Nuevamente el gobierno de Laura Chinchilla arremete contra los derechos laborales
 

Por Aquiles Izaguirre

La crisis del capitalismo nos ha traído un sinnúmero de cambios en la mentalidad de la burguesía y de la misma clase trabajadora. La burguesía, apelando siempre a la estabilidad, ha venido reformando las instituciones del Estado y las mismas leyes que representaban conquistas de los trabajadores. Así es que poco a poco la burguesía va configurando nuevas normativas que le permitan optimizar aún más la explotación de los y las trabajadoras. De modo que la presidenta Laura Chinchilla planea una nueva embestida contra la clase trabajadora, ya no solo proponiendo la reducción de los salarios, sino que intentando establecer un marco jurídico para prohibir y penalizar las protestas y huelgas de los trabajadores.

Ya en octubre del año pasado la presidenta Laura Chinchilla había hecho una primera intentona para atacar el derecho más elemental de los trabajadores, es decir, el arma más eficaz para defender sus derechos, el derecho a la huelga. En esta ocasión, asegura el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides: “El Ejecutivo retiró las razones inconstitucionales del veto; no obstante, mantiene “las razones de oportunidad y conveniencia” (La Nación, 23/5/2013). En esta reforma al Código de Procedimiento Laboral se plantea la prohibición a las huelgas en: “servicios básicos esenciales como salud y seguridad, así como los suministros de agua potable y electricidad” (Ídem). Asimismo, se penaliza la huelga en los suministros de agua potable y electricidad. Esto no es fortuito, ya que no podemos descartar que el objetivo de la burguesía vinculada a la presidenta Chinchilla busque como privatizar y hacerse dueña de los grandes negocios que son los servicios básicos, que hasta el día de hoy no han logrado quitar al pueblo trabajador.

Pero la herramienta jurídica que pretende aprobar la burguesía no solo se limita a prohibir las huelgas en los servicios básicos, sino que también: “Estos incluyen transporte público, servicios bancarios y financieros, y las empresas dedicadas al expendio de combustibles, entre otras funciones del sector público” (Ídem). Es decir, que al fin y al cabo, este nuevo proyecto de ley significaría forjar las cadenas con las cuales la presidente Laura Chinchilla pretende amarar a los trabajadores. Este escabroso proyecto de ley debe ser rechazado por todos los trabajadores costarricenses, no debe quedar duda de que los trabajadores no permitirán que se violenten sus derechos fundamentales.

El derecho a huelga no puede permanecer bajo la jurisdicción de ningún poder del Estado, en eso debemos ser enfáticos. Por ende, no consideramos que la prohibición parcial sea de ninguna forma aceptable. Ante la propuesta, el secretario adjunto de la ANEP, Wálter Quesada, enfatizó que la huelga es un derecho humano y no puede prohibirse: “Nunca nos negamos a que en ciertos servicios que son esenciales no se pueda dar la huelga, lo que planteamos es que deben generarse otros mecanismos de negociación” (Ídem). Por su parte el congresista del Frente Amplio, José María Villalta, manifestó: “Hay temas en los que el Poder Ejecutivo mantiene prohibiciones excesivas al derecho de huelga, pero en término generales es un avance” (Ídem).

Para los trabajadores no es de ninguna manera un avance que el Estado regule un derecho que años de lucha de los obreros han conseguido. La regulación y prohibición del derecho a huelga de un sector social específico, es una punta de lanza que luego puede ser utilizada en contra de cualquier sector de la clase trabajadora.

No nos dejemos chantajear por las palabras de Carlos Ricardo Benavides: “Se generaría un gran daño si los trabajadores de un hospital, de la Policía, o de quienes dependa el servicio eléctrico pudieran irse a huelga, abandonando su puesto; esto no se puede permitir” (La Nación, 23/5/2013). La tarea es comenzar a formar mesas de discusión y análisis de las implicancias del proyecto de ley enviado por la presidenta Chinchilla. El fin es que estos espacios ayuden a los trabajadores a organizar la defensa de su derecho más elemental, el derecho a la huelga. El objetivo es claro, la unión de los trabajadores para movilizarse en contra de este nefasto proyecto de ley.

 

  • Medida es impuesta por el PT de Costa Rica con aval del Secretariado Internacional
  • Nos expulsan por feministas socialistas y para aislarnos de la construcción centroamericana
  • Seguimos más firmes que nunca batallando por la IV Internacional.

En la declaración de principios del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) de Costa Rica se consigna: “Somos hermanas y hermanos de clase de todas y todos los trabajadores y pueblos del mundo que luchan contra toda forma de explotación y opresión. Solo en el combate internacionalista más amplio se podrá derrotar al capitalismo-imperialista, y en consecuencia, luchamos por la construcción del partido mundial para la revolución socialista, desde la trinchera de la IV Internacional”.

A través de toda su historia, el PRT ha establecido como prioridad la contribución, con nuestras modestas fuerzas, a la construcción de esa organización internacional, porque si el capitalismo imperialista se organiza a escala mundial, en organismos políticos como la ONU y el de las superpotencias: como el G8, en entidades financieras que imponen en todo el orbe su política económica, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional, y asimismo en organismos militares como la OTAN; por nuestra parte y en consecuencia, las y los revolucionarios del mundo tenemos que enfrentar a esos nuestros implacables enemigos, organizándonos también de manera internacional, fieles a ese precepto fundacional del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que se denomina internacionalismo proletario.

Por ello, desde el 2008, pese a las serias diferencias que nos alejaron en los años noventa y en la perspectiva de avanzar al reagrupamiento de las y los revolucionarios, decidimos, junto con el partido hermano de Colombia, y camaradas de Perú y Argentina, reincorporarnos a la Liga Internacional de las y los Trabajadores- IV Internacional (LIT-CI), cuya sede se encuentra en el PSTU brasileño y reúne a partidos y grupos en 23 países de América y Europa.

Esa experiencia internacional, lamentablemente, ha sido abortada, no porque nos hayamos retirado de la LIT-CI, sino porque fuimos expulsados. ¿Cómo y por qué se llegó a esa medida extrema en una corriente internacional trotskista, en cuya tradición histórica se supone se privilegia el debate democrático interno de las diferencias y el respeto a las opiniones de las secciones nacionales?. ¿Qué clase de graves acusaciones o hechos justifican esa medida?¿Qué implica nuestra expulsión en cuanto al régimen interno y el carácter de la LIT-CI? ¿Qué tiene que ver nuestra expulsión con las profundas diferencias entre el PRT y el PT que encabeza Héctor Monestel? ¿Qué conclusiones sacamos de este proceso y cuáles serán nuestros pasos a seguir? En esta nota procuramos dar esas respuestas.

