Por Jose René Tamariz

El año 2025 es un año preelectoral. Algunos partidos políticos como el PLN y el PUSC ya tienen varios pre candidatos para la presidencia de la República. Cuatros funcionarios del gobierno de Rodrigo Chaves renunciaron a finales del mes de enero con el objetivo de poder presentarse como candidatos a presidente, vicepresidentes y diputados. Por otro lado, como parte de ese proceso pre electorero los ataques del presidente de la República, Rodrigo Chaves, hacia los poderes legislativo y judicial se están incrementando, profundizando la lucha entre los poderes del Estado. El objetivo expreso de los ataques de Chaves es golpear, desprestigiar y debilitar, de cara a las elecciones del año 2026, a los partidos políticos y personajes que controlan esos poderes, así como llegar a erigir a sus candidatos como posibles vencederos de dicha contienda. En este artículo solo se analiza la cuestión económica y en un próximo artículo se analizará la situación política en el país, de cara a las próximas elecciones nacionales del año 2026.

Crecimiento Económico

El crecimiento económico del año 2024 fue del 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé un crecimiento en el bienio 2025-2026 del 4,1% y 4,0%, respectivamente. El crecimiento promedio en el período de esos tres años sería de aproximadamente de un 4,13%. En realidad, para la economía de Costa ese es un crecimiento modesto, ya que no alcanza para recaudar más impuestos y obtener mayores ingresos fiscales que gastos y, por ende, poder tener superávit en vez de déficit fiscal como existe actualmente. Ese crecimiento ni siquiera alcanza para poder darle a los empleados públicos reajustes salariales que compensen el costo de la vida. Mucho menos alcanza para aumentar el gasto social, reducir la pobreza y desigualdad social, todo lo contrario, el gobierno de Rodrigo Chaves se ha caracterizado por disminuir el gasto en educación, salud y otros rubros sociales.

Por otra parte, es necesario y muy importante destacar que la economía nacional está dividida en dos tipos de economía: el denominado “régimen definitivo” de la vieja economía y el “régimen especial” (zonas francas) de la llamada nueva economía. El régimen especial representa el 14% de la economía y para el año 2024 dicho régimen aportó el 1,0% al crecimiento económico, o sea, el 23,3%; mientras que el régimen definitivo constituye el 86% de la economía nacional y aportó el 3,3% a ese crecimiento, es decir, el 76,7%. Si hacemos una transposición del aporte al crecimiento del régimen especial hacia el régimen definitivo nos daría un crecimiento económico del 5,67% para el régimen definitivo. Eso evidencia que el crecimiento del régimen definitivo o vieja economía se encuentra muy rezagada respecto al régimen especial. Esas diferencias significativas van a tener repercusiones en diferentes variables económicas y fiscales que veremos más adelante.

De otro lado, es de importancia mencionar que, históricamente, Costa Rica, ha tenido, en algunos períodos de años un crecimiento promedio similar al 4% del PIB. Por ejemplo, según el economista Eduardo Lizano “… la economía nacional creció en promedio 4,0% en el período 2000-2018. Esta tasa de crecimiento económico es insuficiente. La “cobija”, simplemente, no alcanza. Por lo tanto, lograr un crecimiento económico más acelerado es una condición necesaria para proseguir la construcción de la democracia liberal…”. (Lizano Fait, Eduardo: Después de la Pandemia: Una Visión de Largo Plazo. Academia Centroamericana, enero de 2022).  En una nota al pie de Lizano, se dice que el BCCR, sostiene un crecimiento del 4,1% para el período 2000-2018 y el FMI del 4,0%. Entonces, como se puede observar, con base a esos datos, el crecimiento económico durante la administración de Rodrigo Chaves no tiene ninguna espectacularidad ni es tan diferente ni superior a la que han existido en varias administraciones pasadas. Son muy similares.  La economía crece, pero lo hace de forma más lenta.

