Por José René Tamariz

Rodrigo Chaves, presidente de la República, es un mandatario muy diferente a los demás presidentes que han gobernado el país en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista de su estilo de gobernanza como de su cuestionamiento y ataques constantes a la denominada institucionalidad del país, léase, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República (CGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Fiscalía, así como también de gobernantes de períodos anteriores, partidos políticos tradicionales, grupos económicos de poder y medios de comunicación controlados por la oligarquía y otros capitalistas.

Rodrigo Chaves y la “Prensa Canalla”

El calificativo despectivo de “prensa canalla” ha sido acuñada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, a los medios de comunicación, principalmente del diario La Nación, la televisora Teletica (canal 7) y el medio digital CRHoy.com. La familia Jiménez, parte de una antaña dinastía aristocrática, es la principal dueña del diario La Nación. Esa familia tiene una mayor participación accionaria en la empresa Florida Ice & Farm (FIFCO), productora de la cerveza nacional imperial y de refrescos, así como en las ramas económicas inmobiliarias, turísticas y otras. La familia Jiménez, históricamente y a través de La Nación, ha sido -es- muy influyente en la política nacional, escogiendo y poniendo candidatos a la presidencia de Costa Rica. Incluso contribuyeron al juzgamiento y encarcelamiento de los presidentes socialcristianos, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, por los casos de corrupción conocidos como CCSS-Fischel e ICE-Alcatel.

Por otro lado, las posiciones reaccionarias de La Nación son bien conocidas. Por ejemplo, es famoso el pasaje contado por Alberto Cañas del encuentro entre José Figures Ferrer y Alberto Martén con funcionarios de La Nación en el año 1948. Cuenta Cañas que “… no puedo omitir un pasaje que ya he contado en otra parte, y fue la visita que a Figueres hicieron el gerente y el director de La Nación, acompañando a don Manuel Francisco Jiménez Ortiz, don Eladio Trejos y don Fernando Lara. Me tocó conducirlos a Club Social de Cartago, donde Figueres y Alberto Martén los recibirían…”.  (Cañas, Alberto: 80 años no es nada. Editorial UCR, 2008. San José, Costa Rica). Más adelante, sigue contando Cañas que los personajes de La Nación dijeron que “Simplemente, en San José “sabían” que la Revolución se proponía “desconocer” la elección de Ulate. Y esa decisión contaría con el apoyo de importantes grupos, y del periódico La Nación, si Figueres accedía a derogar el Código de Trabajo”. (Ídem). Las negrillas son nuestras. Al final, a esa proposición reaccionaria de los emisarios de La Nación “… Figueres y Martén rechazaron casi con violencia. Ni desconocería la revolución la elección de Otilio Ulate, ni echaría atrás en la legislación social, que más bien sería perfeccionada”. (Ídem).

Por otra parte, el grupo La Nación ha estado implicado en procesos de fraude fiscal por la simulación de venta de las antiguas maquinarias de dos rotativas a la firma de Belice denominada Capital Leasing Corporation. En ese caso el grupo Nación aceptó pagar más de 500 millones de colones como una salida alterna al proceso judicial.

Los principales ataques del mandatario Chaves ha sido y es contra el periódico La Nación, ya que ese medio de comunicación fue el que hizo público, en medio de la campaña electoral, el acoso sexual realizado por Chaves hacia funcionarias del Banco Mundial en Indonesia cuando fue alto funcionario. Sin duda alguna, la publicación de La Nación del caso de acoso sexual por parte de Chaves tenía como objetivo central evitar que éste llegara a la presidencia de la República porque no era confiable e incontrolable por parte de los grupos de poder tradicionales. 

La empresa Televisora de Costa Rica es la dueña de Canal 7 y otras empresas. La familia Picado Cozza es la dueña de esa empresa y su conglomerado. El canal 7 también realizó una fuerte campaña en contra de Chaves, para bloquear su elección presidencial, por la acusación de acoso sexual que tuvo en el Banco Mundial. Asimismo, ha mantenido una línea editorial crítica hacia el gobierno de Rodrigo Chaves.

El medio digital CRHoy.com pertenece al banquero, Leonel Baruch, quien es socio mayoritario del banco BCT. Ese es un medio de comunicación que mantiene una línea editorial y periodística crítica hacia el gobierno de Rodrigo Chaves por lo cual ha sido atacado de forma virulenta por el mandatario. Al mismo tiempo, Rodrigo Chaves ha acusado que Leonel Baruch de un mega caso de evasión fiscal. A su vez, Baruch ha planteado que ha sufrido de persecución política, por parte de Chaves, porque es falso el mega caso de fraude fiscal. Por otra parte, es importante destacar que el BCT han financiado, mediante fideicomisos, las campañas electorales de los partidos políticos PLN, PUSC, PAC y FA.

Los Ataque de Chaves Contra la Institucionalidad Costarricense

Rodrigo Chaves, ha atacado de forma constante a los diputados de la Asamblea Legislativa, algunas veces diciéndoles que “juegan chapitas”, otras veces acusándolos de “defensores de sicarios” y a diferentes legisladores los ha cuestionado por sus nombres. También ha señalado que la institucionalidad costarricense es “escandalosa” y, así sucesivamente, existe un proceso de fricción y conflictos entre el poder Ejecutivo y Legislativo.

