Por José René Tamariz

Los ataques entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los opositores políticos, de todo signo y clase, se han agudizado y profundizado en los últimos meses. En la Asamblea Legislativa también se producen esos enfrentamientos entre los diputados de la fracción gubernamental y la denominada bancadas de oposición, casi llegando a los golpes. Y, en la medida, que se va aproximando el año electoral (2025) y las elecciones del 2026 los ataques y enfrentamientos tienden convertirse en más virulentos.

Los Proyectos Políticos Enfrentados

Sin duda alguna, Rodrigo Chaves, como presidente de la República y como político “no tradicional” es un fenómeno político de la política nacional. Antes de Chaves, no había existido en décadas un presidente que, de forma sistemática y pública, atacara con nombres y apellidos a los diputados de “oposición”; cuestionara a los demás poderes de la República como la Asamblea Legislativa y el poder Judicial; agrediera a la Contraloría General de la República (CGR) y su contralora; cuestionara a la fiscalía y al fiscal, así como a toda la llamada institucionalidad democrática.

La arremetida y confrontación de Rodrigo Chaves y su fracción parlamentaria en contra de toda la oposición burguesa e instituciones reflejan el choque de dos proyectos políticos diferentes. Por un lado, el proyecto político de Chaves de construir un tipo de régimen “bonapartismo a la tica” que llegue a controlar los tres poderes de la república, Ejecutivo, legislativo y judicial, para gobernar sin controles de ningún tipo y poder modificar, mediante reformas parciales, la Constitución Política, con el objetivo de lograr la reelección consecutiva. Para realizar ese plan de reformas parciales de la Carta Magna, Rodrigo Chaves, necesita tener mayoría absoluta en el Congreso y ese es el objetivo inmediato para las próximas elecciones de 2026.

Ese proyecto político de Chaves se inscribe en el marco de los regímenes existentes en la región de Centroamérica y otros países, pero guardando las particularidades de Costa de no tener ejército y otros cuerpos represivos. Sin embargo, es necesario señalar que el proyecto de Chaves no se diferencia, en lo económico, sustancialmente del proyecto político tradicional en cuanto a la aplicación a rajatabla de la regla fiscal, los planes salvajes de austeridad fiscal de recortes al gasto público en lo social y el pago puntual de los intereses y capital de la deuda pública (externa e interna).

Por el otro lado, el proyecto tradicional de los demás partidos políticos de la Asamblea Legislativa de mantener, casi de forma inalterada, el régimen democrático burgués que respete la división de poderes, pero aplicando los planes de austeridad, mediante la aplicación estricta de la regla fiscal, para seguir pagando la deuda pública y el déficit fiscal a costa del congelamiento permanente de los salarios de los trabajadores del sector público y de los recortes brutales de los gastos sociales y de capital. Debemos decirlo, sin temor a equivocarnos, que el partido Frente Amplio (FA) es parte institucional de ese ese proyecto político tradicional con pequeñas modificaciones cosméticas.

En realidad, los proyectos políticos de Chaves y de la denominada oposición burguesa son por el fondo simétricos en cuanto a la cuestión económica, hacer pagar a los trabajadores la deuda pública y el déficit fiscal, pero se diferencian en relación a la forma de gobernar y controlar la denominada institucionalidad democrática. Ambos proyectos políticos burgueses deben ser combatidos a muerte, sin depositar la más mínima confianza ni expectativa en ninguno de ellos, porque son esencialmente anti obreros y antidemocráticos, ya que, en el proyecto político tradicional, la “democracia” es formal, libertades de expresión, prensa y otras, pero controladas por los capitalistas como los Baruch, Picado y Jiménez y la estructura económica también manejada por los grandes empresarios, sean nacionales o extranjeros y el no tradicional, chavista, aunque diferente en su forma, es esencialmente más antidemocrático porque pretende controlar todo, mientras el poder económico seguirá en manos de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, con la variante de que dicho proyecto pretende desarrollar y potenciar al grupo económico capitalista emergente del chavismo.

La “Popularidad” de Chaves se Mantiene

De acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizada entre el 2 y el 6 de setiembre “La valoración favorable para Rodrigo Chaves llega a 54%, casi igual que enero y en abril, mientras la negativa está fija en 27%, con 19% en neutro. Estos datos muestran una muy baja variación, a pesar de la agitación provocada por la propuesta de presidente Chaves de llamar a un referendo nacional para reducir controles que limitan los proyectos de Gobierno, en lo que ha llamado “Proyecto de Ley Jaguar””. (Semanario Universidad semana del 11 al 17 de setiembre de 2024). De igual forma “La evaluación del Gobierno es similar: 52% positiva y 25% negativa, valores casi idénticos a los que se mostraban un año atrás…”. (Ídem). Como se puede observar, a partir de esos datos, el apoyo tanto personal al presidente de la República como de su gobierno se mantiene casi constante en todo el año e incluso de forma interanual, ya que en setiembre del año 2023 el apoyo a Chaves era del 57% y baja ligeramente al 54% en el 2024.

