Por Manuel Sandoval

Las imágenes de muchachos venezolanos que supuestamente pertenecen a la banda del tren de Aragua y fueron deportados por Trump a la mega-prisión de Bukele en El Salvador, son absolutamente chocantes. Aunque fueran los peores criminales del mundo –y se está ya denunciando que muchos ni siquiera tienen antecedentes delictivos-,  ningún ser humano merece ser tratado así. Es parte de la desvalorización de la vida humana que hace el nazi-sionismo en Palestina, con la complicidad de los imperialismos yanqui y europeos, masacrando a la población civil de Gaza. Hasta ayer, retomando la política de limpieza étnica, Ios bombardeos israelíes se habían tomado la vida de 450 civiles, la mayor parte ancianos, mujeres y niños. Su crimen: aferrarse a su tierra, lo que para Netanyahou significa que son “terroristas” y deben ser eliminados.

En una manifestación en Caracas contra la deportación a El Salvador de estos venezolanos, aparecen varias madres que identificaron a sus hijos bajando esposados de aviones gringos y alegan (y no dudamos de que sea verdad) que sus hijos no son criminales. La mayoría de los deportados probablemente no pertenece al Tren de Aragua y seguramente no han cometido tampoco crímenes y delitos en los Estados Unidos. Bajo el racismo que priva en el gobierno yanqui y la asimilación de los trabajadores migrantes a criminales que está haciendo la Administración Trump, realmente no importa si pertenecen o no al Tren de Aragua.

Hay un antecedente terrible de este irrespeto a los derechos humanos. En el caso de los supuestos terroristas encarcelados en Guantánamo después de la invasión yanqui a Afganistán, el delito de la mayoría era resistir a la invasión. Tal vez la lectora y el lector han tenido oportunidad de darse cuenta de que al cine han llegado casos en que ni siquiera podría acusárseles de esto,  que de todas maneras bajo el derecho internacional no constituye un delito. Cínicamente, como Washington no suscribe la mayoría de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, bajo Bush hijo se promovió la tortura y los asesinatos selectivos, con drones y miles de víctimas colaterales, en Afganistán, Pakistán, Yemen y otros lugares. Se justificaba con la ideología de “la guerra contra el terrorismo”, que satanizaba cualquier oposición o resistencia a la política guerrerista que comenzaban a implementar republicanos y demócratas para tratar de mantener la hegemonía norteamericana internacionalmente, en medio de un deterioro histórico cada vez mayor de la potencia yanqui. 

Hacemos la referencia, porque después del atentado de Bin-Laden contra las torres gemelas en Nueva York en el 2001, de la ideología islamofóbica que se impulsó en Estados Unidos y Europa para justificar las agresiones a Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, asimilando la cultura árabe y musulmana al terrorismo, se ha pasado ahora a una ideología, que se expresa con fuerza en Trump, asimilando a los trabajadores migrantes a la criminalidad y el terrorismo.

En las últimas décadas, mezclado con este elemento de islamofobia, las burguesías imperialistas de Estados Unidos, Europa y Japón fomentaron la xenofobia y racismo contra los trabajadores migrantes, para mantener a una gran parte en situación de ilegalidad y bajar así su costo como fuerza de trabajo. 

En esta campaña reaccionaria contra los trabajadores migrantes y refugiados (particularmente grave en países como Estados Unidos y Alemania por el peso de este componente de la clase obrera), la bandera de la deportación masiva ha sido levantada por los sectores más reaccionarios de las burguesías imperialistas, que hacen demagogia populista culpando a los inmigrantes de todos los males de la descomposición y decadencia del capitalismo. Los gobiernos demócratas de Obama y Biden no llegaron a tanto, pero cada una de estas Administraciones superó el número de deportaciones de la primera Administración Trump y parece que ahora Trump sí va a meter el acelerador por la presión de la base evangélica y ultraconservadora que lo sostiene. Aunque una de las grandes contradicciones dentro de las fracciones y grupos en el gobierno de Trump es hasta donde pueden llegar con las deportaciones – y la guerra comercial que lanzó Trump elevando los aranceles a las importaciones-  sin hacerle daño a la economía yanqui.

Por ahora, en torno a la colaboración en las deportaciones, Washington aseguró “el patio casero”: México, Centroamérica y el Caribe. Todas las burguesías cipayas de la región se cuadraron detrás de Trump, aceptando instalar campos de concentración en sus territorios para los deportados hacia Suramérica, Asia y África. La burguesía mexicana, la más fuerte, trata de salvar las apariencias por el golpe que representa el alza de aranceles, pero se plegó desde hace rato a la militarización de la frontera y la represión a los migrantes para obstaculizarles el paso hacia el Norte.

Los gobiernos cipayos de la región contribuyen a un drama humano gigantesco por las condiciones inhumanas en que comienzan a hacinar los deportados que han aceptado recibir en sus países, no siendo nacionales de los mismos, que en muchos casos (especialmente en el de la gente del Medio Oriente) no van a poder volver a sus países porque huyeron de los mismos por ser perseguidos políticos. Los gobiernos de Chávez y Mulino en Panamá, ¿tendrán que darles asilo y forzarlos a quedarse en nuestros países incluso en contra de su deseo? ¿En qué condiciones? ¿Seguirá Trump pagando la factura? ¿Hasta cuándo, si más bien cree que estos países deberían compensar a los Estados Unidos por toda la ayuda y los beneficios que han recibido?