Por otro lado, en los últimos meses, Rodrigo Chaves, ha venido elevando sus ataques en contra de la Contraloría General de la República (CGR) y, en particular, contra la contralora general, Marta Acosta, a la cual ha acusado de “cogobernar” y de bloquear diversos proyectos y obras de construcción de su gobierno. Frente a esos bloqueos por parte de la CGR hacia algunos proyectos del gobierno, Chaves, decidió solicitar una convocatoria a referéndum para eliminar algunas potestades de control y fiscalización previas por parte de esa institución.

Por otra parte, los ataques y críticas al Poder Judicial se han realizado de forma continua, por parte de Chaves. Según algunos sindicatos judiciales sostienen que “Desde el momento en que asumió el cargo de Presidente, Rodrigo Chaves no ha dejado de atacar al Poder Judicial, con la clara intención de debilitar la institucionalidad republicana que juró defender”. (La República, 02 de abril de 2023).

¿Dictadura Perfecta o Dictadura de Clase en Costa Rica?

Recientemente, los ataques de Rodrigo Chaves contra los partidos políticos, sus gobiernos de los últimos 75 años y la cacareada institucionalidad democrática han subido de tono al extremo de plantear que en Costa Rica ha existido una “dictadura perfecta” de 75 años y que, posteriormente, corrigió diciendo que era una “tiranía perfecta”. Cuestionó que durante los últimos 75 años ha existido “la misma Asamblea Legislativa con pequeños cambios, nombrando a los mismos magistrados, a la misma Sala Cuart, haciendo los mismo cambalaches”, también planteó que era un “cuentico” la democracia y las instituciones, ya que no les servían a los intereses de la gente. Y, así sucesivamente, Rodrigo Chaves, ha criticado duramente el statu quo, el establishment y la gobernanza de las últimas décadas a manos del PLN, PUSC, PAC y otros partidos políticos desaparecidos.

Las críticas de Rodrigo Chaves a las componendas, pactos y repartición del poder y cargos en las diferentes instituciones por parte de los partidos políticos que gobernaron Costa Rica en los últimos años son ciertas y reales. Ahí está el ejemplo de la ley 4 x 3 que permitía repartirse los puestos de las instituciones públicas entre el PLN y el PUSC cada cuatro años entre sus testaferros.

Sin embargo, las formas de los cuestionamientos de Rodrigo Chaves a los partidos políticos y sus gobiernos de los 75 años anteriores, así como a la institucionalidad, más bien parecieran que fueran de grupos de izquierda, no de un presidente de la República. Esas críticas que hace Chaves a los gobiernos de turno e instituciones son, en cierto modo, parecida a la realizada por diversas organizaciones de izquierda, aunque el cuestionamiento de éstas al orden establecido va más allá enfilándose contra las fuerzas policiales y el Estado como instrumento de opresión de la clase burguesa en contra de los trabajadores y demás sectores populares. No obstante, los objetivos de Chaves con sus críticas y cuestionamientos a los partidos políticos y sus gobiernos tienen otros objetivos que analizamos más adelante.

Es debido a esas críticas y cuestionamientos de Chaves a los partidos políticos y sus gobiernos de turno e instituciones democráticas que, algunos dizques “izquierdistas” e “intelectuales de izquierda”, están deslumbrados e impresionados con respecto a los planteamientos del mandatario, cercano a la capitulación política a este personaje y su gobierno.

Las contradicciones de Chaves. El 2 de mayo, fecha en que Rodrigo Chaves compareció en la Asamblea Legislativa sostuvo que “Nuestra democracia es fuerte y sigue siendo ejemplo mundial. Así lo refleja el Índice de Democracia del año 2023 del prestigioso diario The Economist, que sitúa a nuestra nación como la democracia mejor consolidada de toda América Latina y la número 17 en todo el mundo”. Sin embargo, el 14 de junio, en un acto en San Carlos, contradiciendo lo anterior planteó que en Costa Rica ha existido una “dictadura perfecta” o “tiranía perfecta” en los últimos 75 años. Esas contradicciones políticas, marchas y contramarchas y zigzagueos políticos son típicos de la actuación y funcionamiento político teatral del mandatario Chaves.

De otro lado, sin duda alguna, las críticas y cuestionamiento de Rodrigo Chaves a los partidos políticos y sus gobiernos de los últimos 75 años, así como de la denominada institucionalidad democrática, tienen como objetivos, primer lugar, desprestigiar y destruir a sus adversarios y competidores políticos, de cara a la próxima contienda electoral que posibilite  a su eventual candidato/a ganar las elecciones y aumentar su número de diputados para cambiar leyes e, incluso reformar la Constitución Política, y, en segundo lugar, procurar un eventual cambio del régimen político en Costa Rica, pasando de un régimen democrático burgués a un régimen burgués de tipo bonapartista o autoritario, en el cual no existan los controles y los contrapesos políticos y jurídicos.  

El planteamiento de Chaves sobre la “dictadura perfecta” en Costa Rica permite hacer una discusión sobre el régimen político existente en el país. En Costa Rica, con el triunfo de del bando de Figueres en el conflicto político-militar del año 1948 se instauró un régimen bonapartista con características autoritarias, aunque tuvo una existencia efímera de 18 meses, tales como gobernar mediante decretos-leyes, sin Constitución Política, ilegalizó al partido comunista (Partido Vanguardia Popular), disolvió la central sindical clasista CTCR y la eliminó cientos de sindicatos independientes, así como reprimió al conjunto del movimiento obrero.

Posteriormente, con la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la elaboración de la Constitución Política de 1949 que aún se mantiene vigente, se le traspasa el poder a Otilio Ulate, período 1949- 1953. A partir de ese período, formalmente se han venido realizando elecciones generales en las cuales se han alternado el poder político varios partidos políticos, pero principalmente, el PLN y el PUSC cuando fueron el bipartidismo hegemónico y, más recientemente, el PAC.

El régimen político en Costa Rica controlado por esos partidos políticos es democrático burgués en donde los gobiernos son electos mediante elecciones cada cuatro años. Sin embargo, la democracia que existe es para los ricos, no para los trabajadores y demás sectores populares. Veamos. Formalmente existe la libertad de prensa, libertad de organización, de movilización y otros tipos de libertades formales. Sin embargo, la realidad es otra. Esas libertades existentes son, principalmente, para los capitalistas y ricos, ya que los empresarios, por ejemplo, son los dueños de los medios de comunicación y, por ende, los capitalistas como los Jiménez, Baruch, Picado y otros, determinan lo que se escribe y dice en los periódicos, noticieros de televisión, radio y medios digitales, como La Nación, Canal 7 y 6 y CR.hoy.com y otros más.

Por otra parte, aunque formalmente y en el papel, Código de Trabajo, existe el “derecho de sindicalización” y de “huelga” de los trabajadores, la realidad es que en la empresa privada ese derecho no existe, ya que los trabajadores que se atreven a formar sindicatos o hacer huelga son despedidos, ipso facto, de sus trabajos. En realidad, en las empresas privadas de Costa Rica si existe una verdadera “dictadura patronal” en la que no existe el derecho a formar sindicatos ni hacer huelgas y, por ende, no se pueden tener convenciones colectivas; se imponen extensas jornadas de trabajo; en muchas empresas no se paga el salario mínimo y no se gozan de otros derechos elementales.

En el sector público, a los trabajadores también se les ha negado el derecho a realizar huelga mediante la anti obrera ley denominada “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. Rodrigo Chaves, como representante de una facción burguesa no denuncia ese tipo “dictadura patronal” porque él está de acuerdo con esa forma y tipo de dictadura de clase. Rodrigo Chaves, como representante de una fracción burguesa y sostén del régimen capitalista, está en contra de las huelgas de trabajadores y de las movilizaciones de diferentes tipos, ya sea por aumentos de salarios y del movimiento LGTBI que, recientemente, intentó prohibir que se realizara.

Las dictaduras en Costa Rica. En el país han existido tres regímenes autoritarios o dictaduras. La dictadura de Braulio Carrillo en el período de 1838-1842. La dictadura de Tomas Guardia del período1877-1882. La dictadura de Federico Tinoco período 1917-1919. Es importante señalar que “… Los regímenes de Braulio Carrillo, Tomas Guardia y Federico Tinoco han sido ignorados como tópicos por los historiadores costarricenses y cuando se les menciona, se les interpreta como aberraciones inevitables o necesidades excepcionales que nunca han sido característicos del ser político y la sociedad en Costa Rica”. (Schifter, Jacobo y otros: ¿Democracia en Costa Rica? Editorial EUNED. Costa Rica, San José, 1978).

Es necesario mencionar que las dos primeras dictaduras de Costa Rica, Carrillo y Guardia, realizaron cambios sociales y económicos importantes en el país. La dictadura de Carrillo permite y logra la consolidación del poder central, tanto a nivel económico como político, ya que logra, de forma simultánea, contribuir decisivamente a la formación del Estado y a la génesis del capitalismo costarricense, eliminando la disgregación del poder, centralizándolo y creando una economía nacional con la inserción del café en el mercado internacional. Por su parte, la dictadura de Guardia “… marca el proceso de transición hacia el régimen liberal; crea prácticamente la constitución de 1871, parcialmente vigente hasta hoy en día, se empeña en limitar el control directo de la oligarquía cafetalera del poder político y realiza obras importantes de infraestructura como la construcción del ferrocarril al Atlántico…”. (Ídem). La dictadura de Tinoco tuvo características regresivas en cuanto a derechos sociales e impuestos, así como en la represión en contra del movimiento obrero y popular.

Posteriormente, hubo gobiernos con tintes autoritarios como el de León Cortés, simpatizante del fascismo europeo. Durante el gobierno de Cortés, los dirigentes sindicales eran despedidos y encarcelados. En los últimos años, ha habido intentos de gobiernos bonapartistas, con tintes autoritarios, como el de Oscar Arias período 2006-2010. (los hermanos Arias se saltaron y evadieron los controles de las instituciones que fiscalizan, supervisan y controlan los dineros y gastos públicos como la CGR. Cuando un millón  de dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para consultorías, manejados de manera discrecional por el ministerio de la presidencia, dirigido por Rodrigo Arias, aunque mantenidos en un fideicomiso administrado por ese banco; lo mismo sucedió con una donación de 1,5 millones de dólares del gobierno de Taiwán destinados para 600 familias pobres de Pavas, los cuales fueron desviados en consultorías; negociaciones secretas con el gobierno chino, al mejor estilo de gobiernos conspirativos, para establecer relaciones diplomáticas con este país y romper lazos diplomáticos con Taiwán. Ahora se sabe que el establecimiento de esas relaciones diplomáticas, fueron negociadas por una donación china de 130 millones de dólares no reembolsables y la compra de 300 millones de dólares en bonos por parte del gobierno chino).

 El gobierno de Carlos Alvarado 2018-2022 también tuvo algunas características autoritarias, represivas con la lucha del movimiento de masas en contra del denominado “combo fiscal” y de violaciones a la Constitución política (pago de 182.000 millones de colones en servicio de la deuda pública, sin autorización del Congreso; violación de la autonomía universitaria de la UCR por fuerzas policiales el 12 de septiembre del año 2018; conflictos y roces entre el Poder Ejecutivo y Judicial y otras violaciones a la Constitución Política con la aprobación del combo fiscal y de la ley de empleo público)  

De último, es necesario destacar que, en la medida que los gobiernos de turno, ya sea el d Rodrigo Chaves u otros, no pueden hacer concesiones económicas a los sectores de trabajadores y clases medias, tal como sucede actualmente, se ven compelidos a recurrir a la represión hacia el movimiento de los trabajadores y popular. El caso del gobierno y facción burguesa-tecnocrática de Rodrigo Chaves es el intento de un sector burgués emergente en Costa Rica de avanzar hacia un tipo de régimen autoritario, a pesar de su crítica a la “dictadura perfecta”, sin controles ni fiscalización, para realizar su proyecto político y diferentes obras de construcción y diversos proyectos sin obstáculos ni tropiezos de ningún tipo. Rodrigo Chaves y su fracción tecnocrática-burguesa se inscribe en el marco de la tendencia política de regímenes autoritarios que existe actualmente en Centroamérica, como son los casos de Bukele en El Salvador y otros casos centroamericanos.

Por Manuel Sandoval

Recientemente, un profesor de Inglés del Liceo de Tarbaca y una trabajadora del comedor de la escuela local fueron detenidos por el OIJ bajo la sospecha de vender droga en el colegio. El hecho es grave, pero en un gremio tan grande resulta casi inevitable que en el clima de descomposición social y moral que se vive en el país se puedan dar casos así. Lo notable es que reflejando la solidez moral del educador son ínfimos dentro del Magisterio Nacional.

Lo verdaderamente grave del asunto es, sin embargo, que desde Canal 8, Michael Soto, director del Informativo, y la periodista Valeria Martínez, han presentado las cosas como si fuera una actividad generalizada entre los educadores. El cintillo con el que anunciaron el reportaje la semana pasada lo dice todo: “EDUCADORES TRAFICAN DROGAS DENTRO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. SUSTANCIAS SON GUARDADAS EN CASILLEROS Y ESCRITORIOS”.

REPRETEL, por su parte, con mucho amarillismo se ha unido al coro esta semana, poniendo a la ex viceministra Académica de este gobierno, la señora Rocío Solís, funcionaria de carrera en varios gobiernos de diferentes colores, a corroborar que había “muchos educadores” traficando que habían escapado a procesos legales. Una vulgaridad viniendo de la jerarca que durante dieciocho años estuvo al frente de la Contraloría de Derechos Estudiantiles.

Existe mucho el interés de las autoridades del MEP en desprestigiar a los educadores, presentándolos como vagos, irresponsables y con poca vocación para el ejercicio de la profesión docente, a fin de culpabilizarlos del apagón educativo que vive el país. La prensa burguesa trata también de desprestigiar al docente por temor al liderazgo que puede ejercer entre las comunidades si asume la lucha en defensa del derecho a la Educación. No nos extraña por eso que medios reaccionarios, como el noticiero del 8 y REPRETEL, calumnien vulgarmente a los docentes.

Cualquier persona detenida bajo acusación de cometer un delito tiene derecho a la presunción de inocencia y a que no sea considerado culpable mientras no se le someta a proceso judicial y condena en un tribunal. En el contexto latinoamericano esta conquista del derecho burgués frente a los poderes arbitrarios y dictatoriales está en entredicho en medio de la ofensiva de Bukele para exterminar la delincuencia con métodos terroristas que convierten al pobre en delincuente.

Por la desesperación que existe en los sectores medios, ante el clima de descomposición social y violencia que genera la crisis del capitalismo en nuestros países, hay la tendencia a dejarse manipular por demagogos populistas que ofrecen salidas autoritarias. El Chaves tico ofrece condenas más duras contra los jóvenes que delinquen, pero no las políticas de inversión social que podrían frenar la descomposición social del país ofreciendo más y mejores oportunidades de trabajo y estudio a los jóvenes de los sectores más empobrecidos de la población. No le importa disparar la carrera del sicariato, minando más el acceso al sistema de Educación Pública del país con los recortes presupuestarios que impulsa junto a Nogui Acosta y la Müller.  Si el Caudillo tico pudiera, no les quepa duda de que imitaría a Bukele.

Bukele encerró en su mega cárcel, donde las somete a torturas y condiciones infrahumanas, a miles de personas pobres sin antecedentes criminales (detenidos arbitrariamente en los operativos contra las maras, SIN POSIBILIDAD DE APELAR ANTE NINGÚN TRIBUNAL POR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN) y decenas de miles de jóvenes vinculados a las pandillas, pero que no han cometido delitos de sangre. Para estos jóvenes, lo único que ofrece Bukele es su destrucción moral y física, NO SU REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE OPORTUNIDADES DE ESTUDIO Y TRABAJO dentro o fuera del sistema penal. El oligarca salvadoreño pretende una sociedad capitalista, con explotación y miseria, pero sin delincuencia ni lucha social de los de abajo.  ¡UNA UTOPÍA REACCIONARIA QUE VA A TERMINAR DEGRADANDO AÚN MÁS LOS VALORES HUMANOS EN LA SOCIEDAD SALVADOREÑA!

Los detenidos de Tarbaca acaban de ser sometidos a medidas cautelares que implican su reubicación laboral en oficinas administrativas del MEP, mientras se les investiga y se les juzga judicialmente. Es lo que procede si no se les dicta prisión preventiva.

Los docentes del Liceo y la escuela de Tarbaca deberían pronunciarse. Ellos podrían decir con más conocimiento de la gravedad del asunto si amerita prisión preventiva de los acusados. Por supuesto que el MEP exige que nadie abra la boca. Es lo que le sirve. ANULAR AL EDUCADOR PARA QUE NO HAGA NINGUNA CRÍTICA SOCIAL Y NO IMPULSE EL DESARROLLO DE UNA MORAL DIFERENTE A LA OFICIAL, que procesa (con razón o no) a dos trabajadores de la Educación en Tarbaca y cubre a los grandes traficantes asociados a autoridades policiales y judiciales, a los políticos de los partidos burgueses y del gobierno.

Por José Rene Tamariz

El miércoles 5 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, expediente 24.364, para ser llevado a referéndum. Al mismo tiempo, ese proyecto de ley también se envió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con el objetivo de realizar la modalidad de referéndum ciudadano (recolección de 5% de firmas de padrón electoral), en caso de que su proyecto sea improbado en el Congreso por la mayoría de los diputados. Chaves, como gran maniobrero que es, trabaja a dos bandas: realizar el referéndum Ejecutivo y de iniciativa ciudadana. Sin embargo, en ambos casos, ese proyecto de ley sería enviado a la Sala IV para consulta de constitucionalidad. Más adelante se analiza la viabilidad o no de que dicho proyecto pase el filtro de constitucionalidad o inconstitucionalidad por parte de los magistrados de la Sala Constitucional.

En su exposición de motivos, ese proyecto de ley, plantea que “En este momento de nuestra historia, dos grandes proyectos de infraestructura como son Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, se encuentran frenados por interpretaciones de la Contraloría General de la República sobre leyes que regulan figuras contractuales que permiten su desarrollo, interpretaciones inviables, puesto que son claras sus disposiciones pero que, en ejercicio de sus competencias, la Contraloría General decide aplicar en el sentido que considera que es propio. Dejando al Gobierno de la República maniatado en su posibilidad de cumplir con el mandato que le confirió el Pueblo”. (Proyecto de Ley Jaguar Para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica. Junio, 2024, página 3).

Ese proyecto de ley pretende reformar varios artículos de cuatro leyes: 1) Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). 2) Ley de Control Interno. 3) Ley General de Contratación Pública. 4) Ley Orgánica de JAPDEVA (JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARRALLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA).

En relación a la primera ley, las reformas serían las siguientes: el artículo 4 inciso d; párrafo primero del artículo 11; el primer párrafo del artículo 12; la modificación del artículo 17; adición de un párrafo final al artículo 22 y modificación del artículo 38. En cuanto a la segunda ley, la reforma única que se plantean es al artículo 9. Respecto a la tercera ley, la reforma sería al artículo 67. En relación a la cuarta ley, la pretendida reforma es al artículo 5 bis. Las reformas medulares, en realidad, son a la ley orgánica de la Contraloría General de la República y a la ley de Control Interno.

Los Zigzagueos Políticos de Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en su comparecencia el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, anunció con bombos y platillos que llevaría a referéndum ocho proyectos que, entre otros, figuraban la construcción Ciudad Gobierno, la venta del Banco de Costa Rica y BICSA, la armonización del mercado eléctrico y que JAPDEVA pueda realizar la alianza público-privada para la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros. No obstante, en su propuesta actual de realización de referéndum ninguno de ellos se encuentran presentes, ya que era evidentes que no se podía realizar un referéndum para tantos proyectos y temas.

Como suele suceder con Chaves que es un sujeto zigzagueante, da un giro total, y, propone en su nueva versión de referéndum, principalmente, una profunda reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y de paso, sin mencionarlos ni plantearlos, a los “deberes y atribuciones de la Contraloría” contemplados en la Constitución Política en el artículo 184 y sus diferentes incisos. Esto último plantea un eventual roce de constitucionalidad de su proyecto de ley y referéndum que podría llevarlo a una derrota política en sus intenciones.

¿Cuáles son los Objetivos de Chaves con su Referéndum?

Básicamente Chaves con sus planteamientos de reformas a las funciones y competencias de la Contraloría General de la República tiene como objetivo central eliminar la fiscalización, los controles y evaluación “a priori” que tiene esa institución sobre la realización de múltiples proyectos de contratación pública (por ejemplo, el caso de Ciudad Gobierno, la Terminal de Cruceros y Marina de Limón y otros) y de diversas índoles que pretendan realizar el gobierno y otras instituciones públicas con fondos públicos. En otras palabras, Chaves pretende con sus reformas eliminar las amarras que lo tiene maniatado para escoger a cualquier empresa que él o su equipo considere conveniente para ejecutar sus proyectos de distinta naturaleza.

Es por eso que en la pretendida reforma al artículo 11 de la Ley Orgánica de la CGR se plantea que “… la Contraloría General de la República en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones  no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en sus modalidades de función decisoria, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública activa”. (Ídem).  

Por otro lado, en la pretendida reforma del artículo 9 de la ley de control interno se especifica de forma clara que “… La Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”. (Ídem).

Como se puede observar, en esas dos propuestas de reformas, Chaves procura que en su gestión y actuación administrativa la CGR no lo “podrá evaluar previamente” y solamente lo haga “a posteriori”.  