Otros datos importantes de dicha encuesta es el señalar que un mayor respaldo al presidente proviene de la provincia de Heredia y, en menor medida, de San José y Puntarenas. Y que dicho apoyo se produce más en hombres mayores de 55 años que en mujeres y en personas que tienen escolaridad de secundaria.

¿Por qué se mantiene ese relativamente alto apoyo al presidente de la República y de su Gobierno? Según “Un análisis de los investigadores del CIEP sobre las respuestas recogidas en la encuesta les permite concluir que se confirma el apoyo “personalista” a favor de Chaves, lo que explica el respaldo que recibe a pesar de la visión pesimista de la gente sobre problemas del país…”. (Ídem). Ese carácter personalista de apoyo a Chaves quiere decir que respaldan al presidente, pero no a sus políticas. Sin embargo, consideramos que ese análisis de los investigadores del CIEP es limitado e insuficiente, ya que nosotros consideremos que, dicho respaldo, tiene que ver con cuestiones políticas y sociológicas. Veamos.

La asunción al poder de Rodrigo Chaves representó una ruptura histórica del movimiento de masas con los partidos políticos tradicionales y el emergente Partido Acción Ciudadana (PAC) que, gran parte de su militancia, provenía de las filas del viejo partido político del bipartidismo, el PLN. Primero, cuando el PAC destrona al rancio bipartidismo (PLN y PUSC) se produce una primera ruptura de las masas con los partidos políticos tradicionales, los cuales era repudiados por la mayoría de la población. Sin embargo, después de dos mandatos consecutivos (2014 a 2022) del PAC, este partido político en el cual las masas habían depositado ciertas esperanzas y expectativas de mejoría, aplica en el mandato de Carlos Alvarado,  un salvaje plan de ajuste fiscal denominado popularmente como “Combo Fiscal” que aumenta de forma generalizad los impuestos a todos los productos y servicios básicos; desmonta el sistema de los salarios públicos, reduciendo, en un primer momento, los componentes salariales y los elimina, posteriormente; mediante la draconiana regla fiscal, que la convierten en constitucional, congela de forma permanente los salarios en el sector público y llevan a la reducción sistemática del gasto social; elaboran la Ley de Empleo Público que, aprobada en el gobierno de Chaves, desmonta el sistema del empleo público.

En síntesis, la mayoría de las masas populares consideran que el proceso de pobreza, desigualdad social y otros problemas sociales son, en gran parte, el resultado de la gestión gubernamental de los gobiernos de los partidos tradicionales y del ex emergente PAC y no del gobierno de Chaves, aunque existe un sector que no aprueba la gestión de dicho gobierno y su mandatario.

Entonces, las masas después de décadas de hacer la experiencia política con los viejos partidos políticos del bipartidismo, PLN-PUSC, y del emergente PAC, rompen políticamente con todos ellos, le dan la espalda al PAC y lo castigan severamente, sacándolo del juego político, no dándole ningún diputado y lo convierten en un zombi político.

Por tanto, el apoyo y respaldo del 54% de la población al presidente de la República y del 52% a su gobierno, después de más de dos años de gestión, es el producto no sólo del carácter “personalista” del presidente sino de que la mayoría de las masas consideran que, muchos de los problemas actuales son heredados y responsabilidad de gobiernos anteriores, y que, por ende, no son culpa del mandatario y de su gobierno. El proceso de desencanto de las masas con la gestión de Chaves y de su gobierno es por ello un poco más lenta y relativamente menor que con el PAC.

La Crisis del Sistema de los Partidos Políticos.

Los ataques constantes de Rodrigo Chaves en contra de los partidos políticos tradicionales y de sectores y grupos de poder económico, aunque en el caso de estos últimos son muchas veces verborrea, lo hacen ver ante las masas como un político diferente a los tradicionales ya conocidos de antaño. Esos ataques sistemáticos de Chaves contra los partidos políticos de la Asamblea Legislativa han contribuido a profundizar la crisis del sistema de partidos políticos que venía desde años atrás.

