Diputados Ariel Robles del Frente Amplio (FA) y Miguel Guillén del Partido Liberación Nacional (PLN)

Por Manuel Sandoval

En una nota anterior comentábamos que entre los tragos y las fiestitas de diciembre, los políticos burgueses iban a comenzar a montar los entramados de candidaturas y coaliciones. Aunque a Alvarez Desanti se le criticó como un señalamiento prematuro que a principios de año dijera que para ganar las próximas elecciones era necesario formar coaliciones electorales, lo cierto es que en la cúpula de los partidos burgueses se ha extraído esta lección de la fragmentación de partidos del último proceso electoral. Aunque, a decir verdad, de Chaves, que ha mencionado la posibilidad de renunciar a la Presidencia dentro del plazo que le permita postularse como candidato a diputado a fin de levantar un movimiento en torno a su figura, no se puede decir que vea esta necesidad de hacer coaliciones.

Como el rum rum de conversaciones entre el PLN y el FA venía desde hace algunos días, no resulta sorpresivo que a partir de unas declaraciones de Ariel Robles proponiendo a los partidos burgueses de oposición una coalición contra Chaves, el Secretario General del PLN: Miguel Guillén, responda positivamente, planteando que se debe “dejar atrás la satanización de los acuerdos políticos” y que propondrá un acuerdo en este sentido a la Asamblea General de su Partido. Guillén, por supuesto, remarcando la importancia histórica del PLN, le indica al Frente Amplio de una vez que es en torno a una candidatura presidencial verdiblanca que se puede hacer la coalición.

La base política se está estableciendo desde ya en la Asamblea Legislativa, en torno a la discusión del proyecto de presupuesto nacional para el 2025, que el Frente Amplio ya aprobó en la Comisión de Hacendarios, coincidiendo con el PLN en desviar, para financiar otras partidas, ¢61 000 millones del monto que Nogui Acosta destinó al pago de intereses de la deuda pública, un monto inflado porque calculó el cambio del dólar muy alto. Una piltrafa que no resuelve el desfinanciamiento de la educación pública y la seguridad social, pero le permite al PLN y al FA salvar la cara, dándole más recursos a las universidades públicas, al OIJ y a otras instituciones; sin encarar el problema de la evasión y el fraude fiscal, y ocultando que es un presupuesto que responde al Pacto de la burguesía costarricense con el FMI desde la anterior administración a fin de pagar la deuda recortando el gasto social del Estado. Como en los dos años anteriores, aunque no es ninguna variación sustantiva del proyecto de presupuesto que presentó Nogui Acosta, es probable que se repita la farsa de que la fracción oficialista no lo vota, y son los diputados de la oposición burguesa los que lo aprueban.

Uno de los dirigentes del PRT, alarmado por la virulencia verbal de Chaves y Pilar contra los diputados del FA y del PLN, solidarizándose contra las amenazas que les hacen, ha dicho que la gestión parlamentaria de Sofía Guillén y la bancada del Frente Amplio es “brillante y valiente”. En la medianía intelectual de este Parlamento, ciertamente que las compañeras y compañeros del FA se lucen. Nosotros, sin embargo, valoramos diferente su gestión en el recinto parlamentario. Es curioso que la gente del PRT no se dé cuenta que está al servicio de la alianza electoral que se está tejiendo con el PLN. Nos preocupa que las/los compañeros terminen arrastrados a esta política de colaboración de clases.

Los diputados del FA no han utilizado la tribuna y la investidura diputadil para lanzarse a organizar la movilización de los sectores populares haciendo eje de sus intervenciones la desconfianza en las instituciones del Estado burgués y el hecho de que sólo a través de la movilización directa es que los sectores populares pueden obtener satisfacción a sus reivindicaciones.

La intervención de los diputados del Frente Amplio se centra en tender puentes hacia la burguesía a fin de participar en la gestión del Estado. Los guía un programa y una estrategia de colaboración de clases que busca fortalecer el régimen democrático-burgués costarricense. Participaron en el gobierno de Carlitos Alvarado (Patricia Mora estuvo al frente del Ministerio de la Mujer sin oponerse frontalmente a la reforma fiscal), y ahora se circunscriben al terreno en el que la oposición burguesa (con el PLN al frente) confronta a Cháves: la tribuna parlamentaria (con la ayuda del aparato judicial, mediante los procesos abiertos a figuras del gobierno).

Las movilizaciones que ha impulsado el PLN (a través de algunas dirigencias sindicales y estudiantiles cercanas y de las autoridades universitarias) han sido episódicas y controladas, únicamente para desgastar el gobierno, pero con el cuidado de que no haya ningún desbordamiento que profundice la movilización y en esto el FA ha sido furgón de cola.

El deslizamiento del FA hacia el PLN hace más imperioso que nunca que las direcciones obreras y populares mantengan su independencia política y un programa de lucha y movilización. En perspectiva de las elecciones, las organizaciones políticas que se reclaman del movimiento obrero deberían levantar un frente electoral clasista sin ningún sectarismo, que levante la necesidad de la lucha intransigente contra la burguesía. Acompañar al FA en su aventura con el PLN, a la que aspiran a sumarse el PAC, diputados del PUSC y otras figuras gastadas de la burguesía, es suicida y el mejor favor que se le puede hacer a Chaves. Una cosa es rechazar las arbitrariedades y el despotismo de que hace gala Chaves, y coincidir con la oposición burguesa en este terreno, rechazando las amenazas a diputados y políticos opositores, y otra muy diferentes es utilizarlo como pretexto para capitularle al PLN.

Decíamos al principio que la perspectiva de un matrimonio del FA con el PLN hace bailar a Chaves en una pata, porque le permitiría seguir haciendo demagogia como el abanderado de la lucha contra la corrupción de los políticos burgueses y ocultar cómo sus asociados se están ensuciando el rabo desde el poder.

El PT, el MTC, el PRT, el NPS y otros grupos de la izquierda socialista y revolucionaria, deben plantearse consecuentemente la conformación de un frente clasista y unitario, que ofrezca una alternativa frente a la deserción del FA hacia el campo de la burguesía. La autoproclamación sectaria de algunos y el oportunismo de otros sólo los condena a la marginalidad, e impide que el movimiento de masas tenga una expresión propia y clasista en el circo electoral que ya comenzó. Mi más sincero deseo es que estén a la altura de esta tarea de impulsar un frente electoral clasista y que nos convoquen, al montón de gente que no se reconoce en ninguna de estas organizaciones, a sumarnos a un esfuerzo unitario.

Por Manuel Sandoval

Es evidente que la ofensiva contra Cháves de los partidos de la burguesía que lo adversan, tiende a pegar un salto, envalentonados por los reveses judiciales que ha tenido recientemente, que se unen al desgaste que viene sufriendo el gobierno en los sectores populares, aunque las encuestas (metodológicamente poco rigurosas) insistan que el Caudillo mantiene un rating alto de apoyo. Al fallo de la Sala IV sepultando el referéndum de la ley Jaguar, se ha unido ahora el fallo del juez que da trámite al expediente de la investigación en contra de Marta Esquivel y los otros directivos chavistas de la Caja, prohibiéndoles por seis meses regresar a la Junta Directiva de la Institución, para que no saboteen la investigación en torno al favorecimiento ilícito de las empresas a las que concesionaron E-bais recientemente.

Si la Esquivel, que todavía no se pronuncia sobre esta medida, trató inicialmente de bajar el tono del enfrentamiento con la Fiscalía y el Poder Judicial, el Caudillo, por el contrario, como bestia herida ha reaccionado de la peor forma, antagonizando aún más con las autoridades judiciales y la Oposición burguesa, y amenazando con violencia si se sigue procesando judicialmente a la gente del gobierno involucrada en actos de corrupción.