Déficit Fiscal y Deuda Pública

De acuerdo con datos oficiales, los ingresos fiscales del año 2024 fueron del 15,1% del PIB, mientras que los gastos totales llegaron al 18,9% del PIB, diferencia que produce un déficit fiscal del 3,8% del PIB. En el año 2022 el déficit fiscal fue del 2,81% del PIB, mientras que en el año 2023 dicho déficit se ubicó aproximadamente en el 3,2%. Como se puede observar, durante la administración de Rodrigo Chaves el déficit fiscal se ha mantenido y lejos de disminuir, tiene una tendencia al crecimiento. Ese déficit fiscal se mantiene, pese a la alharaca de los altos funcionarios del gobierno de celebrar de que el año 2024 es el tercero consecutivo de tener superávit primario: 2,1% en 2022, 1,6% en 2023 y 1,1% en 2024. Igual que con otros datos, se puede observar que el superávit primario ha venido disminuyendo año tras año de la administración Chaves.

Por otro lado, es importante destacar que ese déficit fiscal existe y tiene tendencia al aumento creciente debido a que la recaudación fiscal ha disminuido. Por un lado, porque el plan de ajuste fiscal que representó la imposición de la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida, como “Combo Fiscal” se agotó y, por el otro, porque el “régimen definitivo” o vieja economía que es el que aporta la mayor parte de los impuestos al Estado tiene un crecimiento económico muy bajo, además de que se ha encogido en los últimos años, lo cual significa que, cada vez más, aporta menos impuestos al ministerio de Hacienda. Además, el sector más dinámico de la economía que es el régimen especial no paga impuestos a Hacienda.

De otro lado, gran parte de los ingresos tributarios son fagocitados por los altísimos intereses que se pagan por concepto de intereses de la deuda pública. La razón entre el pago de intereses de dicha deuda y los ingresos tributarios de los años 2022, 2023 y 2024 fueron del 34,2%, 35,2% y 35%, respectivamente. Lo anterior, significa que, por ejemplo, para el año 2024 de cada 100 colones recolectados de impuestos 35 colones se destinan o pagan en intereses de esa deuda pública. Eso se convierte en una pesada y terrible carga para la economía nacional y la mayoría de la población. Ese pago de intereses de la deuda representó el 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB).  

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como el gobierno de Chaves han celebrado con bombos y platillos que, por primer año, han logrado que la relación deuda/PIB ha disminuido por debajo del 60%, llegando al 59,8% del PIB. Al respecto, Nogui Acosta, ha planteado que “Sin duda, el mayor hito fiscal que logramos fue reducir la relación deuda a PIB por debajo del 60%. Además, por tercer año consecutivo, alcanzamos un superávit primario”. (SWI swisinfo.ch. 14 de febrero de 2024). Si bien es cierto que la deuda pública se ha venido reduciendo desde el año 2022 del 63% al 59,8% al 2024, sin embargo, esa reducción es insostenible en el tiempo, ya que, el déficit fiscal, lejos de reducirse tiene la tendencia, año tras año, de incrementarse y, por ende, para cubrir ese déficit el gobierno de turno tendrá que recurrir al endeudamiento para cubrir dicho déficit.

Solamente en el primer semestre del año 2025 el gobierno deberá pagar en servicio de la deuda pública aproximadamente unos $5.000 millones, lo cual estrujará el presupuesto nacional y, por ende, todos los gastos

Empleo y Salarios

En medio de la pandemia, el desempleo en Costa Rica fue del 20%. Sin embargo, después de la pandemia la actividad económica se ha venido recuperando y, por ende, el desempleo ha venido disminuyendo de forma constante. En el año 2024, la tasa de desempleo se ubicó en el 6,9%, lo cual es una tasa muy baja. En los diferentes trimestres de los años anteriores esa tasa viene variando entre el 7% y 8%. Esa disminución del desempleo y aumento del empleo formal refleja, en cierto modo, el crecimiento económico moderado de los últimos años a tasas promedio del 4%.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR) “… Los ingresos de los trabajadores de calificación media y baja del sector privado subieron (7,8 p.p. y 13,9 p.p.), en tanto que los de los trabajadores de calificación alta de ese mismo sector si bien registraron un incremento en sus ingresos reales, han tendido a moderarse.

Los Ingresos reales de los trabajadores de calificación media y baja del sector público continuaron por debajo al nivel registrado antes de la pandemia, aunque a partir de 2023 tienden a converger hacia ese nivel. En contraste, los ingresos de los trabajadores de calificación alta del sector público se estancaron en 15 p.p. por debajo de lo registrado en febrero del 2020”. (Informe de Política Monetaria. BCCR. Enero 2025).