Recientemente “La encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) señala que el 83% de las personas se declara alejados de los partidos políticos, a pesar de que por ley son indispensables para la elección del presidente, diputados, alcaldes, regidores o síndicos”. (Semanario Universidad. Semana del 18 al 24 de setiembre de 2024). Solamente un 17% de la población se siente vinculada a los partidos políticos. Según ese mismo estudio del CIEP “… el histórico Partido Liberación Nacional aparece por primera vez desplazado de primer lugar en preferencia dentro de ese minoritario porcentaje de personas que sí tienen simpatías partidarias”. (Ídem). En primer lugar, de preferencia aparece el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que llevó al poder a Rodrigo Chaves, pero con el cual desde hace tiempo el presidente rompió con él. Esa crisis histórica de los partidos políticos y, en especial, la del PLN, refleja la alta volatilidad de las futuras votaciones de las elecciones generales del año 2026.

Por otra parte, es necesario e importante señalar que los partidos políticos de la Asamblea Legislativa se encuentran y observan desarmados frente a un competidor político de la talla de Rodrigo Chaves, tanto por su estilo de ataques, confrontativo y de denuncia constante hacia los miembros de esas agrupaciones políticas. Nunca antes los partidos políticos tradicionales y otras tuvieron que lidiar y enfrentarse a un tipo de presidente y gobierno que le hiciera “oposición” a la “oposición” política burguesa. Por otra parte, según el Semanario Universidad “Frente al bloque “chavista”, los partidos opositores aparecen erráticos y no surgen en el panorama posibles nuevos liderazgos o candidaturas capaces de aglutinar a grupos de la población insatisfechos o enojados con el gobierno actual”. (Ídem)

¿Cuáles son los Posibles Escenarios Políticos?

Se están conjuntando una serie de factores en el escenario y situación política para que, eventualmente, se pueda producir un nuevo triunfo electoral del chavismo costarricense: relativo alto apoyo popular al presidente de la República Rodrigo Chaves y su gobierno; crisis histórica de los partidos políticos tradicionales, profundizada por los ataques del presidente y por la gestión de los gobiernos anteriores; relativo crecimiento económico del país que podría favorecer a una política clientelar en el año electoral para ganar más apoyo al movimiento chavista.

Se contraponen a esa tendencia a favor de Chaves la violenta política de recortes al gasto público y social que impulsa de forma generalizada el gobierno para el año 2025: recortes en educación; disminución de fondos a los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinái); recortes de 453 mil millones a la CCSS en pensiones y seguro de salud; reducción al presupuesto de bomberos y otras instituciones de bien social. También se contrapone a esa tendencia favorable del presidente, el hecho de que no tiene un partido político y fuerzas organizadas, aunque podría buscar y encontrar en el año electoral a un partido taxi sobre el cual montarse y competir electoralmente. ¿Cuál partido político podría aprovechar esa contra tendencia? Aún no está claro y temprano para sostenerlo. Es muy probable que existan juego y rejuegos en el año electoral 2025 que conlleven a conformar alianzas entre partidos políticos. Lo veremos el próximo año.  

Sin embargo, el gobierno, mediante el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) otorgará becas estudiantiles a partir del mes de octubre del año en curso a toda la población estudiantil que se encuentre en condición de pobreza y pobreza extrema. Sin duda esta es una gran maniobra política del gobierno de cara a las próximas elecciones del 2026. Veremos el próximo, de forma contradictoria, maniobras de este tipo para favorecer al eventual candidato de Chaves para las elecciones presidenciales.

El próximo año electoral 2025 se comenzarán a eliminar los nublados político que existen y se encuentran actualmente e iniciarán a aparecer los claros de la política nacional. Sin duda alguna, estamos frente a una nueva coyuntura y situación política muy diferente a las que se han vivido en años anteriores.

Los ministros Nogui Acosta y Anna Katharina Muller

Por Manuel Sandoval

No hay dinero para los salarios de los educadores en noviembre y diciembre, ni para el aguinaldo, porque faltan ¢71 000 millones. La gravedad de la noticia ameritaría que los dirigentes del Magisterio Nacional tengan un poco de decencia y rompan con la Comisión Paritaria MEP-Sindicatos. Esta instancia no sirve para un carajo, no resuelve ningún problema. Sólo sirve para una farsa de diálogo con el Gobierno, que le permite a las dirigencias magisteriales camuflar su inacción.

El cinismo de los ministros Anna Katharina Muller y Nogui Acosta es tal, que para el año entrante presupuestaron ¢25 000 millones menos en salarios. Es claro que los atrasos para pagar completo el salario tienen que ver con esta situación de faltante presupuestario. Por la pasividad de las dirigencias de ANDE, APSE y SEC, el gobierno encuentra muy fácil quitarle el contenido a partidas presupuestarias del MEP para salarios.

