Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitaron al nuevo Cardenal Leopoldo Brenes, y así se inició el coqueteo con la Iglesia Católica

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Las tensiones entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica parecen haber llegado a su fin. Son muchos los factores que han incidido en este repentino acercamiento. La crisis económica, la elección del nuevo Papa Francisco que tiene un discurso populista de derecha, la elección de monseñor Leopoldo Brenes como nuevo cardenal y la presencia del nuevo nuncio apostólico, monseñor Fortunatus Nwachukwu, son los factores que se han combinado para producir una distensión.

Acercamiento en la Nunciatura

En ocasión de la celebración del centenario de la Provincia Eclesiástica de Nicaragua, en diciembre del 2013, el Papa Francisco envió como delegado especial a monseñor Nicolás de Jesús López, cardenal de Santo Domingo. La presencia de éste y la de Fortunatus Nwachukwu, creó un ambiente de acercamiento, al grado que el presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo, asistieron a un almuerzo en la Nunciatura Apostólica, en presencia de todos los obispos de la Conferencia Episcopal.

El entonces monseñor Brenes, rememora el ambiente hermoso de esa ocasión: “Es verdad que (en aquel almuerzo) no tocamos puntos cruciales de la problemática nacional; sin embargo, hubo un ambiente muy hermoso en el cual creo que hay indicios de que en unos meses no muy lejanos podamos tener un encuentro, en el cual podamos aportar nuestras sugerencias” (La Prensa, 10/3/2014).

Durante años la Iglesia Católica había solicitado al Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) que le autorizara un canal de televisión, pero toda gestión había sido en vano. Sin embargo, en diciembre del 2013 el gobierno dio un giro repentino y autorizó sorpresivamente el Canal de la Iglesia Católica, el cual ya está en el aire. Con ello creó condiciones para un mayor acercamiento.

El viejo planteamiento de diálogo

Desde el año 2007, la Iglesia Católica ha insistido en la necesidad de un diálogo. Sobre este planteamiento se han montado, por supuesto, los partidos de la oposición burguesa, para plantear la necesidad de un Diálogo Nacional, es decir, una mesa de negociación política con el gobierno sandinista. El problema ha sido que la oposición burguesa no ha tenido la fuerza suficiente para imponerlo. La Iglesia se ha quedado sola, predicando en el desierto.

Pero a partir del acercamiento ocurrido en diciembre del 2013, ha vuelto a resurgir la abandonada idea del diálogo. El nombramiento de monseñor Brenes como nuevo cardenal, y el recibimiento que le hicieron Daniel Ortega y Rosario Murillo, resucitaron la idea del diálogo. A partir de ese momento, la crítica de la Iglesia bajó de tono, y el gobierno cesó sus ataques mediáticos.

La Conferencia Episcopal se reunió durante 3 días a comienzos de Marzo para analizar la propuesta de diálogo con el gobierno. Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, y uno de los críticos más agresivos contra el gobierno, también cambió su discurso: “Cuando nosotros pedimos diálogo (hace tres años) habían muchas cosas que pudimos haber evitado y resuelto en común acuerdo por el bien del país, ahora ya muchas cosas están decididas, las cosas han cambiado.” (La Prensa, 7/3/2014.

Si, muchas cosas están decididas. El sandinismo logró imponer con su mayoría parlamentaria la reforma constitucional, el nuevo régimen político bonapartista se ha institucionalizado, y ahora se prepara para elegir a 53 altos funcionarios de poderes e instituciones del Estado.

Oportunidad de negociación para la oposición burguesa

La propuesta de diálogo que hizo Ortega a los obispos el pasado 18 de Marzo, coincide en el tiempo con el periodo en que la Asamblea Nacional elegirá a los 53 altos funcionarios. Por ello la oposición burguesa ha aprovechado el momento para exigir un Diálogo Nacional previo a la elección de los 53 altos funcionarios.

Pero la oposición burguesa continúa resquebrajándose ante las maniobras del FSLN. La alianza PLI, en la que participan el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), está dividida ante el problema de la elección. Mientras el PLI tiende a conciliar y exigir su cuota de magistrados en base a su caudal electoral, el MRS es mucho más radical y plantea una negociación global, montándose en los hombros de los obispos.