Como se puede notar, los salarios reales en el sector privado se incrementaron casi hasta un 14%, lo cual es congruente con el modesto crecimiento económico y el aumento del empleo formal. Por su lado, los salarios reales en el sector público disminuyeron hasta un 15% en sus capacidades de consumo. Esa disminución de los salarios reales en el sector público es el efecto de la política de ajuste fiscal que viene desde hace varios años con la implementación del combo fiscal. Asimismo, la reducción real de los salarios, producto de la aplicación de la regla fiscal, ha venido financiando el déficit fiscal y, por ende, el pago de la deuda pública. 

Impacto del Contexto Internacional

Las políticas de “desglobalización”, imposición de aranceles generalizado (guerra comercial) y de expansionismo en el mundo de Donald Trump son factores de peso que pueden incidir, modificar y cambiar la situación nacional, no sólo en Costa Rica, sino también en diversos países y nivel internacional. Las políticas de incrementos de los aranceles generalizados por parte de Trump, podría conllevar a un incremento del proceso inflacionario en los Estados Unidos y de las tasas de interés, con probable incidencia a nivel nacional que podría llevar, de forma simultánea, al incremento de las tasas de interés y de la inflación a nivel interno.

Por otro lado, hay que ver y estudiar las eventuales políticas de la administración Trump en Centroamérica y sus posibles repercusiones en todos los países del área centroamericana y, por ende, sus efectos y consecuencias económicas, sociales y políticas a nivel nacional.

  

 

Por Manuel Sandoval

¡INFAME! Sólo así se puede calificar la reforma del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que preparan los jerarcas de la Institución. Chávez quiere pasar a la historia como el destructor de la seguridad social en el país.

Sistemáticamente sus títeres en la Institución han saboteado el funcionamiento de los servicios médicos que presta la Caja, ayudados por el desfinanciamiento que provoca Nogui Acosta al no cumplir con las obligaciones financieras del Estado con la Institución, y ahora pretenden volver una ficción la pensión del IVM. Detrás del cambio hay una política para liberar al Estado y a los patronos de la carga del financiamiento de la Seguridad Social, haciéndola recaer sobre las(os) trabajadores. Vamos a un sistema generalizado de pensiones ínfimas que no alcanzan para vivir y un ingreso extra con la especulación en los Fondos Generacionales, si el trabajador puede ahorrar un poquito para mejorar el monto de la pensión y no hay ningún descalabro con las inversiones en Wall Street.

Las propuestas para cambiar el IVM no son sorpresivas, son casi las mismas que hizo Rocío Aguilar el año pasado, mientras estaba al frente de la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN). Esta tipa, arquitecta de la reforma fiscal de Carlitos Alvarado y santa protectora desde la SUPEN y la SUGEF de los pillos de ALDESA y las mafias financieras del país, tejió tentáculos en todos los fondos de pensiones, con el propósito de impulsar una reforma integral del sistema.

En otras notas hemos señalado que la especulación financiera con la plata del ROP, a través de los Fondos Generacionales, era el primer paso de la reforma. Ahora, con cambios brutales al IVM vendría el segundo paso si el movimiento de masas no se levanta a defender el derecho a una pensión digna. Si este ataque pasa, será cuestión de tiempo (con el próximo gobierno), para que la contribución del Estado como patrono, en el RCC de los educadores y el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, se homologue con la del IVM (más baja) y estos regímenes se hundan. Repetimos: El modelo que se trata de implementar son pensiones miserables … y la especulación de los Fondos Generacionales para sumar un poquito más de plata para la vejez.

¿Cuáles son las reformas que propone un “Comité de Vigilancia” del IVM con representantes del sector sindical, de la UCCAEP, del Cooperatismo y del solidarismo, y el apoyo de una Secretaría Técnica de la Dirección de Pensiones de la Caja?

Subir la edad para acogerse a la pensión a 70 años, bajar el monto de la misma a un 40% del salario de referencia, aumentar la cotización tripartita (patronos-trabajadores-Estado) de un 11,6% a un 13,6%, eliminar el derecho a retiro anticipado de las mujeres, y que los pensionados asuman el pago de su atención médica (del SEM), un monto del 5% de la pensión.

