Por José René Tamariz

El déficit fiscal es un problema estructural que los diferentes gobiernos de turno lo arrastran desde los años 50. Segú el economista Villasuso “El déficit fiscal ha sido una constante en Costa Rica desde la década de los cincuenta. Actualmente… Durante la década de los noventa el gasto del gobierno como porcentaje del PIB representó en promedio el 19,3% mientras que los ingresos tan sólo el 15,4%”. (Villasuso, Juan Manuel: Reformas Estructurales y Política Económica en Costa Rica. Mayo de 2000). Por ejemplo, si se analiza la serie de datos de los déficits fiscales desde el año 1980 hasta el año 2023, es decir, 43 años, solamente se observan superávit en dos años, 2007 y 2008, durante la administración de Abel Pacheco. En los últimos años 2021, 2022 y 2023 los déficits fiscales fueron del 5,18%, -2,81% y -3,3%, respectivamente. Se prevé que para el presente año 2024 ese déficit pueda llegar al 3,7% superior al del año pasado.

Causas del Déficit Fiscal y Favorecimiento al Capital

El histórico y grave problema del déficit fiscal que viene desde los años 50 es una vieja cuestión estructural que los gobiernos de turno y las clases dominantes no han logrado resolver, sino que, cada cierto tiempo, lejos disminuir ese déficit aumenta. De forma simple se dice que el déficit fiscal es la diferencia que existe entre mayores gastos que ingresos por parte de un gobierno. Sin embargo, las causas de ese déficit fiscal están vinculadas a diversos factores, entre otros, a la estructura tributaria injusta y regresiva que existe en donde los impuestos directos disminuyen para favorecer al gran capital nacional y transnacional, mientras que los impuestos indirectos o consumo aumentan. En ese juego y rejuego, siempre hay ganadores y perdedores.

Entre los años 80 y 90, los gobiernos de turno, redujeron los impuestos a las exportaciones del Estado para favorecer a los exportadores, asimismo también disminuyeron el impuesto sobre la renta a los capitalistas y, simultáneamente, se incrementaron los impuestos sobre las ventas. Veamos. Los impuestos a las exportaciones pasaron del 24% en el año 1983 al 1,26% en el año 1997, en tanto que el impuesto sobre la renta pasó del 22,61% en el año 1983 al 17,73% en el año 1997. La reducción de ambos impuestos significó una disminución porcentual de 27,62%. Semejante reducción de ambos impuestos en la estructura tributaria trajo como consecuencia un proceso de endeudamiento creciente por parte de las administraciones de turno para compensar esa gran pérdida.

Ganadores y Perdedores del Ajuste Fiscal

¿Quiénes fueron los ganadores y perdedores de ese proceso de ajuste fiscal? De acuerdo con algunas fuentes “Zúñiga Chaves (1999) concluye que como consecuencia de la estrategia de desarrollo seguida a la luz de los PAEs ejecutados en Costa Rica, los asalariados son los que están pagando los impuestos que recauda el fisco, hay una exoneración importante a las exportaciones, una reducción importante al impuesto sobre la renta, una insignificante recaudación por concepto de impuesto a la propiedad, una disminución relativa en los impuestos a las importaciones y el comercio exterior. La moraleja de Zúñiga es que al final del siglo XX: los sectores dinámicos (exportadores, comerciantes, banqueros y grandes preceptores de rentas en general) definitivamente no están pagando la parte que les corresponde por la riqueza que generan, son los asalariados los que cargan el peso de la financiación estatal. A todo lo anterior habría que agregar la ineficiencia en la recaudación, así como la tan denunciada y nunca enfrentada evasión fiscal”. (Molina Osegueda, Carlos: Política Fiscal y Gobernabilidad en Costa Rica y El Salvador. Ediciones Perro Azul, Costa Rica, 2006.).