EL PT DE COSTA RICA TIENE LA PRERROGATIVA DE EXPULSARNOS DE LA LIT-CI: Hasta nuestra expulsión, en la LIT-CI existían dos grupos adherentes en Costa Rica, el PT (anteriormente llamado MAS) definido como sección oficial desde antes de nuestro reingreso a la LIT-CI, y considerado   como tal porque se supone es el grupo más desarrollado y el más afín políticamente, y nuestro PRT definido como sección simpatizante, es decir, con todas las obligaciones estatutarias, pero sin derecho a voto efectivo en el Congreso Mundial. EL PRT acató plenamente esa condición, pero no por ello dejó de manifestar con toda libertad sus diferencias con la dirección de la LIT-CI en varios aspectos, así como manifestamos nuestras diferencias con las políticas y acciones de la sección oficial: el PT, cuando la situación así lo ameritaba.

Esas discrepancias fueron crecientes y se fueron acompañando de medidas para limitar o coartar nuestra intervención y debate en el seno de la LIT-CI. Este proceso culmina finalmente con nuestra expulsión. Con fecha 4 de febrero del 2013, el Secretariado Internacional (SI) de la LIT-CI nos comunica nuestra expulsión. Se fundamenta esta medida en una resolución previa del Comité Central del PT de Costa Rica, cuyo fragmento a continuación se transcribe:

“Considerando: -Que el PRT luego de ser reconocido como organización simpatizante de la LIT-CI (…) se ha caracterizado centralmente por hacer ataques políticos públicos a nuestro partido. (…) -Pese a que el Secretariado Internacional y el Comité Ejecutivo Internacional le han dedicado en reiteradas ocasiones cartas sobre la advertencia de no realizar ataques públicos, la dirección del PRT siempre vuelve sobre este método. (…)-Desde el 2009 han venido sosteniendo que PT es una organización burocrática, y han sido consecuentes con esa caracterización en su política principalmente en la Universidad de Costa Rica, donde han atacado en reiteradas ocasiones la dirección de la FEUCR que estuvo por varios años en nuestras manos. (…)-En los últimos meses estos ataques se han potenciado, primero en el caso del CONEU donde políticamente estuvieron del lado de los sectores de derecha que se oponían a su realización bajo el pretexto de realizarlo en una iglesia, pese a que formalmente llamaron a asistir. Además, en recientes movilizaciones como el fotocopiado, y la movilización del 15 de noviembre del 2012 nos han atacado públicamente según ellos por quedar del lado de la policía y las autoridades universitarias. El Comité Central del Partido de los Trabajadores resuelve: 1- El PT hace uso de su derecho estipulado en el artículo VII del estatuto de la LIT, y le retira al PRT su estatus como organización simpatizante de la LIT. 2-Se le solicita al SI y al CEI que se pronuncien por el no reconocimiento del PRT como organización simpatizante.

Con fundamento en esa resolución del PT, el SI de la LIT-CI nos comunica mediante la carta de marras lo siguiente: “(…) De acuerdo al estatuto, el reconocimiento de una organización como simpatizante, así como la continuidad de ese status, “requerirá del común acuerdo entre el CEI y la sección oficial” y en caso de desacuerdo “el grupo simpatizante en cuestión perderá automáticamente su status”. Esta resolución del PT implica por lo tanto, que el PRT pierde su condición de organización simpatizante de la LIT-CI”.

Esta cláusula estatutaria es ajena al Estatuto original de la LIT-CI fundada en 1982 y encabezada por Nahuel Moreno. Asimismo, tal como lo indicamos en nuestro “Llamado al CEI y a las secciones nacionales” emitido el 8 de marzo, (mismo que no tuvo respuesta alguna), desde el punto de vista del método, se desprende una cuestión preocupante: “(…) ¿no creen camaradas que la aplicación a rajatabla que hace el SI de esa cláusula estatutaria, puede generar un fuerte rasgo de autosuficiencia nacionalista? Sujetar la pertenencia de una sección simpatizante, a la concesión de visa, no solo de entrada, sino también de salida, a cargo de una dirección nacional, decisión únicamente apelable ante el Congreso Mundial (un par de años después, más o menos), significa, sin duda, darle una atribución enorme a la sección, por encima del Comité Ejecutivo Internacional”. Pero más grave aún: considerando que “ (…) la sección oficial: el PT es bastante coincidente, “nada rebelde”, frente al SI. ¿no creen que está cláusula y como se está aplicando, se convierte o se puede convertir en un instrumento de represalia política?. Y si a eso le sumamos que el PRT ha dado sendas discusiones sobre varios aspectos, equivocado o no, en temas que van desde Cuba, hasta el papel y la importancia de la opresión de género y orientación sexual en nuestra construcción, programa y estrategia revolucionaria, o la política y la orientación más adecuada para intervenir en el proceso revolucionario panameño: entonces: todas las alarmas se deberían prender cuando estamos frente a una expulsión entrecruzada por fuertes debates y diferencias políticas”.

NUESTRAS DIFERENCIAS SOBRE LA CUESTION AMBIENTAL Y NUESTRA LUCHA FEMINISTA SOCIALISTA: En apariencia nuestra expulsión se debe a los ataques contra el PT. Sobre esto hay que decir que para las y los camaradas del PT cualquier crítica o diferencia pública se considera ataque, y reiteradamente defendimos nuestro derecho a discrepar públicamente cuando consideramos que las posiciones del PT no ayudan al desarrollo y fortalecimiento de las luchas concretas. Pero más adelante retomaremos ese punto. Por ahora queremos subrayar que las causas de fondo de nuestra expulsión de la LIT-CI, que en la versión del SI se reducen a las disputas locales con el PT, son más profundas. Veamos.

En el mes de abril del 2011, recién se enteró la dirección del PRT sobre el esfuerzo de las compañeras y compañeros del PT (en ese tiempo denominado MAS) para desplazar de la conducción de la ANEP al más nefasto burócrata sindical de Costa Rica: Albino Vargas, mediante la creación con otras fuerzas de la tendencia sindical ANEP-Rescate, nos comunicamos para ponernos a las órdenes en lo que pudiéramos colaborar en ese combate, sin más interés que el de contribuir al fortalecimiento del sindicalismo clasista. Dimos nuestro modesto aporte, sin pedir nada a cambio.