El pretexto es que a partir del 2035 se comenzarán a gastar las reservas del IVM (porque la relación entre activos y pensionados se deteriora tendencialmente, es decir, que cada vez hay más adultos mayores y gente pensionada que no cotiza. Este pretexto, sin embargo, esconde un problema de fondo: Crece la riqueza y los salarios están congelados. El ingreso nacional aumenta, pero no se redistribuye hacia abajo (con mecanismos como las pensiones, las facilidades de estudio, los programas de atención social, medicina de calidad, etc). Ya es una verdad de Perogrullo que COSTA RICA SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PAÍSES MÁS DESIGUALES DE AMÉRICA LATINA.

Hay que salirle al paso a esta reforma. ¡Que den la cara los traidores del movimiento sindical que se están prestando a la destrucción del IVM! REFORMA NO PUEDE HABER, MIENTRAS EL GOBIERNO NO PAGUE LA DEUDA CON EL IVM:  de más de 689 mil millones de colones. ¿Cómo cambiaría la realidad financiera del IVM si se cancela esta deuda? De esto no nos dicen nada, porque están empeñados en el que el trabajador pague (como asunto de cotización individual) por la pensión.

Los “reformadores” del IVM tienen el propósito de perdonarle a Chávez y a los gobiernos de los empresarios costarricenses que le sucedan esta deuda, que  HACIENDA podría cancelar si mete en cintura a los grandes capitalistas que estafan al fisco.

Llamamos a todas las organizaciones sindicales y populares a convocar un Encuentro para definir un Plan de Lucha contra esta reforma.

¡NINGÚN CAMBIO EN EL IVM, QUE SE PAGUE LA DEUDA DEL ESTADO ANTES DE DISCUTIR CUALQUIER REFORMA!

 

Por Manuel Sandoval

No son sólo los femicidios los que se están disparando en el país, los abusos de índole sexual contra niños y niñas también. La semana pasada se destapó el caso de una niña de 11 años abusada por el padrastro, que perdió un bebé de 7 meses en Guácimo. Sorprendentemente, la niña había estado en manos del PANI en el 2022 por sospecha de violación por parte de un vecino y la devolvieron al “hogar”. Es decir, cuando se trata de niñas(os) pobres esta Institución es absolutamente inoperante. El director del OIJ manifestó que están a la espera del ADN del feto para determinar si es el padrastro o el vecino el gestor de la criatura. Del 2022 para acá el PANI dejó a la niña expuesta a estos monstruos.

Es evidente, que el clima de violencia doméstica que se intensifica en el país, tiene mucho que ver con la ofensiva reaccionaria de las Iglesias, fomentando el rechazo a los derechos de las mujeres, la intolerancia a las personas LGTBI y oponiéndose a la educación sexual de carácter laico y científico en el sistema educativo. Para quedar bien con Fabrizio y los obispos, Chávez eliminó los programas de educación sexual y afectiva del MEP, que no eran una maravilla, pero daban una orientación a los docentes y a los educandos, que ayudaba a éstos a empoderarse para enfrentar situaciones de violencia sexual en el entorno social y familiar.  

Sobre las consecuencias que esto va a tener es interesante leer un artículo que publicó La Nación el lunes: Carta escrita en retiro espiritual reveló dos años de violaciones sexuales contra niña, de los periodistas Diego Bosque y Yeryis Salas. Ellos no se proponen denunciar el rol de encubrimiento de la violencia familiar que juegan las Iglesias, pero de los hechos que denuncian se desprende este rol reaccionario en función de proteger la autoridad patriarcal del hombre.

Un empresario de seguridad de apellido Sancho fue denunciado y condenado hace unos días a 48 años de prisión, por violar en varias ocasiones a una sobrina menor de edad. Su compañera se encontró accidentalmente una carta de la niña pidiéndole que no la agrediera más e hizo la denuncia.

“La nota, escrita a mano por la víctima durante un retiro espiritual organizado por la iglesia evangélica a la que asistía, no tenía la intención de acusar a su victimario con otro adulto y, mucho menos, con las autoridades policiales o judiciales. Por el contrario, su mensaje hablaba de perdón, de clemencia, de dolor por años de maltrato físico y emocional, y de una tregua.

Ella perdonaba las veces en que el agresor le quitó su ropa interior a la fuerza, los episodios en que la arrinconó en un pasillo para tocar sus genitales o las veces en que, durante las vacaciones, fue abusada.