El extremo más abyecto es, no obstante, el oligarca salvadoreño. Hasta podría decirse literalmente, que le vendió espacios a Trump en la mega cárcel donde encerraba a los supuestos sicarios de las maras. El régimen de tortura y exterminio  (en muchos aspectos peor que el de Guantánamo) que Trump no puede establecer en Estados Unidos, Bukele se lo sirvió en bandeja a Trump en una operación ilegal porque los deportados no han cometido delitos en El Salvador.

Con este servilismo, Bukele espera probablemente que Trump no deporte en masa a los salvadoreños, porque después del descalabro con el bitcoin (esperable), Bukele no tiene ninguna salida económica viable para El Salvador (la minería a cielo abierto va a ser otro fracaso), y lo ha hecho más dependiente que nunca de las remesas de los salvadoreños en Estados Unidos y del endeudamiento con el FMI.

Duterte, el Bukele filipino tuvo que dejar el poder en las elecciones del 2022 y terminó detenido y extraditado a La Haya la semana pasada, a la espera de un juicio por crímenes de lesa Humanidad en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Su guerra contra las drogas terminó siendo una persecución contra la gente pobre y opositores políticos, con miles de asesinatos dentro y fuera de las cárceles. En una ocurrencia” a lo Milei había privatizado las cárceles y dado la espalda a cualquier crimen que cometieran las bandas internas a las que otorgó la administración.

Si los vientos cambian en Washington, por la crisis económica que puede precipitar el tándem Trump-Musk con las expulsiones masivas de inmigrantes, la guerra comercial de aranceles y el desmantelamiento del aparato estatal federal yanqui, los títeres como Bukele y el locoide de la Argentina pueden quedar con el culo al viento y expuestos al odio popular que están provocando.

A Rodrigo Cháves, ya le tenemos vaticinado que si no sale del país apenas entregue la banda presidencial el 8 de mayo del año entrante, la oposición burguesa, con el fiscal actual u otro que venga, lo va a meter a la cholpa. Con la tremenda manifestación de fuerza que hizo el pasado 18 de marzo, es claro que no tiene fuerza para impedirlo. Va camino de un descalabro electoral. A tres años de gobierno, con todo el aparato del Estado volcado a movilizar, que sólo juntara entre 1 000 y 1 500 personas, habla mejor que cualquier encuesta.

Signo del descontento que germina en el país y que si no se vuelca a las calles (por ausencia de dirigencias sindicales y populares que convoquen a la lucha) terminará expresándose electoralmente; ayer miércoles, el día en que Cháves acostumbra realizar su show mediático en Casa Presidencial, madres de familia de las redes de cuido protestaron en las afueras contra el recorte de recursos y becas para las niñas y niños que asisten a los centros.

 

Por Manuel Sandoval

En Costa Rica se aceptaba como algo “normal” que por los tamales de diciembre el costo de algunos alimentos se disparara y volviera al nivel anterior en los primeros meses del año. En esta ocasión, en medio de las lluvias y las inundaciones de noviembre y diciembre, el costo de las hortalizas se disparó a las nubes como nunca antes, y más lo grave de la situación es que a estas alturas de marzo no parece que vayan a regresar a los niveles anteriores. “Hay que comer carne porque ya no se pueden comer verduras”, “A la Feria del Agricultor ya no se puede entrar, los precios dan miedo”… Algunas frutas importadas están más baratas que las nacionales. ¿Se atreverá alguien a negar que el costo de la vida está subiendo en el país, mientras los salarios y las pensiones están congelados, y esto nos hace más pobres a los trabajadores y los sectores populares? ¿Puede alguien negarlo?

Pues bien, aunque parezca increíble, según los tecnócratas de los organismos oficiales que miden la inflación (INEC, Hacienda, Banco Central) seguimos teniendo una de las inflaciones más bajas de la OCDE (el club de los países “desarrollados”): +1,25% de inflación interanual (de febrero del 2024 para acá) y lo más sorprendente: -0,01% de rebaja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en febrero. Los “técnicos” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) “procesan” la información de los precios de bienes y servicios de tal forma, que bajo los parámetros del mundo burgués para juzgar si un país es exitoso -entre ellos una inflación baja- Costa Rica lo es. Eso es importante (en la lógica que priva en las cúpulas del gobierno) para atraer inversiones.

No tenemos duda de que los precios van a seguir altos, pues no han bajado significativamente a estas alturas de marzo. La razón principal de esto es que el gobierno “mantiene abandonado” (sin apoyo crediticio y técnico) al sector campesino que produce para el mercado interno. Aunque para ser justos con el Mandamás de Zapote, es una política que iniciaron las últimas administraciones del PAC y del PLN. En CR hay costos de producción muy altos en el campo por la utilización excesiva de insumos importados: fertilizantes, pesticidas y otros implementos agrícolas; y frente a esto Chaves no tiene ninguna política para hacer más eficiente y barata la producción del sector.