Poco tiempo después, sorpresivamente la dirección del MAS (PT) nos propuso establecer un Comité de Enlace para sondear la fusión de las dos organizaciones. Rápidamente accedimos a iniciar el proceso a mediados de junio del 2011, y a solicitud de las y los compañeros del MAS (PT) se abrió de inmediato una discusión teórico-política sobre los cuestionamientos que nos hacían acerca del uso de los términos feminismo socialista y ecosocialismo. Nótese que es inaudito que una organización que poco más de un año antes nos planteó la unificación, hoy nos catalogue de enemigos que debemos ser expulsados de la LIT-CI.

La primera discusión que sostuvimos con el PT versa sobre el peso y alcances de la cuestión de género en la actividad revolucionaria. En el PT, con el respaldo de la dirección de la LIT-CI, se considera que la lucha contra la opresión de la mujer y las personas LGBTTI constituyen reivindicaciones meramente democráticas y el machismo es una cuestión cultural, y sin dejar de apoyar esas luchas, las consideran subordinadas al eje de clase. En el PRT, por el contrario, nos denominamos feministas socialistas, pues consideramos que la opresión patriarcal es estructural y substancial a la sociedad dividida en clases y al capitalismo, por lo que reivindicamos la consigna acuñada por nuestra camarada Patricia Ramos: “la revolución socialista será feminista o no será”. Asimismo no circunscribimos la lucha por el socialismo a la esfera de las relaciones de producción, sino que creemos se debe dar también una revolución en las relaciones de reproducción dónde impera el patriarcado, a través del derecho burgués de herencia, la esclavitud doméstica de la mujer y el heterosexismo compulsivo.

En cuanto a la cuestión ambiental las y los compañeros del PT consideran que el mayor esfuerzo para la construcción del socialismo es desarrollar las fuerzas productivas y la industrialización, lo que criticamos pues se asemeja a la visión productivista del stalinismo, que obvia que el desarrollo no debe ser al precio de depredar la naturaleza. Considerando el grave deterioro ambiental impuesto por la voracidad capitalista, que, sin exagerar, amenaza la sostenibilidad de la especie y de la vida misma en el planeta, por ejemplo, por la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global, nosotras y nosotros levantamos la consigna “Socialismo o Extinción”.

Sin embargo, el proceso de unificación fracasó abruptamente al poco tiempo, cuando en una reunión del CEI de la LIT-CI de noviembre del 2011, se votó rechazar la fusión, por considerarla precipitada. Posteriormente, el PRT decidió dar una batalla a fondo en defensa de nuestras posiciones, en especial en cuanto a nuestro ideario feminista socialista, en el marco del X Congreso Mundial de la LIT-CI que se realizó a fines de ese mismo año. En este Congreso, a solicitud nuestra, se aprobó que la LIT-CI publicara con posterioridad un dossier recogiendo los documentos presentados sobre la cuestión de la mujer, lo que, pese a nuestra insistencia, nunca garantizó la dirección de la LIT-CI. En ese Congreso no solo el PRT promovió una discusión apasionada sobre el tema de la opresión de género, sino que se presentaron aportes muy importantes y de calidad de las mujeres del PSTU de Brasil que impulsan el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), en torno al embate del machismo y sus derivaciones internas en el Partido y la LIT-CI.

En efecto, circuló en ese Congreso Mundial un documento presentado a lo interno del PSTU brasileño titulado: “Machismo y Moral: El Partido está en cuestionamiento”. Está fechado 13 de noviembre 2010 y fue dado a conocer en ese evento en portugués, un par de días antes de que se abriera el punto de agenda relativo a la cuestión de la mujer. En ese texto se indica: “El Documento Nacional de Mujeres del PSTU daba cuenta de un crecimiento alarmante del machismo en el Partido, siendo que el 90 % de los casos que llegaban a la comisión moral son relativos a acciones de machismo”. Y agregaba: “(…) que el 10 % de estos casos afectan a miembros de la dirección nacional y una gran cantidad afectan a cuadros intermedios” Asimismo se alerta que la: (…) hipocresía y la tolerancia de la dirección de conjunto frente a una situación de tal gravedad, por tanto tiempo, indican que el Partido corre peligro, que el Partido está doblemente amenazado, porque está amenazado su programa y su moral revolucionarios. La formalidad, la hipocresía, la tolerancia y las medidas blandas contra casos de machismo que han ocurrido son un obstáculo para superar esta amenaza (…).Además de la práctica de la opresión machista, hay compañeros que justifican tal práctica con teorías sobre que el machismo podría ser útil a la lucha por el socialismo. O, aún más, que la lucha contra la opresión machista divide a la clase, entendiendo la subordinación de la lucha por la liberación de las mujeres a la lucha de clases y a la unidad de la clase trabajadora como sinónimo de aceptación, capitulación y hasta incentivo de la opresión a las mujeres, que, por otra parte, [es como] el estalinismo entendió siempre esta cuestión.[1]

Pero más revelador aún es que en ese evento nos percatamos que el sector más influyente de la dirección de la LIT-CI, encabezado por Martín Hernández y Cecilia Toledo, planteaban disolver el Movimiento Mujeres en Lucha (MML), que es una organización de mujeres afiliada a la Central Sindical Clasista CONLUTAS, por considerar que no se deben promover organizaciones autónomas de mujeres en el plano sindical y social, porque por definición todo frente exclusivamente de mujeres es policlasista. Con ese argumento falaz se pretende desalentar la organización propia de las mujeres trabajadoras.

Por todas estas razones, sostenemos que la principal razón, no confesa, por la que se nos expulsa es para liquidar nuestra intervención en el agudo debate sobre feminismo socialista hoy en curso en el seno de la LIT-CI, y la mejor evidencia en ese sentido es que una y otra vez la dirección se ha negado a cumplir la resolución aprobada por el propio Congreso Mundial en el sentido de publicar y difundir el dossier con el debate sobre este tema.