Víctor Hugo Tinoco, diputado del MRS, insiste en una negociación previa: “Yo creo que si Daniel Ortega quiere demostrar que quiere un Consejo Electoral independiente, tiene que sentarse ya con la Conferencia Episcopal, porque va a ser una payasada sentarse con los obispos después de que ya hayan elegido a los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE) (…) Si aquí no hay Consejo Electoral independiente, aquí no se ha cambiado nada.” (La Prensa, 20/3/2014).

En un tono más conciliador, Wilber López, jefe de la Bancada de la Alianza PLI, declaró: “no solo se encierra en los nombramientos de funcionarios públicos (…) Lo que se debe proponer es que se respeten las leyes en este país.” (La Prensa, 25/3/2014).

¿Cuáles son los temas del diálogo?

Mientras las cartas de invitación van y vienen, la realidad es que los obispos no han dicho cuáles serán los temas de agenda del diálogo con el gobierno. Hasta el momento todo se ha manejado bajo un estricto hermetismo.

La agenda es secreta, aunque los diferentes obispos han hablado de temas distintos: El desempleo, el secretismo de la información pública, el monopolio de los medios de comunicación, la denuncia de grupos violentos en el norte de Nicaragua y la administración de justicia. Incluso el obispo Mata se refirió a la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Al parecer hay un acuerdo para que el diálogo se realice después de semana santa, es decir, después de la elección de los 53 altos funcionarios que se realizará el 10 y 11 de abril.

La Iglesia se distancia de la oposición burguesa

Los partidos burgueses pensaron montarse en la Iglesia para obligar al sandinismo a negociar cuotas de poder, pero los obispos han mantenido una actitud mucho más moderada.

El cardenal Leopoldo Brenes aclaró que “Nosotros vamos a exponer nuestros temas desde nuestra posición de pastores no desde posiciones políticas. Nuestro diálogo va desde las inquietudes como pastores, lo político que lo vean los políticos, y lo económico que lo vean los economistas. Nosotros vamos como pastores.” (La Prensa. 26/3/2014).

El nuevo régimen bonapartista ha avanzado arrolladoramente, primero negociando con los grandes grupos empresariales y el COSEP, y ahora impulsa la reconciliación con la Iglesia Católica. Algo grave prevé el sandinismo para actuar de esa manera.


 

Repasando los conflictos con la Iglesia Católica

Antes del triunfo electoral del año 2006, el FSLN se apresuró a buscar una reconciliación con la jerarquía de la Iglesia Católica. Ese año, los diputados sandinistas votaron a favor de derogar la figura del aborto terapéutico del Código Penal, negando a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

A pesar del acercamiento, la jerarquía de la Iglesia Católica no avaló la candidatura de Daniel Ortega, salvo el caso excepcional del antiguo archi enemigo Cardenal Miguel Obando y Bravo, que dio un giro de 180 grados en su tradicional oposición al sandinismo.

Durante los primeros meses del segundo gobierno de Daniel Ortega, se mantuvo un expectante status quo entre el gobierno y la Iglesia. Pero ante la denuncia de fraude electoral en las elecciones municipales del 2008, la Iglesia Católica se tornó beligerante, avalando las denuncias de la oposición burguesa, denunciando las tendencias totalitarias y antidemocráticas del gobierno de Daniel Ortega.

Ante la debilidad y fragmentación de la oposición burguesa, la Iglesia Católica comenzó a sustituir, en los hechos, a los maltrechos partidos burgueses.

En mayo del 2009 se reunió en Managua la 32 asamblea ordinaria de la Consejo Episcopal de América Latina (CELAM), el cual emitió una resolución de apoyo a los obispos nicaragüenses. La principal exigencia de la Iglesia Católica fue la de convocar a un “diálogo nacional”; con ello pretendían obligar al gobierno sandinista a adquirir algunos compromisos mínimos para evitar la consolidación de la hegemonía del FSLN sobre el conjunto de la sociedad.

El enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega fue adquiriendo características de guerra total. En los años 2008 y 2009, la posición y el rol del ultraderechista obispo Abelardo Mata se fortaleció de manera acelerada, convirtiéndose en el defensor de grupos armados que resurgían en las montañas del norte.

Pese a la retórica agresiva del obispo Mata, la Conferencia Episcopal no perdió la brújula y siempre planteó la necesidad de un diálogo entre la Iglesia Católica y el gobierno, pero este diálogo no se materializó porque la política del FSLN era la de consolidar el nuevo régimen bonapartista de Daniel Ortega, quebrando en los hechos la institucionalidad del periodo anterior (1990-2007).