Chaves es un tecnócrata neoliberal que en tiempos de calentamiento global (con los problemas que se pueden generar en los mercados internacionales por sequías o inundaciones en los países que producen más granos y alimentos), se aferra a la idea de importar los principales productos de la dieta del costarricense porque supuestamente sería más barato; un esquema falso y peligroso, como lo demostró la Ruta del arroz. Disminuyó los aranceles a la importación que permitían subsidiar precios más bajos para la producción nacional (beneficiando a sus amigos importadores con un regalo fiscal de ¢7 000 millones), y no sólo logró arruinar al sector (la producción local disminuyó un 58%) sino que también el precio al consumidor aumentó en un 11%.

El alza del costo de la vida que se experimenta en el país es tan grave, que hasta las nicas, que se las ingenian para vender barato en las calles de San José enchiladas, palmeadas, tacos y quesillos, le están pasando la factura a los clientes.

Es una fiebre que puede terminar matando los pequeños negocios de los nacionales que viven de la actividad turística, porque vuelve prohibitivo el país para los extranjeros de recursos limitados. Regionalmente, en las zonas donde se concentra la actividad turística, el alza en el costo de la vida es incluso peor que en el Centro del país, por el fenómeno de la “gentrificación”. En Guanacaste y otros lugares se ha disparado la compra de propiedades por extranjeros, no para vivir, sino como una inversión para rentabilizar en la actividad turística, con la consecuencia de que la población local pierde acceso a la propiedad, se le despoja de recursos como el agua y está siendo desplazada al dispararse el costo de la vida. El año pasado se hizo viral un tik tok de una maestra que tenía que viajar todos los días desde Liberia a Nosara, porque no encontraba una habitación barata para quedarse durante la semana laboral. La pobre estaba al borde del colapso físico y nervioso.

Hay sitios con hoteles, restaurantes y condominios tan caros, que son inaccesibles hasta para los nacionales de ingreso medio alto. Un estudio modesto con una habitación, sin piscina o gimnasio en el condominio, se alquila en US$ 2000 en Santa Teresa.

El hecho lo están registrando los youtubers que viven de los videítos que hacen a su paso por sitios turísticos de moda. Ubican a CR entre los lugares más caros del mundo. No por nada, el turismo tico de clase media se endeuda para ir de vacaciones a Cancún o a Medellín. Con el dólar barato porque los bancos están llenos con billetes verdes del narco, los colones se multiplican fuera del país al transmutarse en dólares y otras monedas.

Bueno, pero si me extiendo en esta situación es porque los organismos oficiales mantienen la inflación cercana a cero. Cada vez que el Presidente Chaves habla de las maravillas de su gobierno -y hay que reconocerle que generalmente lo hace sin inspiración etílica-, pareciera que las estadísticas oficiales son de otro país. Es surrealista que en medio de este escenario de alto costo de la vida, con sueldos y pensiones estancados, se afirme que la pobreza está disminuyendo (habría caído del 21,8% de los hogares a un 18% en esta Administración).

Esto se explica porque la línea de ingreso por debajo de la cual se establece que una familia está en la pobreza, es muy baja con relación al costo de la vida: ¢127.324/US$225 para la zona urbana y ¢98.673/US$200 para la zona rural.

En realidad, grupos familiares cuyos ingresos no llegan a los US$ 1000 o US$ 1200 están al límite de la verdadera línea de pobreza.

Así, mientras Chaves nos asegura que estamos ya a la altura de Dubai, un tercio de la población la pasa muy mal y crece la miseria extrema. Lo que hay que entender, sin embargo, es que el entusiasmo del Presidente Chaves por los logros de su gobierno tienen algo de real, no responden sólo a los excesos etílicos en que cae, cada vez con más frecuencia, durante sus mítines de campaña.

Efectivamente, a las gentes que viven en Monterán, Guachipelín de Escazú, las torres de Nunciatura y otros lugares selectos, les está yendo bien con este gobierno. Son los grandes empresarios nacionales y extranjeros que evaden el pago de impuestos y estafan al fisco. Los “consentidos” de Nogui Acosta.

Por supuesto que podemos creerle a Chaves y aceptar que “la economía crece a lo loco”. (En el contexto de “crecimiento modesto” de las economías latinoamericanas, CR no anda tan mal). Esto, por sí sólo, sin embargo, no resuelve nada. Con salarios bajos de por medio y sobreexplotación de los trabajadores inmigrantes en el agro, esto sólo concentra riqueza en menos del gran capital nacional y extranjero. El punto es que la contraparte de este crecimiento económico es un empobrecimiento progresivo de los sectores populares, que lleva a muchos organismos internacionales a señalar que CR es uno de los países más desiguales de América Latina. Lo que para el buen entendedor significa que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Recuerdo que Carazo, en el 82, en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias Económicas de la UCR sobre los problemas que generaba la oleada de refugiados nicaragüenses que estaban llegando al país por la guerra de Reagan y la Contra, enemigos de los sandinistas, dijo que el problema que tenía que discutirse no era la llegada de refugiados, sino más bien cómo iban a salir los costarricenses a trabajar en el exterior si se comenzaba a implementar con Monge un modelo económico de apertura comercial que iba a empobrecer a los sectores populares y no iba a crear muchas oportunidades de empleo.

