Nogui Acosta presentó el proyecto de presupuesto del 2025 en la Asamblea Legislativa

Por Manuel Sandoval

Don Nogui Acosta tiene una gran cualidad, que contrasta con la predisposición del Caudillo y la Pilarica a hacernos creer que es de día, si lo consideran necesario, aunque haya oscuridad, la Luna y las estrellas brillen en el Firmamento y la telenovela turca “Legado de amor” esté pasando por Repretel. Don Nogui, en medio del cinismo que lo caracteriza y el aplomo que le da el reconocimiento de organismos financieros internacionales como el Ministro de Hacienda que mejor ha aplicado a nivel internacional las recetas de recorte del gasto del Estado tan caras en el mundo de las finanzas, da explicaciones a medias, cercanas a la verdad.

Al personaje lo considerábamos bastante limitado, una criaturita de Rocío Aguilar (la patrona de las mafias financieras del país en la SUGEF y la SUPEN), cuyo mérito principal era tener una columna vertebral muy dúctil, tanto como para durar con Chávez (que no soporta que nadie le haga sombra). La verdad es, sin embargo, que don Nogui brilla con luz propia, un resplandor opaco por la medianía del resto de la tropa de ministros y viceministros que encabeza Chávez.

La prensa ha destacado que el proyecto de presupuesto nacional para el 2025: ¢12,4 billones, prácticamente no crece, más bien estaría disminuyendo ligeramente; lo que don Nogui señala que no es tan así, porque ha crecido un poquito al disminuir el servicio de la deuda pública en ¢244 000 millones.

(Dicho de pasada, don Nogui debe estar jugando con los números para hacernos creer que la deuda decrece, y convencer de que las medidas de contención del gasto público que está aplicando son efectivas, a fin de que se acepte un presupuesto aún más recortado que los anteriores. Nos atrevemos a pronosticar que en unos meses no nos va a presentar un panorama tan positivo. El país sigue en una espiral de endeudamiento para pagar deuda con deuda, el 44,3% del presupuesto se dedica al servicio de la deuda y un 37,6% de los recursos con los que se financia el presupuesto nacional dependen de nuevos préstamos. No vamos a hacer la operación matemática aquí, pero cada colón que se paga se cancela con un colón prestado. Esto se refleja en que la deuda no baja del 60% del PIB, frenando reajustes salariales y gasto de capital conforme a la camisa de fuerza de la Regla Fiscal. Don Nogui sólo promete que habrá más flexibilidad cuando la deuda baje por debajo del techo del 60%, en el 2026).

El ministro Acosta es más consistente haciendo de pulpero, sus precisiones se dan en torno a pequeños montos. Incluso nos asevera que el presupuesto del MEP aumentó en ¢22 000 millones, porque ya no se pagan las miserias salariales (por costo de la vida) que se adeudaban desde los tiempos de Carlitos Alvarado. No nos dice que para reponer la infraestructura educativa se necesitan unos ¢600 000 millones, y que en este presupuesto no se proyectó prácticamente nada. (El MEP está gastando ¢95 000 millones que se arrastraban sin ejecutar desde hace ya rato y pareciera que con eso y una buena dosis de demagogia en torno a los milagros educativos de la Müller es suficiente).

En lo que sí es enfático es que no se puede gastar un cinco más de lo que proyectó y que no está dispuesto a girarle a las universidades públicas, si los diputados los asignan, los ¢23 000 millones de más que reclaman (un crecimiento del FEES del 4% que no cubre la inflación acumulada y no cubierta de los últimos años). En tono desafiante dice que “no acatará” y se arroga el derecho de decidir qué partidas del presupuesto nacional paga y cuáles no. Pareciera que sólo está dispuesto a darle un 1% de incremento al FEES, porque el Jefe descubrió que la demagogia contra los “Faraones” de las universidades públicas (los Rectores con sus salarios altos) son un caballito de batalla para sustituir el tema gastado de las pensiones de lujo.

Bueno, pero lo cierto es que el presupuesto nacional no crece desde la anterior administración. El superávit en el gasto del Estado excluyendo el servicio de la deuda (el superávit primario del 1,5% con relación a los ingresos fiscales) que el ministro se atribuye como mérito suyo, expresa una disminución real del gasto público que resultaría muchísimo mayor si tomáramos en cuenta la inflación acumulada. No es necesario señalar aquí lo que este recorte significa en términos del hundimiento del sistema de Educación Pública del país, del deterioro de la atención médica que brinda la Caja al incumplir el Estado con sus obligaciones con la Seguridad Social, de la destrucción de programas sociales y del deterioro de la seguridad ciudadana y la infraestructura vial.