Entre las principales y verdaderas causas del conflicto con el gobierno sandinista podemos mencionar: la conversión del Cardenal Miguel Obando y Bravo en ícono gubernamental; el crecimiento de la influencia de las iglesias protestantes, alentadas por el gobierno; el recorte del subsidio estatal a los colegios católicos, el control sobre las donaciones y ayudas a los organismos de beneficencia que son controlados por la Iglesia, etc.

En diferentes Cartas Pastorales los obispos criticaron el endurecimiento del régimen político bajo el segundo gobierno de Daniel Ortega.

En la Carta Pastoral, emitida el 1 de Junio del 2010, la Conferencia Episcopal Nicaragüense llamó a “superar los miedos” en un claro y subliminal llamado a su feligresía a votar por los candidatos de la oposición.

La elección del nuevo Papa Francisco, y el nombramiento de monseñor Leopoldo Brenes como nuevo Cardenal, ha dado un giro a esta situación de prolongado enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega

Por Diego Lynch

La legislación nicaragüense establece un periodo de sesenta (60) días como máximo para que en la mesa de negociación del salario mínimo conformada por el Gobierno (Ministerio del Trabajo), Empleadores (Empresa Privada) y Representantes de los Trabajadores (Centrales Sindicales), se llegue a un acuerdo tripartito. De no existir acuerdos, el Gobierno a través del Ministerio del Trabajo decidirá el aumento del salario mínimo de manera unilateral.

“El Gobierno decidió el aumento del salario mínimo que será efectivo hasta febrero de 2015, luego de que empleadores y sindicatos no lograron un acuerdo sobre el tema en las mesas de negociaciones….El Ejecutivo estableció un incremento del 9.8 % a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas  (pymes); 10.77 % para el sector agropecuario; y 10.27 % para el resto de los sectores…. Las organizaciones sindicales proponían un aumento de entre 10 % y 16.5 % y los empleadores de un 9 % en general y un 9.5 % para el sector agrícola.” (prensalibre.com; 17 de Marzo de 2014).

El aumento se dividirá en dos

Si bien es cierto que la Ley Laboral en Nicaragua manda a discutir el incremento del salario mínimo cada seis meses, desde que el Frente Sandinista llegó al poder éste se ha discutido una vez por año y se aplica en dos partes, lo que constituye una clara violación a los derechos de los trabajadores y una claudicación más a los empresarios del país.

De igual forma hay que señalar que la realidad económica que existe en la actualidad no será la misma dentro de seis meses, el deslizamiento y la depreciación de la moneda tampoco; por ende, no es posible ni económicamente correcto dejar establecido el incremento del salario mínimo una vez por año y no cada seis meses.

“El porcentaje anual es del 9.8% para la pequeña y mediana empresa (pyme), que se aplicará en dos tantos, es decir 4.90 por ciento en cada semestre…Para los trabajadores de las actividades agrícolas (los más bajos de la tabla) el salario mínimo anual debe subir 10.77%, porcentaje que se divide en 5.38% a partir de marzo e igual porcentaje a partir del 1 de septiembre. Para el resto de sectores el reajuste en 2014 es de 10.27%, dividido en 5.13% de forma semestral.” (La Prensa; 18 de Marzo de 2014).

Retroactividad en discusión

Según el acuerdo ministerial por medio del cual se aprobó el incremento, este deberá ser retroactivo al primero de marzo del año 2014, reconociendo así una quincena de pago a los trabajadores a raíz del atraso en la mesa de salario mínimo.

José Adán Aguerrí, presidente del Cosep, afirmó al diario LA PRENSA que las empresas no pagarán retroactivamente el ajuste al mínimo. Argumentó que “la ministra está actuando contra la ley del salario mínimo y de la misma Constitución de la República, que no admiten retroactividad alguna”…“Esto corresponde aplicarlo a partir del 15 de marzo. Nosotros no vamos a aceptar la retroactividad y esa es la orientación que estamos mandando a todas las empresas. No tienen que aplicar el salario retroactivo”, afirmó Aguerrí “…El Cosep propuso un incremento de entre el 9 y 9.5% para los trabajadores de la ciudad y el campo respectivamente. Aguerrí adelantó que “nunca más el sector privado firmará un acuerdo salarial de dos dígitos”, al sostener que las empresas “no soportan más” esa carga de costos. (La Prensa; 18 de Marzo de 2014).