El ejercicio de reflexión promovido en el retiro pretendía que los jóvenes sacaran cosas que resentían de sus seres queridos y que, luego del evento, le entregaran el documento. Este caso, sin embargo, la misiva no llegó al destinatario, pues la menor prefirió esconderla en su habitación.”

Vergonzoso. En el retiro espiritual se promovió resignación y el perdón frente a la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, pese a que los curas y los pastores no ignoran que hay situaciones de abuso sexual por parte de los padres. NO PROMOVER QUE LAS NIÑAS(OS) Y LOS JÓVENES SE EMPODEREN PARA DENUNCIAR ESTAS SITUACIONES, SIMPLEMENTE ES CRIMINAL. Aunque se entiende; es coherente con el abuso infantil dentro de las Iglesias, donde sistemáticamente se ha tapado a curas y pastores pedófilos.

¡FUERA LAS MANOS DE FABRIZIO Y LOS OBISPOS DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE!

¡POR UNA EDUCACIÓN SEXUAL Y PARA LA AFECTIVIDAD DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y LAICO!

 

Por Manuel Sandoval

El viernes 14 de febrero participé en una concentración de 200 adultos mayores, frente a la Gerencia de Pensiones de la Caja, para exigir a las autoridades de la Institución que se reajuste la pensión del IVM conforme al alto costo de la vida que hay en el país.

El aumento de ¢3.697,21 en la pensión mínima, que pasa de ¢155.995 a ¢159.692,21 mensuales, responde al requisito legal de que la pensión mínima no sea inferior al 50% de la Base Mínima Imponible (BMI) para la Seguridad Social. NO SÓLO NO COMPENSA LO QUE HA SUBIDO EL COSTO DE LA VIDA, SINO QUE EXCLUYE AL 60% DE LOS PENSIONADOS DEL IVM, con pensioncitas apenas un poquito más altas.

Que se haga este reajuste al que obliga la ley -sin ninguna política, por parte de las autoridades del gobierno en la Caja, para recuperar el poder adquisitivo de pensiones muy modestas, que a la mayoría de las pensionadas(os) sólo les alcanza para vivir en condiciones de pobreza-, ES UNA BURLA DE CHÁVEZ Y SU GENTE: ¢123 más por día, ¿para qué alcanzan?

Desde el principio de su Administración, Chávez ha estado empeñado en demostrar que la Caja está quebrada, a fin de dar paso a procesos de privatización. Frente al IVM, la política que ha seguido (con Rocío Aguilar actuando como ariete del gobierno mientras estuvo al frente de la Superintendencia General de Pensiones) ha sido preconizar la insolvencia de este régimen de pensiones en menos de veinte años, a fin de forzar una reforma "integral" de todo el sistema de pensiones del país: IVM, RCC de los educadores, Fondo de Pensiones del Poder Judicial. El propósito es hacer depender el monto de la pensión del ahorro individual del trabajador. Esto les permitiría reducir la cuota patronal y del Estado en el financiamiento tripartito de la Seguridad Social (patronos-Estado-trabajador), objetivo último de la reforma.

Es evidente entonces que ante el clamor de los pensionados del IVM para que las pensiones se reajusten conforme al incremento del costo de la vida bajo las dos últimas administraciones (que ha llevado a la pérdida de entre el 10 y el 15% del poder adquisitivo de las pensiones), la respuesta de los jerarcas de la Caja va a ser, con tapones en los oídos, que no hay recursos para hacerlo sin desestabilizar al régimen y comprometer el pago completo de las pensiones a partir de la década de los cuarenta.

No hay que ser experto actuarial, sin embargo, para darse cuenta que el verdadero problema es que el gobierno no quiere cumplir con el pago de las obligaciones financieras del Estado con la Caja (que en el caso del Seguro de Enfermedad y Maternidad se han acumulado en una deuda de más de ¢4 billones). Si el gobierno pagara los ¢689 000 millones que le debe al IVM y al Régimen no contributivo de pensiones, se aportarían recursos para aumentar significativamente la pensión mínima del IVM y hacer un reajuste a todas las pensiones que realmente compense el costo de la vida, así como para elevar la pensión de ¢82 000 que reciben en el Régimen No Contributivo 92 000 adultos mayores en situación de extrema pobreza. Es una vergüenza que ante el hecho de que Hacienda no gira completa la plata, las autoridades de la Caja hablen de reducir este monto y no amplían la cobertura de este Régimen a más personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Recursos existen para que el gobierno pague sus obligaciones con la Caja y el IVM si Nogui Acosta, desde Hacienda, comienza a meter en cintura a los grandes evasores del fisco que protege el gobierno de Chávez.