Los problemas de pago son una bomba de tiempo que ha hecho que las dirigencias magisteriales, principalmente la dirigencia del SEC, haga alguna presión dosificada en el transcurso del año, coincidiendo con las autoridades universitarias en ir a las movilizaciones del 28 y el 29 de agosto bajo la consigna de la Defensa del presupuesto del 8% del PIB para la Educación Pública.

Tres semanas después, sin embargo, la lucha no ha tenido ninguna continuidad; se dejó en manos de los diputados de la Oposición burguesa mejorar la financiación del MEP y las universidades, lo que significa que sólo van a mover pequeñas cantidades de aquí y de allá para aumentar ligeramente algunas partidas del MEP. Los diputados de la Oposición (aunque hagan demagogia criticando los recortes exagerados de Hacienda) en el fondo no cuestionan que se priorice el pago de la deuda y jamás llegarían a tocar la evasión y el fraude fiscales para no recortar el presupuesto nacional.

En estos días circula un videíto en las redes, denunciando que el capo del SEC: Gilbert Díaz, se embolsa ¢10,8 millones como representante de los educadores. ¢4 millones de salario del SEC, ¢1,8 millones de pensión, ¢3,5 millones de dietas de Caja de Ande y ¢1,5 de dietas de Caja de ANDE-SEGUROS (sin añadir que si se normalizaran los nombramientos de representantes de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular en la Junta Directiva de la Institución también recibiría dietas por aquí).

Esta situación no es nada excepcional, porque los capos de todas las organizaciones magisteriales se aseguran el control de estas representaciones para obtener ingresos, que comparados a los que tienen la gran masa de los educadores parecen de fantasía. Algunos también hacen carrera política en los partidos burgueses y llegan a puestos de gobierno; como el compañero de Gilbert Díaz: Marvin Rodríguez, que fue vicepresidente de Carlitos Alvarado.

Nos parece OBSCENO E INMORAL que los capos sindicales se hagan de estas sumas a costillas de los trabajadores, porque NO DEFIENDEN CONSECUENTEMENTE LOS INTERESES DE LAS/LOS AFILIADOS A LOS SINDICATOS. Su estrategia es presionar a medias, buscando un diálogo que les permita conciliar a cambio de migajas y zafarle el lomo a una lucha frontal con el gobierno.

La explicación de esta actitud claudicante es simple: Nadie que se embolse ¢10.8 millones quiere arriesgar su tranquilidad y su salud en huelgas y luchas duras, cuando con una suma así puede vivir en el lujo. Peor aún, como los capos del SEC siempre han tenido alguna vinculación al PLN, Gilbert Díaz, para hacer también carrera política, está obligado a conciliar y defender la estabilidad del régimen democrático-burgués del país frenando las luchas. Por eso se plantea reformar la educación pública en asocio a las Cámaras Patronales, para que el sistema educativo sirva para prepararles la mano de obra barata que requieren.

Estos capos controlan las organizaciones magisteriales con pequeños grupos de activistas que los apoyan a cambio de algunas prebendas. En el caso del SEC parece que los hinchas se los han ganado con birra gratis en las actividades.

Las bases andinas, que eligen dirigentes el próximo miércoles, deben emplazar a las candidatas para que digan que opinan de los ABUSOS de dirigentes como Gilbert Díaz. Preguntarle a doña Hilda González, al frente de la ANDE en estos momentos, ¿cuáles son sus ingresos por detentar la Presidencia?

Hay que recuperar las organizaciones para la defensa consecuente de los intereses de los educadores.

Por Manuel Sandoval

El descalabro de COOPESERVIDORES y los problemas de DESYFIN abrieron un paréntesis (que se está cerrando) en la ofensiva de Rocío Aguilar (desde la Superintendencia de Pensiones - SUPEN) para hacer una reforma integral de los regímenes de pensiones del país, lesiva a las trabajadoras(es). La tipa quiere “alivianar” el aporte del Estado y los patrones a la seguridad social, y hacerla recaer sobre el ahorro individual de las trabajadoras(es). Acogerse a la jubilación con más edad, con más cuotas y con menos pensión son algunas de sus propuestas para el IVM de la Caja –que no son nada novedosas, porque son las recetas que se han venido aplicando cada vez que se señalan dificultades de financiamiento en el IVM, a lo que añade otras medidas como sumarle el ROP a esta pensión para que no queda tan ínfima y que los pensionados de este régimen paguen por la atención médica.