Esta postura de los empresarios burgueses y capitalistas no puede ser aceptada; nuestra legislación señala que el salario mínimo debe estar aprobado al primero de marzo, por lo tanto al no ser así por falta de acuerdos entre las partes, este debe de aplicarse de forma retroactiva. Ya no podemos permitir que sean los trabajadores quienes paguen los platos rotos y quienes siempre salgan perdiendo.

 

Por un salario mínimo digno

 

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), en apoyo a los trabajadores, exige un salario mínimo digno y equivalente al salario mínimo centroamericano; que logre cubrir la canasta básica y no solamente un cuarto de la misma. Hay que exigir al gobierno de Daniel Ortega y a las centrales sindicales oficialistas que no jueguen con el hambre de los trabajadores, que dejen de claudicarle a la empresa privada. El gobierno, pudiendo incrementar un mayor porcentaje, lo ajustó a beneficio de los empresarios. Es hora de desenmascarar al Frente Sandinista y que cumpla con sus promesas y discursos de un gobierno socialista y revolucionario. No más mentiras, dejemos de jugar con el hambre del pueblo, por un salario mínimo digno para los trabajadores.


Por Sebastián Chavarría Domínguez

El pasado domingo 2 de Marzo se realizaron las séptimas elecciones en las regiones autónomas de la Costa Caribe, donde predomina la población creol, negra e indígena (miskitos, sumus y ramas), con una tradicionalmente alta abstención, ahora elevada al 61% y con una participación del 39%.

El FSLN ya no necesita aliados

Durante la revolución (1979-1990) en la Costa Caribe se produjo una masiva rebelión de negros e indígenas, por el excesivo centralismo del gobierno sandinista. Estas minorías étnicas apoyaron la contrarrevolución armada, y fue hasta en 1987 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía que se inició un lento proceso de reconciliación con la población de la Costa Caribe. Tres décadas después, el FSLN ha reafirmado el pleno control de los gobiernos regionales, sin necesidad de contar con organizaciones indígenas aliadas.

Los Consejos Regionales tienen 45 miembros, y con 25 votos cualquier partido tiene mayoría para escoger al gobierno regional. En este caso, el FSLN ya no necesita de aliados incomodos como YATAMA. Desde que el FSLN recuperó el gobierno en el año 2007, ha concentrado esfuerzos, con la ayuda de programas asistencialistas financiados con la cooperación venezolana, para consolidar su propia base electoral.

Resultados preliminares

El resultado de las votaciones así lo confirma. En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), cuya capital es Bilwi (Puerto Cabezas) está concentrada la mayoría de la población miskita y rama, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo 49,453 votos (51.96%) consiguiendo 28 consejeros (en las elecciones del 2010 había obtenido 22), YATAMA obtuvo 20,371 votos (21.40%) consiguiendo 11 consejeros (4 menos que en el 2010), el Partido Liberal Independiente (PLI) obtuvo 18, 110 votos (19.03%) consiguiendo 5 consejeros, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo 4, 042 votos (4.25%) consiguió solo un consejero.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), cuya capital es Bluefields, está concentrada la mayoría de la población negra y creole, ahí la victoria sandinista fue casi aplastante. El FSLN obtuvo 22, 239 votos (48.34 %) consiguiendo 30 consejeros, el PLC obtuvo 8, 929 votos (19.41 %) consiguiendo 6 consejeros (en esta elección el PLC perdió 15 consejeros) y el PLI obtuvo 7,869 votos (17.11 %) consiguiendo 3 consejeros, YATAMA obtuvo 3,040 votos (6.61%) consiguiendo 4 consejeros, y el Partido Indigenista Multiétnico (PIM) obtuvo 1477 votos (3,21%) consiguiendo 2 consejeros.

En total, de los 90 miembros de los Consejos Regionales, conforme los resultados preliminares el FSLN obtuvo 58 consejeros, YATAMA obtuvo 15 consejeros, el PLI obtuvo 8 consejeros, el PLC obtuvo 6 consejeros, y el PIM 2 consejeros, quedando pendiente la asignación de uno. El resto de partidos sacó una votación marginal.

Los gemidos de YATAMA

Después del 2007, a través de la alianza electoral con YATAMA, el FSLN accedió a controlar los gobiernos regionales. Pero las contradicciones entre el FSLN y YATAMA eran inevitables, porque la conducción de esta organización no lucha genuinamente por las reivindicaciones indígenas, sino que utiliza a las masas como carta de negociación de prebendas materiales con los gobiernos de turno. El resultado en estas elecciones fue una drástica disminución de la clientela de YATAMA. La base clientelar de esta organización ahora acude directamente a las oficinas del FSLN para gestionar los programas de asistencia social.