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, denunció el jueves en la Asamblea Legislativa, que gente del gobierno pagó $350 000 en bitcoins para una campaña de troles para desprestigiarlo a él y a la Sala IV, y que hay un hostigamiento encubierto en su contra, que da a entender que viene desde la Policía de Control de Drogas y la DIS. Más allá de que el tipo esté siendo impulsado por la Oposición burguesa para golpear a Cháves, nos parece que el personaje (un tipo muy conservador: “A mí me puso Dios” – ha declarado) actúa apegado a la ley y está golpeando al gobierno por donde enseña sucio el rabo.

La moción que propició para que la Asamblea Legislativa investigue posibles relaciones con el narcotráfico en el gobierno, moción que se votó unánimemente ayer en la Asamblea Legislativa, con el sólo voto en contra de los 6 diputados chavistas, pareciera que responde al hecho de que al Fiscal le tiene que estar llegando olor de que hay “queso podrido en Dinamarca”.

El compañero Albino Vargas y la ANEP han reseñado las “carencias y contradicciones” sospechosas de este gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Aquí nos vamos a referir rápidamente al rol de la Fiscalía.

En la estructura del estado burgués moderno, la Sala Constitucional (donde se trata de un régimen democrático burgués con división de poderes en el Estado) fue introducida para dirimir los conflictos de intereses entre las fracciones de la burguesía y sentar jurisprudencia regulando los derechos de las trabajadoras(es) y los sectores populares. Como toda la cúpula del poder judicial, “ici et ailleurs”, sus decisiones siempre son marcadas por los sectores más poderosos de la burguesía. Por eso en cada país es cómplice y parte de la ofensiva neoliberal a nivel global contra los derechos laborales de las trabajadoras(es).

Para el caso que nos atañe, hay que tener presente que dentro del ordenamiento del aparato judicial en el estado burgués, la Fiscalía del Estado tiene entre sus funciones la de dar trámite a la investigación de las infracciones al ordenamiento jurídico en que incurren los grandes empresarios y el personal político de la burguesía, lo que la convierte en un órgano muy político.

Recordemos que el fiscal Dellanese (de corazoncito verdiblanco), cubrió a Figuerillos (y no lo procesó) por la mordida de $1 millón que recibió de ALCATEL por ayudarle a ganar licitaciones del ICE.

En el contexto latinoamericano, por la inestabilidad y el carácter espurio de los regímenes democrático burgueses, la institución de la Fiscalía ha adquirido mucha importancia. En el caso de Brasil, desde esta instancia se armó el golpe institucional para destituir a Dilma Roussef en el 2016 y meter a la cárcel a Lula, a fin de que ganara las elecciones Bolsonaro. En Guatemala, más recientemente, desde la Fiscalía los sectores oligárquicos en el poder intentaron impedir la participación electoral de Semilla, el partido que resultó vencedor en las dos vueltas electorales del año pasado, y mediante todo tipo de acusaciones, hasta de sedición, impedir que el candidato vencedor Arévalo asumiera el poder en enero. Fue la intervención de la Embajada yanqui, temerosa de la desestabilización del país si deslegitimaban el triunfo electoral de Arévalo, lo que finalmente frenó las maquinaciones de la Fiscala María Consuelo Porras, que sobra decirlo, es omisa frente a la corrupción del gobierno anterior de Alejandro Giammattei.

En Costa Rica, hay que tener presente que aunque la Fiscalía terminara demostrando que la sombra de Cháves acompaña los procesos de corrupción e irrespeto a la ley que están reventando, no podría conducir a un proceso hacia la revocatoria de su mandato, porque la figura jurídica del impeachement no existe. Cuando Cháves asumió dijimos que esta era una contradicción grave que tenía la burguesía costarricense, porque en el momento en que necesite deshacerse de un Presidente no tiene ninguna vía legal para hacerlo.

Nos ha llamado la atención el hecho de que la DEA yanqui haya invitado al Fiscal a un seminario en Grecia en vez de hacerlo con el director de la Policía de Control de Drogas (hecho que señaló el Fiscal como signo de confianza hacia su persona). Es interesante porque abonaría a la presunción de nexos dentro del gobierno (y los mandos del Ministerio de Seguridad Pública) con el narco.

Para quienes se ilusionan con este “héroe” de la lucha contra Cháves, el aprecio de la Embajada dice mucho sobre el personaje. El día de mañana no será a Marta Esquivel y los secuaces de Cháves en la Caja a los que procese, sino a luchadores populares. ¡Qué bien que destape la porquería del gobierno de Cháves y lo defendemos frente a cualquier amenaza de agresión del Caudillo, pero no podemos ilusionarnos ni engañarnos solos con el personaje! El hombre fue más que reticente para procesar a los pillos de ALDESA lo que es una advertencia clara de cómo se mueve.

De momento, queremos concluir advirtiendo, que el clima de violencia que alienta Cháves (aunque por ahora sólo se manifieste en amenazas rabiosas de sus seguidores incondicionales) inevitablemente se va a traslucir en alguna agresión violenta contra los diputados que han estado en la mira de Cháves o el Fiscal.

La única manera de impedirlo es con una política para retomar las calles en defensa de la Educación, la Salud y todos los derechos sociales que atropellan Cháves y sus testaferros.

Por José René Tamariz

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fundada en el año 1941, tiene 83 años de existencia. La creación del seguro social y de la CCSS fueron el producto de diversas luchas sociales en la década de los años 40. Es importante destacar que la Caja de acuerdo con el artículo primero de su ley constitutiva “… es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas… Excepto la materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas”.  Por otro lado, la presencia de esta gran institución y sus múltiples servicios otorgados a la población ha sido un pilar en la construcción y mantenimiento del Estado Social de Derecho. Sin embargo, en los últimos años, diversas administraciones gubernamentales, han mantenido una política de desfinanciamiento, privatización de servicios de salud y otros, intromisión en su administración, acto de corrupción y saqueo de sus grandes recursos financieros.

El Presupuesto Billonario de la CCSS

El presupuesto para el año 2025 de la CCSS asciende a ₡6.51 billones, mientras que el presupuesto nacional de la República para ese mismo año será de ₡12.4 billones, es decir que el presupuesto de la Caja representa el 52,5% del presupuesto nacional. Después del gobierno, la Caja es la institución que maneja el mayor presupuesto del país, superando con creces al presupuesto de educación que es de ₡2.58 billones para el 2025. Podemos afirmar que, desde el punto de vista económico-financieros, por los grandes recursos que maneja la CCSS es cuasi un semi Estado dentro del Estado.

Por tanto, a partir de esos datos se puede determinar la gran importancia que, desde el punto de vista económico y financiero, tiene la CCSS en el país. Es por ello, que diferentes gobiernos y grupos económicos poderosos han pretendido -pretenden- controlar la CCSS, en violación abierta a su autonomía, así como quedarse con una parte de ese gran pastel, ya sea mediante distintos tipos actos de corrupción y la privatización de distintos servicios de salud y otros.

Los fondos, reservas y recursos financieros de la CCSS provienen de diferentes fuentes: cuotas de patronos, cuotas de trabajadores, aportes del Estado e intereses de las inversiones en bonos nacionales del gobierno y en el extranjero.

Deuda del Estado con la CCSS

De acuerdo con informaciones periodísticas “El Estado acumulaba, hasta el 31 de marzo de este año, una deuda con la seguridad social de ₡3.7 billones, de los cuales ₡3.088.086 millones corresponden al Seguro de Salud y ₡681.127 millones al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”. (Semanario Universidad, 8 de mayo de 2024). Al mes de junio esa deuda había aumentado a ₡4 billones y sube mensualmente ₡55 mil millones. Sin embargo, la deuda del Estado con la CCSS ha aumentado de forma significativa durante los dos últimos años de la administración Rodrigo Chaves. Por ejemplo, esa deuda del gobierno de Chaves aumentó en ₡1.03 billones, es decir esa deuda se incrementó en un 28%. Y todo parece indicar que dicha deuda del Estado con la CCSS, lejos de disminuir en los próximos dos años del gobierno de Chaves seguirá aumentando, ya que ese gobierno simple y sencillamente no reconoce esa deuda. Al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, declaró que ese monto de deuda “no han sido validadas ni reconocidas por el Ministerio de Hacienda, por lo que no se puede asegurar si son correctas o no”. (Ídem).

Con semejante deuda del Estado hacia la CCSS esta institución podría resolver diversos problemas, tales como la construcción de cientos de EBAIS, hospitales y la adquisición de cientos de equipos médicos y otros insumos.

Desfinanciamiento Estatal para el 2025

La CCSS brinda los servicios médicos a todos los asegurados, administra el régimen de pensiones de invalidez, vejez y Muerte (IVM) otorgando pensiones a unas 523 mil personas pertenecientes al Régimen IVM (373.925) y al Régimen No Contributivo (RNC-149.529). Es importante señalar que algunos servicios de seguros salud y pensiones están a cargos del Estado, tales como las pensiones no contributivas, los servicios médicos de las personas en condición de pobreza.

Según informaciones periodísticas “El Ministerio de Hacienda presupuestó para el próximo año ₡975.786 millones en transferencias del Estado para el Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC). Sin embargo, la CCSS estimó un requerimiento de ₡1.428.702 millones, lo que genera un faltante de ₡452.916 millones…”. (La Nación, 19 de setiembre de 2024). Ese faltante del presupuesto estatal a la CCSS representa un 31% menos de lo presupuestado por esa institución para financiar servicios médicos y pensiones no contributivas. No obstante, el mayor desfinanciamiento estatal es hacia el seguro de salud, pues de lo presupuestado por la CCSS el ministerio de hacienda solo le otorgó el 56%. En el caso del IVM el desfinanciamiento será del 23.5%

Ese desfinanciamiento estatal de la CCSS para el año 2025 tendrá serias repercusiones en el Régimen No Contributivo (RNC), ya que “… existe el riesgo de que para el próximo año no se pueda cumplir con la meta anual de otorgar 5.000 nuevas pensiones en el RNC, o incluso que se reduzca la cuantía mensual de ₡82.000 a ₡73.576, además de no pagar el aguinaldo a los beneficiarios…”. (Ídem). En cuanto al IVM la repercusión es que la CCSS deba recurrir para cubrir ese faltante a los intereses obtenidos de las distintas inversiones.

Listas de Espera y Fuga de Especialistas

Las tres grandes listas de espera atención en el sistema de salud de la CCSS en las áreas de consulta externa, procedimientos diagnósticos y quirúrgicos pasaron de 1.006.276 a 1.223.359 (datos a julio de 2024). Esa millonaria lista de espera en esas diversas áreas médicas está directamente vinculada a la escasez y fuga de especialistas en la CCSS. Esa fuga se produce en todas las especialidades médicas, anestesiología, neurocirugía, ortopedia, dermatología, ginecología, urología, gastroenterología, oncología, oftalmología y otras ramas. Las causas por las cuales se produce esa fuga masiva de especialistas de la CCSS hacia el sector privado y al INS es porque los salarios de la Caja son más bajos que en la medicina privada y el INS, así como también por la sobrecarga laboral de realizar varios turnos por parte de esos médicos y la atención de 32 pacientes en ocho horas.

Muchos pacientes, dependiendo del área de la especialidad, pueden tardar desde 596 días hasta 803 días e inclusos años para ser atendidos. Muchos pacientes se han muerto antes de ser atendidos en la CCSS. En realidad, esas listas de esperas constituyen una gran tragedia nacional y dolor humano de miles de personas. Algunas personas que tienen ciertos recursos económicos terminan pagando algunos diagnósticos médicos y consultas en clínicas privadas, mientras que la mayoría de la gente de las listas de esperas que no tienen esos recursos para pagar medicina privada no les queda más que el sufrimiento, soportar los dolores o bien esperar la muerte resignación y/o dolores terribles.

Ataques y Desestabilización de la CCSS

Los ataques en contra de la CCSS han sido una constante por parte de los gobiernos de turno, pero esos ataques se han intensificado durante la administración de Rodrigo Chaves. El presidente Chaves se ha encargado personalmente de realizar una campaña de desprestigio en contra de la institución acuñando y repitiendo constantemente la frase malintencionada de que “la Caja está quebrada”. Sin embargo, esa frase es a todas luces una falacia de Chaves para intervenir y controlar la CCSS, tratando de eliminar de facto la autonomía institucional de esa institución y profundizar el proceso de privatización de los servicios de salud en la Caja. Sencillamente, la CCSS no puede quebrar porque no es una empresa que viva de las ganancias, sino que es una gran institución de bien social que se nutre de varias fuentes de financiamiento, tales como las contribuciones sociales (tripartitas), las transferencias, los ingresos de capital, financiamiento y otros. Para que la Caja “quiebre” simple y sencillamente, tendrían que quebrar primero sus fuentes de financiamiento, es decir las empresas, trabajadores y el Estado. Entonces, sólo una grave y profunda recesión económica podría provocar un colapso de la CCSS.

Por otra parte, es necesario e importante señalar que existe una política consciente de Rodrigo Chaves y sus agentes dentro de la junta directiva de la CCSS para desestabilizar el funcionamiento, administración y gobierno de la Caja con el objetivo confeso de eliminar en los hechos la autonomía institucional y profundizar el proceso de tercerización o privatización de los servicios de salud. Ese proceso de desestabilización de la CCSS incluye la mañosa campaña presidencial de que la “Caja está quebrada”, repetida por su servil presidenta de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez; la destitución en septiembre del año 2022 del presidente de la CCSS, Álvaro Ramos, y, la posterior destitución de cinco directivos de la junta directiva de la Caja para colocar en esos puestos a sus agentes; paralización de proyectos de inversión; intento de incluir a la Caja dentro de la regla fiscal; la destitución de diversos gerentes de seis de las siete gerencias existentes en la CCSS para instalar en esos cargos a sus serviles; cambios en la unidad técnica de listas de espera y otros hechos en contra de la institución.

El Caso “Barrenador” de la CCSS: Privatización de Servicios y Corrupción

De forma sorpresiva e irregular, la Junta Directiva de la CCSS aprobó y adjudicó en sesión extraordinaria el sábado 6 de julio de 2024, bajo la figura de funcionario de hecho, la tercerización o privatización por diez años de los servicios de salud en diez áreas de 138 Equipos de Atención Básica en Salud (EBAIS). Dicha adjudicación de esos servicios fue por el monto de ₡178.000 millones a las siguientes empresas: Coopesana, Coopesalud, Coopesaín, Coopsiba y Asemeco.

Debido a que en ese proceso de adjudicación se produjeron una serie de maniobras y triquiñuelas para consumar actos de corrupción se realizaron varias denuncias en el Ministerio Público para que investigara esa contratación millonaria. Entre las maniobras y artimañas para otorgar esa adjudicación por parte de la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, directivos de la Junta Directiva, exdirectivos y la gerente general de esa institución, se encuentran, entre otras: anulación de licitación anterior para hacer una nueva; establecimiento de relaciones con la Cámara de Salud para que influenciara la elaboración del cartel para beneficiar a las cooperativas y Asemeco; otorgamiento de la contratación de esos servicios por el tiempo de diez años y no de cuatro años; creación de comisión para tener resultados diferente; un incremento anual o sobreprecio de ₡12.400 millones por la prestación de servicios que por el tiempo de diez sería un total de ₡124.000 millones.

Producto de las denuncias interpuestas en el Ministerio Público, el día lunes 23 de septiembre la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la policía judicial del OIJ realizaron 28 allanamientos en diversos lugares y detuvieron a los ocho directivos y exdirectivos de la CCSS por los eventuales delitos de tráfico de influencia y influencia en contra de la Hacienda Pública. Los detenidos fueron liberados a las 24 horas y, posteriormente, después de brindar sus declaraciones, actualmente se está a la espera de las medidas cautelares que dictará el juez a cargo de este caso de corrupción en el seno de la CCSS.

Este caso de corrupción en la Caja está directamente vinculado al proceso de privatización de los servicios de salud que se viene realizando desde hace varias décadas en esa institución. Sin embargo, la inclusión de la Cámara Costarricense de Salud en el proceso de adjudicación de los servicios de salud en esos 138 EBAIS y seis empresas afiliadas es un paso mayor en el proceso privatizador que solicita esa cámara como son los llamados modelos de “bata gris”, “bata verde” y el “bata blanca”: contratación de mantenimiento de los edificios de la CCSS, contratación de los servicios de farmacias y laboratorios clínicos de la CCSS y la contratación de todos los servicios de salud de la CCSS a manos privadas. En síntesis, con la implementación de esos modelos, la CCSS quedaría reducida a un cascarón y pagador de los múltiples servicios de salud al sector privado.

De último, es importante destacar y exigir que este caso de corrupción denominado “Barrenador” por parte del Ministerio Público no debe quedar impune como muchos otros casos de corrupción. Debemos exigir, en primer lugar, la destitución de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez y demás miembros de la Junta Directiva y otros altos funcionarios involucrados. En segundo lugar, se debe exigir el encarcelamiento de todos los involucrados en ese acto de corrupción, incluidos los funcionarios de las Cooperativas y de la Cámara de Salud involucrados. Exigir en un plazo determinado, con fechas, el pago de la deuda histórica del Estado a la CCSS. Que los servicios de los EBAIS pasen a manos de la CCSS. Elaboración de un plan conjunto del personal médico, trabajadores y autoridades de salud para reducir y eliminar en un plazo determinado las listas de espera y otros problemas en la prestación de los servicios de salud. Garantizar las citas médicas y atención a todas las personas que las requieran de forma presencial, ya que la plataforma EDUS no funciona ni garantiza las citas y atención de las personas que las requieren.

Por Manuel Sandoval

Las novatadas en el círculo que rodea a Chávez son impresionantes, pero la verdadera explicación de los errores legales que cometen no es sólo la falta de experiencia, sino también el hecho de que el Caudillo les ha transmitido a sus allegados más íntimos la ilusión de que están por encima del marco legal que regula el Estado costarricense. Con los sectores más fuertes de la burguesía costarricense enfrentados a su gobierno, la correlación de fuerzas a nivel del Estado es desfavorable a Chávez y su gente, pero el Caudillo, por su prepotencia, no lo percibe.

Marta Esquivel y los directivos y ex directivos chavistas de la Caja llegaron a la Institución a sabotearla para favorecer la privatización de servicios, y la acusación bajo la cual los detuvo la Fiscalía el lunes: de favorecimiento ilícito con fondos públicos a las cooperativas que administran E-bais en diez áreas (un sobreprecio en la contratación de ¢12 400 millones por año), no podía pasar desapercibida (como en muchas ocasiones ha ocurrido en contrataciones semejantes a nivel del Estado), por el hecho de la división que enfrenta a la burguesía costarricense. Era evidente que el PLN y otras fuerzas opositoras podían mover hilos en el Poder Judicial para agarrarlos por ahí y, efectivamente, el contrataque ha resultado muy bien orquestado y tremendamente dañino para Chávez, en la coyuntura en que por el sabotaje del gobierno la empresa mexicana que iba a construir el hospital de Cartago optó por renunciar al contrato.