El Caudillo se vanagloria de que la economía costarricense crece "a lo loco" -lo que es cierto, aunque exagera y tiene que ver con la economía norteamericana más que con políticas de este gobierno. ¿Por qué entonces, no aumenta la recaudación fiscal y se frenan los recortes presupuestarios?

Don Nogui nos lo explica: “La recaudación del gobierno no depende necesariamente del PIB, y cuando el PIB crece, no necesariamente recaudamos impuestos. El PIB no solamente tiene un componente local, que es el que paga impuestos, sino que también tiene un componente, particularmente en zonas francas, que no paga impuestos” (La Nación 30/08/2024).

Decimos que don Nogui dice verdades a medias y con gran cinismo, porque nos oculta que si no estuviera protegiendo a los grandes evasores fiscales, sobrarían recursos para financiar el gasto en Educación y Salud. Según Acosta, la evasión fiscal ha bajado casi dos puntos en su gestión al frente de Hacienda (rondaría un 6% del PIB si le creemos), pero como él mismo señala lo que ha tocado es el contrabando en las fronteras y los pequeños comerciantes. ¡CON LAS GRANDES EMPRESAS QUE ESTAFAN AL FISCO NO SE METE! Es la gente para la que gobierna Chávez y por lo menos un billón de colones se pondría hacer entrar al Fisco rápidamente si les metiera en cintura y se eliminaran las exoneraciones a las transnacionales y empresas capitalistas como la Dos Pinos.

La posición dura del ministro de Hacienda frente a los diputados de la oposición burguesa, parte de que no van a ir a fondo a aumentar el gasto social del Estado cuando analicen el proyecto de presupuesto nacional para el 2025, porque también tienen interés en mantener la evasión fiscal. Igual que don Nogui todos coinciden en que un financiamiento equivalente al 8% del PIB para la Educación Pública es “una aspiración”.

Así las cosas, la política de los sindicatos, las autoridades universitarias, las federaciones estudiantiles y las otras organizaciones que suscriben el Pacto por la Educación, de esperar pasivamente lo que suceda en la Asamblea Legislativa, NO CONDUCE A NADA. Si no se desarrolla un movimiento independiente de los trabajadores y estudiantes universitarios, y los docentes de Primaria y Secundaria siguen supeditados a las cúpulas burocráticas de los sindicatos, sin darle continuidad a la movilización iniciada el 28 y el 29 de agosto; sólo vamos a tener algunos pichuleos, pequeñas sumas que moverán los diputados de la oposición burguesa y el Frente Amplio, y al final se repetirá la historia de los últimos años, de que votan el presupuesto recortado que propuso Hacienda y la fracción chavista se abstiene porque “no respetaron” la política de austeridad.

UNA FARSA COMO LE GUSTAN A CHÁVES.

Por José René Tamariz

En el año 2018 se realizó la huelga más grande y larga, duró tres meses, de los trabajadores del sector público en contra de la “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, ahora ley 9536, mejor conocida como “combo fiscal”. Al final, esa gran huelga fue derrotada producto de las políticas pusilánimes de las diferentes burocracias sindicales que dirigieron esa lucha de resistencia. Esa ley grava con impuestos los productos de la canasta básica de alimentos, agua, luz, medicina y educación privadas, así también impone un conjunto de normas de la denominada regla fiscal que impone severos límites a los gastos sociales y transferencias a instituciones de bien social. Por ejemplo, producto de la aplicación de esa regla fiscal se han congelado los salarios del sector público por seis años consecutivos.

Agotamiento del Ajuste Fiscal

El salvaje ajuste fiscal, eufemísticamente llamada reforma fiscal, impuesto por el gobierno de Carlos Alvarado, mediante el “combo fiscal”, que entró en vigencia en julio del año 2019, ya da muestra de agotamiento, aunque el ministro de Hacienda le dice “erosión”. La recaudación tributaria se ha venido desacelerando desde finales del año 2023 y ha continuado en los primeros meses del año 2024. Aunque el gobierno de Chaves y el ministerio de Hacienda brinda datos “bonitos” y “alegres” en el sentido de que ha habido dos años consecutivos (2022 y 2023) con superávit primario del 2,1% y 1,6% del PIB, sin incluir el pago de intereses de la deuda externa, sin embargo, si se incluyen ese pago el déficit fiscal se mantuvo en el 3,3% del PIB en el año 2023.

Recientemente, en el evento denominado “Los ingresos del Gobierno de Costa Rica de cara a los desafíos del futuro”, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, tuvo que reconocer que “todos tenemos claro: nuestro sistema tributario no tiene futuro en las condiciones en las que está hoy”. (La Nación, 9 de julio de 2024).