Aumento Progresivo de la Deuda Pública

Por otra parte, como consecuencia de ese déficit fiscal y para compensar las reducciones de los impuestos al gran capital, las administraciones de turno, en ese período considerado, recurrieron a endeudar al país. Para el año 1985, la deuda pública representó el 24,7% del PIB, mientras que para los años 1990 y 2000 esa deuda aumentó al 27,1% y el 36,3%, respectivamente. Por tanto “Este déficit se vuelve relevante si lo analizamos por el lado de la deuda del gobierno central y si se considera lo que representa el pago del servicio de la deuda (capital más intereses) en el total del gasto. La transformación en los años noventa de deuda externa a deuda interna ha llevado a que el monto de los intereses que el gobierno debe pagar a los tenedores de bonos a nivel nacional se haya incrementado notablemente y la participación del pago de la misma en la estructura del gasto público se torne políticamente muy sensible”. (Molina, 2006: 137).  

En años recientes, principalmente, en las últimas administraciones de Arias, Chinchilla, Solís y Alvarado la deuda pública pasó desde un 28,1% del PIB (2010) hasta un 68,6% (2021).  Durante la administración de Rodrigo Chaves la deuda pública ha sido la siguiente: en el año 2022 fue del 63,78% del PIB y en el año 2023 se ubicó en el 61,1%. Por otro lado, el gobierno de Guillermo Solís, para supuestamente, reducir el déficit fiscal, propuso la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida popularmente como “Combo Fiscal”. Posteriormente, en el año 2018 el gobierno de Carlos Alvarado, recién instalado, en medio de una gran huelga nacional de tres meses, logró imponer y aprobar dicha ley para aumentar los impuestos. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación “La aprobación de la reforma fiscal en el 2018 amplió la base impositiva con la transformación de un impuesto de ventas a uno de valor agregado que consideraba los servicios e incrementó el pago de algunos impuestos en materia de renta y utilidades. Estas modificaciones permitieron aumentar la base contributiva, ampliación que permitió que los ingresos pasaran de representar un 14,7% a 16,2% del PIB…”. (Estado de la Nación, 2023, página 145 y 146).

Asimismo, en ese mismo “Combo Fiscal”, se aprobó la denominada “regla fiscal” que se transformó en una norma constitucional y la cual impone restricciones y límites severos al gasto público cuando la relación deuda pública es igual o superior al 60% del PIB. La aplicación del “combo fiscal” y su draconiana “regla fiscal” ha conllevado a la aplicación de un salvaje plan de austeridad con grandes reducciones al gasto social, la congelación de los salarios de forma permanente a los trabajadores del sector público y otros males sociales.

Aumento del Déficit Fiscal y Reducción de los Ingresos por Impuestos

Sin embargo, ese ajuste fiscal presentado como una gran solución a los problemas estructurales del déficit fiscal y la deuda pública, actualmente, dan muestra de un gran agotamiento, ya que el déficit fiscal después de disminuir al 2,81% en el año 2022 ha comenzado a subir en el 2023 y se prevé que siga aumentando en el año 2024 como se apuntó al inició de este artículo. De acuerdo con informaciones periodísticas “El Ministerio de Hacienda confirmó un deterioro en las cifras fiscales en la actualización con corte a agosto del 2024. Según esta, el déficit fiscal está subiendo como consecuencia del aumento en los gastos y los intereses de la deuda pública, al tiempo que se desacelera la recaudación de impuestos”. (La Nación, 14 de octubre de 2024). Igualmente, el superávit primario bajó del 1,94% del PIB en el mes de agosto del año 2023 al 0,9% en el mismo mes del 2024. Entre los factores que han provocado el aumento del déficit fiscal se encuentran, entre otros, la menor recaudación del impuesto sobre la renta en el régimen definitivo, producto del bajo crecimiento económico de dicho régimen y la bajísima inflación.