Por supuesto que A LAS BUENAS NO LO VAN A HACER. Con los pensionados en primera fila, hay que unir a las trabajadoras(es) en un movimiento combativo para forzar a los grandes empresarios a financiar la Seguridad Social y rechazar la Reforma “Integral” del sistema de pensiones del país que quiere acabar con la solidaridad social (la cotización tripartita) y volver la pensión un asunto privado. Proponemos a todas las personas que asistieron a la concentración del viernes, convocar a una Asamblea de todos los pensionados del IVM y del Régimen No Contributivo para definir un plan de movilización.

CON UNA VIDA DE TRABAJO, NOS GANAMOS EL DERECHO A UNA PENSIÓN QUE PERMITA VIVIR CON DIGNIDAD EN LA VEJEZ.

¡Hay que continuar la lucha!

Por Manuel Sandoval

El show de los miércoles en Zapote, esta semana estuvo centrado en un ataque de Cháves a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional y el anuncio de que iba a presentar un proyecto de ley para eliminarlas. Una vez terminado el espectáculo, Laura Fernández, la ministra de la Presidencia, diligentemente, salió disparada hacia Cuesta de Moras a presentarlo en la Asamblea Legislativa.

Despotricar contra una lista de 10 pensionados con montos superiores a los 10 millones, acusarlos de corruptos y sinvergüenzas con nombres y apellidos, impacta en mucha gente con pensiones y salarios que apenas les permiten sobrevivir y que sabe que muchas de las pensiones más altas son de políticos del PLN, el PUSC y el PAC que se colaron en los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional: el RTR de los educadores, el de Hacienda, el del Poder Judicial y otros menores, disparando el monto de la pensión al entrar en el cálculo de la misma los sueldazos que tuvieron como Embajadores, Ministros, diputados y directivos de instituciones autónomas. Esta denuncia le dio réditos a Cháves en la anterior campaña electoral, cuando hacía coro con la Cisneros, para anunciar que recuperarían ¢1,2 billones (¢1 200 000 000 000) del derroche del Estado en estas pensiones “multimillonarias”.

(Hubo hasta algunos educadores pensionados que votaron por Cháves porque no se dieron cuenta que dentro de estas pensiones multimillonarias que denunciaba el dúo Cháves-Cisneros, también entraba su pensión, muy modesta y en un rango inferior al millón de colones. El Caudillo siempre ha metido en la misma bolsa las pensiones altas y las de la masa de trabajadores, porque le gustaría que las pensiones de los trabajadores fueran más bajas para que las contribuciones de los patronos y el Estado fueran menores. En otra nota señalaremos como se trasluce ésto en la exposición de motivos del proyecto).

Frente a un nuevo proceso electoral (y ante el hecho de que hay un deterioro de la calidad y el nivel de vida de los sectores populares porque su gobierno no se ha orientado a resolver ninguno de los problemas más básicos del pueblo), tienen que volver al tema de las pensiones de lujo y crear la apariencia de que las están enfrentando. Convenientemente, al partido de Oposición que se oponga al proyecto (por inconsistente o por lo que sea), lo presentarán como defensor de estos privilegios.

Lo primero que hay que señalar del proyecto es que tiene una redacción precisa. No así el sustento actuarial en la exposición de motivos (un aspecto central para emprender una reforma de pensiones). Una característica de este gobierno es que no es nada preciso con la información estadística, por no decir que la tergiversa a conveniencia.

Lo que el proyecto reconoce, por primera vez, es que las pensiones más altas están gravadas a partir de un piso de 2.2 millones hasta en un 55%, porcentaje que se aplica progresivamente, conforme al monto. El cuadrito elaborado por Delfino, que ilustra esta nota y nos permitimos reproducir, es conforme a la verdad. ¡Qué lamentable que Cháves no lo diga, aunque el proyecto tenga que reconocerlo, porque las pensiones se gravaron en gran medida por presión del Magisterio Nacional para frenar los abusos de los políticos burgueses y si se aplica ese porcentaje del 55% es por el límite que establecen los convenios internacionales de la OIT! Cháves matoneaba con un referéndum para pasarle por encima a estos convenios y ahora tuvo que retroceder.