Por otra parte, en la exposición, en ese mismo evento, Pamela Jiménez, investigadora del Programa Estado de la Nación, sostuvo que “el sistema tributario es sensible a ciertos aspectos que la economía costarricense enfrenta. Por ejemplo, destacó que si las empresas del régimen definitivo (fuera de zonas francas) crecen a un menor ritmo, también lo harán los ingresos del Gobierno”. (Ídem). Asimismo, señaló que “el cambio demográfico presionará las cargas de seguridad social, como las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que el sistema depende de las contribuciones de la población trabajadora actual, cuyo crecimiento es cada vez más lento”. (Ídem).

Por otro lado, la “Ley de Empleo Público” que eliminó los componentes salariales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros pluses salariales) es parte de ese violento plan de ajuste fiscal que viene de la administración Alvarado.

Es debido a ese proceso de agotamiento del ajuste fiscal que se viene aplicando producto del “combo fiscal” y de su draconiana “regla fiscal” es que tanto el gobierno de Rodrigo Chaves como varios economistas y otros ex funcionarios están planteando una “nueva reforma tributaria”, ya sea mediante diversas iniciativas de leyes, tales como gestión de la deuda pública, nueva ley de impuesto sobre la renta, venta del BCR, Bicsa e INS y otras iniciativas.

En otras palabras, las iniciativas de proyectos leyes del gobierno de Chaves que se encuentran en el seno de la Asamblea Legislativa fundamentalmente buscan como seguir gravando con más impuestos a los asalariados e, incluso, a pensionados, así como a sectores de clases medias.

Déficit Fiscal/Deuda Pública: Grave Problema Estructural

Si se revisan y analizan los datos decenales, o sea, de cada diez años del déficit fiscal, este ha sido permanente. Veamos. En el año 1980 el déficit fiscal fue de -8,2% del PIB; en el año 1990 del -4,4%; en el año 2000 se ubicó -2,0%; en el año 2010 del 5,21%; en el año 2020 fue del -8,34%. Mientras que el déficit fiscal durante la administración de Rodrigo Chaves ha sido del -2,84% del PIB en el año 2022 y del -3,3% en el año 2023.

Por otro lado, el déficit fiscal del Gobierno Central en el primer cuatrimestre fue el -1,1% del PIB, mientras que en ese mismo período del año 2023 había sido del 0,7%, teniendo un aumento del 0,4%. Todo hace indicar que, en el próximo cuatrimestre y finales de año, dicho déficit seguirá aumentando por una reducción de los ingresos y aumento de los gastos del Gobierno. De acuerdo con Hacienda ese déficit se debió al aumento del pago de intereses de la deuda pública. También impactó la disminución de los ingresos tributarios del 4,6% del PIB.  Asimismo, en los primeros cinco meses del año 2024 los ingresos y utilidades de las personas jurídicas cayó en ₡105.032 millones, así como en otros rubros de impuestos menores.

El Estado tiene dos formas principales de financiarse, ya sea mediante impuesto o deuda pública. En el caso de Costa Rica los diversos impuestos que recauda el Estado no alcanzan para financiar los múltiples gastos en salud, educación, vivienda, pensiones, ayudas sociales, gasto de capital y otros rubros. Entonces, de forma recurrente, casi permanente el Estado ha recurrido al endeudamiento interno y externo para financiar sus gastos. Generalmente el presupuesto nacional de la República se financia en más o menos un 50% mediante el endeudamiento público. Veamos algunos datos de cada diez años de esa deuda pública.

En el año 1990 la deuda total, tanto interna como externa del Estado era del 24,7% del PIB; en el año 2000 se ubicó en el 36,3%; en el año 2010 fue del 28,09%; en el año 2020 saltó al 67,17% y en el año 2021 aumento a 68,6%. Durante la administración de Rodrigo Chaves la deuda pública ha sido la siguiente: en el año 2022 fue del 63,78% del PIB y en el año 2023 se ubicó en el 61,1%. Veamos las proyecciones de mediano plazo (2024-2029) del ministerio de Hacienda sobre la deuda pública.

