Por Manuel Sandoval

Desde mediados del 2023, Rocío Aguilar, desde la Superintendencia General de Pensiones (SUPEN), impulsó la idea de transformar las cuentas individuales del ROP en un esquema de inversiones que denominó Fondos Generacionales, en el cual el riesgo de las inversiones dependería de la edad del ahorrante. A mayor edad del cotizante, menor nivel de riesgo, para evitar que un descalabro financiero hiciera desaparecer completamente los ahorros y esfumara la pensión complementaria. Con la gente más joven las especulaciones financieras podían ser más arriesgadas y lograr mayor capitalización porque asumía que podían recuperarse en el largo plazo.

La medida vino acompañada por una campaña de prensa tendiente a difundir la idea (totalmente tramposa) de que los Fondos del ROP ya se habían recuperado de las pérdidas del 2021-2022 en Wall Street y estaban acumulando ganancias. Como el esquema de los Fondos Generacionales es para hacer inversiones especulativas con mayores niveles de capitalización, “adormecer” sobre el riesgo que se corre con este tipo de inversiones era necesario. Doña Rocío no esperó, sin embargo, a oficializar el nuevo esquema de carpetas de inversión por grupos de edad, para envolver a los jerarcas de las Operadoras de Pensiones y de los Fondos principales de Pensiones (RCC, IVM de la Caja, Fondo de Pensiones) en una política suicida de especular en Wall Street que provocaron pérdidas del 10% de los fondos del ROP y más en varias Operadoras en el 2021-2022. Aunque los fondos se recuperaron de estas pérdidas en el 2023,  doña Rocío ocultó cuidadosamente que NO HUBO GANANCIAS, que quedaron “tablas” gracias a que la inflación bajó.

La lectora y el lector tal vez recuerden, que la creación de los Fondos Generacionales se aprobó en firme en la CONASSIF en diciembre del 2023, después de un período de consulta pública abierto en setiembre y el nuevo esquema para los fondos del ROP tenía que entrar en vigencia ahora a finales de marzo. Durante el 2023 y el 24, prácticamente ninguna dirigencia sindical o popular se pronunció en contra de la medida, y menos que menos el Frente Amplio, que junto a las organizaciones de los educadores (SEC, APSE y ANDE), en el 2021 había impulsado el proyecto de los jerarcas de JUPEMA y Rocío Aguilar para abrir el RCC de los educadores a inversiones en Wall Street e incrementarlas  en el país (ley 10 078), con la única garantía de la SUPEN frente a las mafias financieras y empresariales que protegen “autoridades financieras” como Rocío Aguilar. 

Este año, sin embargo, desde la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular se comenzó a gestar oposición a la medida, contribuyendo a generar dudas en algunos jerarcas de la CONASSIF y el Banco Central sobre la preparación que han tenido las Operadoras de Pensiones para implementarla. Los descalabros financieros de Coopeservidores y Dessifyn, alentados por las políticas permisivas de Rocío Aguilar desde la SUGEF, donde se venía haciendo de la vista gorda (al igual que lo hizo frente a la estafa de ALDESA) ante prácticas riesgosas y fraudulentas en estas instituciones, generaron preocupación en parte de la cúpula que maneja el sistema financiero del país. Un descalabro del ROP bajo el nuevo esquema puede ser de consecuencias sociales explosivas y terminar hundiendo “la credibilidad del sistema financiero nacional”.

Aunque por avecinarse la coyuntura electoral es probable que se congele la discusión de los proyectos que hay para avanzar hacia una reforma integral del sistema de pensiones, para la burguesía costarricense imponer los Fondos Generacionales es clave para hacer depender la pensión del ahorro del trabajador. Una pensión mínima de cotización tripartita: patronos, Estado y trabajador, en el RCC, el IVM y el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y una pensión complementaria, garantizada por el trabajador, son el eje en torno al cual se articulan todos los cambios que se quieren introducir, con el resultado final de que la pensión complementaria constituiría ahora el monto principal, lo que obligaría a multiplicarla con inversiones muy rentables que sólo pueden salir de la especulación y las inversiones riesgosas.

Desde el 2022 venimos advirtiendo, por eso, que los Fondos Generacionales ¡VAN, SÍ O SÍ! a menos que el movimiento de masas pare en seco las reformas y sanee las finanzas de la Seguridad Social obligando a éste o al próximo gobierno a cumplir con los compromisos del Estado en el financiamiento de los regímenes de pensiones y de la Caja.

El jueves pasado, sin embargo, la implementación de la medida se dejó en suspenso por un año, situación que abre un espacio para organizar y ampliar la movilización contra el conjunto de las reformas que discute la burguesía.

Saludamos por eso que la ANEP, el SEC, la APSE y otras organizaciones convocaran a un piquete ese día. Este es el único camino para frenar los ataques contra la seguridad social y el derecho a una pensión que alcance para vivir con dignidad en la vejez, después de una vida de trabajo.

El problema que vemos, es que las dirigencias sindicales y populares tienen que plantearse abrir un debate sobre las inversiones que deben hacer los fondos de pensiones, para lograr una rentabilidad que garantice pensiones adecuadas, en medio de una política de la burguesía costarricense de salarios decrecientes y hacerse de la vista gorda con las obligaciones del Estado en el financiamiento de la Seguridad Social para mantener la evasión y el fraude fiscales de las grandes empresas. Estas dos políticas (que comparte el conjunto de la burguesía, por eso le aprueban los presupuestos nacionales recortados a Nogui Acosta) amenazan gravemente la estabilidad de los fondos.

Las inversiones se deben diversificar para que no se realicen sólo en la compra de bonos de Hacienda y las instituciones estatales. Para facilitar la especulación en Wall Street, Rocío Aguilar creó la idea de que el mercado financiero costarricense es muy pequeño para absorber los fondos -y es cierto a medias. Porque es falso –tremendamente falso- es que el dinero de los fondos no se pueda invertir en CR con vehículos financieros adecuados y garantías que blinden los fondos contra las mafias financieras y empresariales del país. 

Los recursos técnicos de JUPEMA, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de las organizaciones sindicales deberían promover esta discusión, a fin de definir una política de inversiones seguras y rentables en el país PARA TODOS LOS FONDOS DE PENSIONES. No podemos permitir que nuestra plata, CON O SIN FONDOS GENERACIONALES, alimente la especulación bursátil en Wall Street y que nuevamente haya un descalabro, esta vez peor que el del 2021-2022.

Los fondos del ROP acumulan ¢12,33 billones de colones, que mucho le ayudaría al país, si se invierten con garantías adecuadas en el financiamiento de proyectos de inversión para darle respuesta a las necesidades de los trabajadores, las comunidades y los sectores populares.