El proceso ha sido más lento que lo que vislumbraba Carazo, pero es en la era de Trump (persiguiendo a los inmigrantes latinoamericanos en USA) no hay otra salida que asumir la lucha contra las políticas neoliberales de éste y el próximo gobierno (del partido burgués que sea), pues aunque se pinte con piel de oveja para ganar las elecciones, le dará continuidad a este modelo de desarrollo económico a favor de las grandes transnacionales, el capital financiero internacional y los capitalistas nacionales.

 

Por René Tamariz

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) viene enfrentando, desde hace muchos años, un conjunto de problemas, tales como: la gigantesca y billonaria deuda del Estado con la institución; la millonaria lista de espera de atención médica en diferentes ramos de la salud, como especialidades, diagnóstico, cirugía y otros rubros; la fuga de cientos de especialistas por problemas con los bajo salarios; la ineficiencia por parte de la plataforma denominada Expediente Digital Único de Salud (EDUS) para que los pacientes puedan sacar una cita médica, miles de personas no logran obtener una cita porque siempre están agotadas y otros graves problemas; receta de medicamentos no actualizados y modernos para diversas enfermedades; falta de inversiones para la construcción de hospitales y clínicas y así sucesivamente, podríamos continuar enumerando más situaciones problemáticas. En el presente artículos abordamos algunos de los problemas mencionados. Veamos.

Deuda del Estado con la CCSS

De acuerdo con datos oficiales, el Estado tenía a noviembre del año 2024 una ₡4.041 billones de colones. De ese gran monto adeudado ₡3.352 billones correspondían al Seguro de Salud de Enfermedad y Maternidad (SEM) y ₡690 mil millones al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, esa deuda es como una bola de nieve que aumenta de forma constante cada mes y año. Por ejemplo, actualmente la deuda del gobierno con el IVM aumentó a ₡722 mil millones. El gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, declaró recientemente que “… esa cifra es el indicador más reciente del monto total adeudado por el Estado. Añadió que no se ha recibido ningún pago por dicha suma, aunque se avanzó en un abono de ₡68.000 millones correspondiente a una resolución de la Sala Constitucional del 2020”. (La Nación,17 de febrero de 2025). Prácticamente, en cuatro años, del 2020 al 2024, esa deuda se duplicó, pasando de ₡363 mil millones a ₡722 mil millones. 

En los hechos, esa gigantesca estatal con la CCSS se está convirtiendo en impagable, pero es necesario y urgente buscar una solución para que la Caja pueda resolver una serie de problemas que enfrenta para poder solucionar graves situaciones de salud que enfrenta la población en general. La falta de pago de esa deuda con el IVM ha tenido serias consecuencias en las finanzas de ese régimen. Por ejemplo, ese régimen de pensiones ha tenido que recurrir constantemente al uso de sus reservas para cubrir el faltante para poder pagar a sus pensionados las pensiones. El año 2024 la CCSS tuvo que tomar la totalidad de esas reservas de IVM para las pensiones.

Por otra parte, como el gobierno no transfiere el dinero para el Régimen No Contributivo (RNC) se corre el grave riesgo de que la CCSS no pueda pagar el aguinaldo a los 151.000 beneficiarios de ese régimen. De acuerdo con “… la Gerencia de pensiones de la CCSS, se requieren ₡10.500 millones para solventar el déficit del monto asignado inicialmente. De lo contrario, se podría afectar el pago del decimotercer mes de las personas al cierre del año”. (La Nación, 17 de febrero de 2025).

El problema de la deuda del gobierno con la CCSS es tan grande y grave que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su declaración del 28 de febrero de la visita oficial a Costa Rica le dedicaron un apartado. En dicha declaración se plantea que “Se necesita una solución comprehensiva para resolver el conflicto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda (MH) sobre los reclamos de la seguridad social… la CCSS y el MH deben aclarar el alcance de los servicios de salud y las pensiones que actualmente cubre el presupuesto, mientras que se identifican las fuentes de financiamiento  adicionales necesarias  para garantizar la solidez actuarial de los sistemas de salud y pensiones…”. (Costa Rica: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV de 2025). El gobierno de Rodrigo Chaves citó en su función de circo el miércoles 5 de marco dicha declaración de la misión técnica del FMI, pero en aquellas partes que les servía y no hizo ninguna mención a esta parte de la declaración,

Pero aún más. Por ningún lado, los funcionarios del FMI sostienen, a como lo hace Chaves, que la CCSS esté quebrada o cerca de la quiebra, tampoco señalaron que la “corrupción en la Caja es más grande que ella” como sostuvo Chaves, aunque es una verdad que la corrupción existe, en la jornada circense. En esa declaración, como se puede observar, el FMI plantea que se “necesita una solución” para “resolver el conflicto” entre la CCSS y el MH “sobre los reclamos de la seguridad social”. El gobierno de Chaves, en las personas del ministro de Hacienda, lejos de hacer lo le recomienda el FMI, abandonó la mesa de diálogo para fortalecer el sistema de pensiones promovida por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

Lista de Espera y Fuga de Especialistas

La gigantesca y millonaria lista de espera que existe en la CCSS y que viene aumentando constantemente es un grave problema de salud pública que está directamente vinculado a la falta y fuga de especialista y la grandísima deuda del Estado con esa institución de salud. A su vez, la fuga de especialistas está asociada a la implementación de la denominada “Ley de Empleo Público” aprobada por la actual Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo como producto del acuerdo que negoció el gobierno de Carlos Alvarado con el FMI. Resulta que esa “ley” es un adefesio o un Frankenstein que hizo, entre otros, un absurdo: pagar un “salario global” mayor a los nuevos médicos especialistas por encima de los viejos especialistas, lo cual ha conducido que cientos de ellos renuncien, ya sea para ser recontratados con salarios globales o bien se vayan a trabajar al sector privado o al Instituto Nacional de Seguros (INS) que pagan mejores salarios que en el público. Además, del problema salarial existen otros como las jornadas de trabajo extensas y otras situaciones.

El Ineficiente Expediente Digital Único de Salud (EDUS)

El sistema o plataforma denominado Expediente Digital Único de Salud (EDUS) se inició a desarrollar en el año 2010 y su implementación fue a partir del año 2010, para completarse en el 2018.  Es decir, que ese sistema tiene unos 8 años de estarse aplicando. El objetivo de esa plataforma era digitalizar en un organizador único toda la información médica, de seguridad social y de todos los afiliados a todos los servicios de la CCSS. Este sistema lo utilizan los médicos cuando atienden a todos sus pacientes para introducir en él las enfermedades que tienen las personas, los nombres de las medicinas que les recetan, los resultados de los diagnósticos médicos realizados y otras situaciones propias de los galenos.

En cuanto a los usuarios o pacientes, el EDUS, se anunció con bombos y platillos, que era para eliminar las grandes filas que se hacían todos los días en las clínicas (EBAIS) y hospitales para sacar una cita y recibir atención médica. Sin embargo, para los usuarios o pacientes lograr una cita médica mediante la plataforma EDUS se ha convertido en un peor dolor de cabeza que cuando se realizaba filas para logar obtener la cita médica y ser atendido por un doctor. Miles de usuarios, forma infructuosa, intentan todos los días y a temprana hora conseguir una cita médica en el sistema EDUS y es imposible, ya que se encuentran con la grave noticia de que no hay citas. Muchas personas tardan tres o cuatro meses para poder lograr obtener una cita médica. El grave problema es que existen muchas, sino miles de personas, que están enfermas y necesitan la cita y atención médica para el mismo día que la buscan. Y ¿cuál es el resultado? No logran obtener una cita para ser atendido y tienen que continuar trabajando estando enfermos. Ahora, si la enfermedad es grave podrían morirse sin ser atendidos. Esa es una grave situación en cuanto a los usuarios.

Pero el problema también es grave en cuanto al uso y eficacia para el uso de los médicos. La Unión Médica Nacional (UMN), recientemente, denunció un conjunto de problemas que enfrentan cuando utilizan esa plataforma. Entre esas denuncias están las siguientes. Por ejemplo “El llenado de los espacios que se piden en el EDUS ocupan la mayor parte de la consulta (…) Cuando usted se tarda ocho o nueve minutos en llenar la plataforma, es muy difícil dar la atención que se merece el paciente… Nosotros somos médicos, no digitadores”. (La Nación, 23 de enero de 2025). Las recetas para medicamentos psicotrópicos no están digitalizadas; los datos de los pacientes no están resguardado; no existen las firmas digitales para los médicos, sólo pueden usar contraseñas; muchas veces, el sistema se desconecta por minutos u horas, no existiendo un sistema de contingencia cuando hay fallas eléctricas; sucede, muchas veces, que los médicos llegan a las 7 de la mañana a trabajar y la plataforma está desconectada, durando treinta minutos o hasta tres horas para reestablecerse; si se va el sistema el EDUS, por diferentes razones, los médicos no pueden acceder a los resultados de laboratorios de los pacientes y, así, sucesivamente.

Frente a esta grave problemática de la seguridad social y de las pensiones en Costa Rica planteamos luchar por las siguientes propuestas medidas:

1. Que el Gobierno de Rodrigo Chaves y el Ministerio de Hacienda (MH) pague de forma urgente y de inmediato el dinero que le adeuda al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y al Régimen No Contributivo (RNC). Lo anterior con el objetivo de que el IVM no siga utilizando sus reservas en el pago de las pensiones y para que los beneficiarios del RNC puedan recibir tanto sus pensiones como, al final de año, sus aguinaldos.

2. Exigir mediante la movilización el pago de la billonaria deuda del Estado con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Los sindicatos que representan al sector de salud deben realizar la más amplia unidad de acción con los demás sindicatos a nivel nacional para obligar al gobierno de Rodrigo Chaves y al Ministerio de Hacienda que honre la deuda con dicho seguro. El pago de semejante deuda puede, mediante la negociación de los sindicatos, CCSS y el MH, establecerse en varios tractos hasta su cancelación definitiva. El financiamiento extraordinarios de esa deuda puede obtenerse del dinero obtenido del lavado, ya sea mediante la venta de activos del narcotráfico como de los dineros decomisados; la imposición de un impuesto las empresas del régimen especial, mejor conocido como zonas francas; establecer un impuesto extraordinario para la salud a la producción y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y comidas rápidas, muchas de ellos responsables de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y otras.

3. Pagar de forma inmediata el “salario global” a los viejos médicos especialistas para que sus sueldos sean equiparados a los de los nuevos.

4. Establecer un plan de acción para eliminar las listas de pacientes en los diferentes servicios médicos. Ese plan podría contemplar, entre otras medidas, la implementación de diferentes turnos de trabajos; establecer unas alianzas estratégicas con la UCR y otras universidades que brindan las carreras de medicinas para que sus estudiantes atiendan a miles de pacientes como parte de sus trabajos comunitarios.

5. Actualizar y mejorar el EDUS. Que ningún usuario se quede sin ser atendido en las clínicas. Exigir la atención médica a todos los pacientes que la necesiten. Si hay usuarios que no obtuvieron cita digital que sean atendidos de forma presencial en los distintos EBAIS, presentando el comprobante de la plataforma de que no pudieron obtener la cita médica.

 

Por Jose René Tamariz

El año 2025 es un año preelectoral. Algunos partidos políticos como el PLN y el PUSC ya tienen varios pre candidatos para la presidencia de la República. Cuatros funcionarios del gobierno de Rodrigo Chaves renunciaron a finales del mes de enero con el objetivo de poder presentarse como candidatos a presidente, vicepresidentes y diputados. Por otro lado, como parte de ese proceso pre electorero los ataques del presidente de la República, Rodrigo Chaves, hacia los poderes legislativo y judicial se están incrementando, profundizando la lucha entre los poderes del Estado. El objetivo expreso de los ataques de Chaves es golpear, desprestigiar y debilitar, de cara a las elecciones del año 2026, a los partidos políticos y personajes que controlan esos poderes, así como llegar a erigir a sus candidatos como posibles vencederos de dicha contienda. En este artículo solo se analiza la cuestión económica y en un próximo artículo se analizará la situación política en el país, de cara a las próximas elecciones nacionales del año 2026.

Crecimiento Económico

El crecimiento económico del año 2024 fue del 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé un crecimiento en el bienio 2025-2026 del 4,1% y 4,0%, respectivamente. El crecimiento promedio en el período de esos tres años sería de aproximadamente de un 4,13%. En realidad, para la economía de Costa ese es un crecimiento modesto, ya que no alcanza para recaudar más impuestos y obtener mayores ingresos fiscales que gastos y, por ende, poder tener superávit en vez de déficit fiscal como existe actualmente. Ese crecimiento ni siquiera alcanza para poder darle a los empleados públicos reajustes salariales que compensen el costo de la vida. Mucho menos alcanza para aumentar el gasto social, reducir la pobreza y desigualdad social, todo lo contrario, el gobierno de Rodrigo Chaves se ha caracterizado por disminuir el gasto en educación, salud y otros rubros sociales.

Por otra parte, es necesario y muy importante destacar que la economía nacional está dividida en dos tipos de economía: el denominado “régimen definitivo” de la vieja economía y el “régimen especial” (zonas francas) de la llamada nueva economía. El régimen especial representa el 14% de la economía y para el año 2024 dicho régimen aportó el 1,0% al crecimiento económico, o sea, el 23,3%; mientras que el régimen definitivo constituye el 86% de la economía nacional y aportó el 3,3% a ese crecimiento, es decir, el 76,7%. Si hacemos una transposición del aporte al crecimiento del régimen especial hacia el régimen definitivo nos daría un crecimiento económico del 5,67% para el régimen definitivo. Eso evidencia que el crecimiento del régimen definitivo o vieja economía se encuentra muy rezagada respecto al régimen especial. Esas diferencias significativas van a tener repercusiones en diferentes variables económicas y fiscales que veremos más adelante.

De otro lado, es de importancia mencionar que, históricamente, Costa Rica, ha tenido, en algunos períodos de años un crecimiento promedio similar al 4% del PIB. Por ejemplo, según el economista Eduardo Lizano “… la economía nacional creció en promedio 4,0% en el período 2000-2018. Esta tasa de crecimiento económico es insuficiente. La “cobija”, simplemente, no alcanza. Por lo tanto, lograr un crecimiento económico más acelerado es una condición necesaria para proseguir la construcción de la democracia liberal…”. (Lizano Fait, Eduardo: Después de la Pandemia: Una Visión de Largo Plazo. Academia Centroamericana, enero de 2022).  En una nota al pie de Lizano, se dice que el BCCR, sostiene un crecimiento del 4,1% para el período 2000-2018 y el FMI del 4,0%. Entonces, como se puede observar, con base a esos datos, el crecimiento económico durante la administración de Rodrigo Chaves no tiene ninguna espectacularidad ni es tan diferente ni superior a la que han existido en varias administraciones pasadas. Son muy similares.  La economía crece, pero lo hace de forma más lenta.

Déficit Fiscal y Deuda Pública

De acuerdo con datos oficiales, los ingresos fiscales del año 2024 fueron del 15,1% del PIB, mientras que los gastos totales llegaron al 18,9% del PIB, diferencia que produce un déficit fiscal del 3,8% del PIB. En el año 2022 el déficit fiscal fue del 2,81% del PIB, mientras que en el año 2023 dicho déficit se ubicó aproximadamente en el 3,2%. Como se puede observar, durante la administración de Rodrigo Chaves el déficit fiscal se ha mantenido y lejos de disminuir, tiene una tendencia al crecimiento. Ese déficit fiscal se mantiene, pese a la alharaca de los altos funcionarios del gobierno de celebrar de que el año 2024 es el tercero consecutivo de tener superávit primario: 2,1% en 2022, 1,6% en 2023 y 1,1% en 2024. Igual que con otros datos, se puede observar que el superávit primario ha venido disminuyendo año tras año de la administración Chaves.

Por otro lado, es importante destacar que ese déficit fiscal existe y tiene tendencia al aumento creciente debido a que la recaudación fiscal ha disminuido. Por un lado, porque el plan de ajuste fiscal que representó la imposición de la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida, como “Combo Fiscal” se agotó y, por el otro, porque el “régimen definitivo” o vieja economía que es el que aporta la mayor parte de los impuestos al Estado tiene un crecimiento económico muy bajo, además de que se ha encogido en los últimos años, lo cual significa que, cada vez más, aporta menos impuestos al ministerio de Hacienda. Además, el sector más dinámico de la economía que es el régimen especial no paga impuestos a Hacienda.

De otro lado, gran parte de los ingresos tributarios son fagocitados por los altísimos intereses que se pagan por concepto de intereses de la deuda pública. La razón entre el pago de intereses de dicha deuda y los ingresos tributarios de los años 2022, 2023 y 2024 fueron del 34,2%, 35,2% y 35%, respectivamente. Lo anterior, significa que, por ejemplo, para el año 2024 de cada 100 colones recolectados de impuestos 35 colones se destinan o pagan en intereses de esa deuda pública. Eso se convierte en una pesada y terrible carga para la economía nacional y la mayoría de la población. Ese pago de intereses de la deuda representó el 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB).  

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como el gobierno de Chaves han celebrado con bombos y platillos que, por primer año, han logrado que la relación deuda/PIB ha disminuido por debajo del 60%, llegando al 59,8% del PIB. Al respecto, Nogui Acosta, ha planteado que “Sin duda, el mayor hito fiscal que logramos fue reducir la relación deuda a PIB por debajo del 60%. Además, por tercer año consecutivo, alcanzamos un superávit primario”. (SWI swisinfo.ch. 14 de febrero de 2024). Si bien es cierto que la deuda pública se ha venido reduciendo desde el año 2022 del 63% al 59,8% al 2024, sin embargo, esa reducción es insostenible en el tiempo, ya que, el déficit fiscal, lejos de reducirse tiene la tendencia, año tras año, de incrementarse y, por ende, para cubrir ese déficit el gobierno de turno tendrá que recurrir al endeudamiento para cubrir dicho déficit.

Solamente en el primer semestre del año 2025 el gobierno deberá pagar en servicio de la deuda pública aproximadamente unos $5.000 millones, lo cual estrujará el presupuesto nacional y, por ende, todos los gastos

Empleo y Salarios

En medio de la pandemia, el desempleo en Costa Rica fue del 20%. Sin embargo, después de la pandemia la actividad económica se ha venido recuperando y, por ende, el desempleo ha venido disminuyendo de forma constante. En el año 2024, la tasa de desempleo se ubicó en el 6,9%, lo cual es una tasa muy baja. En los diferentes trimestres de los años anteriores esa tasa viene variando entre el 7% y 8%. Esa disminución del desempleo y aumento del empleo formal refleja, en cierto modo, el crecimiento económico moderado de los últimos años a tasas promedio del 4%.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR) “… Los ingresos de los trabajadores de calificación media y baja del sector privado subieron (7,8 p.p. y 13,9 p.p.), en tanto que los de los trabajadores de calificación alta de ese mismo sector si bien registraron un incremento en sus ingresos reales, han tendido a moderarse.

Los Ingresos reales de los trabajadores de calificación media y baja del sector público continuaron por debajo al nivel registrado antes de la pandemia, aunque a partir de 2023 tienden a converger hacia ese nivel. En contraste, los ingresos de los trabajadores de calificación alta del sector público se estancaron en 15 p.p. por debajo de lo registrado en febrero del 2020”. (Informe de Política Monetaria. BCCR. Enero 2025).

Como se puede notar, los salarios reales en el sector privado se incrementaron casi hasta un 14%, lo cual es congruente con el modesto crecimiento económico y el aumento del empleo formal. Por su lado, los salarios reales en el sector público disminuyeron hasta un 15% en sus capacidades de consumo. Esa disminución de los salarios reales en el sector público es el efecto de la política de ajuste fiscal que viene desde hace varios años con la implementación del combo fiscal. Asimismo, la reducción real de los salarios, producto de la aplicación de la regla fiscal, ha venido financiando el déficit fiscal y, por ende, el pago de la deuda pública. 