Brooklyn Rivera, histórico dirigente de YATAMA, declaró que el resultado de las elecciones regionales fue “un fraude montado a favor del Frente Sandinista (…) esa victoria contundente la obtuvieron a través de un fraude contundente” (La Prensa, 4/3/2014)

Pero, a diferencia de años anteriores, YATAMA convocó a una protesta en Bilwi que reunió a pocos asistentes. La lucha contra el fraude no caló en las masas costeñas. Al obtener menos consejeros, el peso de YATAMA disminuye a la hora de negociar prebendas.

La indignación de los dirigentes de YATAMA no tiene límites. Brooklyn Rivera y Elizabeth Enríquez, diputados de YATAMA pero que fueron electos en las listas del FSLN en los comicios del 2011, renunciaron a la bancada sandinista, y se declararon como “diputados independientes” en protesta por el fraude electoral.

Brooklyn Rivera justificó la decisión ante los medios de comunicación: “En las alianzas hay dos partes, y cuando una parte trabaja para aniquilar, aplastar, destruir a la otra, no puede haber alianza. Entonces nosotros, simplemente, estamos actuando en defensa de los intereses de nuestro pueblo”. (Nuevo Diario, 3/3/2014)

Construir nuevas organizaciones indígenas

YATAMA y muchas otras organizaciones ya no representan a los indígenas, tampoco el FSLN o los partidos burgueses que participaron en las recientes elecciones.

Los históricos problemas de los pueblos indígenas, negros y creoles, siguen pendientes, sin resolverse. Los programas de asistencia social mitigan el hambre y la pobreza, pero no la erradican. Por ello, no queda más camino que construir nuevas e independientes organizaciones indígenas, que luchen por una real autonomía de la Costa Caribe y por instaurar gobiernos regionales de los trabajadores y de los pobres.

 

Por Diego Lynch

Las declaraciones y discursos que constantemente brinda el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ya sea a través del Presidente Daniel Ortega o de la Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Poder Ciudadano y Primera Dama, Rosario Murillo, han quedado en entredicho y al descubierto, ya que una de las banderas políticas que el gobierno más agita ante los medios de comunicación, es la defensa los derechos de las mujeres. El gobierno sandinista se jacta de ser el país en donde hay más funcionarias mujeres y que esto refleja que las mujeres están tomando decisiones. Sin embargo, la forma en que realmente actúa el gobierno en relación a las mujeres dice lo contrario.

Represión en el día de la mujer

El sábado 8 de marzo se conmemoraba el “día internacional de las mujeres”, lo que llevo a muchos organismos, corrientes feministas y mujeres independientes a organizarse y celebrar esta fecha con una marcha, exigiendo se les respete su cuerpo y sus derechos, así como exigir al gobierno y la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en relación al Recurso de inconstitucionalidad interpuesto hace siete años contra la penalización del aborto terapéutico. Este recurso ha sido engavetado y no se ha dado respuesta alguna a reclamo legal de las mujeres.

Esta celebración del 8 de Marzo se vio empañada por la represión policial, a pesar que dicha marcha contaba con los permisos establecidos por el Ministerio de Gobernación. El gobierno está estrenando una nueva unidad policial compuesta por mujeres.

Veamos los reportes del reaccionario diario La Prensa. Un colorido río de mujeres bajaba hacia la rotonda Rubén Darío, en el nuevo centro de Managua, cantando, mostrando pancartas y gritando lemas contra la violencia de género, la injusticia y exigiendo el respeto a sus derechos. Marchaban en paz, alegres y juntas, hasta que la Policía las detuvo… Los policías tenían órdenes de bloquear la marcha que diferentes organizaciones y movimientos feministas habían organizado, con los debidos permisos, para conmemorar este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer… Dos docenas de antimotines, todas mujeres, mal encaradas, blindadas y armadas con fusiles de balas de goma y bombas lacrimógenas. Un momento después, de otras camionetas de la Policía bajaban más antimotines, ahora hombres, para formar una segunda muralla. Hasta ahí llegó la marcha. (La Prensa; domingo 9 de marzo del 2014).

