario destacar que el régimen especial constituye un enclave transnacional, conformado por la mayoría de empresas transnacionales y pocas empresas nacionales, que tiene pocos encadenamientos productivos y laborales con la economía nacional; las zonas francas tienen grandes exoneraciones de impuestos; las empresas transnacionales de zonas francas “envían transferencias e ingresos de utilidades a la casa matriz”. Al respecto de esto últimos el Estado de la Nación plantea que “… Para medir con mayor precisión este tema, el Informe Estado de la Nación da seguimiento a la brecha entre el Ingreso Nacional Disponible (IND) y el PIB… La tendencia general de este indicador ha sido hacia un deterioro, por debajo del promedio de mediano plazo. Es decir, cada vez es mayor el monto y la proporción de las transferencias e ingresos que salen del país respecto a la producción nacional”. (Estado de la Nación, 2023: 147). Entonces, esos enclaves productivos de las zonas francas tienen, en realidad, poca incidencia el desarrollo nacional debido a los anteriores elementos mencionados.
Mientras eso sucede en la denominada “economía nueva” o de “enclave”, la “vieja economía” o realmente nacional decrece y se encoge, cada vez más, debido a que no tiene estímulos ni incentivos, así como tampoco no existe una política estatal para desarrollarla y hacerla crecer. Esta combinación de factores de esa dualidad económica se deduce que existe un proceso de agotamiento, desde hace años, del modelo económico que tiende a profundizarse y conllevar a una crisis estructura del sistema.
Decadencia y Crisis del Estado Social
Desde hace varios años viene un proceso de reacción y desmontaje, por parte de los gobiernos neoliberales de turno, del denominado Estado social. Sin embargo, con el gobierno de Carlos Alvarado este proceso de reversión y contrarreforma se ha aceleró de forma significativa y ha sido profundizado por el gobierno de Rodrigo Chaves. Veamos.
Actualmente, existe una profunda crisis del sistema de salud caracterizada por una gigantesca deuda del Estado con la CCSS que el gobierno de Chaves niega que exista y que no paga. El sistema de pensiones de la CCSS, el IVM, tiene un alto déficit que pone en riesgo a futuro el pago de las pensiones, la deuda actual del Estado con ese régimen es unos 700 mil millones de colones. El régimen de capitalización colectiva (RCC) del magisterio nacional teme convertirse en otro IVM, ya que hay un crecimiento de la deuda del Estado con ese régimen, la cual asciende a unos 42 mil millones de colones. Esa crisis del sistema de salud tiene consecuencias en la gigantesca lista de espera de pacientes que esperan atención médica, desde hace meses y años, en diferentes tipos de servicios médicos; fuga masiva de especialistas de la CCSS y otros graves problemas del sistema.
Asimismo, también existe una profunda crisis del sistema educativo caracterizada por la reducción continua, año tras año, del presupuesto a la educación. La denominada “ruta de la educación” que solo existe en la cabeza de la ministra de la educación es la “ruta del desastre” que tiene consecuencias serias y desastrosas en la formación de los estudiantes. Y, así sucesivamente, sucede en otros componentes del denominado Estado social.
La Arremetida de Rodrigo Chaves Contra los Poderes del Estado y la Institucionalidad
Los ataques virulentos e inéditos por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en contra de los demás poderes de la República y la denominada institucionalidad democrática en general e integrantes (diputados, jueces, contralora y otros), tienen el propósito y objetivo confeso de desprestigiar y socavar las bases y cimientos de esas instituciones. Rodrigo Chaves no sólo está en contra de toda esa institucionalidad, sino que también adversa la Constitución Política, por eso no celebró el 75 aniversario de esa Carta Magna, ya que es el instrumento que limita e impide aprobar y ejecutar sus proyectos y planes como él quisiera.
Es verdad que muchas de las críticas de Rodrigo Chaves en contra de los partidos tradicionales y de sus integrantes, así como hacia otras instituciones y a sus miembros son ciertas. Sin embargo, Chaves no quiere un régimen presidencialista “enclenque” sino que aspira y trabaja en función de querer ganar las próximas elecciones mediante un eventual candidato ungido por él. Lo ha dicho claramente que quiere volver al poder, obviamente, para implantar un régimen presidencialista dominante, en donde sea el que controle los demás poderes del Estado y toda la demás institucionalidad. Actualmente, trabaja en esa dirección para el mediano plazo o de cara al futuro.
El Gobierno de Rodrigo Chaves: ¿Es el Inicio del Fin de la Época Democrática?
Existen un conjunto de factores y elementos que se están conjuntado para acercarnos a plantear esa hipótesis. La decadencia y crisis de los componentes de la democracia burguesa liberal costarricense que hemos apuntado en los apartados anteriores nos lleva a sugerir la posibilidad de se produzca un cambio importante en el régimen político democrático costarricense. ¿Es esa una probabilidad inevitable? No, no lo es. El régimen democrático burgués tiene resiliencia, frenos y contrapesos para esa arremetida, pero no está exento de los cambios regresivos o reversibles que suceden en el terreno internacional. Existe un elemento que puede ser determinante para la regresión democrática, la pequeña burguesía gira, cada vez más a la derecha y quiere mano dura contra el narcotráfico y la criminalidad. Es por ello, que Chaves goza de popularidad a casi tres años de su mandato.
La venida del presidente de El Salvadora, Nayib Bukele, a Costa Rica, así como su recibimiento pomposo y apoteósico refleja las aspiraciones que tiene Rodrigo Chaves, gobernar con mano dura el país y ejercer el control absoluto de los demás poderes de la República (legislativo, judicial, electoral e institucional) tal como lo hace el dictador “cool” de ese país. El decreto ejecutivo de Rodrigo Chaves que transforma las funciones de la Unidad Especial de Intervención (UEI), bajo la dirección de la presidencia de la República, y, la convierte en una especie de “OIJ paralela” refleja que Chaves pretende tener, bajo su control directo, una fuerza policial especializada para realizar tareas que le compete solamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que funciona y opera bajo el control del poder Judicial. Parece que la venida y los consejos de Bukele a Chaves tuvo efectos y consecuencias inmediatas. El presidente de la República quiere tener su unidad policial especializada, para reprimir directamente desde Casa presidencial.
Es necesario aclarar que la UEI fue creada en el año 1977 para realizar operaciones de riesgo contra actividades de terrorismo, narcotráfico y de protección a los altos funcionarios de los distintos poderes. Servía de apoyo a las operaciones del OIJ. Ahora, eso cambia con el nuevo decreto y el cambio de sus funciones.
Cada vez más nos acercamos a los que la ex magistrada de la Sala Constitucional y actual presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, en una entrevista brindada al “Semanario Universidad” planteaba “El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo. Y ante eso lo único que puede servir para rescatar la democracia es que los contrapesos del sistema hagan respetar la Constitución y la ley, y eso depende principalmente de un sólido Poder Judicial, capaz de hacer valer la fuerza de la Constitución y la Ley… Espero que nunca nos toque la experiencia de tener un gobierno autoritario, pero, con débiles contrapesos, no se puede sostener la vigencia de la Constitución y las libertades fundamentales. Sería receta para un desastre”. (Semanario Universidad. Semana del 11 al 17 de julio de 2018). Entonces, ese cuándo se llegaría a tener un gobierno autoritario, planteado por la jurista Hernández de la CIDH, está aproximándose con el gobierno de Rodrigo Chaves. Que esa posibilidad se vaya a concretar, dependerá de la correlación de fuerzas entre las clases sociales y de la situación nacional.