En relación a la disminución del impuesto sobre la renta en el régimen definitivo, Rolando Charpentier, director general del Grupo Vical y vicepresidente de la Cámara de Industria plantea que “La recaudación del impuesto sobre la renta que proviene de personas jurídicas (las empresas) también es menor. No debe extrañar, puesto que las empresas del régimen definitivo industrial, en los últimos diez años, crecieron solamente un 0,5% como valor agregado de la industria manufacturera. Si los que pagan impuestos se estacan económicamente, igualmente lo harán los impuestos que recauda el gobierno”. (La Nación, 11 de septiembre de 2024). También señala que las exportaciones de ese régimen decrecieron un 1,7% en el primer semestre del 2024 con respecto al 2023. Más adelante, este empresario sostiene que “El valor real de la industria manufacturera del régimen definitivo representó en el 2015 un 76,5% y en lo que va del año alcanza un 50,2%, es decir, tenemos una caída del 34,37%, o, dicho de otra forma, el régimen definitivo se está encogiendo, lo cual explica que año tras año se le complique más al Estado conseguir los ingresos que necesita”. (Ídem).

En otra parte, ese capitalista se queja de que el régimen definitivo no recibe estímulos por parte de los gobiernos y critica que se permita que empresas de ese régimen migren al régimen especial o zonas francas para no pagar impuestos.

¿Cuándo Disminuirá la Deuda Pública?

Por otra parte, en relación a la previsión de disminuir el porcentaje de la deuda pública a menos del 60% que se tenía previsto para el año 2025, tanto el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, como el presidente del Banco Central, Roger Madrigal, sostuvieron por separado “que parece que se llega a menos del 60% en el 2026”. Por tanto, según la regla fiscal, una vez que la relación deuda/PIB sea menor a ese 60% habría que esperar que pasen dos años más para no aplicar esa regla y, por ende, se podrían aumentar el gasto público y dar reajustes salariales al sector público. No obstante, también habrá que esperar cómo evoluciona la economía nacional con la asunción al poder de Trump en los Estados Unidos en el 2025.

Por otro lado, los dineros que se pagan por concepto de deuda pública son bien altos y estrujan grandemente el presupuesto de la República. Por ejemplo, en el año 2024 se pagan $1.810 millones y en el año 2025 se pagarán aproximadamente $4.962 millones. Es importante señalar que para el año 2023 la deuda pública ascendía a $52.874 millones. La deuda pública se incrementó en 16,54% en 2023, bajo la administración Chaves, respecto al año 2022.

¿Cuáles deben ser las Medidas para Reducir el Déficit Fiscal y la Deuda Pública?

Para reducir de manera significativa tanto el déficit fiscal como la deuda pública proponemos realizar las siguientes medidas:

1. Eliminar las grandes exoneraciones que tienen las empresas de zonas francas, sean nacionales y transnacionales, tales como el impuesto sobre la renta, las materias primas, la maquinaria y equipo, la importación de vehículos, el valor agregado y consumo. Es necesario señalar las zonas francas son reconocidas como el “régimen especial” y es el más dinámico en cuanto al crecimiento económico, representando apenas el 15,2% de la producción y el 13% del empleo total.

2. Aumentar el impuesto al capital privado.

3. Gravar con impuesto a los ultrarricos de Costa Rica que son dueños o accionistas mayoritarios de diversas empresas.   

4. Combatir la evasión y elusión fiscal que para el año 2021 era del 5,6% del PIB, o sea, unos ₡2.5 billones.

5. Declarar una moratoria del pago de la deuda pública. Negociar con las instituciones públicas que son poseedoras de bonos de deuda con el gobierno para disminuir, poco a poco, el pago de dicha deuda. Algunas instituciones que generan ganancias importantes, tales como el INS, podrían hacer condonación de dicha deuda.

  

Por José René Tamariz

En la conferencia de prensa del 30 de octubre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con la desfachatez que lo caracteriza declaró que "la Caja es un canasto y que una persona sabia no echa agua en canasto para jalarlo, nosotros no vemos que darle más dinero a un sistema que actuarialmente está diseñado para que quiebre". Y más adelante, de forma temeraria, sostuvo que la CCSS "es  como llaman la gente de finanzas sistema Ponzi o un sistema piramide".

Esas declaraciones de Rodrigo Chaves tienen tres falacias que pretenden engañar a los ingenuos, ignorantes y estúpidos. Veamos.