De último, en relación a la potestad de investigación de la CGR en distintos procesos, ya sea de diferentes actos y contratos por parte del Estado y sus instituciones, la reforma al artículo 22 plantea un blindaje que evitaría la suspensión por parte de la CGR de cualquiera de ellos, tal como se realiza actualmente. En esa reforma se señala que dicha “… suspensión solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”. (Ídem). Entonces, son claros los objetivos e intenciones perseguidos por Chaves son su proyecto de referéndum y reforma a la CGR.

Posición de la CGR Sobre el Proyecto Jaguar

Rodrigo Chaves, en el curso de su gestión gubernamental ha mantenido fuertes roces, enfrentamientos y pleitos tanto con la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, como con la Contraloría General de la República por diferentes pronunciamientos y decisiones en contra de proyectos de contratación administrativa. En repetidas ocasiones, el presidente Chaves, ha atacado públicamente a la CGR por frenar sus procesos de contratación pública.  Por ejemplo, en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, Rodrigo Chaves, atacó a esa institución por el proyecto de la marina y la terminal de cruceros en Limón. En ese momento, Chaves declaró que “… la Contraloría nos recuerda que “no debemos aprovechar recursos del sector privado a través de alianzas estratégicas que la ley permite”. Nos dice que -en su opinión-, debemos usar una licitación pública”. (Discurso de Rodrigo Chaves Ante la Asamblea Legislativa el 2 de mayo de 2024).

Por otra parte, según informaciones periodística, respecto al proyecto de ley jaguar “La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, declaró que el proyecto de ley que el presidente Rodrigo Chaves pretende llevar a referendo desmantelaría las competencias y funciones de la Contraloría General de la República (CGR)”. (La Nación, 5 de junio 2024). Más adelante, la controlara declaró que “Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”. (Ídem).

La Jurisprudencia Sobre las Facultades de la CGR en la Contratación Administrativa

En la sentencia n° 00998 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de febrero de 1998 en el apartado VII sobre las facultades de la Contraloría General de la República para intervenir en la contratación administrativa se concluye señalando que

“… estima esta S. que, aun cuando no existiera normativa legal específica que desarrollara las competencias propias de esta institución -Contraloría General de la República -, la misma estaría legitimada para ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, precisamente por estar basada su competencia en normas de rango constitucional. En ese sentido, cualquier reforma o modificación tendrá como especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están dadas por la Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5) del artículo 184 constitucional; de manera que el legislador común no puede rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, cuando la modificación en este sentido, resultare contraria a los parámetros y principios constitucionales comentados”. (Sentencia n° 00998 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 16 de febrero de 1998. vlex. Información jurídica inteligente).

Como podemos notar, con base en esa sentencia de la Sala IV, debido a que las competencias de la CGR tienen rango constitucional, cualquier reforma o modificación que se pretenda realizar a las funciones de esa institución, solamente sería la de “ampliar, aclarar o complementar” sus atribuciones y, por ende, los diputados no pueden “rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos”. Por tanto, es evidente que, tomando en cuenta esa sentencia de la Sala IV, la pretendida reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República, por parte del Poder Ejecutivo, para amputar competencias de rango constitucional de esa institución contempladas en la Constitución Política es previsible que no pase el filtro de constitucionalidad de la Sala IV.

Posición Sobre la Contralora y la CGR

En esta discusión y debate alrededor de la CGR somos claro: no apoyamos ni defendemos a la contralora general, Marta Acosta, ni a la Contraloría General de la República (CGR). Marta Acosta Zúñiga, es una neoliberal consumada y enemiga de los trabajadores. Por ejemplo, en la época en que se discutió, en el seno de la Asamblea Legislativa, la Ley de Empleo Público, la contralora general realizó una serie de “recomendaciones” que eran peor que la que planteaban los neoliberales redactores de esa ley. Al respecto planteo: crear un régimen único salarial para todos los empleados públicos y no 8 regímenes que estipula ese proyecto; que la definición de salario “global” era muy básica y amplia y se presta a diversas interpretaciones, por tanto, planteo una estandarización del empleo público; se opuso a las “compensaciones no económicas” como las licencias de paternidad o vacaciones de un mes y otras. Y, así sucesivamente, la CGR y la contralora general han emitido criterios y pronunciamientos en contra de los derechos de los trabajadores sobre diversos temas

También ha pretendido invadir y dar órdenes a la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con informaciones periodísticas “… la Contraloría ordenó al presidente de la Corte, Fernando Cruz, informar a la Corte Plena y ordenar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°. 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma, para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de la fecha de incorporación, así como los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento”. (Delfino. 10 de agosto de 2020).

Sobre esa pretendida “orden” de la CGR al presidente de la Corte Plena, el entonces presidente de ese Tribunal, Fernando Cruz, acusó “… que la Contraloría pretende que él deje sin efecto un acuerdo de la Corte Plena sin tener las competencias para ello; y que violente la intangibilidad de los actos propios y principio de confianza legítima para con los servidores del Poder Judicial, ya que el acto que le piden anular es un acto creador de derechos subjetivos”. (Ídem). Es evidente y claro que la CGR y la contralora general, Marta Acosta, en particular, se ha excedido en sus competencias y funciones.

Asimismo, también hemos visto la ineficiencia, negligencia y tolerancia de la CGR y la contralora general de la República en los actos sonados de corrupción, tales como han sido los casos de las empresas constructoras MECO y H. Solís, mejor conocido como cochinilla, en colisión con funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).   