(Nota: Para más información sobre feminismo socialista ingresar a la sección de feminismo socialista en este blog y ver el video del discurso de Patricia Ramos en la conmemoración del 35 aniversario del PRT en el enlace:http://www.youtube.com/watch?v=IW3grSShkrQ&list=PLKcPWmbGr-dFkQCQUnpxZ7Ubh44zh7iWJ&index=3 )

NUESTRA EXCLUSIÓN DE LAS REUNIONES CENTROMERICANAS Y LA CUESTIÓN DE PANAMÁ: A fines de julio del 2012 nos enteramos, por medio del sitio web de la LIT-CI, que a principios de julio se había realizado un Congreso del partido hermano hondureño y una reunión de las secciones centroamericanas de la LIT-CI. A ambos eventos ni siquiera se nos invitó. El proceso de enfrentamiento con la dirección de la LIT-CI se agudiza con este hecho, y la reacción nuestra es de protesta enérgica.

En el Llamado que hacemos el 08 de marzo del año en curso y a propósito de nuestro apoyo a la sección panameña: la LTS y nuestras elaboraciones al respecto, a partir del espectacular levantamiento del pueblo colonense contra Martinelli, manifestamos:” (…) en procura de hacer equipo, apelamos a nuestra dirección internacional, con nuestros análisis y propuestas, planteando que Panamá tendía a colocarse como epicentro de la revolución centroamericana en ese momento, y que estábamos en condiciones de pegar un salto en la construcción de la LTS, que debía ser acompañado de conjunto por la LIT-CI y por las secciones centroamericanas en especial. Lamentablemente ahora hay un reflujo profundo, se han perdido valiosas oportunidades y nuestro pequeño pero aguerrido grupo panameño es objeto de una brutal persecución que lo tiene contra las cuerdas. Todas nuestras elaboraciones, preocupaciones e iniciativas concretas que planteamos, nunca recibieron respuesta del SI. Sostenemos que nuestra exclusión de las reuniones centroamericanas, es inconcebible, y es la antesala de nuestra expulsión, pues significa ponernos en el congelador en una región dónde los procesos de la lucha de clases están más interconectados que en cualquier otros sitio de Latinoamérica. Porque como no nos cansaremos de repetir, la revolución centroamericana es una sola, y para lograr consumar la tarea democrática inconclusa de la reunificación de la patria centroamericana, esta solo podrá lograse con la clase obrera como caudillo de la revolución socialista, Consecuentemente, las y los marxistas revolucionarios del istmo tenemos la apremiante necesidad de organizarnos a escala centroamericana, tendiendo entonces a construir un partido unificado, que esté al servicio de esta tarea. Esta no es una innovación nuestra, es la tesis de Nahuel Moreno en su texto: “Centroamérica: seis países, una nacionalidad, una revolución” (http://www.oocities.org/es/moreno_nahuel/23_nm.htm)

NUESTRAS DIFERENCIAS CON EL PT: Reconocemos que efectivamente hemos tenido y tenemos cada vez más diferencias con el PT por sus políticas y sus métodos. Creemos ciertamente que tienen una práctica aparatista que busca copar las direcciones de las organizaciones al precio que sea, lo que los lleva a oscilar entre posturas sectarias y oportunistas. El sectarismo se expresa en el manejo cerrado que por cinco años hicieron del aparato de la FEUCR, desalentando o directamente boicoteando cualquier lucha y sector que no lograran controlar, como por ejemplo, la lucha por organizar y movilizar a las y los becados, por lo que nuestra Juventud Revolucionaria (JR) tuvo que presionar al directorio de la FEUCR cuando lo controlaba el PT, para dar esa lucha prácticamente en solitario. Pero también dieron giros oportunistas, como en su actitud en la marcha por el fotocopiado del 9 de octubre, y los eventos del 8N y el 15N el año pasado, frente a la represión y las asambleas estudiantiles de la plaza 24 de abril. Sobre este último tema nos limitaremos a consignar nuestras posiciones escritas en su momento para que juzgue el lector, la justeza o no de lo que el PT considera “ataques” en su contra, por lo que supuestamente se nos expulsa de la LIT-CI:

Represión marcha 9 de octubre 2012: El 4 de diciembre del 2012, la JR publicó lo siguiente: “(…) El 9 de octubre, un grueso de las y los manifestantes presentes frente a la Asamblea Legislativa, incluso sin conocer de previo y sin aprobar las acciones del grupo de encapuchados, en lugar de replegarse frente a la represión como pedían a través de parlantes las dirigencias, se unificó y respondió solidariamente. Esto sucedió pese a la línea de las corrientes estudiantiles denominadas de izquierda, como Progre, Alternativa, Convergencia y Ya Basta, respondiendo a la influencia de los partidos Frente Amplio, PT y PST. Por el contrario, la Juventud Revolucionaria del PRT no se replegó, en actitud de defender la unidad de la movilización y responder a la represión unitariamente”.

Represión del 8N y Marcha del 15 N 2012: “(…) Tras la represión del 8 de noviembre, la gran mayoría del movimiento estudiantil (incluyendo asociaciones, partidos, colectivos y activistas independientes) se reúne en una multitudinaria asamblea en la 24 de abril con más de 500 asistentes. Durante la semana se realizaron repetidas asambleas, y constantes discusiones.(…) Posteriormente, una vez más el temor a aparecer como “ultras” y el aparatismo, hacen que las dos mayores agrupaciones estudiantiles que se denominan de izquierda: el PT y el Frente Amplio, terminen mancomunadas, para primero desconocer la Asamblea que dirigen los colectivos, rompiendo la unidad, y luego para emitir un comunicado conjunto muy grave (previo al 15N), insinuando que ese sector preparaba acciones violentas y demarcándose abiertamente. (…) Es sabido que la profunda división estudiantil se expresó incluso al final de la marcha, cuando a la 1pm el PT y el Frente Amplio se retiran de la Avenida Segunda juntos, de la mano de las autoridades universitarias, mientras el resto del grupo (en el que se mantuvo nuestro Partido, la CGT y el SINDEU), se mantiene hasta las 2pm y luego marcha hacia la UCR, tomando en cuenta el grave antecedente que el ministro de Seguridad Mario Zamora había “sugerido” que la manifestación no podía exceder las tres horas (plazo que justamente se cumplía a la 1pm)” (http://www.facebook.com/notes/juventud-revolucionaria/y-despu%C3%A9s-del-15n-el-debate-y-las-tareas-del-movimiento-estudiantil-universitari/307615916014947)[2]

EL fracaso del CONEU: El otro aspecto que destaca el PT en su resolución son nuestros “ataques”, supuestamente junto a la derecha, en torno al proyecto fallido impulsado por el PT de hacer un Congreso Nacional Estudiantes Universitarios (CONEU), cuando dirigía la FEUCR, la FEUNA y hasta cierto punto la Federación de la UTN (hoy no dirige ninguna de esas instancias, creemos que no por casualidad). Sobre este tema vamos a reproducir nuestra postura oficial estampada en una carta al PT de fecha 20 de agosto del 2012, con copia al SI de la LIT-CI, de la cual nunca obtuvimos respuesta.

“Este año al frente de la federación está signado negativamente por 2 factores: 1.-El primer problema es político, que responde a una orientación aparatista frente a la FEUCR, a los encuentros y al CONEU que se ha traducido en una política retardataria para la movilización. Todo el eje y esfuerzo de ustedes se ha concentrado en el CONEU, planteado con consignas abstractas, al mismo tiempo que le han dado la espalda a las luchas concretas de los sectores más dinámicos. Por ejemplo: ustedes una y otra vez se han negado a la realización de una asamblea de becas que hemos propuesto, para organizar a los sectores más vulnerables y proletarizados, o a impulsar espacios y actividades de lucha del movimiento de la diversidad sexual, mismo que se ha potenciado y masificado, en el estudiantado y la juventud durante este período. 2.- El segundo es de carácter metodológico, ustedes han perpetrado un sistemático atropello a la estructura formal de representación y toma de decisiones del movimiento estudiantil, lo cual ha puesto en riesgo el desarrollo y legitimidad del CONEU mismo. Por ejemplo: la imposición de una metodología, fecha y lugar desde una Comisión Organizadora copada por ustedes”.

La pretensión del PT que dirige la FEUCR de realizar el Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios-as (ENEU) en la Iglesia Maná: En una carta que dirigimos al SI de la LIT-CI con fecha 11 de octubre del 2012, indicamos: “Los errores del PT en la organización del ENEU son aún mayores, denotando su insensibilidad ante el movimiento de diversidad sexual, al programar inicialmente, pese a las tempranas críticas de vastos sectores, la realización del evento en las instalaciones de la Iglesia Maná, es decir, al pretender entregar un suma alta de dinero de las y los estudiantes por concepto de alquiler a una Iglesia cavernaria, ligada a personajes como Orozco, diputado homofóbico detestado por las feministas y el movimiento LGBTTI, que se opone rabiosamente a la fecundación in vitro, a la educación sexual en las escuelas y colegios, que ha dicho una y otra vez que es pecado mortal ser homosexual y que ha bloqueado la lucha por el reconocimiento de la unión civil de parejas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa, por lo que se organizó una multitudinaria marcha pidiendo su salida como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. En vez de aprender de sus errores, y hacer el balance de la práctica, la reacción del PT ha sido profundizar su arrogancia y desautorizar toda crítica y autocrítica, tachándola de hacerle el juego a la “conspiración reaccionaria”, volcándose ahora al trabajo electoral para la FEUCR, mientras en el movimiento de las y los becados sigue brillando por su ausencia”.

PALABRAS FINALES: Estamos seguros(as) que en la militancia de la LIT-CI y el propio PT de Costa Rica, hay muchas y muchos camaradas que son honestos y abnegados revolucionarias(os). La expulsión perpetrada por el SI, es un gravísimo atropello y estamos seguros que se volverá en contra de sus perpetradores y que genera y generará dudas y malestar en las filas de la LIT-CI. Por nuestra parte, se agotó la experiencia con la LIT-CI, y de inmediato abrimos un proceso de discusión con otras corrientes internacionales para retomar nuestra lucha de primer orden por la construcción de la IV internacional. Pero a la vez advertimos, sin ninguna autosuficiencia ni demagogia, que no descartamos en el futuro las posibilidades de acercamiento con muchos(as) de quienes hoy conforman la LIT-CI, bajo el fragor candente de la lucha de clases contra el capitalismo y el patriarcado, que cada vez nos exige más el reagrupamiento revolucionario nacional e internacional. A esas y esos camaradas les decimos: seguimos nuestra lucha inclaudicable por nuestras banderas, desde la clase obrera, el campesinado, las mujeres trabajadoras, la juventud y todos los sectores oprimidos, y no renunciaremos jamás a nuestro bagaje feminista socialista, que hoy es más sólido que nunca. Como dice el refrán campesino: “arrieros somos y en el camino nos veremos”.

Comité Central PRT, 8 de abril del 2013

[1] Movimiento Mulheres em Luta (MML). “Machismo y Moral: El Partido en peligro”. São Paulo, Brasil, 13 noviembre 2010.

[2] Juventud Revolucionaria ¿Y después del 15N? El debate y las tareas del movimiento estudiantil universitario, 4 de diciembre de 2012

Por Leandro Espinoza

Este año es clave para el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla. Precisamente es clave, debido a que se ha iniciado con una embestida a los salarios de los trabajadores del Estado. Todo inició en el mes de Enero, en que el gobierno logró pasar un proyecto de Ley que interpretó la Ley de Incentivos médicos de forma desfavorable para el gremio galeno. Este triunfo parcial del gobierno de chinchilla ha dejado envalentonado al gobierno, que pretende, por medio de Ley o resolución de la Sala Cuarta, reducir significativamente los pluses salariales que terminan siendo el grueso de los salarios de los y las trabajadoras.

Nuevamente al ataque

En 1982, a partir de una gran huelga que duró 41 días, el gremio de los médicos consiguió arrebatarle al gobierno la Ley de Incentivos Médicos. Ésta no fue un regalo, sino una concesión que otorgó la burguesía por una lucha librada por los médicos por más de un mes. Es contradictorio que ahora que el gobierno les está arrebatando las conquistas otorgadas por dicha Ley, el gremio de los médicos se siente a negociar con el gobierno y confíen en la institucionalidad para que se les restablezcan los derechos conquistados en la lucha de clases. Al lograr este triunfo parcial el gobierno de la presidenta Chinchilla ha decidido tomar el sartén por el mango, e intenta golpear los incentivos y pluses que tienen los trabajadores del Estado.

Al parecer, no toda la clase obrera ha comprendido la implicancia de la victoria parcial que tuvo el gobierno contra los galenos. Este es el caso de Albino Vargas, que en cierto sentido continua siendo cola de carga del gobierno: “En el caso del artículo 12 (de la ley, que dice que cada aumento del Gobierno Central significará un porcentaje para el cuerpo médico), que es el que nos interesa que se modifique, ir constatando que el nivel de los aumentos salariales en el nivel central cada vez sigue bajando más. Ya estamos hablando de cifras del 1% (de aumento semestral). Nosotros creemos que, si ese desenganche no se da, la situación se va a volver más crónica” (La Nación, 14/2/2013). Pero que el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) no comprenda lo que implica la lucha contra los incentivos médicos, no significa que el resto de la clase obrera no lo entienda.