Primero, es absolutamente falso sostener que la Caja sea como un canasto al cual se le echa agua y se le sale o, en este caso, que el dinero que se le entregue o pague a la CCSS se pierda. Los datos de salud desmienten de forma categórica esa mentira de Chaves. Por ejemplo, "La tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos es un indicador importante para el estudio de las condiciones de salud de la población". (Estado de la Nación, 2023, página 287). En 1920, cuando no existía la CCSS, la tasa de mortalidad infantil (TMI) era de 248,3 por mil nacidos vivos y en el año 2023 fue de 8,54 por cada mil nacidos. La TMI es, según la OMS y OPS, una "variable trazadora".

A través del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), la Caja le garantiza atención médica, diagnósticos, medicinas, procedimientos quirúrgicos y otras atenciones de salud a miles de asegurados y no asegurados. Esos servicios de salud se prestan mediante unos 1.014 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) repartidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y cada uno atiende en promedio a cuatro mil personas, así como también a través de 29 hospitales y clínicas especializadas. Entonces, una gran parte del dinero aportado a la CCSS por trabajadores, patronos y el Estado es invertido en servicios de salud que beneficia a la mayor parte de población costarricense. Por tanto, no es cierto que se pierda como el agua que se le echa a un canasto.

Segundo, la CCSS fue creada en el año 1941 y, por tanto, actualmente tiene 83 años de existencia. Si la Caja ha sobrevivido tantos años es porque goza, relativamente, de salud financiera. Por tanto, es totalmente falso que es "un sistema actuarialmente diseñado para que quiebre". La pregunta entonces es ¿si la CCSS es un "sistema diseñado para que quiebre", entonces por qué no ha quebrado en los 83 años de su existencia? Porque es una institución de bien socia tan grande, importante y necesaria que tiene varias fuentes de financiamiento (trabajadores, patronos, Estado e intereses de sus inversiones financieras en bonos nacionales y extranjeros y otras inversiones) que hace imposible que quiebre.

Pero, la peor estupidez planteada por Chaves es comparar el "sistema de reparto" del IVM de la  CCSS con el "sistema Ponzi" a nivel financiero. En el sistema de pensiones de reparto del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, las cotizaciones aportadas por los trabajadores activos a ese régimen se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados. Este es un sistema basado en un principio de solidaridad entre generaciones. Después podríamos discutir sus perspectivas de sostenimiento con base al proceso de envejecimiento de la población y la disminución de sus cotizantes.

Ahora, el sistema Ponzi es un esquema de fraude financiero en el cual los estafadores pagan los intereses de inversionistas con el dinero que invierten los nuevos inversores y, así sucesivamente. Entonces, en algún momento deja de entrar dinero y el sistema entra en crisis y quiebra total, apareciendo miles de estafados. Por tanto, no existe ninguna comparación entre ambos sistemas.

Por Manuel Sandoval

En los países capitalistas más desarrollados, por la necesidad de contar con información sobre la marcha de la economía y la situación de la población (componente clave del mercado interno), se especializaron organismos de recolección y procesamiento estadístico de información. En medio de “la anarquía” del mercado capitalista, es una información de extrema importancia para orientar las políticas económicas y sociales de los gobiernos, aún y cuando se trate de políticas muy limitadas por la orientación de no interferir en el libre desenvolvimiento de las leyes del mercado capitalista. No por nada, después de la crisis del 29, es en Estados Unidos donde se recoge y se procesa estadísticamente la información más completa.

Es interesante observar, sin embargo, que aún en los Estados Unidos la información se recoge y se interpreta de manera “sesgada”. Entre los economistas burgueses se señala, por ejemplo, que el índice de desempleo es un termómetro para medir la marcha de la economía. Con base en ese indicador se nos viene insistiendo que con el índice de desempleo ligeramente por debajo de los niveles pre-pandemia, la economía norteamericana marcha muy bien. Otra cosa resulta, sin embargo, cuando nos damos cuenta de que después de dos años de buscar empleo y recibir ayudas sociales, el trabajador desempleado desaparece de las estadísticas oficiales de desempleo cuando le quitan las ayudas. De esta distorsión se desprende que la recuperación y crecimiento de la economía yanqui es más raquítica, pues el verdadero índice de desempleo es más alto. Podríamos poner otros ejemplos de este tipo de distorsiones en las estadísticas y las categorías económicas que manejan los gurús de la ciencia económica burguesa pero nos distraería del comentario principal de esta nota.

Estamos sorprendidos de que de la noche a la mañana los datos del INEC (del Instituto Nacional de Estadística y Censos) sobre la población en situación de pobreza y pobreza extrema en Costa Rica cambien radicalmente. El año pasado, con base en la Encuesta Nacional de Hogares del 2023 (ENAHO) el INEC indicó que “… el nivel de pobreza alcanzó un 21,8%, lo cual equivale a 390 509 hogares en situación de pobreza. Con respecto al 2022, se da una disminución de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) cuando se estimó en 23,0 %; esto representa 8 930 hogares menos. (Pág. Web del INEC, 17/10/2023). Datos que suenan factibles, dentro de las formas de medición sesgadas que tienen (como veremos más adelante).

No queremos abrumar con cifras. Nada más retenga que de ese 21,8% de hogares en situación de pobreza el año pasado (327 081 hogares), en términos de un año el 3,8% (63 428 hogares) mejoraron su situación y ahora están sobre la línea de pobreza VIVIENDO MEJOR. El porcentaje más bajo de pobreza desde el 2010.

Más aún: La población en situación de extrema pobreza: un 6,3% de los hogares, no había bajado en el 2022 y ahora resulta que bajó en un 1,5% en el último año, registrando un 4,8%. Sólo la región Brunca (que es una zona de poco dinamismo económico) y el Caribe, irían en contra de la tendencia. En la región Brunca el índice de pobreza extrema se disparó al doble del promedio nacional.

Si los datos del INEC fueran confiables, HABRÍA QUE SEÑALAR QUE EL DINAMISMO DEL SECTOR EXPORTADOR ESTÁ HACIENDO MARAVILLAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESO EN EL PAÍS, y creemos que no es así. Su efecto es muy limitado por los bajos salarios que reciben los trabajadores (en medio de una sobreexplotación brutal de la mano de obra migrante) y poca concatenación con el sector productivo nacional. El mercado interno sigue siendo el motor principal en la generación de empleo e ingreso en los sectores populares, pero está bastante anémico como resultado de las políticas neoliberales para contener el gasto público. El efecto de recuperación post-pandemia NO DA PARA EXPLICAR LAS CIFRAS DEL INEC.

La otra posibilidad, la de una lluvia de dinero desde el narco hacia los sectores populares, tampoco nos parece real; no sólo porque dudamos mucho que los instrumentos que utiliza el INEC puedan medirlo, sino porque el fenómeno de las pandillas no significa que dinero del narco esté cayendo hacia abajo. Los bancos tienen los cofres llenos de narco dólares, pero no se están realizando desde el sistema bancario grandes inversiones productivas que dinamicen la economía. A este nivel es la Inversión Extranjera Directa (más abierta, aunque a menudo también tiene participación del narco) la que incide e impulsa al sector agroexportador.

En los datos que da el INEC para explicar el fenómeno de la disminución de la pobreza se señala que el ingreso promedio de los hogares pasó en el último año de ₡1 119 660 a ₡1 049 142 mensuales (un aumento del 6,7%). Se desprende del análisis del INEC que ha influido positivamente un 4,8% de aumento de los salarios, que pasaron en promedio de ₡680 890 en el 2023 a ₡713 553 en el 2024, y también que ha repercutido un aumento en el promedio del ingreso autónomo, de la gran masa de la población en la economía informal. Habría crecido en un 9,1%, a ₡172 316.

Póngale atención a estos últimos datos. En esos promedios que hace el INEC hay gato encerrado porque hay un congelamiento salarial prácticamente generalizado y los reajustes miserables en el sector privado son una broma frente al alto costo de la vida. Además, si la inflación se ha visto frenada, esto no significa que el costo de la vida no sea exorbitante. Con un ingreso promedio de ₡172 316 en el sector informal (al que suman profesiones liberales de más ingreso) DIFÍCILMENTE SE SOBREVIVE, pero sin lugar a dudas los estadísticos del INEC no lo ven así.

En la Extra del 26/10/2024 nos informan que con ingresos de más de ¢127.324 en las zonas urbanas a nadie se le considera pobre. Como el dólar bajo y la inflación se contuvo, los expertos del INEC bajaron la línea de pobreza de ¢129.038 el año pasado a ¢127 324 este año. Más aún, en el campo también bajaron la línea de pobreza de ¢99.537 a ¢98.673.

Lo que estos datos del INEC indican es todo lo contrario de lo que pretenden señalar. En este país los pobres comen de milagro y un gran porcentaje de la población con apenas un poquito más de ingresos vive haciendo pininos con el dinero para que alcance para el día a día.

Siendo mal pensados, podría pensarse que estamos ante una operación (de gente con alguna ambicioncilla de escalar puestos en el gobierno) para demostrarnos las maravillas que está logrando el Caudillo. Ojalá que de las universidades públicas salga un estudio más serio sobre el ingreso de los sectores populares.

Por José René Tamariz

Actualmente existe una profunda crisis de los partidos políticos tradicionales, emergentes y reformista debido a diversas razones. En primer lugar, porque todas las organizaciones políticas participantes en las elecciones de 2022 fueron derrotadas, tanto electoral y políticamente por un partido desconocido, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), como por un candidato advenedizo u outsiders, Rodrigo Chaves, que incursiona por primera vez en la política y logra ganar la presidencia de la República, utilizando un discurso en contra de los grupos de poder económico, mediático y político.

En segundo lugar, los partidos tradicionales, principalmente, los viejos partidos del bipartidismo vienen de derrota en derrota, cada cuatro años, y de sufrir una reducción de su cantidad de diputados, de municipalidades y de base social. En tercer lugar, frente a la arremetida de Rodrigo Chaves, desde su gobierno, en contra de la oposición burguesa (PLN, PUSC, PLP, PNR y reformista el FA) y la denominada institucionalidad democrática, esos partidos políticos no han logrado plantear, articular y desarrollar una política de oposición beligerante y ofensiva en contra de los ataques gobierno de Chaves. Rodrigo Chaves, con su política agresiva y beligerante en contra de esa oposición burguesa y reformista. La ofensiva permanente de Chaves los tiene arrinconados y en la impotencia. Esos partidos políticos están desorientados y sin brújula que los oriente. En esos procesos de derrotas política-electoral han desaparecido varios partidos políticos como el Movimiento Libertario (ML), el Partido Acción Ciudadana (PAC) que gobernó dos períodos (2014 al 2022) y otros de menor importancia. Todos esos partidos políticos sostienen estar en proceso de “renovación” de sus estructuras, programa, estrategia y candidatos. Veamos.

El Partido Liberación Nacional (PLN), otrora el partido más poderoso, se encuentra desde hace mucho tiempo en una crisis histórica, la cual no logra remontar. Más bien, cada elección que pierde, profundiza su crisis. Lleva tres elecciones consecutivas perdidas, desde el año 2014, y existe la posibilidad real de que pueda perder la cuarta elección. Recientemente, el PLN realizó su asamblea nacional para decidir el tipo de convención para elegir a su candidato a la presidencia de la República, pero, al final dicha asamblea terminó sin llegar a acuerdos de como realizar ese evento. Un sector quería hacer una asamblea cerrada, solo para militantes del partido, mientras que otro sector planteaba la realización de la asamblea abierta. Esa asamblea fue pospuesta para el mes de noviembre. Por otro lado, el PLN, en las pasadas elecciones municipales, perdió varias municipalidades, asimismo se han debilitado sus estructuras territoriales y también ha perdido miembros y militantes.

La crisis histórica del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) es peor que la del PLN. Fue la segunda fuerza política-electoral, después del PLN, en la época del bipartidismo. Actualmente no logra remontar la crisis profunda que arrastra desde hace muchos años. Tiene en su haber cinco elecciones presidenciales consecutivas perdidas, es decir, unos 20 años de estar fuera de ejercer el control del poder Ejecutivo, aunque hizo cogobierno con Carlos Alvarado. Este agrupamiento ha estado coqueteando con algunas iniciativas del gobierno de Rodrigo Chaves.

El Partido Nueva República (PNR), dirigido por el evangélico, Fabricio Alvarado, ha venido perdiendo fuerza, diputados y simpatizantes en los procesos electorales. Más bien, coquetea frecuentemente con el gobierno de Rodrigo Chaves. El Partido Liberal Progresista (PLP), encabezado por el neoliberal, Eli Feinzaig, logró por primera vez obtener seis diputados en el seno de la Asamblea Legislativa. En las encuestas sólo lograr obtener el apoyo del 1% del electorado.

Mención especial requiere la posición y política del partido reformista, Frente Amplio (FA), que se dedica solamente a realizar críticas parlamentaria a Rodrigo Chaves, a su gobierno  y  fracción parlamentaria, sin utilizar de forma revolucionaria el parlamento, haciendo los llamado constante a los trabajadores y sectores  populares para enfrentar y combatir, mediante la acción extraparlamentaria revolucionaria, la política neoliberal de ajustes fiscal, de hacer sendos recortes presupuestarios, congelamiento salarial a perpetuidad y la aplicación a rajatabla la draconiana regla fiscal. Las consignas del FA en su reciente congreso ideológico de realizar la “unidad en la diversidad” y de “convergencia en la pluralidad” son ambiguas porque se prestan a cualquier tipo de interpretaciones, tales como de la de promover y ejecutar “alianzas” con supuestos sectores “progresistas” de los partidos burgueses tradicionales que no se saben quiénes son. Pero, por la experiencia que se conoce de las componendas y alianzas del FA es fácil señalar que se podría tratar, entre otros, de hacer alianzas los restos del zombi político del PAC. El FA ha sido incapaz de aprovechar y sacar réditos políticos del conflicto inter burgués, más bien se ha alineado en ese enfrentamiento al lado de los partidos burgueses tradicionales. 

Todos los partidos políticos tradicionales y reformista no tienen figuras de peso que, en las próximas elecciones, le hagan un fuerte contrapeso político a Rodrigo Chaves y, a su eventual, sucesor político. Por otro lado, existen una serie de datos de encuestas que reflejan la crisis del sistema de los partidos políticos: 8 de cada 10 ciudadano no tienen simpatía por ningún partido político; el PLN pasó de tener el apoyo de entre un 40% y 30% a un raquítico 4,3%; el PUSC sólo tienen unas preferencias de apenas el 3%; Nueva República, apenas llega a una simpatía del 0,5%; el PLP tiene unas simpatías tan solo del 1% y el FA llega, igual que NR, al 0,5% de simpatías del electorado. El PPSD, partido con el que llegó al poder Rodrigo Chaves, puntúa el porcentaje más alto de apoyo del electorado con el 5,4%, aunque es conocido que Chaves rompió con ese partido político. Actualmente, el presidente de la República no tiene partido político y, según algunas fuentes, está en proceso de formación o bien se monte, como en las elecciones pasadas, sobre un partido existente.

Por Manuel Sandoval

El diputado Jonathan Acuña, a nombre de la bancada del Frente Amplio, ha desmentido  categóricamente que hayan  habido conversaciones con el PLN con vistas a una alianza electoral. Reconoció que impulsan “una amplia convergencia progresista”, “con base en acuerdos mínimos” “con personas y sectores progresistas”, pero dice que excluyen al PLN porque dejó de ser socialdemócrata y obedece a los grupos económicos más poderosos del país.

Del desmentido se desprende que las declaraciones del diputado Ariel Robles habrían sido mal interpretadas por el Secretario General del PLN, Miguel Guillén, que planteó que su partido debía abrirse a acuerdos políticos, quedando claro, conforme lo presentaron los periodistas de Delfino.cr, que lo decía en dirección al Frente Amplio. Lo interesante del asunto es que Patricia Mora, en declaraciones adjuntas en la misma nota de este noticiero digital, pareció ratificar la información, haciendo alusión, de forma abstracta, a la necesidad de esta convergencia progresista.