Impacto del Contexto Internacional

Las políticas de “desglobalización”, imposición de aranceles generalizado (guerra comercial) y de expansionismo en el mundo de Donald Trump son factores de peso que pueden incidir, modificar y cambiar la situación nacional, no sólo en Costa Rica, sino también en diversos países y nivel internacional. Las políticas de incrementos de los aranceles generalizados por parte de Trump, podría conllevar a un incremento del proceso inflacionario en los Estados Unidos y de las tasas de interés, con probable incidencia a nivel nacional que podría llevar, de forma simultánea, al incremento de las tasas de interés y de la inflación a nivel interno.

Por otro lado, hay que ver y estudiar las eventuales políticas de la administración Trump en Centroamérica y sus posibles repercusiones en todos los países del área centroamericana y, por ende, sus efectos y consecuencias económicas, sociales y políticas a nivel nacional.

  

 

Por Manuel Sandoval

¡INFAME! Sólo así se puede calificar la reforma del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que preparan los jerarcas de la Institución. Chávez quiere pasar a la historia como el destructor de la seguridad social en el país.

Sistemáticamente sus títeres en la Institución han saboteado el funcionamiento de los servicios médicos que presta la Caja, ayudados por el desfinanciamiento que provoca Nogui Acosta al no cumplir con las obligaciones financieras del Estado con la Institución, y ahora pretenden volver una ficción la pensión del IVM. Detrás del cambio hay una política para liberar al Estado y a los patronos de la carga del financiamiento de la Seguridad Social, haciéndola recaer sobre las(os) trabajadores. Vamos a un sistema generalizado de pensiones ínfimas que no alcanzan para vivir y un ingreso extra con la especulación en los Fondos Generacionales, si el trabajador puede ahorrar un poquito para mejorar el monto de la pensión y no hay ningún descalabro con las inversiones en Wall Street.

Las propuestas para cambiar el IVM no son sorpresivas, son casi las mismas que hizo Rocío Aguilar el año pasado, mientras estaba al frente de la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN). Esta tipa, arquitecta de la reforma fiscal de Carlitos Alvarado y santa protectora desde la SUPEN y la SUGEF de los pillos de ALDESA y las mafias financieras del país, tejió tentáculos en todos los fondos de pensiones, con el propósito de impulsar una reforma integral del sistema.

En otras notas hemos señalado que la especulación financiera con la plata del ROP, a través de los Fondos Generacionales, era el primer paso de la reforma. Ahora, con cambios brutales al IVM vendría el segundo paso si el movimiento de masas no se levanta a defender el derecho a una pensión digna. Si este ataque pasa, será cuestión de tiempo (con el próximo gobierno), para que la contribución del Estado como patrono, en el RCC de los educadores y el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, se homologue con la del IVM (más baja) y estos regímenes se hundan. Repetimos: El modelo que se trata de implementar son pensiones miserables … y la especulación de los Fondos Generacionales para sumar un poquito más de plata para la vejez.

¿Cuáles son las reformas que propone un “Comité de Vigilancia” del IVM con representantes del sector sindical, de la UCCAEP, del Cooperatismo y del solidarismo, y el apoyo de una Secretaría Técnica de la Dirección de Pensiones de la Caja?

Subir la edad para acogerse a la pensión a 70 años, bajar el monto de la misma a un 40% del salario de referencia, aumentar la cotización tripartita (patronos-trabajadores-Estado) de un 11,6% a un 13,6%, eliminar el derecho a retiro anticipado de las mujeres, y que los pensionados asuman el pago de su atención médica (del SEM), un monto del 5% de la pensión.

El pretexto es que a partir del 2035 se comenzarán a gastar las reservas del IVM (porque la relación entre activos y pensionados se deteriora tendencialmente, es decir, que cada vez hay más adultos mayores y gente pensionada que no cotiza. Este pretexto, sin embargo, esconde un problema de fondo: Crece la riqueza y los salarios están congelados. El ingreso nacional aumenta, pero no se redistribuye hacia abajo (con mecanismos como las pensiones, las facilidades de estudio, los programas de atención social, medicina de calidad, etc). Ya es una verdad de Perogrullo que COSTA RICA SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PAÍSES MÁS DESIGUALES DE AMÉRICA LATINA.

Hay que salirle al paso a esta reforma. ¡Que den la cara los traidores del movimiento sindical que se están prestando a la destrucción del IVM! REFORMA NO PUEDE HABER, MIENTRAS EL GOBIERNO NO PAGUE LA DEUDA CON EL IVM:  de más de 689 mil millones de colones. ¿Cómo cambiaría la realidad financiera del IVM si se cancela esta deuda? De esto no nos dicen nada, porque están empeñados en el que el trabajador pague (como asunto de cotización individual) por la pensión.

Los “reformadores” del IVM tienen el propósito de perdonarle a Chávez y a los gobiernos de los empresarios costarricenses que le sucedan esta deuda, que  HACIENDA podría cancelar si mete en cintura a los grandes capitalistas que estafan al fisco.

Llamamos a todas las organizaciones sindicales y populares a convocar un Encuentro para definir un Plan de Lucha contra esta reforma.

¡NINGÚN CAMBIO EN EL IVM, QUE SE PAGUE LA DEUDA DEL ESTADO ANTES DE DISCUTIR CUALQUIER REFORMA!

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