Según proyecciones 2024-2029 del Ministerio de Hacienda “… Durante este período se espera que el comportamiento de la deuda del Gobierno Central mantenga una tendencia decreciente d 61,1% del PIB en 2023 a 49,7% del PIB en 2029, una reducción de 11,4 p.p. del PIB. Lo anterior gracias al dinamismo de los ingresos, los cuales pasarían del 15,1% del PIB a 15,5% del PIB en el mismo período de referencia y la contención del gasto total (producto de la estricta aplicación de la regla fiscal) el cual tendría una reducción de dos p.p. del PIB, al pasar de 18,2% del PIB a 16,2% del PIB entre 2024 y 2020. Si a lo anterior se le suma la merma en el pago de intereses, el cual pasaría del 4,9% al 3,2% del PIB, equivalente a una contracción del 1,7 p.p. del PIB, se aprecia como el balance primario pasaría de 1,9% del PIB en 2024 a 2,4% del PIB en 2029, mientras que el déficit financiero mostraría una mejora, al pasar del 3,1% al 0,8% del PIB en el mismo período… esta dinámica ayudaría a que las necesidades brutas de financiamiento se reduzcan en 2,3 p.p. del PIB entre 2024 y 2029, disminuyendo las presiones… sobre el mercado local de fondos prestables, sentando mejores condiciones para el fortalecimiento de un crecimiento integral y sostenible”. (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2029. Ministerio de Hacienda, 26 de marzo de 2024).

La visión “optimista y alegre” del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en ese documento, sobre la reducción de la deuda pública, el aumento de los ingresos, la disminución de los gastos y de la baja del pago de los intereses de la deuda, así como la supuesta mejora de otros rubros, no son realistas por dos razones, en primer lugar, porque la administración Chaves termina en los primeros meses del año 2026 y, en segundo lugar, porque el ajuste fiscal del “combo fiscal” se está agotando y el sistema tributario actual necesita una profunda reforma fiscal integral y progresiva, en donde los impuestos directos se aumenten y disminuyan los impuestos directos. Es lo que analizamos a continuación. 

Por una Reforma Integral y Progresiva

Actualmente existe una profunda y fuerte discusión nacional sobre el financiamiento de la educación y una exigencia de diversos sectores sociales para que el Estado y el gobierno de Rodrigo Chaves cumpla con el otorgamiento del 8% del PIB al presupuesto nacional de la educación. Asimismo, también existe una fuerte demanda de muchos sectores para que el gobierno de Chaves pague la billonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El gobierno de Rodrigo Chaves se niega, de forma sistemática, a otorgar el 8% del PIB a la educación y de dar el 4% de aumento al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) a las universidades públicas. En el caso de la deuda billonaria con la CCSS, simple y sencillamente, niega de forma rotunda que exista semejante cantidad de deuda.

Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta “Nosotros tenemos un límite presupuestario que está determinado por la capacidad de recoger impuestos y por la capacidad de endeudarnos. Lo hemos dicho de manera reiterada, si tomamos el presupuesto que tenemos hoy, habría que cerrar como 19 instituciones para poder cumplir con el 8% de la educación, ese es el problema que tenemos, no, alcanza, no hay cama para tanta gente”. (Diario Extra, 19 de agosto de 2024).

Por una Progresividad Fiscal para Financiar los Gastos Sociales

 Retomando, pero de otra forma, las palabras del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, “el sistema tributario no tiene futuro en las condiciones en las que está hoy”, por tanto, es urgente y necesario hacerle una profunda cirugía, mediante la elaboración y aplicación de una verdadera reforma fiscal integral y moderna que priorice la “progresividad fiscal” en donde el peso de los impuesto recaiga sobre los capitales (impuestos directos), menos impuestos al consumo para los trabajadores y sectores populares (impuestos indirectos) y más altos para el consumo de los ricos y clases intermedias altas.

Retomamos el planteamiento del economista francés Thomas Piketty que sostiene que “El impuesto no es un asunto técnico, sino eminentemente político y filosófico, sin duda el primero de todos. Sin impuestos no puede haber destino común ni capacidad colectiva para actuar. Así ha sido siempre. En el centro de toda conmoción política importante encontramos una revolución fiscal. El Antiguo Régimen francés desapareció cuando las asambleas revolucionarias votaron la abolición de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero, instituyendo una fiscalidad universal y moderna. La Revolución estadounidense nació de la voluntad de los súbditos de las colonias británicas de tomar en propia mano sus impuestos y su destino. Se trata de tomar medidas para que los ciudadanos puedan decidir soberana y democráticamente los recursos que desean dedicar a sus proyectos comunes: educación, salud, jubilación, desigualdad, empleo desarrollo sostenible, ectc”. (Piketty, Thomas: El capital en el siglo XXI. Editorial Paidós S.A. México).

Por ende, en Costa Rica, debemos eliminar los privilegios fiscales que tienen los dueños de empresas, mediante gigantescas exoneraciones fiscales, sean extranjeras o nacionales, en las zonas francas; otros privilegios en forma de exenciones a otras actividades económicas y comerciales; el combate sin cuartel de la gran evasión fiscal hasta su eventual eliminación. La expropiación de los bienes y capitales del narcotráfico y otras actividades ilícitas para destinarlos a la educación, salud y otros gastos sociales.