El proyecto establece un tope a las pensiones igual al del IVM de la Caja: ¢1,667 millones, y norma que a partir de este límite se garantiza (supuestamente por tratarse de una situación jurídica consolidada que sólo permite variar el monto de la pensión), sólo el 40% del salario de referencia (el promedio salarial con base en el cual se define el monto de la pensión); un criterio jurídico que no iría, según el gobierno, contra la normativa laboral establecida a nivel internacional.

Del 45% que les llegaba de pensión una vez rebajados los impuestos de ley, la gente con las pensiones más altas ahora estaría recibiendo sólo el 40%. (Tendrían una pequeña reducción en el monto que reciben actualmente, aunque algún actuario serio está señalando que más bien se les va a incrementar la suma que reciben). Sin sustento actuarial explícito en la Exposición de Motivos no es posible descartarlo y saber cuanto dinero se estaría ahorrando si el proyecto se convierte en ley.

¡PARECIERA, SIN EMBARGO, QUE PARA LAS PENSIONES DE LUJO NO HABRÍA UNA SANGRÍA MUY GRANDE!

Lo que sí se vería más afectado es un segmento más bajo de pensiones (sobre todo 1/5 de los educadores adscritos al RTR: de 8 a 9 000 educadores) que reciben en efectivo entre 2 y 3 millones de colones. Disminuirle la pensión a estas compañeras y compañeros de la noche a la mañana (es eso aunque se establezca un plazo de reducción progresiva de seis meses), es UNA BARBARIDAD. 50, 100, 200 mil colones menos, sí se sentirían en pensiones que no se pueden considerar altas si se toma en cuenta alto costo de la vida en el país y que están muy comprometidas en el sostén de hijas(os) y hasta nietos.

NO ES COMO DICE CHÁVES QUE LOS EDUCADORES Y OTROS TRABAJADORES ADSCRITOS A ESTOS REGÍMENES DE PENSIONES NO COTIZARON PARA GARANTIZARLAS. Se cotizó una vida de trabajo, y varios gobiernos gastaron la plata, impidiendo que se conformara un fondo de capitalización.

Claro que esto es historia, y la preocupación central de Cháves y su gente, es allegar recursos al Estado, golpeando los ingresos de los sectores medios y populares. Bajo el reinado de Nogui Acosta en Hacienda, la evasión y el fraude fiscal siguen campeando entre los grandes banqueros y empresarios. A estos pillos no se les quiere tocar.

El proyecto, que de avanzar en la Asamblea Legislativa tendría que ser sometido al criterio de la Sala IV y hasta de la Corte Interamericana de Justicia, sienta una orientación hacia la unificación de todos los regímenes de pensiones, al generalizar el tope límite de las pensiones en el monto máximo del IVM. Avance o no, exige la respuesta más vigorosa de todos los trabajadores activos y pensionados del país porque está en camino “una reforma integral” de todo el sistema de pensiones, inspirada por Rocío Aguilar el año pasado desde la SUPEN, que volvería una ficción, para los jóvenes y la gente en edad madura, el derecho a una pensión que permita vivir con dignidad en la vejez. El proyecto de Cháves es un paso en la vía de homologar las pensiones hacia abajo e imponer el criterio de que la pensión depende del ahorro individual del trabajador.

LLamamos a todas y todos los pensionados del RTR a organizarse en defensa del derecho a la pensión. Solicitamos a la Junta Directiva de JUPEMA que ponga al servicio de los educadores del RTR la información actuarial y los especialistas de la Institución, para movilizarnos a la Asamblea Legislativa con datos veraces. Es un deber de las dirigencias sindicales y populares poner en discusión entre sus bases las reformas al sistema de pensiones del país que se cuecen entre bambalinas y movilizar a la lucha contra las mismas.

¡LA VIDA SE PASA EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS,

NO PERMITAMOS QUE NOS ARREBATEN EL DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD EN LA VEJEZ!

LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL SISTEMA DE PENSIONES DEL PAÍS SE PUEDEN SOSTENER CON LOS RECURSOS QUE LE ROBAN AL FISCO LOS GRANDES EVASORES FISCALES.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo