Por José René Tamariz
A partir del 11 de enero de 2024, entrará a regir una reforma del IVM acordada por la directiva de la CCSS en el año 2021. Dicha reforma aplicará tres draconianas medidas en contra de los próximos trabajadores que se pensionen. La primera reforma es que elimina la posibilidad de adelantar la pensión, haciendo que las mujeres se pensionen a los 63 y no a los 59 años y 11 meses, mientras que los hombres se pensionarán a los 65 años y no a los 61 años y 11 meses. La segunda medida de dicha reforma es que el salario de referencia para otorgar la pensión se calculará con base a las 300 mejores cuotas (25 años) aportadas por los trabajadores y no de las 240 cuotas (20 años). La tercera reforma, consecuencia de la anterior, es que la cuantía adicional se iniciará a acumularse después de las 300 cuotas de referencia. Después de las 300 cuotas y no de las 240 cuotas se empezará a reconocer un 1%. Esa medida representará una reducción de los montos de las pensiones entre un 5% y 7%.
Sin embargo, la Superintendencia de pensiones (SUPEN), dirigida por la neoliberal confesa Rocío Aguilar, ni siquiera ha dejado esperar los resultados de la anterior reforma, y, ya tiene preparada una nueva y violenta reforma contra el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Este régimen es el más grande del país, ya que agrupa a 1.7 millones, aproximadamente, de todos los trabajadores del sector privado y a un gran parte de empleados del sector público. Ese nefasto plan de ajuste contiene diversas medidas que conducirán a una progresiva pobreza de todos los nuevos y viejos pensionados. Veamos en que consiste ese plan de reformas macabro y anti obrero de Rocío Aguilar y su comparsa.
Según la versión de la neoliberal superintendente de las pensiones, Roció Aguilar, su reforma draconiana “… plantea elevar los ingresos al sistema, reducir los beneficios y limitar los aumentos en las jubilaciones para elevar la razón de solvencia al 80%, desde el 60% que se prevé con los cambios que comienzan a implementarse el 11 de enero de 2024”. (La Nación, 29 de noviembre de 2023). Esta mujer que es una agente de la patronal, para asustar a los ingenuos y otros sectores declaró que “Tenemos un caldo de cultivo terrible, si no se acelera la toma de decisiones en la Caja, vamos a enfrentar un problema serio en el muy corto plazo”. (Ídem).
A partir de esas declaraciones temerarias y predicciones de bruja, Roció Aguilar, plantea un proceso de reingeniería total del régimen del IVM que consiste en un cambio en las reglas actuales del IVM y reformas legales que necesitarán aprobación por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa.
El Aumento de los Ingresos del IVM
Esta primera propuesta de Rocío Aguilar es directamente contra los trabajadores, ya que plantea elevar de 300 cuotas actuales y 65 años la pensión a 360 cuotas (30 años). Esa propuesta, en los hechos, podría conllevar al aumento de la edad de retiro y jubilación entre los 66 y 70 años. La otra medida consiste en incrementar la contribución tripartita (trabajadores, patronos y Estado) desde el 11.16% actual al 15%. Actualmente, los patronos aportan el 5,25% del salario de cada trabajador al IVM, los trabajadores contribuyen con el 4,33% de su sueldo al régimen y el Estado con el 1,57%.
La tercera propuesta de la SUPEN, por la vía de los ingresos, es crear el financiamiento de la denominada pensión básica universal (PBU) para todos los adultos mayores que haya o no cotizado y que actualmente no existe. Esa PBU sería financiada mediante el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 13% actual hasta un 15% y, al mismo tiempo, hacer una redistribución de los aportes estatal a los demás regímenes de pensiones (IVM, Magisterio Nacional y Poder Judicial). Ese aumento del IVA representaría un incremento de impuesto y, por ende, un saqueo a los bolsillos de todos los consumidores, especialmente de los trabajadores y demás sectores populares. Asimismo, redistribuir el aporte estatal a esos tres regímenes básicos de pensión, representaría un duro golpe a esos regímenes, puesto que se reduciría los montos de su financiamiento y eso podría conllevar a la crisis de esos regímenes y a serios problemas para pagar las pensiones. Además, para financiar esa PBU se plantea utilizar una contribución del 15% de las ganancias de las empresas pública y el 0,5% del aporte patronal al Banco Popular Esa elevación del IVA requiere de una reforma fiscal por parte del Congreso. Por otra parte, Rocío Aguilar, hace suyo el proyecto del liberacionista Rodrigo Arias, actual presidente de la Asamblea Legislativa.
La Reducción de Gastos del IVM
De otro lado, la creación de esa PBU conllevaría a la fusión del actual Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones con la Pensión Mínima del IVM. Actualmente, la pensión del RNC es de ₡ 80.000 y se les otorga a unos 146 mil adultos mayores que nunca cotizaron para una pensión. Sin embargo, esa fusión plantea, por la vía de la reducción de los gastos, disminuir la pensión mínima de ₡ 153.192 a ₡ 138.000, es decir que, en vez de aumentar la pensión mínima actual, se reduciría en casi el 10% para una disminución absoluta de ₡ 15.192. Esa disminución del monto de las pensiones mínima será un cambio en la cuantía de la pensión de la base mínima contributiva, pasado de un 50% a un 45%. Esta propuesta es una canallada contra la mayoría de miles de pensionados del IVM (64%) que reciben pensiones por debajo de los ₡ 200.000, la cual se considera como una “pensión de hambre”.
Por otro lado, otra medida draconiana y violenta de la reforma de Aguilar es directamente contra los jubilados, ya que plantea que todos los pensionados paguen el 5% de su pensión al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Según la versión de Rocío Aguilar, esa medida significaría la equiparación del IVM con respecto a los regímenes de pensión del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.
No obstante, es importante destacar que esa pretendida “equiparación” es falsa, puesto que los montos de las pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial son mucho mayores que las del IVM. De otro lado, es necesario destacar que el 53% de los pensionados del IVM tienen montos de pensiones por debajo de los ₡ 150.000 y el 23% de los pensionados tienen montos de pensiones de entre ₡ 150.000 a ₡ 300.000. Es decir, que el 76% de los pensionados del IVM tienen pensiones menores de ₡ 300.000. Además, el 80% de los pensionados del IVM tienen pensiones por debajo del salario mínimo. Por tanto, pretender imponerles a los pensionados del IVM el pago del 5% de sus pensiones al seguro de enfermedad sería otra canallada que quiere imponer la SUPEN dirigida por Rocío Aguilar. Cobrar el 5% del monto de las pensiones a los miles de jubilados que tienen pensiones de hambre, sería simple y sencillamente a empobrecerlos aún más. Eso es inaceptable.
Otro golpe que quiere, Rocío Aguilar y la SUPEN, dar a los jubilados es no otorgar reajustes a las pensiones de acuerdo con el costo de la vida como se realiza actualmente. La SUPEN pretende establecer un nuevo mecanismo de la revalorización de las pensiones, el cual consistiría en que cuando la solvencia del IVM sea menor del 70%, la revalorización sería por debajo del índice de inflación. En otras palabras, la neoliberal Rocío Aguilar tiene como objetivo con esa reforma eliminar los reajustes de las pensiones de acuerdo con la tasa de inflación, ya que la solvencia del IVM actualmente se mantiene en un 60%. No obstante, es importante señalar que, incluso actualmente, las pensiones tenían varios años de tener reajustes y se realizó un ajuste de ellas en el mes de diciembre con retroactivo al mes de octubre que no compensan las pérdidas, por inflación, que se han producido en años anteriores.
Propuestas Alternativas de Reformas del IVM
Como se puede observar, todas las propuestas de reformas que propone la SUPEN y Rocío Aguilar es el desmontaje del actual funcionamiento del IVM y conlleva a una reconfiguración total de ese régimen, pero en contra total de los trabajadores y de los pensionados actuales. De ahí que todas las organizaciones sindicales, confederaciones sindicales, bloques sindicales y otras organizaciones populares deben de realizar una amplia unidad de acción para enfrentar y evitar, mediante la movilización, que esas perversas y anti obreras reformas al régimen del IVM se aprueben y apliquen contra los trabajadores y pensionados. Planteamos las siguientes propuestas para su debate en el seno del movimiento sindical y otras organizaciones populares.
1. Para aumentar los ingresos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y hacerlo sostenible se deben tomar dos medidas. La primera sería cobrar el 15% de impuesto a las empresas de zonas francas las cuales no pagan renta y que son el sector más dinámico de la economía nacional.
Recientemente en la UE entró a regir “El nuevo impuesto mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre las Sociedades para las compañías multinacionales y grandes grupos empresariales y las nuevas normas de la Unión Europea para luchar contra el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en pagos transfronterizos entraron en vigencia a principios de enero”. (La Nación, 4 de enero de 2024). Entonces, proponemos aplicar en el país y utilizar ese nuevo impuesto global del 15% para las empresas de zonas francas que no pagan impuesto y con el dinero recaudado usarlo para el financiamiento del IVM.
2. Combatir la gigantesca evasión fiscal, mediante mecanismos más eficientes y el dinero recuperado utilizarlo para financiar el régimen del IVM. Es importante destacar que la evasión fiscal ronda entre un 7% y 8% del PIB.
3. Utilizar los miles de millones de colones que se le incautan a los narcotraficantes y utilizar, una parte de esos grandes recursos económicos, en el financiamiento del IVM.
4. Incrementar el impuesto a las bebidas alcohólicas y la comida chatarra que producen muchas enfermedades y utilizar el dinero recaudado en el financiamiento del IVM.