La tipa había dejado de lado la discusión de las reformas a los regímenes de pensiones en una Comisión que inventó para llevar un proyecto de ley en enero a la Asamblea Legislativa, porque tenía que esconder su responsabilidad en las políticas riesgosas (en el crédito y las inversiones de las instituciones financieras) que ha impulsado desde la Superintendencia General Financiera (SUGEF), políticas que explican la crisis de COOPESERVIDORES y DESYFIN. La CONASSIF despidió al gerente de COOPESERVIDORES: Oscar Hidalgo, y se investigan algunas maniobras fraudulentas, de poca monta, de algunos jerarcas (en DESYFIN también), pero en realidad sólo son chivos expiatorios.

La Caja es autónoma en teoría, pero Rocío ha venido tejiendo tentáculos y por eso no consideramos casual la ofensiva que lanzó ayer en la prensa la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, espantando con un supuesto déficit de ¢74,6 billones en el IVM, que a partir del 2047 implicaría que aunque se gastaran los ¢3 billones de colones de las reservas, sería imposible pagarle la pensión al 43,9% de los pensionados. En estado de shock con este guamazo, es difícil que el lector capte que es una proyección actuarial de 99 años. Suman 99 años de déficits para dejarnos groguis y hacernos aceptar espantados que las reformas para cercenarnos la pensión son necesarias. Nos hacen creer que la población envejece y los trabajadores activos que sostienen el régimen van a ser cada vez menos. Cuando en realidad, si la producción nacional crece, el impacto del envejecimiento de la población sería mínimo si hubiera salarios crecientes.

Es una discusión como la del 8% del PIB para la Educación Pública. El PIB ha venido creciendo, pero el presupuesto del MEP ha sido recortado, porque para la burguesía costarricense es prioritario mantener las exoneraciones en las Zonas Francas, los regímenes tributarios de privilegio a piñeros y bananeros, y la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios. En realidad, el Estado podría sostener el IVM y mejorar las pensiones (sería un mecanismo de redistribución de la riqueza) socándoles la faja a estos estafadores.

De hecho, como los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional (Magisterio, Poder Judicial y otros menores) están cerrados y el proceso natural de la vida es que la gente se muera (lo que se va a acelerar en estos tiempos de calentamiento global), pues de los casi 900 000 millones que van a estos regímenes actualmente, a medida que esta suma disminuya al morirse la gente, se estarían liberando recursos para aumentar la cotización del Estado al IVM.

Las proyecciones actuariales son manipuladas con mala fe. Si toda la fuerza de trabajo en estado de ilegalidad en el país entra a cotizar a la seguridad social, la base cotizable del IVM se mejoraría y respiraría mejor financieramente.

En la Caja hay atrincherados pupilos de Rocío Aguilar y gente neoliberal hasta el tuétano. Hay que rechazar sus intenciones de cercenarnos la pensión aún más. Constitucionalmente, el Estado es garante financieramente del IVM. No permitamos que nos cercenen aún más la pensión para mantener la orgía de la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios.

¡DEFENDAMOS EL DERECHO DE LAS TRABAJADORAS(ES) A UNA PENSIÓN QUE PERMITA VIVIR CON DIGNIDAD DESPUÉS DE UNA VIDA DE TRABAJO!

Por Manuel Sandoval

Desde que se aprobó la reforma constitucional para establecer un piso equivalente al 8% del PIB para financiar la Educación Pública, en el 2011, se ha insistido en que era una meta a alcanzar progresivamente. Desde aquella época la burguesía costarricense tenía la preocupación de frenar el gasto del Estado (ante el crecimiento de la deuda pública al calor de la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios), por lo que la medida fue bastante demagógica.

Sin embargo, casi desde ese momento, y cada vez con más fuerza, se ha planteado en los círculos de opinión de la burguesía que es un objetivo improcedente, porque la población escolar tiende tendencialmente a decrecer y esto aumenta el gasto per cápita por estudiante sin llegar a la necesidad de alcanzar la inversión del 8% del PIB. Don Nogui Acosta, que la semana pasada, cuando presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional para el 2025, demagógicamente habló del 8% como “una aspiración”, ha sentado cátedra en otros momentos sobre lo ineficiente del gasto en educación, señalando que más que aumentar el presupuesto hay que mejorar el rendimiento.

Bajo este criterio no ha vacilado en seguir metiéndole tijera al presupuesto del MEP, que se comenzó a mutilar violentamente desde la Administración Alvarado en medio de la pandemia y el curso lectivo virtual. (El financiamiento de los bonos Proteger se hizo desviando plata del MEP, circunstancia que hizo que las autoridades del MEP no se preocuparan en lo más mínimo por la “conectividad” del medio millón de estudiantes sin recursos tecnológicos). El conjunto de la oposición burguesa en la Asamblea Legislativa (con el Frente Amplio de furgón de cola) ha venido votando estos presupuestos recortados, porque hacen parte de la política de austeridad pactada con el FMI. Chávez habló en campaña electoral de un recorte de ¢400 000 millones, un punto del PIB. Prometió restituirlos y hasta el momento sufre de amnesia.