 En este caso, Beatriz Ferreto, presidenta de APSE parece estar más clara de lo que los trabajadores públicos se están jugando: “La Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para quitarnos nuestros derechos, como hicieron con los médicos, que les cambiaron el cálculo de los sobresueldos. La supresión de los pluses salariales está contemplada en el anteproyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público” (Extra, 14/2/2013).

Desde mediados de Febrero se han hecho públicas las intenciones del gobierno de establecer una norma que regule los salarios bases de los trabajadores públicos. El objetivo del gobierno de la presidenta Laura chinchilla es aplicar impuestos a los aguinaldos y el salario escolar, eliminar pluses salariales y reducir los años de cesantía. La Contraloría General de la Republica ha atacado estas conquistas, que Martha Acosta califica de un “odioso privilegio”. La contraloría ha atacado estos incentivos a través de recursos por inconstitucionalidad ante la sala IV.

Ante la embestida del gobierno se han ido aglutinando algunas organizaciones que se resisten a entregar por completo las conquistas laborales al gobierno. Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), declaraba: “Este sector sindical, consecuente con los principios y derechos de la clase trabajadora, no negociará absolutamente nada que signifique retroceder en materia salarial o laboral, como la eliminación de los pluses salariales, años de cesantía, condiciones de trabajo, impuestos al aguinaldo y salario escolar, y como bloque nos preparamos para movilizaciones y llamar a huelga general en caso de que la clase política no ceda en sus pretensiones y llevaremos a la OIT las denuncias que sean necesarias” (Extra, 12/2/2013). El 13 de febrero algunos trabajadores de las municipalidades de Limón, Santa Cruz, Nicoya, Orotina, Turrialba, Escazú, Goicoechea, Curridabat, Santa Ana, Moravia, San José, Tibás, Coronado, Montes de Oca, Alajuela, Heredia y Santa Bárbara se tomaron las inmediaciones de la Corte, donde se encuentra la Sala Constitucional protestando en contra de los ataques del gobierno a los salarios y sus pluses.

En parte el objetivo era hacer presencia, pero el plantón también presentó documentación en la Corte Suprema. Walter Quesada, secretario adjunto de la ANEP, como muchos sindicalistas, han presentado su confianza en que la Corte puede dar soluciones: “Lo entregamos a la recepción (el documento) para hacerlo llegar a los magistrados. Vamos a esperar unos días para ver si hay una respuesta; si no, vamos a hacer otros movimientos de presión y mucho más fuertes” (La Nación, 13/2/2013).

Pequeños golpes del gobierno

El gobierno parece tener claro que tiene que presionar. Los primeros en ser presionados son los médicos, a quienes en una circular se les señala que: “conforme a la jurisprudencia reciente de la Procuraduría General de la República contienen vicios de ilegalidad (los acuerdos anulados), toda vez que conceder permisos con goce de salario para que funcionarios institucionales acudan a sesiones de órganos colegiados no pertenecientes a la Caja implicaría afectar la continuidad y eficiencia en la prestación del servicio público y el desvío de fondos públicos a fines distintos para lo que están creados” (Extra, 13/2/2013). Es decir que la directiva de la CCSS determinó terminar con la política que mantenía de pagar a los trabajadores que vayan a sesiones propias del colegiado que integran.

Una de las decisiones que llama poderosamente la atención es el despido del sindicalista Rojas Vílchez, a quien el gobierno despidió teniendo fuero sindical y sin mediar siquiera ninguna notificación de su despido. El mismo Rojas declaraba sobre su despido: “No me han notificado nada, siquiera el traslado de cargos que deberían haber hecho para comenzar cualquier proceso. (…) ¡Qué extraño! Pareciera que me están cobrando ser dirigente sindical y ser quien ha redactado las últimas demandas contra el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Extra, 13/2/2013). Al día siguiente, el mismo ministro del trabajo se mostraría sorprendido por el despido y dos días después el ministro del MEP dijo que investigaría el despido que el mismo firmó, justificando que no sabía siquiera qué estaba firmando.

Se requiere la unidad de acción sindical

La supresión de los pluses salariales está contemplada en el anteproyecto de Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público. Ante este ataque las organizaciones sindicales convocaron a una marcha el pasado jueves 21 de febrero: “la APSE está haciendo todos los esfuerzos necesarios para ir en unidad con las demás organizaciones sindicales porque todos somos trabajadores de un mismo patrón y todos saldremos perjudicados con las políticas antidemocráticas del Gobierno” (El País, 15/2/2013).

Ferreto López explica que con esta ley se pretende: “La Asamblea Legislativa tiene los votos suficientes para quitarnos nuestros derechos, como hicieron con los médicos, que les cambiaron el cálculo de los sobresueldos” (Ídem). El ataque a los salarios se intenta justificar por los problemas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero la verdad es que el problema viene por la evasión fiscal, la alta morosidad de los patronos y el gobierno, los elevados sueldos de los altos funcionarios.

La tregua fortalece al gobierno

El jueves pasado se realizó la marcha hasta el ministerio del trabajo. El gobierno y los sindicalistas llegaron a un acuerdo en el que se establecen 15 días de pacto de no agresión en los que no se realizará ninguna marcha ni movilizaciones. En esos 15 días el gobierno se ha comprometido a no mandar el proyecto de ley al poder legislativo. Algunos dirigentes justificaron el acuerdo: “Ellos se dieron cuenta que están caminando en tierras movedizas porque se pueden hundir en una huelga general que paralizaría en país” (Extra, 22/2/2013).

El tiempo que se le está dando al gobierno es un error garrafal, pero Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) la defiende asegurando: “Queremos discutir una nueva propuesta salarial que defina un nuevo marco para los ajustes salariales” (Ídem). El tiempo sigue corriendo y el gobierno no lo perderá más, buscará la manera de atacar los salarios mientras pueda. A pesar de la tregua, este tiempo puede ser valioso para los trabajadores e iniciar una campaña de concientización en los sindicatos, preparando futuras movilizaciones que defiendan los derechos laborales que se han conquistado con años de luchas sociales. La tarea inmediata es convocar asambleas informativas en todos los sindicatos preparando las condiciones para una futura lucha en defensa de un salario digno para todos y todas las trabajadoras.