Ahora Guillén, que quedó mal parado, sale con una política parecida a la que esboza Acuña, diciendo que los acuerdos se los plantea con sectores sociales como “el campesinado, los educadores, los estudiantes, el sector productivo y los trabajadores de nuestro país”, y con tono de resentimiento (cosa que dice mucho) añade en la Extra de hoy que “el posicionamiento de su homólogo “no es de demócratas” ni prioriza los intereses de la nación”. Dirigiéndose a Jonathan Acuña añade que “(…) Quiero aclararle que no estamos pidiendo permiso para trabajar en beneficio de Costa Rica, su dogmatismo le impide ver con claridad el delicado momento que estamos viviendo.”

Saludamos la declaración de Acuña, mal haría el Frente Amplio entregándose a brazos abiertos al partido que expresa mejor las fracciones más poderosas de la burguesía costarricense, partido que ha sido eje y parte, desde el anterior gobierno, de la ofensiva con la Reforma Fiscal y otras leyes para descargar la crisis fiscal sobre los hombros de los sectores populares. Sin embargo, tenemos que advertir que esta política de convergencia progresista (que ubica al FA más al centro en el espectro político) no excluye que se tiendan puentes hacia figuras y sectores del PLN, el PAC y el PUSC, como el mismo Acuña lo señala, y que “los acuerdos mínimos” pueden terminar siendo una capitulación a fuerzas que sostienen la evasión fiscal, el recorte del gasto social del Estado para sostener el castillo de naipes de la deuda pública y el pacto con el FMI que moldea la política de todas las fracciones de la burguesía costarricense.

Por no ubicar la política en términos de clase, por la ideología democrática, de colaboración de clases y referencia socialdemócrata que lo inspira, un resbalón del Frente Amplio a apoyar un candidato presidencial verdiblanco, como mal menor frente al candidato chavista o de extrema derecha, no está excluido. Aunque todavía es temprano para avizorar el curso que tomarán las próximas elecciones y si se llegan a plasmar coaliciones.

No es una crítica gratuita que les hacemos a los compañeros del FA: votaron en la Comisión de Hacendarios, y probablemente lo van a hacer en el plenario legislativo, el proyecto de presupuesto nacional de Nogui Acosta, con algunos remiendos “miserables” de partidas por ¢61 000 millones que hizo el PLN para hacer demagogia contra Chávez. Es un presupuesto nacional que va a seguir profundizando la crisis de la educación y la salud públicas, pero que le permite a los partidos de la oposición burguesa mantener la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios. Vamos a ver si el Frente Amplio lo denuncia o lo avala.

En las declaraciones de Jonathan Acuña hay una confusión peligrosa: Si el proyecto de desarrollo capitalista del PLN (con algún barniz socialdemócrata) permitió el desarrollo de sectores medios y la modernización capitalista del país por tres décadas, después de aplastar al movimiento de masas en la guerra civil del 48, esto se explica porque se enmarcó en otra etapa de la economía mundial (de la reconstrucción y el boom de la posguerra). Hoy día, la socialdemocracia europea (que algunos ahora denominan social-liberalismo) sólo le ofrece a los trabajadores duros planes de austeridad para sostener la tasa de ganancia de las patronales del Viejo Continente y el curso guerrerista rabioso, impulsado por los lobbies de la industria militar, que vemos en la guerra en Ucrania, alentado por Biden.

En el marco de crisis orgánica del sistema capitalista mundial, la burguesía costarricense defiende la evasión y el fraude fiscales, se abraza con el narco y desmantela las conquistas sociales, para sostener una expansión capitalista (no se puede negar que este país crece) con un tremendo costo social. Las banderas socialdemócratas que enarboló el PLN en otro momento, ya gastadas y sucias, no ofrecen alternativa al curso neoliberal de la burguesía. Ojalá que el Frente Amplio, si de veras va a apelar a los sectores populares para levantar una alternativa, abra el debate democrático que se requiere para darle una alternativa clasista y revolucionaria a la crisis en que la burguesía costarricense sumerge al país. 

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