Es necesario realizar cambios y límites a las funciones y competencias de la CGR y, por ende, de la contralora general de la República. Por ejemplo, cuando se trate de reducir y eliminar derechos de los trabajadores (salarios, empleo y otras compensaciones). En relación a las contrataciones públicas deben crearse mecanismos que, sin saltarse los controles por parte del gobierno y otros entes públicos, permitan flexibilizar las normas que hagan agilizar la construcción de obras públicas que generen empleo y progreso en las diversas provincias, principalmente, aquellas que históricamente han sido abandonadas por los gobiernos de turnos, tales como, Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Por José René Tamariz

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se creó en abril del año 1949 mediante el decreto-ley 449 en el período de gobierno de la Junta de Gobierno, surgida del conflicto político-militar de 1948, encabezada por José Figueres Ferrer. Debido a su labor de electrificación nacional, posteriormente, en el año 1963 se le asignó asumir el desarrollo de las telecomunicaciones. Es decir, que el ICE tiene 75 años de existencia y garantizó la electrificación en todo el territorio nacional que, en aquella época, apenas cubría el 14% del territorio.

Es importante destacar que en Costa Rica se cubre el 99,5% del territorio nacional en cuanto a la electricidad. El 73,39% de la energía eléctrica proviene de fuente hídrica, el 13,84% de la geotermia, el 12,12% es eólica, el 0,63% es de fuente solar y biomasa y el resto es térmica. Actualmente, el servicio de electricidad lo realizan ocho empresas: el ICE abastece a todas las zonas rurales; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria del ICE, abastece a la provincia de San José; la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) abastece a la provincia de Heredia; la Junta Administrativa de Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) provee a la provincia de Cartago; Coopeguanacaste, la provincia de Guanacaste; Coopealfaroruiz, zona de Alfaro Ruiz; Coopesantos, zona de los Santos y Coopelesca, la zona de San Carlos.

Es necesario mencionar que la rectoría y de las políticas nacionales del sector eléctrico está a cargo del Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La regulación de los precios de los servicios públicos lo hace la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. La planificación de largo plazo del sector eléctrico está a cargo del ICE con base en el plan nacional del MINAE. El centro de control y despacho del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está a cargo del ICE. El transporte de electricidad lo realiza el ICE y la comercialización de la electricidad no se realiza.

Desmembramiento y Debilitamiento del ICE

Como una gran maniobra política, Rodrigo Chaves, desconvocó 43 proyectos de ley y sólo dejó en las sesiones extraordinarias el proyecto de Ley Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente 23.414. Ese proyecto priorizado por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo central y último, consumar el debilitamiento y desmembramiento del ICE para propiciar y profundizar la privatización de la energía eléctrica, beneficiando a las grandes empresas y a los cogeneradores privados de electricidad.

Ese proyecto de ley crea nuevos organismos como el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico (ECOSEN), el Mercado Eléctrico Nacional y Mayorista y otros mecanismos tramposos. La planificación de la generación y transmisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se le quita al ICE y se le traspasa a ese nuevo ente. La comercialización de la electricidad que no se realiza en la actualidad se crearía mediante el Mercado Eléctrico Nacional y Mayorista. En realidad, la creación de esos nuevos entes constituye el desmembramiento total del ICE, restándole poder a esta institución, así como su reducción a una empresa más de abastecimiento de corriente eléctrica. Los miembros integrantes del ECOSEN, compuesto por representantes de empresas privada, serán pagados mediante el canon que pagarían las empresas de electricidad.

En la actualidad, el ICE y su subsidiaria, la CNFL, son instituciones dominantes de la generación, distribución y venta de energía eléctrica. Por ejemplo, el ICE y su subsidiaria la CNFL venden aproximadamente el 78,7% del total de los mega watt de energía eléctrica. Los ingresos en dólares de ambas empresas públicas fueron de aproximadamente $524,2 millones. Estas informaciones son del año 2010. (El sector eléctrico en Costa Rica.  Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Panamá. ICEX, noviembre de 2011). Probablemente, los porcentajes de venta de energía eléctrica y los ingresos, en los últimos años, hayan aumentado. Entonces, las intenciones de Rodrigo Chaves con el proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional es que empresas privadas vendan más energía eléctrica, quitándosela al ICE y, por ende, que se apropien de esos gigantescos ingresos de las empresas públicas de electricidad como son el ICE y la CNFL.

El debilitamiento al interior del ICE, provine de la alta jerarquía de la junta directiva del ICE y gerentes puestos por los gobiernos de turno del PLN, PUSC, PAC y ahora Rodrigo Chaves, han tenido como política saquearlo, desde adentro, mediante diversos mecanismos y políticas. Una de esas políticas ha sido la imposición al ICE de compra de energía eléctrica a empresas productoras de energía. Por ejemplo, la compra de energía a generadoras privadas aumentó de 59 mil millones de colones en el año 2013 a 122 mil millones en el año 2017, es decir, un incremento del 206%. Esas compras representaron el 34% de los costos operativos del ICE. Un gasto y costo innecesario. En realidad, esa compra de semejante cantidad no es necesaria, ya que el ICE tiene la capacidad instalada suficiente para suplir el 100 % de energía eléctrica al país.