El presupuesto del MEP para el año entrante alcanza un 4,9% del PIB. Ha caído, en las dos últimas administraciones dos puntos: lo que, con colones actualizados, rondaría el billón de colones. Creemos que un punto del recorte obedece al congelamiento salarial violento que sufren los educadores, al recorte a programas de becas y transporte escolar y al abandono presupuestario del mantenimiento y construcción de infraestructura educativa. El otro punto de disminución es proporcional al crecimiento del PIB, es decir, la producción nacional (el PIB) ha crecido y se ha reducido el porcentaje que corresponde al presupuesto del MEP.

Es la contradicción que señalábamos en la nota anterior y que el mismo Nogui Acosta reconoce a medias. Crecen las exportaciones, deberían aumentar los ingresos tributarios del Estado, pero las exoneraciones lo impiden, y los grandes empresarios evaden el pago de impuestos y estafan al fisco. Como este gobierno los representa, ni pensar en socarles la faja.

Por eso se esfuerzan en presentarnos un financiamiento equivalente al 8% del PIB como algo exorbitante y fuera de las posibilidades del país.

En realidad, estamos hablando de ¢1,5 billones (¢1 500 000 millones), una suma de tres puntos del PIB que Hacienda podría recolectar en un período de año – año y medio, mediante una reducción progresiva de las exoneraciones (para recoger ¢500 000 millones) y un ataque en regla a los evasores fiscales (para recaudar por lo menos 1 000 000 millones). Esta inyección financiera en Educación tendría un efecto positivo sobre la economía nacional: son ¢600 000 que tendrían que destinarse a cubrir el faltante en infraestructura educativa. Decenas de miles de empleos en el sector construcción. Sin embargo, lo más importante es que el país podría recuperar terreno (capacitando científicos e ingenieros) para atraer inversión tecnológica de punta. Con el “apagón educativo” de los últimos años y la Müller al frente del MEP es notorio el retroceso educativo que sufre el país.

Con dos medidas anexas se aliviaría el peso de la carga de la deuda pública y se generarían recursos para reactivar la economía:   1. El Banco Central podría eliminar deuda empleando para ello la mitad de las reservas internacionales en dólares.   Estableciendo un control directo sobre el tipo de cambio (una herejía para los neoliberales, por supuesto) para evitar las tensiones cambiarias que podrían producirse.   2. Los recursos del ahorro interno: depósitos bancarios y fondos de pensiones se invertirían en inversión pública con garantías del Estado, en vez de estar siendo utilizados en especulaciones bancarias en Wall Street.   Evidentemente, habría que hacer una limpia en la CONISSIF, la SUGEF y la SUPEN, y comenzar por meter a la cárcel a Rocío Aguilar para que no ocurran descalabros con nuestros ahorros.

Algunos adversarios amarillos y rosados dirán que es una posición reformista. En realidad, intento demostrar que cumplir con el 8% del PIB como piso para financiar la educación pública sería una medida positiva en el marco del funcionamiento capitalista del país y no es ilusoria. Sólo exige la movilización estudiantil y popular para imponerla. De la Asamblea Legislativa sólo van a salir pichuleos. La burguesía no está dispuesta a enfrentar la evasión y el fraude fiscal, ni a ponerle límite a las exoneraciones.

De los recursos a la Sala IV que interpuso la APSE el año pasado y un grupo de estudiantes universitarios en estos días, lo más probable es que sólo salga un llamado en términos más perentorios al gobierno, para que aplique la “progresividad” implícita en la norma constitucional. Así fue como falló la Sala IV un recurso anterior de la APSE en el 2016.

Sin una lucha feroz en las calles la burguesía no va a acceder a concretar un financiamiento equivalente al 8% del PIB para la educación pública.

 

Por José René Tamariz

El 28 y 29 de agosto se realizó la gran huelga nacional de los sectores más dinámicos de trabajadores y sociales del sector público, tales como federaciones estudiantiles y sindicatos de universidades públicas; colegios y escuelas del Ministerio de Educación Pública (MEP); empleados del sector salud y otros sectores sindicales como ANEP, sociales y productivos. Esta numerosa y espectacular huelga nacional fue convocada por el bloque sindical, social y productivo denominado “Pacto Nacional por la Educación Pública”, conformada por unas 70 organizaciones.