Por Manuel Sandoval

Miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se realizó la Asamblea General Anual de la APSE. Un evento intrascendente, tipo show, porque la Asamblea no tenía como eje discutir los problemas que asfixian al Magisterio Nacional, la ofensiva del gobierno para desfinanciar aún más el sistema de educación pública, el retroceso social y cultural que se vive en el país y elaborar colectivamente, en una discusión democrática, un plan de lucha.

La burocracia que controla la APSE quería evitar a como hubiera lugar verse desbordada en una discusión de este tipo, que dejó fragmentada en las comisiones. (A la Asamblea asistieron de 2 000 a 2 500 personas y en las comisiones sólo participaron unas trescientas a lo sumo, mientras el grueso de la asistencia era inducido a participar del show. Más aún (y eso lo reclamaron muchas compañeras(os), el número de delegados que financia la organización para garantizar la representación de las afiliadas(os) de regionales distantes, se redujo de dos delegados a uno alegando razones económicas. El aparato de funcionarios se está comiendo los recursos de la organización).

La dirigencia hizo la maniobra que ha repetido durante cinco años de meter una moción en la comisión de Asuntos Varios, a la que movilizó a sus hinchas, autorizándola a definir una huelga u otras medidas de lucha (sin fecha, plan de lucha emanado desde las bases ni las reivindicaciones a levantar).

El viernes, en el espacio de 1 hora 30 minutos asignado a los informes de comisión, esta moción, la única que apuntaba a levantar la lucha, dejó amarrada la discusión porque era imposible oponerse a la misma sin aparecer como opuesto a la movilización y aplicaban censura (desde la mesa) al que intentara señalar las falencias de la moción. No obstante, lo cual, el compañero Líos (de Guanacaste) les señaló lo ambiguo y poco terrenal (en palabras nuestras) de la política que estaban levantando, porque no se pronunciaban sobre la convocatoria a movilización el 28 y el 29 de agosto que comenzaron a realizar desde el jueves el SEC y otras organizaciones.

La gran política que tiene la APSE resultó ser la campaña “Déjenlos volar”, que vendría a sustituir a “La señora de Purral”. El título hace referencia a la necesidad de garantizar el derecho al estudio a los jóvenes de los sectores populares para que tengan oportunidades de trabajo e inserción social.

En la exposición de la campaña que hizo Tobías Murillo, el funcionario repitió incesantemente que había que “enseñarle” a la ministra Müller las aulas cayéndose a pedazos, enseñarle los estudiantes que necesitaban de las becas para poder estudiar, enseñarle que muchas niñas(os) dependían del comedor escolar, enseñarle el rol que cumplía el transporte escolar, enseñarle, enseñarle y enseñarle. Tobías, evidentemente, no se ubica en el terreno de la lucha de clases, y parece que cree que puede convencer a la ministra gastando centenares de millones de colones en una campaña en los medios.

Para nosotros la campaña que habría que hacer es impulsar a los educadores a organizar padres de familia y estudiantes para que se movilicen a la lucha por la mejora de las instalaciones educativas y todas las necesidades de becas, alimentación y transporte escolar que tienen los estudiantes de los sectores populares, contra los cambios de programas que atentan contra la formación integral científica y humanista que deben recibir los educandos y para sepultar la aberración pedagógica de las pruebas nacionales. Hay que impulsar la movilización desde abajo para construir un gran movimiento en defensa de la Educación Pública.

En este sentido, reiteramos, la Asamblea General fue IRRELEVANTE. Ni siquiera se discutió (se restringió a la Comisión de Varios y no se llevó a la plenaria) la brecha salarial abismal que está creando la Ley de Empleo Público. Un muchacho que entra por primera vez al sistema educativo con salario global entra ganando ¢200 000, ¢300 000 o incluso más en relación a un compañero con 15 o 20 años y salario compuesto. ¿CÓMO PUEDE SER QUE ESTAS COSAS NO SE HAYAN DISCUTIDO EN LA ASAMBLEA?

Decíamos, sin embargo, que aunque la burocracia gobernante impidió que se concretaran medidas de lucha, aparentemente la APSE se va a sumar a las movilizaciones del 28 y el 29 de agosto.

Ayer sábado se realizó en UNDECA una Asamblea del Frente Nacional de Lucha y a la misma se apersonó a presentar un saludo oficial el compañero Alberto Montenegro, de la Secretaría que asesora a la Directiva Nacional de la APSE. El compañero dijo que la dirigencia se va a reunir esta semana para definir la participación el 28 y el 29. La movilización está cobrando fuerza y pareciera que la dirigencia de la APSE se está dando cuenta de que no va a poder quedarse al margen y aparecer, como en otros momentos, desmovilizando. La dirigencia de la ANDE definió ayer la convocatoria a movilización nacional el 28 y a movimientos regionales el 29. Cosa que aplaudimos.

La movilización del 28 y el 29 deja planteada la necesidad de profundizar la lucha. El movimiento no se puede limitar a estas fechas, porque por más grande y masiva que sea la movilización de los educadores y los estudiantes difícilmente va a quebrar la intransigencia del gobierno y difícilmente se va a lograr que la oposición burguesa en la Asamblea Legislativa restituya el recorte de ¢400 000 millones que ha sufrido el MEP en los últimos años con su complicidad y la del Frente Amplio.

A partir del 28 y el 28, colegio por colegio y escuela por escuela, hay que definir cuáles son nuestras principales reivindicaciones y tratar de incorporar a otros sectores de trabajadores y del pueblo a una lucha de conjunto, que contemple también la defensa de la Caja y otras reivindicaciones, a fin de catapultar la movilización.

HAY QUE EXIGIR A LA DIRIGENCIA DE LA APSE LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE BASE, para hacer las discusiones que no se hicieron en la pasada Asamblea y definir una estrategia y un plan escalonado de lucha (más allá del 28 y el 29) para torcerle la mano al gobierno y a la burguesía costarricense.

Ministra Laura Fernández y Presidente Rodrigo Cháves en conferencia de prensa

 

Por José René Tamariz

El 29 de julio, la Sala Constitucional emitió su sentencia 2024-21375 sobre el proyecto denominado Ley Jaguar del Poder Ejecutivo. Dicho proyecto de ley fue declarado inconstitucional por unanimidad de los jueces de esa institución en respuesta a una consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ya que había una solicitud de dos ciudadanos, Alberto Cabezas y Edgar Espinoza (esposo de la diputada oficialista, Pilar Cisneros), para llevar a referéndum ciudadano ese proyecto. 

La Sentencia de la Sala Constitucional

El presidente de la Sala IV, Fernando Castillo, en una declaración pública, planteó que “La Sala Constitucional en una sesión que inició a las 9 de la mañana y terminó a las 6 y 45, conoció y resolvió la consulta facultativa presentada por el TSE sobre la denominada Ley Jaguar. La Sala Constitucional encontró vicios de inconstitucionalidad en todos los artículos consultado, el 2, 3, 4 y 5. Las razones tienen que ver con el hecho de que el proyecto de ley afecta atribuciones constitucionales de la Contraloría; asimismo, la Sala encuentra que se le quitan herramientas importantes para que pueda ejercer sus funciones constitucionales. De esta manera, la Sala resuelve dentro del plazo esta primera consulta facultativa de constitucionalidad”. (Semanario Universidad, 29 de julio de 2024). En relación a esa mutilación o cercenamiento que los magistrados de la Sala Constitucional le hicieron a ese proyecto de ley, es importante destacar que tanto Rodrigo Chaves como la ministra de planificación, Laura Fernández, sostuvieron, una y otra vez por diferentes medios de comunicación, que la versión 1.0 del proyecto de Ley Jaguar NO era inconstitucional, sino que más bien venía a fortalecer a la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, ese fallo vino a demostrar que esa posición del gobierno de Chaves era incorrecta y falsa.   

Por tanto, al ser mutilado, a ese proyecto de ley solo le quedaron 5 artículos. No obstante, dado que Chaves es un sujeto persistente, al ser declarado inconstitucional por la Sala IV, dicho proyecto de ley fue, casi de forma inmediata, retirado de la corriente legislativa por el poder Ejecutivo, introduciendo al día siguiente, 30 de julio, la versión “Zombi” 2.0 de la Ley Jaguar que es el mismo proyecto original, pero mutilado. Esa nueva versión de ley es la misma 1.0, pero con la eliminación de los cuatro artículos declarados inconstitucionales, excepto, los verbos “sustituir” y “abarcar” del artículo 3, referidos a la función de la administración activa la cual no puede ser sustituida ni abarcada por la Contralaría General de la República (CGR).

¿Victoria o Derrota de Chaves?