Completando el Trabajo Sucio Iniciado por los Arias

Oscar Arias (período 2006-2010) como una gran maniobra política logró que se aprobara y ganara el SI en el referéndum del año 2007. Los Arias no sólo perseguían la privatización de las telecomunicaciones, sino también de la energía eléctrica. Esto último no lograron hacer. De esa manera, el TLC o CAFTA entró a regir en Costa Rica el 1 de enero del año 2009. A partir de esa fecha se inició el proceso de apertura de los servicios redes, Internet y telefonía móvil o celular. ¿Por qué los Estados Unidos le exigieron al gobierno de Abel Pacheco la apertura del mercado de las telecomunicaciones controladas en aquella época por el ICE?

La respuesta es esencialmente una cuestión económica-financiera, ya que las telecomunicaciones constituyen un sector de servicios altamente rentable que genera millones de dólares en ganancias. En aquella fecha, previo a la apertura de las telecomunicaciones se decía que “Los activos del ICE son aproximadamente de 2.400 millones de dólares que representan el 28% de todos los activos del sector financiero nacional; su patrimonio supera el 208% de todo el sistema financiero costarricense; sus ventas en el año 2002 fueron de 752 millones de dólares (21). El ICE es la tercera empresa más grande el país después de la Corporación de Supermercados Unidos (CSU) y la Refinadora Costarricense de Petróleo, además se encuentra en el ranking de las mayores 500 empresas de América Latina. Por estas razones es que el imperialismo yanqui le impuso al gobierno de Pacheco la apertura de las telecomunicaciones, ya que pretende controlar y quedarse con uno de los negocios más importantes, moderno y rentable del país. Los tres sectores de las telecomunicaciones (redes privadas, Internet y telefonía celular) que serán abiertos a la competencia constituyen el 70% de la facturación que realiza esa institución, o sea, $ 526.4 millones de dólares, el mayor volumen de sus ventas y ganancias”. (Tamariz, José René: El Impacto Económico-Social del TLC en Costa Rica y como Combatirlo. Costa Rica, 2003). Nota: La Corporación de Supermercados Unidos (CSU), propiedad de la familia Uribe fue vendida a Walmart de Estados Unidos.

Después de 13 años de apertura de las redes, Internet y telecomunicaciones las consecuencias son evidentes y destructivas para el ICE. De ser un operador dominante y monopólico de esos sectores el ICE ha pasado a ser el segundo proveedor de las telecomunicaciones. Al respecto, las informaciones periodísticas señalan que “La empresa pública y su marca Kolbi fueron destronadas en 2021 del primer lugar como principal proveedor, después de haber sido el líder desde la apertura de ese mercado en Costa Rica en noviembre de 2011. En 2020, el ICE tenía el 41,1% del mercado cuando aún era el operador dominante”. (La Nación, 5 de junio de 2024). El ICE de ser la tercera empresa más grande del país después de la CSU y Recope, en aquellos años, ahora, año 2023, se ubicó en el puesto número 18 de las grandes empresas, descendiendo 15 posiciones.  

Sin embargo, para el año 2023 la estadounidense Liberty controlaba el 45,3% del mercado de las telecomunicaciones, Kolbi-ICE el 34% y Claro el 20,7%. Es decir, el 66% de las telecomunicaciones son controladas por dos empresas privadas extranjeras. El mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica fue de $1.427 millones en el año 2022. Unos $942 millones del mercado son controlados por esas dos empresas privadas. De forma lenta, pero sostenida el ICE ha venido perdiendo mercado en las telecomunicaciones. Su reducción en ese sector, lo ha llevado también a la disminución significativa de sus ganancias, a la reducción numerosa de su planilla o despidos de miles de trabajadores y a su achicamiento como empresa.

En la administración Arias fue presentado un proyecto denominado “Ley general de electricidad” que tenía como objetivo de privatización de la energía eléctrica, ya que la familia Arias, a través de su Ingenio de caña Taboga, son productores de energía eléctrica. Ese proyecto no fue aprobado en la siguiente administración de Laura Chinchilla. De ahí en adelante, han varios intentos de privatizar la energía eléctrica que no han resultado ser tan efectivos en ese proceso privatizador.

Ahora, el intento y esfuerzo más serio para desmantelar al ICE y privatizar la energía eléctrica lo lleva adelante Rodrigo Chaves con su proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. En la eventual aprobación de ese proyecto, con algunas modificaciones cosméticas, en la Asamblea Legislativa hay intereses comunes entre Rodrigo Chaves con la familia Arias, la familia Figueres, otros capitalistas denominados cogeneradores privados y neoliberales del Congreso.

De aprobarse ese proyecto, se convertiría en la segunda gran estocada y golpe al ICE. Igual que lo que pasó con el ICE en telecomunicaciones, de aprobarse ese proyecto de Chaves, los generadores privados de electricidad se terminarán quedando con la mayor tajada de las ganancias que generan la producción y venta de electricidad. Asimismo, es importante mencionar que la energía eléctrica se va a encarecer para los consumidores domiciliares y otros sectores, mientras que para las grandes empresas va a disminuir. Entonces, con la eventual privatización de la energía eléctrica los perdedores serán los trabajadores, sectores populares y clases medias y los ganadores, las grandes empresas y los generadores privados de electricidad.

Por tanto, es fundamental que las organizaciones sindicales del ICE que aún quedan, bastante diezmadas por la apertura de las telecomunicaciones, convoquen a todas las demás organizaciones sindicales de los diversos sectores laborales a luchar y movilizarse en contra de la eventual aprobación de esa ley de privatización de la energía eléctrica.

¡No a la Aprobación del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional en la Asamblea Legislativa!