Los dos días de huelgas y movilizaciones fueron exitosa desde el punto de la gran participación de los diferentes sectores. El primer día de huelga del 28 de agosto tuvo una grande y alta participación, principalmente, de las universidades públicas y trabajadores de la educación del MEP organizados en la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), llegando entre unos 7 mil a 10 mil participantes. Los objetivos centrales de esa huelga y movilizaciones fue luchar en contra de los recortes presupuestarios al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la exigencia al gobierno de Rodrigo Chaves para que entregue el 8% del PIB constitucional al sector educativo.

Las organizaciones estudiantiles y gremiales de las universidades públicas tuvieron una destacada participación, principalmente, de la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico (TEC), la Universidad de Costa Rica (UCR) y Universidad Estatal a Distancia (UNED). Igualmente hubo una gran participación de los sindicatos magisteriales ANDE y SEC.

El Segundo día de la huelga, 29 de agosto, continúo la huelga y movilización de forma regionalizada. En todas las provincias del país, así como en diversos cantones se realizaron diversas marchas. En San José la movilización partió desde el parque central hasta el edificio del ministerio de Hacienda para exigir el cese de los recortes presupuestarios al sector educativo y el cumplimiento del 8% del PIB para educación. Y, así sucesivamente, se produjeron las marchas en otras regiones.

El Reanimamiento del Movimiento Estudiantil y Trabajador del Sector Público

Es de importancia y necesario destacar que la gran huelga y movilización tanto nacional como regionalizada del 28 y 29 de agosto rompe con el ciclo de desmovilización del movimiento de masas en el país. Debemos sostener que dicho movimiento huelguístico y de movilización constituye el más grande en el curso de la administración de Rodrigo Chaves. Todo parece indicar que existe un proceso de reanimación, disposición a la organización y lucha del movimiento estudiantil y trabajador de las universidades que, por mucho tiempo, durante la administración de Carlos Alvarado estuvieron desmovilizados. Igual proceso se observa en el sector magisterial de los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP). Este proceso dinámico de huelga y movilización es amalgamado por las políticas neoliberales y el violento plan de ajuste fiscal de profundización de los recortes presupuestarios y del gasto público social por parte del gobierno de Chaves.    

Posición de la Burocracia Sindical de APSE ante la Huelga Nacional

La única organización magisterial ausente en las movilizaciones y huelga del 28 y 29 fue el sindicato Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).  En un principio, la burocracia sindical de APSE realizó solamente una “invitación” a participar del movimiento del 29 de agosto, posteriormente dicha “invitación” la hizo extensiva al 28 de agosto, pero nunca hizo una convocatoria oficial a la participación en ese proceso huelguístico y movilizador.

En una comunicación del secretario general de APSE, burócrata sindical irredento, Mauricio Jiménez Alvarado, hacia la afiliación, de forma descarada les planteó que “… desde APSE no se está convocando a una huelga. Se hizo una invitación para participar de las actividades regionales del 29 a las personas que lo puedan hacer. No sólo le pueden rebajar el día, sino también deber saber que dos ausencias seguidas sin justificación dentro del mismo mes calendario se puede abrir un expediente disciplinario y el funcionario se expone a ser despedido”.

Esa posición pusilánime y traidora de los burócratas sindicales de APSE pareciera que no tienen límites. Ese comunicación o circular del secretario General se asemeja al memorándum del miedo de Kevin Casas durante el proceso de referéndum del TLC. Como todo escrito que introduce el miedo entre los afiliados es despreciable y pro patronal, además de mentiroso. Veamos

El derecho a la huelga es legal contra las políticas públicas que van en contra de los intereses de los trabajadores y demás sectores sociales. Se puede ejercer por dos días y no pasa nada, ya que es totalmente legal. Tal como se planteó para los días 28 y 29 de agosto. Sin embargo, pese al intento de inducir al miedo por parte de ese burócrata sindica, miles afiliados de diferentes regionales del sindicato APSE no le hicieron caso y rompieron con la política traidora y de desmovilización de los burócratas sindicales y participaron activamente en la gran marcha nacional.

¿Cuáles Fueron los Resultados del Movimiento Huelguístico?

Después de la marcha nacional del 28 de agosto la llamada “Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo” firmaron el “Pacto Nacional Por la Educación Pública” que consta de 18 puntos que fue enviado hacia al presidente de la República, al presidente de Asamblea Legislativa y la defensora de los habitantes Las demandas, entre otras, las siguientes:

a.- Avanzar, de forma progresiva hacia un presupuesto para todos los niveles de educación pública equivalente al 8% del PIB como lo plantea la Constitución Política.

b.- Fortalecer la inversión social para garantizar el financiamiento de los programas sociales.

c.- Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes e instaurar una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas.

d.- Restaurar los convenios de cooperación con las universidades estatales como pruebas de dominio lingüístico para estudiantes de último año de secundaria.

e.- Atender los 100 centros educativos cerrados por órdenes sanitarias, recuperar la infraestructura educativa, mejorar la conectividad de las escuelas y colegios y mejorar los programas de equidad como transporte de estudiantes, comedores escolares y otros.

Al final de la movilización del 28 de agosto una representación del “Pacto Nacional Por la Educación Pública” entregó al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, el documento de 18 demandas, ya que ahora le corresponde a ese órgano definir y decidir el porcentaje que se le debe aumentar al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

Es importante destacar que las negociaciones entre el gobierno de Chaves y el CONARE integrado por los rectores de las cinco universidades públicas fracasó. Los rectores demandaban un incremento del FEES del 4,06% mientras que el gobierno sólo aceptaba dar un 1%. La comisión del gobierno para negociar ese fondo se mantuvo firme y no cedió y, por ende, no hubo acuerdo. Entonces al no haber acuerdo, según con la Constitución Política, ese proceso de negociación pasa a la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, es necesario señalar que ese proceso de negociación entre la Asamblea Legislativa, el gobierno y los rectores se encuentra en un callejón sin salida si se mantiene entre las cuatro paredes del Congreso, puesto que, dicha institución, no tiene mucho margen para aumentar el 4,06% al FEES porque no tiene de donde tomar el contenido financiero para realizarlo. La lucha por aumentar el presupuesto para la educación y del FEES debe regresar a las calles con el llamado a una huelga general nacional que imponga, por la vía de la movilización, las demandas planteadas, a las cuales se le debe sumar un aumento real de los salarios para los trabajadores del sector público.

Según el criterio de los servicios técnicos de la Asamblea Legislativa “Los diputados no pueden aumentar el Fondo Especial para la Educación Especial (FEES) sin definir una fuente de ingreso en el Presupuesto Nacional del 2025, ya sea recortando otras partidas o señalando ingresos certificados por la Contraloría General de la República (CGR), “como ocurre con cualquier moción que asigne nuevos montos”. (La Nación, 26 de agosto de 2024). Entonces, recortar un 3.06% del presupuesto nacional a otras partidas o ministerios está muy difícil y conseguir una nueva fuente de financiamiento para el FEES también se ve imposible.

De ultimo, debemos alertar que no se debe depositar ninguna confianza en los neoliberales de la Asamblea Legislativa, ya que ahora para ganar clientela política, de cara a las elecciones del año 2026, han comenzado a coquetear con el proceso movilizador y huelguístico al grado tal que varios diputados del PLN y otros partidos participaron de la marcha nacional del 28 de agosto para congraciarse con los dirigentes de ese movimiento.

Es una falsa postura de los neoliberales de la Asamblea Legislativa que, supuestamente, ahora están con la demanda del movimiento social y huelguístico. Ellos siempre se opusieron a aumentar el FEES y han aceptado reducir el presupuesto a la educación, de forma sistemática, aun siendo “oposición” del gobierno de Alvarado. Ahora que mantienen fuertes roces con el gobierno de Chaves, aparenta tener una posición política diferente, pero al final van a terminar reduciendo el presupuesto para la educación y del FEES. Ya los diputados del PUSC han señalado que ellos están de acuerdo con el aumentar solamente el 1,5% al FEES! Y, así sucesivamente será la posición de los neoliberales del Congreso

El Fracaso de la Política Educativa del Gobierno de Rodrigo Chaves

La irresponsable ministra de educación, Anna Katharina Müller, le solicitó a la Contraloría General de la República (CGR), tiempo hasta el mes de mayo del año 2025 para presentar su fantasmal "política educativa" y "ruta de la educación". Esa propuesta de prorroga es una monumental irresponsabilidad e incapacidad de como conduce este gobierno los asuntos del Estado.

Si dicha "política educativa" se presenta en mayo del 2025 quiere decir que, después de tres largos años de gobierno, en realidad, el MEP y el gobierno de Rodrigo Chaves, nunca ha tenido ni tuvo en su gestión administrativa política educativa. El sector estratégico de la educación, simple y sencillamente, ha estado en dos años y uno más a la deriva, improvisaciones y desvaríos de la cabeza de Müller.

Lo mínimo que debería hacer la inoperante e irresponsable ministra de la educación es renunciar de inmediato, ya que el puesto en ese ministerio le quedó muy grande, siendo incapaz de conducir el más grande ministerio del país. Y si no quiere renunciar hay que echarla por la fuerza de la movilización y la protesta social.

¡Fuera Anna Katharina Müller del MEP!

¡Por el Aumento del 8% de PIB para Educación!}

¡Por un Incremento al Menos del 4% al FEES!

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