Mientras las antimotines de la Policía, reprimían la marcha de las mujeres, en los alrededores de la marcha independiente se fueron presentando grupos de personas afines al gobierno con consignas alusivas al día de la mujer, desvirtuando lo que en realidad pasaba y queriendo hacer ver que el gobierno apoya los derechos de las mismas.

Este tipo de represión permite que el diario La Prensa aparezca como abanderado de las reivindicaciones de las mujeres. “A diario se agrede a la mujer de diferentes maneras y en distintos espacios, hay retardación en la justicia, impunidad, pero me da satisfacción ver que nos estamos uniendo para exigir nuestros derechos”, comentaba Luz Marina Torres, quien llegó desde León con su hija. Como ella, muchas mujeres celebraban el haber salido de un ciclo de violencia. Celebraba, pero no sabía que más adelante las estaba esperando la Policía. (La Prensa; domingo 9 de marzo del 2014).

Aborto Terapéutico en el olvido

El 26 de Octubre del año 2006, se aprobó la Ley 603, la cual derogo el artículo 165 del Código Penal, por medio del cual se permitía el aborto terapéutico para salvar la vida de una mujer. Fue una decisión política del FSLN, que controlaba el poder legislativo, para ganarse el apoyo de la Iglesia y así ganar las elecciones. Ante esta decisión, la Corte Suprema de Justicia ha recibido un sinnúmero de Recursos por Inconstitucionalidad, los cuales a la fecha no han sido resueltos ni a favor ni en contra, haciendo caso omiso a la necesidad de estas mujeres y por otro lado no queriendo demostrar que el discurso populista a favor de las mujeres no es más que un engaño a la población.

Por los Derechos de la Mujeres: despenalización del aborto!!!

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con todas las mujeres y la lucha a favor de sus derechos, les instamos a continuar peleando por los espacios necesarios para que sean escuchadas, exigimos al Gobierno de Daniel Ortega y del Frente Sandinista que dejen de reprimir al pueblo y mucho menos a las mujeres. Exigimos no solo la despenalización del aborto terapéutico sino también que cada mujer sea libre de decidir sobre su cuerpo, lejos de castigarlas hay que brindarles los medios necesarios de salud y seguridad para evitar más muertes, que los abortos sean seguros y no riesgosos.

Bayardo Arce Castaño, asesor presidencial, y José Adán Aguerri, presidente del COSEP

Por Melchor Benavente

Bajo el segundo y tercer gobierno de Daniel Ortega (2007-2014), el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha desarrollado una estrategia de acercamiento y conciliación con la cúpula del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), su antiguo enemigo durante el periodo de la revolución (1979-1990).

La estrategia de búsqueda de consensos

Esta estrategia ha sido elevada a rango constitucional. La última reforma constitucional estableció en el artículo 98 de la Constitución que el “Estado debe cumplir a través del impulso de políticas públicas y sociales un rol de desarrollo del sector privado (….) Esto se impulsará a través de un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos”.

Pero esta prolongada “luna de miel” entre el gobierno sandinista y los empresarios no ha sido rectilínea, ha tenido muchos tropiezos.

Los roces con el COSEP

En estos siete años de alianzas entre el COSEP y el gobierno sandinista, se han producido también algunas tensiones, que siempre terminan de manera favorable para los empresarios.

En el año 2013, se produjo una tensión porque Daniel Ortega dictó el Decreto No. 05-2013, por medio del cual el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), el ente regulador de las telecomunicaciones, ahora en manos de las transnacionales, adquiría facultades para destituir a los gerentes de estas empresas, así como realizar auditorías sobre dichas empresas.

Detrás de este conflicto estaba en juego la aprobación de la Ley de Antenas, que permitiría a las nuevas empresas, como la china Xinwei, utilizar la infraestructura de antenas de las empresas ya instaladas. La negociación término en un punto medio, el gobierno renunció a sus facultades de poder destituir gerentes de empresas de telecomunicaciones, a cambio de aceptar este aspecto de la Ley de Antenas.

Otro roce se produjo con el proyecto de reformas constitucionales, y especialmente con la reforma al artículo 92 referido al control gubernamental sobre las bases de datos, registros informáticos y telecomunicaciones, so pretexto de que perjudicaba al comercio. En realidad, lo que el COSEP quiso evitar, y lo logró, es que el gobierno controlara los negocios oscuros de los empresarios, especialmente el volumen de sus ganancias, relacionadas con el pago de impuestos.