 

Por Leandro Espinoza.

Este mes ha revoloteado en el aire político el problema de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Básicamente el problema radica en la aplicación de Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas. Esta ley fue aprobada en 1982 y reglamentada en 1998. El revuelo ha sido tan grande que Ileana Balmaceda, presidente de la CCSS, ha abanderado la lucha por quitarles a los médicos costarricenses algunos privilegios que les otorga la Ley de Incentivos Profesionales.

Ley de Incentivos Médicos: Manzana de la discordia.

El problema radica en que según las autoridades de la CCSS: “Por mes la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destina ¢18 mil millones para el pago de salarios a más de 5 mil médicos, lo que se traduce en un 32% de la planilla institucional” (Extra 01/02/2013) Asimismo existen 2.000 juicios laborales contra la CCSS. De estos, la Caja ya ha perdido 350 juicios con un monto de ¢3.700 millones referentes al pago incompleto de incentivos de carrera hospitalaria.

Bajo la Ley de 1982 el salario ordinario de un galeno sería calculado no solo con su salario base mensual, sino bajo otras variables tales como: el tiempo extraordinario que laboran, las guardias y disponibilidades médicas.

Bajo estos argumentos el gobierno ha impulsado un proyecto de interpretación auténtica de la Ley de Incentivos Médicos. Esta estrategia apunta claramente a restarle asidero legal a las  resoluciones favorables que han logrado los médicos en sus demandas por la vía judicial. Veamos que decía el proyecto de ley de interpretación auténtica: “mantener estas variables sería nefasto para la CCSS: “la institución tendría que erogar adicionalmente al pago de los salarios de estos profesionales un monto de ¢18.170 millones anuales y adicionalmente enfrentaría una erogación estimada por indemnización de sentencias judiciales que ronda en ¢172 mil millones. Considerando el período 1982-2012, que tiene una incidencia directa en el presupuesto de esa entidad y por supuesto repercute en las disponibilidad de recursos de esa institución” (Extra 04/02/2013)

Es obvio que el revuelo que ha generado esta campaña del gobierno en contra de los privilegios que tienen los médicos ha repercutido en otros sectores sociales, que lejos de comprender la dimensión de los hechos, han actuado como cola de carga del gobierno. Uno de los casos más embarazosos es la posición de la ANEP en donde su presidente Albino Vargas se rasga las vestiduras como si fuese representante del gobierno: “Lo que estamos diciendo a los médicos es que dejen de estar arrecostados a los demás. Si se modifica el artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos y desaparecen el artículo 8 y el reglamento, entonces los grupos laborales del Gobierno central tendrán mejores posibilidades de obtener reales incrementos salariales, realmente compensatorios por ajuste de inflación y por revaloraciones salariales especiales” (Ídem) Ni Ileana Balmaceda ha sido tan férrea defensora de la posición del gobierno.

Los argumentos esgrimidos por Vargas no visualizan que el problema no es el salario de los médicos, que al fin y al cabo son trabajadores calificados, sino los grandes salarios que se paga a los altos funcionarios de la CCSS. Por otra parte la lógica no es que se reduzcan los ingresos salariales a los trabajadores, es decir, no socializar la pobreza, sino todo lo contrario, luchar para que los salarios de todos los trabajadores mejoren en todos los sentidos.

Edwin Solano Presidente de la Unión Medico Nacional (UMN) terminó contestándole a las embestidas de Albino Vargas: “Don Albino Vargas no es representante del Gobierno y no es un interlocutor válido para nosotros. Con el Gobierno podríamos sentarnos a discutir cualquier cosa y de hecho, hemos pensado que vamos a pedir una cita con la señora Presidenta de la República para sentarnos a conversar sobre esto. Esto es una ley. No tenemos nada que conversar tampoco con la CCSS. Vamos a sentarnos con quien tengamos que sentarnos y es con el Gobierno para hacerle ver la situación que se está presentando”. (Extra 31/01/2013)

Al final otros sectores además de la burocracia sindical de ANEP se sumaron como cola de carga del gobierno, sin comprender que la lucha de los trabajadores no es contra ellos mismos, sino contra de la opulencia de los altos mandos del gobierno y sus privilegios. Esto es algo que han mencionado los galenos, Edwin Solano presidente de la UMN ha declarado a los medios d comunicación: “Lo que queremos demostrar es que ellos, sin sacrificarse, mucho ganan salarios más altos que los médicos. El problema de la CCSS no son los pagos de los médicos como lo han reiterado una y otra vez. Ellos ganan salarios más altos que los doctores, eso sin hacer guardias, disponibilidades ni tiempos extraordinarios”, (Extra 05/02/2013)

Lucha institucional.

La lucha que han llevado los médicos se ha limitado al marco institucional, la verdad es que confían en el marco institucional para solucionar sus problemas. Al final, todo apunta a que será la suprapoderosa Sala IV la que terminará defiendo esta disputa. Pero entre tanto, fue aprobado por el legislativo el proyecto de interpretación de la Ley de Incentivos Profesionales que dice así: “Interprétese de manera auténtica los artículos 5 y 13 de la Ley N° 6836, Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas del 22 de diciembre de 1982, en el sentido de que los artículos 5 y 13 se refieren al salario total ordinario del profesional en ciencias médicas y éste estará constituido solamente por los componentes fijos que taxativamente se expresan en esta Ley y los componentes fijos que se hayan incorporado al salario ordinario en virtud de otras leyes. En ese sentido, los rubros variables que se pagan por jornadas extraordinarias no forman parte del salario total ordinario” (El país 6/2/2013)

Como hemos mencionado, hasta el momento parece que el problema será resuelto por la Sala IV, pero este ataque al salario de los médicos solo es el inicio de una embestida a los trabajadores. Es la movilización de todos los trabajadores la que puede ponerle freno al gobierno, no como dice Albino Vagas: “El papel de los médicos puede ser tan relevante como el papel de los señores que recogen la basura, ambos tienen que ver con la salud pública”. Si su papel es tan relevante, debería estar convenciendo a los trabajadores para movilizarse a favor del aumento salarial de los trabajadores que recogen basura. Porque al final el ataque del gobierno de Chinchilla es a los pluses e incentivos que ganan todos los trabajadores del Estado.

Deuda del Estado y Privados.