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) consultó a la Sala IV solamente esos cuatro artículos de ese proyecto de ley y no los demás. De ahí que el Poder Ejecutivo concluyó que el resto de dicho proyecto es constitucional y, por ende, introdujo, nuevamente, tanto a la Asamblea Legislativa como en el TSE la versión “Zombi” 2.0 de la Ley Jaguar para ser llevado a referéndum, ya sea, mediante, la modalidad de referéndum por gestión del Ejecutivo o iniciativa ciudadana. Sin embargo, el día 9 de agosto, el TSE sometió a otra consulta de constitucionalidad tres artículos (2, 4 y 5), de los cinco que quedaban, de la nueva versión del proyecto de la Ley Jaguar. La cuestión es que el tiempo se agota para llevar a referéndum dicho proyecto, ya que, en caso de concretarse, se realizaría a un año de las próximas elecciones generales del año 2026. El referéndum no se puede realizar ni seis meses antes ni seis meses después de las elecciones generales.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, en conferencia de prensa con su gabinete en pleno el día 30 de julio declaró que “El artículo principal de la Ley Jaguar, el que define las competencias de la Contraloría para que deje de inmiscuirse en lo que no tiene competencia y deje trabajar a quien el pueblo eligió, fue reafirmado por la Sala Constitucional. Los magistrados dicen de manera transparente e incontrovertible que la Contraloría no puede… ´sustituir o abarcar funciones de la administración activa´, cierro comillas”. (Delfino. 30 de julio de 2024). Según la interpretación de Rodrigo Chaves, los magistrados de la Sala IV le dieron la razón al Ejecutivo, ya que la CGR no puede realizar esas competencias propias de la administración activa. Sin embargo, la opinión de la contralora general es que esa institución no ejerce esas funciones, pues, la Constitución Política no la faculta para ello. En otra parte de su discurso, Rodrigo Chaves señaló que “El hecho de que la Sala diera luz verde constitucional para continuar con un proyecto de reforma, una Ley Jaguar revisada… es un triunfo maravilloso suyo, del pueblo de esta República bendita…”. (Ídem). Las negrillas son nuestras.

El supuesto “triunfo maravilloso” de Rodrigo Chaves es en realidad una derrota contundente al primer objetivo fundamental propuesto en la versión 1.0 del proyecto de la Ley Jaguar, ya que los artículos declarados inconstitucionales tenían la clara pretensión de disminuir, rebajar y eliminar competencias constitucionales de la CGR. El segundo objetivo fundamental de la primera versión de la Ley Jaguar es la realización del referéndum que aún se mantiene, aunque cojeando. La intención por parte de Rodrigo Chaves de realizar un referéndum, previo a las elecciones generales, es una gran maniobra política-electoral, ya que sería un buen ensayo electoral para ganar las elecciones generales del año 2026, ya que le permitiría organizar, desarrollar y fortalecer las bases chavistas y la plataforma política que le permita a Chaves derrotar a los demás partidos políticos en esa contienda electoral, así como ampliar la cantidad de diputados para ser mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y, de esa forma, poder aprobar, sin oposición, sus proyectos de ley y reformas a la Constitución Política, para gobernar sin controles de ningún tipo. Este objetivo se mantiene, como eje central, en la versión 2.0 del proyecto de la Ley de Jaguar por eso la insistencia en realizarlo.

Contradicciones en el Oficialismo

Mientras el presidente de la República, Rodrigo Chaves, declaraba con bombos y platillos que la sentencia de inconstitucionalidad del proyecto de Ley Jaguar era un “triunfo maravilloso”, porque la Sala IV señaló que solamente los verbos “sustituir” y “abarcar” no eran inconstitucionales, su jefa de fracción en la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, sostenía lo contrario diciendo que “Lástima que yo esté vestida de azul y negro, porque debería estar vestida totalmente de negro. Es un día en que la Sala Constitucional le niega al pueblo costarricense, le niega a usted, ciudadano, el derecho que usted tiene de decidir si cambia o no cambia el statu quo en este país. ¿De cuándo acá, vía referéndum, no se puede cambiar una ley en Costa Rica? ¿Quién dice? Yo creo que la Sala IV se equivoca de cabo a rabo, porque aquí está el artículo 183 de la Constitución, donde clarísimamente dice cuál es la función esencial de la Contraloría, y es la vigilancia de la hacienda pública”. (Ídem). Las negrillas son nuestras.

Entonces, se observan claramente las apreciaciones divergentes entre la facción del chavismo. No hay unidad de criterios ni de posición frente al fallo de la Corte Constitucional. Efectivamente, Pilar Cisneros, aunque no mencionó la palabra “derrota”, estaba reconociendo la realidad porque cuando ella menciona que debía “estar vestida totalmente de negro” es porque algo había muerto, tal era caso del proyecto de Ley Jaguar. Sin embargo, el “Zombi” de la Ley Jaguar se resiste a morir.

Sobre la Versión 2.0 de la Ley Jaguar

De los nueve artículos del proyecto 1.0 de la Ley Jaguar, al ser declarados inconstitucionales cuatros, solamente le quedaron cinco artículos, los cuales son lo que constituyen la nueva versión “Zombi” 2.0 de dicho proyecto de ley. Tanto Rodrigo Chaves como su ministra de planificación, Laura Fernández, declararon públicamente que el “nuevo” proyecto no podía ser sometido a una nueva consulta de constitucionalidad ni declarado inconstitucional, ya que era un producto “químicamente puro” que había sido reelaborado por la ministra Fernández y su equipo de “especialistas”. No obstante, nuevamente, el gobierno se vuelve a equivocar, pues la “pureza química” de su nueva versión Zombi de Ley Jaguar, fue otra vez, sometida a la consulta constitucional. Ahora, debemos esperar un mes más para que los magistrados de la Sala Constitucional den su veredicto y sentencia final sobre ese proyecto mutilado en su esencia.

Por José René Tamariz

El denominado “Pacto Por la Educación Pública” que agrupa a diversas organizaciones sindicales, estudiantiles y productivas están convocando a una movilización para el 28 de agosto, fecha de presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa. El eje de lucha de esa movilización es la mejora de la educación pública en todos sus niveles.

Es conocido por todos que el gobierno de Rodrigo Chaves viene recortando, año con año, el presupuesto de la educación sometiendo a una mayor crisis educativa los diversos niveles en ese sector social. Ningún gobierno ha cumplido con el 8% del PIB para la educación. Más bien, el gobierno de Rodrigo Chaves lo viene reduciendo cada año en su administración. El presupuesto más cercano al 8% fue en el año 2020, siendo del 7,3%, mientras que para el año 2023 fue del 6%, en el 2024 fue 5,2% y para el próximo año 2025 se reduciría al 4,8%.

Veamos algunos datos y ejemplos de esa profunda crisis educativa que está teniendo repercusiones negativas en la sociedad y que profundizará esas consecuencias sociales hacia el futuro.

En Costa Rica, solamente el 64% de los niños de 3 a 5 años recibe educación preescolar, mientras que, en la OCDE, organización de la que forma parte el país, acude a esas aulas el 87%. Muchos niños/as de primaria no saben leer, ni escribir correctamente, no comprenden un texto y no manejan las operaciones básicas en matemáticas. Los bachilleres que salen de la educación secundaria manejan matemáticas de noveno años; solo 39 de cada 100 estudiantes de 18 a 24 años que terminaron secundaria pueden acceder a la educación superior, es decir, el 61% no puede recibir educación universitaria.

El financiamiento a la educación pública superior por parte del Estado, mediante el llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cada año se viene reduciendo poniendo en peligro el funcionamiento de las Universidades Públicas. Por ejemplo, actualmente se encuentra en curso la negociación del FEES y el gobierno propone solo aumentar el monto de ese fondo en 1%, mientras que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) propone el 4,06%.

Los salarios de los trabajadores de la educación han perdido su valor adquisitivo, ya que llevan unos 6 años de congelamiento salarial. Las condiciones materiales para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje son cada vez más decadentes. Ahí tenemos como ejemplo la mala infraestructura de cientos de centros educativos con ambientes desalentadores para estudiar o muchas escuelas y colegios con orden sanitaria de cierres.

Mientras esas terribles condiciones materiales de la educación se profundizan, los burócratas sindicales del sindicato APSE en su asamblea nacional, recién realizada los días 7, 8 y 9 de agosto, se opusieron a participar de forma conjunta con el “pacto por la educación pública” en la movilización nacional por defensa de la educación el día 28 de agosto. La presidenta de APSE, Vivian Chaves Chinchilla, que es una doble burócrata, funcionaria administrativa (abogada del sindicato) y ahora “dirigente sindical” de la organización y que nunca ha dirigido una huelga, presentó en la comisión de asuntos varios una añeja propuesta desmovilizadora que luego fue ratificada en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, en el sentido de que se delegara a los miembros de la junta directiva y del Consejo Nacional para convocar a una huelga sin plazos, ni fecha y sin acciones específicas.

Llamamos públicamente a todas las bases del sindicato APSE a romper con la línea política-sindical de desmovilización y de claudicación al gobierno de Chaves y a las autoridades del MEP por parte de los burócratas sindicales de APSE, participando de forma activa en la movilización del 28 de agosto en defensa de la educación pública.

¡Luchemos por presupuesto del 8% del PIB a la Educación!

¡Contra el Congelamiento Salarial, Luchemos por Aumento Real de los Salarios para los Trabajadores de la Educación!

¡Fuera la ministra de Educación, Anna Katharina Muller! 

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