En el tema salarial, el COSEP ha mantenido su ofensiva y el gobierno sandinista ha tenido que recular de manera permanente. En el caso del salario mínimo para las pequeñas empresas, el COSEP se levantó de las mesas de negociaciones, y los sindicatos sandinistas y el gobierno salieron corriendo detrás de ellos, para contentarlos.

Resistencia a pagar más impuestos

Pero donde el conflicto ha sido mayor es en el tema de los impuestos. La Ley de Concertación Tributaria (LCT), vigente desde enero del 2013, fue una reforma tributaria hecha a medida del COSEP. Estaban rebosantes de alegría, ya que el peso de los impuestos recaería, una vez más, sobre los trabajadores y la clase media.

No obstante, la crisis económica y política en Venezuela, amenaza con reducir a corto plazo los ingresos provenientes del convenio PETROCARIBE, por medio del cual el gobierno sandinista ha dispuesto de 500 millones de dólares anuales, por fuera del presupuesto general de la república.

Producto de la LCT, al cierre del año 2013 el gobierno tuvo un déficit de 1,294.2 millones de córdobas (50.7 millones de dólares). El presupuesto del año 2104 es de 55,781.0 millones de córdobas (2,187.5 millones de dólares), pero lo ingresos totales esperados son por 52,081.4 millones de córdobas (2,042.4 millones de dólares), existiendo un déficit de 3,699.6 millones de córdobas (145 millones de dólares), los cuales solo pueden ser obtenidos a través de donaciones y préstamos internacionales.

Ante esta inminente crisis fiscal, el gobierno sandinista emitió el decreto No. 06-2014, que cambiaba las fórmulas de cálculo de algunos impuestos, especialmente del sector agropecuario. La reacción del COSEP fue inmediata: protestaron e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, sentenció: “La posición del sector privado fue la de decirle al Gobierno que este posicionamiento era inaceptable. Se les explicaron las consecuencias. Sin embargo, hay que entender que aquí el poder lo tiene el Gobierno. Que la decisión final la tiene el Gobierno, más allá de la búsqueda de diálogo y de consenso. Hay que sentarse (a dialogar) (…) La seguridad jurídica, la certidumbre, la confianza son temas que nos ha tomado y que para ganarlos han sido años, pero esto se puede perder en días, y lo que nosotros estamos buscando es cómo darle respuesta --como se ha hecho a lo largo de estos últimos años-- a lo que quieren todos los nicaragüenses, que es crecimiento económico y generación de empleos (…) Por supuesto que las empresas en la medida de lo posible van a tratar de trasladar este incremento al precio final del producto”. (Nuevo Diario 20/2/2014).

Otra victoria del COSEP

Las presiones del COSEP rindieron frutos inmediatos: en la noche del 20 de febrero, el gobierno sandinista anunció la derogación del Decreto No 06-2014.

José Adán Aguerri, está eufórico: “Esta derogación se logró luego de que Cosep, haciendo uso del mecanismo del diálogo, presentara al Gobierno las razones técnicas y las consecuencias que esta reforma provocarían, por lo que se tomó la decisión de derogarlo para continuar trabajando en consenso el contenido del Reglamento de la Ley de Concertación Tributaria”.

Como se puede observar, en el último periodo el COSEP ha logrado torcerle el brazo al gobierno sandinista, que dice gobernar en beneficio de los pobres. Si por la víspera se saca el día, podemos decir que en realidad quien gobierna es el COSEP, porque todos sus planteamientos son finalmente aceptados.

¿Y el déficit fiscal?

El COSEP logró revertir los efectos del Decreto No 06-2014, pero el hueco en el presupuesto general de la república continúa, el déficit de 145 millones ahí está, no hay recursos líquidos para cubrirlo.

En las instituciones del Estado ya se están tomando medidas de austeridad, que afectan directamente a los trabajadores y las pocas conquistas que tienen. El anunciado aumento de salarios para maestros y personal de salud, está en peligro. Lo mismo puede suceder con el “bono solidario” de 35 dólares que recientemente fue incorporado al presupuesto.

Una vez más esta sobre el tapete la disyuntiva de quién paga los efectos de la crisis económica: si los empresarios, que son quienes ganan más, o los trabajadores que no tienen recursos.

Detrás de los triunfos del COSEP esta una política económica del gobierno sandinista, que castiga a los trabajadores y premia a los empresarios. Se avecina una nueva reforma a la LCT que amenaza con cobrar más impuestos indirectos a las masas trabajadoras y populares.

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