Lamentablemente Albino Vargas no recuerda que recién el año pasado se encontraba protestando por los problemas institucionales de la CCSS, en esa ocasión declaraba: “La actividad es para insistirle a la ciudadanía que el problema en la CCSS es estructural” (…) “la fiesta con recursos de la Caja hacia el sector privado de la salud, la deuda del Estado y la exigencia de rendición de cuentas en los altos niveles de gestión institucional” (La Tribuna Hispana 26/06/2011) La realidad es que la deuda que tiene el Estado a la CCSS es de: “La deuda del Gobierno costarricense asciende a 844 millones de dólares, según las autoridades, aunque el sindicato asegura que el monto adeudado es de mil 446 millones.” (Ídem)

Pero no solo el Estado tiene deudas con la CCSS, el sector privado es uno de los grandes deudores de la Caja. Según el informe publicado por la Contraloría General de la Republica en el año 2001, el sector privado también tiene una enorme deuda con la Caja: “Si al monto que el Estado debe a la Caja se suma el del sector privado, la morosidad se eleva a ¢707.512 millones, señala la Contraloría en su informe.” (La Nación 08/09/2011)

Ya desde esa época, el problema de la recaudación de la deuda a la Caja es un poco escabroso, Giselle Segnini Hurtado, gerente del Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, señaló: “que la Caja presenta deficiencias en el registro de cuentas por cobrar” (…) “Entre esas flaquezas, destaca que la CCSS no tiene separadas las deudas de entes públicos y de los privados, así como cálculos erróneos sobre cuentas incobrables.” (Ídem) Las cifras entregadas ese año por la CGR se concluye que las deudas que tiene el sector privado por planillas eran de: “¢106.509 millones, de los cuales el 89% (más de ¢94.000 millones) corresponde a compromisos con más de un año de antiguedad.” (Ídem)

Como vemos, el problema de la Caja Costarricense de Seguridad Social va mucho más allá del pago de incentivos a los trabajadores, por el contrario, con esta campaña se pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene la CCSS que es la enorme deuda privada y estatal. Por otra parte, creemos que el Estado debe pagar los incentivos a los trabajadores, pero no solo a un gremio en especial, sino a todos los que laboran en el mismo. Lamentablemente hasta la fecha el gremio de médicos confía en la institucionalidad y no ha intentado hacer un bloque de unidad de acción con todos los trabajadores del Estado para luchar por sus derechos. Pero la única forma de lograrlo es a través de la movilización y unidad de acción de todos los trabajadores.  

 

Por Enrique Villalobos

En los últimos años, los trabajadores costarricenses han tenido que afrontar un ataque brutal y directo contra las conquistas salariales y laborales. Con el pretexto que existe una crisis fiscal, el gobierno de Laura Chinchilla no cesa de arremeter contra las conquistas de los trabajadores, al mismo tiempo que impulsa la llamada Reforma Procesal Laboral, en la que pretende borrar muchas de las conquistas obtenidas durante las luchas ocurridas en el siglo XX.

Y una de las grandes conquistas que el gobierno de Chinchilla pretende borrar son los pluses salariales. El salario mínimo es el salario base y, para compensar los bajos ingresos, los trabajadores han logrado a partir de incesantes luchas que el salario se aumente vía “pluses”. En la actualidad esta es la parte más valiosa del salario global.

Aumentos salariales rezagados

Los aumentos de salarios en Costa Rica se negocian y deciden el semestre anterior. Para el primer semestre del año 2013 se aplica la decisión que tomó el Consejo Nacional  de Salarios del Sector Público (CNSS) el 23 de Octubre del año pasado.

Conforme la legislación aprobada por la patronal, el aumento al salario mínimo se realiza por sectores: público y privado. Para un millón 200 mil trabajadores del sector privado el salario mínimo aumentó un 3,65% y para 130 mil empleados públicos el aumento  será del 1,84% para los sectores profesionales que ganan más de ¢275 mil al mes y un 1% adicional para los salarios inferiores a ese monto.

En marzo del 2012, después de un tremendo forcejeo y grandes movilizaciones en las calles, el gobierno de Laura Chinchilla y las centrales sindicales acordaron mantener la fórmula de cálculo acordada en el año 2007, que consiste en aprobar el aumento de salarios de cada categoría ocupacional tomando en cuenta el índice de inflación acumulada en el semestre anterior, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Con este mecanismo los trabajadores reciben aumentos salariales rezagados, debido a que la inflación se va acumulando en cada semestre.

Centrales sindicales luchan por el 5%

En el año 2010 las centrales sindicales intentaron imponer la metodología de la indexación mensual del salario, en base a las proyecciones de inflación del Banco Central de Costa Rica, pero obviamente la propuesta fue rechazada. No hay duda que cualquier propuesta de defender y mejorar el salario real de los trabajadores, contará con la oposición del gobierno y de la patronal.

En esta oportunidad las centrales sindicales se han unificado en torno a la exigencia de aumento del salario mínimo equivalente al 4,77%, exigiendo al mismo tiempo abolir la metodología de cálculo aprobada en el 2007 y ratificada en el 2012, por una nueva basada en la “inflación proyectada” y no en la inflación del semestre pasado.

Ahora las centrales sindicales están utilizando el peligroso argumento de que los aumentos de salarios debe ser proporcional al aumento del PIB, lo que suene lógico pero encierra el peligro que en los periodos de crisis del capitalismo, como el que estamos viviendo, caracterizados por el retroceso en la producción, sea utilizado por la patronal y el gobierno para bajar los salarios.

En realidad, el gran argumento de las centrales sindicales debe ser que los salarios deben aumentar conforme aumenta el costo de la vida, y nunca deben estar sujetos a los altibajos del proceso productivo, porque mientras los trabajadores no controlen el proceso productivo no pueden ahorcarse con los vaivenes de la producción, decidida por  los grandes empresarios.

Ante el Decretazo: Convocar al paro nacional de 24 horas

Como no hubo acuerdo entre las centrales sindicales y el gobierno de Chinchilla, el miserable aumento salarial se producirá por la vía del Decreto Ejecutivo y será efectivo a partir de Febrero de este año.

Las centrales sindicales han tenido muchas vacilaciones, en determinado momentos están peleando en las calles, pero en otros momentos negocian y llegan a acuerdos con Laura Chinchilla. Este comportamiento errático ha fortalecido al gobierno.

Ante el inminente Decretazo e imposición de la congelación salarial, solo queda la huelga nacional de 14 horas para obligar al gobierno a otorgar un salario conforme la carestía de la vida. No hay otro camino.

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