La lista de acusaciones y procesos judiciales contra Chávez y su gente crece, y si el Caudillo no baja el nivel de enfrentamiento con el resto de la burguesía, los seguiremos viendo detenidos en los calabozos del OIJ en espera de ser procesados. Sin un partido chavista fuerte para las próximas elecciones, un mal resultado electoral para el Caudillo moverá al resto de la burguesía a “sepultarlo” en los procesos judiciales que le están cayendo encima. Probablemente le van a dar una lección para que no sea “tan matón”.

Con el gansterismo que hay en la burguesía costarricense, que bajo las narices complacientes de Nogui Acosta y el Caudillo ha continuado con la práctica de la evasión y el fraude fiscal de las grandes empresas y financieras (en el 2022 y el 2023 empresas como APM Terminals, Claro, Constructora Hernán Solís, Ingenio Taboga y Teletica, han declarado pérdidas o 0 ganancias), los abusos en la Caja resultan de “poca cuantía” y tal vez por eso el Jefe y sus secuaces no creyeron que iban a ser parte de la lucha que los enfrenta al resto de la burguesía.
En realidad, nosotros creemos que a Marta Esquivel y al Caudillo habría que meterlos a la cárcel por atentar contra la Salud de los costarricenses y asesinar pacientes que han muerto por el deterioro de los servicios médicos de la Caja que han provocado las políticas de este gobierno.

No sólo es el sabotaje a la construcción de un hospital nuevo en Cartago y otras obras indispensables. Pese a que este gobierno no cubre sus obligaciones con la Caja, la Institución acumula un superávit de ¢900 000 millones, que surge de la falta de especialistas por los bajos salarios y la despreocupación por formarlos, y de la carencia de medicinas, equipos e instalaciones. Tratando de encontrar vías para la privatización de servicios, la presa de citas en vez de disminuir aumenta. En la vía del desmantelamiento de la Institución irresponsablemente se han sacado de la manga políticas para favorecer al sector privado que terminarían quebrando a la Caja, como el COPAGO (que los pacientes con algo de recursos paguen una parte de la atención en hospitales privados y la Caja cubre otro porcentaje).

A Marta Esquivel hay que sacarla a patadas de la Caja y parar de una vez por todas las maquinaciones de Chávez para desmantelar la Institución. Esto no va a resultar de ningún proceso legal contra la banda chavista. Estos procesos están condicionados por los tejes y manejes dentro de la burguesía. Si la Oposición burguesa le arranca concesiones a Chávez, a lo mejor que no avanzan. Es necesario que el movimiento de masas se levante en defensa de la seguridad social. }

La santa patrona de las mafias financieras del país, la nefasta Rocío Aguilar, ha iniciado una campaña para retacear el IVM y los otros regímenes de pensiones, en perspectiva de disminuir el aporte patronal y del Estado. Tenemos que obligar a Chávez y a Nogui Acosta a cubrir las obligaciones del Estado con la Caja y comenzar a cancelar la deuda; recursos sobran si se mete en cintura a los estafadores del Fisco.

El gobierno conserva una base social reaccionaria y lumpen que sigue amenazando con acciones violentas contra la gente que se opone al Caudillo. Hay que estar alerta, para aplastar con la movilización popular cualquier aleteo que se atrevan a dar.

¡LA CAJA SE DEFIENDE!

¡A LA CÁRCEL MARTA ESQUIVEL Y LOS SECUACES DE CHÁVEZ!

¡NO MÁS CONCESIONES DE E-BAIS A COOPERATIVAS PRIVADAS!